Nacional

jueves 28 may 2020 | Actualizado a 23:46

Justicia instruye a la Asfi ceñirse a la ley sobre pago de créditos; el beneficio debe llegar a todo prestatario

El dirigente del Conamype, Néstor Conde, explicó los alcances del fallo favorable frente a la demanda contra el instructivo de la Asfi que disponía que los créditos se debían pagar desde junio. La ley dispone que se paguen seis meses después de levantarse la cuarentena

/ 13 de mayo de 2020 / 21:21

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi)

Por Carlos Corz

La Justicia instruyó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) adecuar sus instrucciones en el tema del pago de créditos a la ley que difiere la cancelación de créditos, hasta seis meses después de finalizada la cuarentena. De esa manera anuló un instructivo del ente regulador que exigía se retome el pago de créditos desde junio.

La Confederación de Micro y Pequeñas Empresa (Conamype) impugnó la legalidad de esa disposición y logró un fallo favorable que, aseguró el dirigente del sector, Néstor Conde, beneficia a todos quienes hayan sacado un crédito bancario, independiente de los fines para los que se hayan prestado.

“No es exclusivo para el sector de Conamype, es para artesanos, personas independientes, es para todos en general, no especifica que sea solo (sector) productivo, es para toda la población, todos los que tengan un crédito se van a beneficiar”, explicó el dirigente, quien ahora espera una nueva disposición que se adecúe a la normativa vigente.

La ley 1294 establece el diferimiento en el pago de créditos hasta seis meses después de levantada la cuarentena que aún rige en Bolivia para frenar la propagación del coronavirus. Las restricciones regirán hasta el 31 de mayo, pero aún no se conoce cuál será la suerte de las medidas teniendo en cuenta la tendencia creciente de contagios.

El Gobierno a anunció que hubo una confusión en el instructivo de la Asfi y que se cumplirá con la norma. Aprobará un nuevo decreto reglamentario, que anulará el vigente y sobre el que el ente regulador estableció que los créditos deberían volverse a pagar desde junio.

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Juez ordena detención domiciliaria del alcalde Leyes por denuncias en compra de alimentos

De los tres funcionarios acusados, uno quedó en libertad y dos se beneficiaron con medidas sustitutivas a la detención en una audiencia de más de 12 horas

/ 28 de mayo de 2020 / 22:46

El alcalde José María Leyes en dependencias de la FELCC.

El juez Anticorrupción N°2, Richard Rodríguez, ordenó la detención domiciliaria y con escoltas para el alcalde José María Leyes, imputado, junto a otros tres funcionarios ediles, por la presunta compra irregular de alimentos para policías y militares durante la cuarentena.

“Rechazo la solicitud de detención preventiva del Ministerio Público. Para asegurar la presencia de los imputados, ordeno que los mismos se defienda en libertad”, resolvió Rodríguez, tras el análisis de la documentación presentada por fiscales y abogados defensores de los funcionarios ediles, durante la audiencia cautelar que extendió por más de 12 horas.

Más cautelados

Con relación a Leyes, “se dispone la detención domiciliaria, con la escolta de seguridad correspondiente, a cargo de la Policía, a cuyo efecto debe notificarse al Comandante de la Policía para que disponga el número de efectivos”, resolvió y aclaró que no existe restricción del derecho al trabajo, que debe ser tramitado ante autoridad judicial.

A solicitud de la Fiscalía, el burgomaestre debe ser monitoreado constantemente por los custodios, ya sea firmando un libro cada dos horas o a través del monitoreo mediante algún medio telemático, a cargo de la Policía. “Si eventualmente no se cuenta con ese sistema, el imputado debe proveer de estos insumos tecnológicos”, ordenó.

También prohibió su salida del país y del departamento, y ordenó la notificación a Migración y al Comando de la Policía. Del mismo modo, tiene prohibida la comunicación con partícipes o eventuales testigos de este proceso.

El alcalde no pudo ser trasladado a su domicilio. Rodríguez, informó que existe una nueva orden de aprehensión en su contra, emitida por la fiscal Sandra Nina, por el presunto delito de portación ilegal de arma.

Arma

Según Nina, el arma hallada entre las pertenencias de Leyes no contaría con registro ni autorización. Fue encontrada durante el allanamiento realizado el miércoles a su vivienda y en su defensa, el alcalde, aseguró que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le pidió que la guardara.

En relación a los otros funcionarios, ordenó la libertad irrestricta de Omar Cordero, secretario de Protección al Ciudadano, porque “no se estableció la existencia de ningún peligro procesal”. En tanto, Elías Vásquez, secretario General y Mario Querejazu, Asesor Jurídico de Contrataciones, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin embargo, no pueden comunicarse con partícipes o testigos del caso, no deben abandonar el departamento ni el país, y cada uno debe pagar una fianza de Bs 150.000.

Los cuatro funcionarios fueron aprehendidos la tarde del miércoles, después que los fiscales anticorrupción allanaran sus viviendas. El acto se realizó en el marco de la investigación sobre la presunta compra irregular de 34.890 raciones de comida, a la empresa Bunker Grill & Bar, para policías y militares que trabajaban haciendo cumplir la cuarentena. El contrato se realizó por Bs 448.000.

Denuncia

La denuncia fue realizada el 27 abril, por Edwin Jiménez, concejal del Frente Unico; Carlos Coca, de Demócratas; y Celima Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS). Acusaron al alcalde de la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Días antes, los uniformados reclamaran por la entrega de alimentos en mal estado. La información llegó a Murillo, quien pidió a los concejales fiscalizar al alcalde, y si hay irregularidades, denunciar.

En la revisión de los documentos de adjudicación, los concejales observaron que Bunker Grill, contratada por invitación directa, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito para la firma de contratos.

Durante la audiencia, se conoció  que el proceso de contratación se hizo el 16 de abril y en dos horas. Según el Ministerio Público, hubo irregularidades como la inexistencia de un documento base de contrataciones, cotizaciones a otras empresas y en tiempo record.

Allanamiento

Del mismo modo, los fiscales informaron que durante el allanamiento a la vivienda de Leyes, encontraron dinero, $US 10.000, Bs 8.000 bolivianos, documentos (entre contratos y otros referidos a la actividad edil), dos teléfonos celulares, uno de ellos con datos borrados y el otro, sumergido en agua, en un lavamanos.

Entre los documentos, también se resaltó el hallazgo de una agenda que contenía un presunto plan de fuga, vía Perú hacia Estados Unidos, donde pediría asilo. El libro, que pertenece al burgomaestre, fue encontrado en su dormitorio.

Seis fiscales anticorrupción, acompañaron la audiencia virtual que inició cerca de las 10.30 de la mañana y culminó pasadas las 22.45 y en medio de cortes intempestivos del servicio de Internet que derivaron en interrupciones de la audiencia.

El representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, también asistió a la audiencia para precautelar los derechos de los funcionarios ediles. “Acompañamos los reclamos de los imputados y en particular del alcalde, que denunció irregularidades en pasados días y éstas se cometieron ayer con la aprehensión forzada, una situación que estamos constatando”, dijo.

Cox cuestionó el accionar de los fiscales anticorrupción. De acuerdo a la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo, el operativo fiscal, con acompañamiento de efectivos policiales, fue violento, al extremo que Leyes mostró moretones en los brazos y un examen médico forense, certificó tres días de impedimento.

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Gobierno autoriza ceremonias religiosas y salidas restringidas en fin de semana

El Gobierno aprobó este jueves el decreto para la nueva fase en la cuarentena. Tiene medidas como el cierre de fronteras y la suspensión de labores escolares.

/ 28 de mayo de 2020 / 22:24

Vista de la calle Comercio de La Paz, durante la cuarentena. Foto: Pedro Laguna.

Aunque la última palabra la tendrán las alcaldías y gobernaciones, el Gobierno dispuso la flexibilización de la cuarentena que permite, a partir de este lunes, la reanudación de las actividades públicas y privadas, la circulación vehicular y el tránsito de personas sin restricción de 05.00 a 18.00 de lunes a viernes.

También abre la posibilidad de oficiar ceremonias religiosas con la presencia de solo el 30% de personas de la capacidad instalada, además de dar luz ver a la salida de las personas los fines de semana a pie o en bicicleta a cinco cuadras a la redonda de la vivienda de las personas y desde las 06.00 hasta las 14.00.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, informó de contenido del decreto que rige una nueva fase de lo que será la cuarentena dinámica durante el mes de junio. Permanecen interrumpidas las labores escolares presenciales, eventos públicos y los vuelos internacionales, como el cierre de fronteras, excepto para nacionales que intentar retornar a Bolivia.

A diferencia del pasado, ahora las alcaldías y gobernaciones deberán jugar un papel central en la definición del nivel de flexibilización de la cuarentena en función de los reportes de la situación epidemiológica por el coronavirus.

No solo eso, “las gobernaciones y municipios podrán encapsular barrios, zonas, comunidades, distritos y municipios a fin de precautelar la salud de los habitantes y mitigar el contagio y la propagación del coronavirus”, explicó en una conferencia de prensa.

Desde el lunes son reactivadas las actividades públicas y privadas en horario continuo e ingreso y salida escalonada a las fuentes de trabajo para evitar aglomeraciones.

Las alcaldías de La Paz y El Alto definieron la flexibilización de la cuarentena con el retorno del transporte público y de las actividades comerciales, excepto aquellos eventos que concentran mucha gente. En el otro extremo están ciudades como Trinidad que mantendrá una encapsulamiento ante el desborde de contagios.

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El Gobierno anula contrataciones directas en empresas públicas estratégicas

El gobierno de Jeanine Áñez anuló el artículo 83 de la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

/ 28 de mayo de 2020 / 21:10

El ministro Oscar Ortiz.

Por Carlos Corz

Las contrataciones directas en las empresas públicas nacionales estratégicas fueron anuladas con la eliminación del artículo 83 de la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que la decisión se toma porque este tipo de contrataciones “facilitaban la corrupción”.

“A partir de este decreto todas las empresas públicas nacionales estratégicas deberán sujetarse a las normas generales de administración del sector público, donde hay la licitación, contratación por emergencia, excepción, y solo alguna causal muy bien definida por excepción para realizar contrataciones directas”, explicó.

El artículo 83 anulado, establecía: “Las EPNE de acuerdo a su naturaleza jurídica, en base a su función de producción y generación de excedentes, deberán realizar todos sus procesos de contratación de bienes y servicios de manera directa”.

“Creo que con esto se comienza a desmontar todo ese esquema que facilitaba la corrupción que montó el MAS con más de 100 decretos, haciendo que toda las entidades públicas vuelvan a trabajar sobre la base de que las contrataciones directas deben ser la excepción y no la regla”, insistió.

Una de las últimas denuncias de irregularidades en una contratación directa se dio en la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El diputado de Unidad Demócrata (UD) Hugo Sandoval denunció en abril que la firma contrató de manera directa, sin licitación y en plena cuarentena nacional, Seguros Generales (incendio, maquinaria, responsabilidad civil, interrupción de negocios y otros) para el periodo 2020-20121 por $us 7 millones (Bs 49 millones).

La empresa estatal negó la contratación. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo en ese entonces que se pidió a la firma estatal retroceder en este contrato. Herland Soliz fue destituido de YPFB en medio de esa denuncia y de la compra de carburantes.

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Gobierno difiere a septiembre inicio del pago de créditos para montos menores a Bs 1 MM

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó de la decisión tomada. La ley de diferimiento de pago de créditos establece que la cancelación se reanude seis meses después de la emergencia por el coronavirus

/ 28 de mayo de 2020 / 18:03

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

Los que tengan un crédito bancario menor al millón de bolivianos podrán empezar a pagarlo a partir de septiembre, de acuerdo al decreto reglamentario de la ley que fija que deben ser cancelados seis meses después de la cuarentena. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que esos prestatarios son la mayoría.

A pesar de los plazos fijados por ley, un anterior decreto reglamentario establecía que debía reactivarse los pagos desde junio, lo que desató una serie de reacciones contrarias y acciones. Los microempresarios llevaron a la Justicia esa disposición -operativizada por la entidad reguladora Asfi- que determinó que las próximas disposiciones se emnarquen en la ley.

Ortiz informó este jueves que ahora se deberá empezar a pagar desde septiembre, con lo cual –dijo- se tendrán los seis meses de diferimiento en el pago de los créditos.

“Todos quienes deben menos de Bs 1.000.000, que son la casi totalidad de los prestatarios, van a tener un nuevo diferimiento de tres meses adicional a los tres meses que ya habían recibido, con lo cual tendrán los seis meses de diferimiento. Entonces, los créditos se volverán a pagar en septiembre, y obviamente negociarán con los bancos, una de las opciones es que estas cuotas sean reprogramadas para el final del periodo”, explicó Ortiz.

El Gobierno dispuso la cuarentena en marzo y concluye este fin de mes para evitar la propagación del coronavirus; implicó la suspensión de las diferentes actividades productivas y de servicio, lo que a su vez activó la exigencia de diferentes prestatarios de diferir el pago de sus créditos por falta de ingresos.

El Legislativo, controlado por el MAS, aprobó una ley que dispone el pago de crédito después de seis meses de concluida la emergencia por el coronavirus.

Ortiz explicó que los meses que no se están pagando deben diferirse para el final del pago de créditos.

“Es decir, si tenían un crédito que vencía de acá a un año, bueno ahora este venderá en un año y medio, eso se irá reprogramando en los próximos meses con cada entidad financiera”, explicó.

Los banqueros hicieron conocer en las últimas horas que aplazar por más tiempo el pago de créditos pone en riesgo la estabilidad del sector.

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Gobierno da paso a circulación de personas de 05.00 a 18.00; subgobiernos con más autonomía de flexibilización

El gabinete aprobó la denominada cuarentena dinámica para liberar las actividades que estuvieron paralizadas. También otorga mayor autonomía a alcaldías y gobernaciones para definir sus niveles de flexibilización

/ 28 de mayo de 2020 / 17:42

Así lucía el centro de la ciudad de La Paz la mañana del lunes 18 de mayo. Este lunes vuelven las actividades laborales.

Desde el 1 de junio, los ciudadanos podrán circular sin ninguna restricción desde las 05.00 hasta las 18.00, como parte de las medidas de la denominada “cuarentena dinámica” que dispuso este jueves el Gobierno en reunión de gabinete. En esta nueva fase se otorga a los municipios autonomía de decisión para aplicar la flexibilización en función a su nivel de riesgo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que el gabinete aprobó varios decretos, entre ellos el que dispone la flexibilización de la cuarentena que se mantuvo rígida desde marzo con la prohibición de salida de los ciudadanos a la calle, excepto si le correspondía en función al cronograma definido por el último dígito de su número de cédula.

“Lo que dispone el decreto es que pueda circular la ciudadanía entre las 05.00 y 18.00. Al interior de este horario se da a las entidades territoriales autónomas, significa gobernaciones y municipios, la posibilidad de regular al interior de su propia jurisdicción, según la situación que ellos tengan, cómo se va a trabajar en cada sector, principalmente comercio y servicios, la administración pública comenzaría a operar nuevamente respetando todas las normas de bioseguridad”, explicó.

A partir del próximo lunes, 1 de junio, se deja sin efecto la restricción y se abre la libertad de salida, pero restringida de solo 05.00 a 18.00. La aplicación de la disposición, sin embargo, está sujeto a una valoración y decisión de los subgobiernos, ya que, por ejemplo, en Beni y Santa Cruz los casos de coronavirus se dispararon y sus autoridades no comparten la idea de la liberación de la cuarentena.

“Ya queda a decisión de cada Centro de Operación de Emergencia departamental porque, justamente, lo que hace este decreto es, respetando el marco autonómica, desconcentrar el nivel de decisiones para que cada autoridad de municipio o departamento pueda ser corresponsable de las decisiones que se puedan tomar”, explicó.

Alcaldías como La Paz y El Alto ya definieron normas internas, aunque sin haber conocido los lineamiento generales aprobado por el Gobierno este jueves, las reglas para la retoma de las actividades. En La Paz, por ejemplo, se determinó sancionar económicamente a quienes no usen el barbijo en la calle.

“Es un esquema en el cual se permite la reactivación de las actividades económicas, como una norma general en horario continuo, pero al  mismo tiempo se establece que al interior de ese horario continuo los gobiernos departamentales y municipales se podrá establecer regulaciones para el funcionamiento de comercios, servicios y transporte”, sostuvo Órtiz al referirse a la norma macro aprobada.

Este fin de mes concluye la cuarentena dispuesta por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

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