La alcaldesa de El alto, Eva Copa, mediante su cuenta de Twitter, envió su apoyo al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, tras los hechos violentos ocurridos en su domicilio la mañana de este lunes.

Fernández denunció la presencia de personas violentas que llegaron en un vehículo hasta su hogar, las que lanzaron petardos a las paredes y ventanas, de lo cual señaló como principal responsable al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Mi solidaridad con el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y su familia que sufren una arremetida de grupos radicales con el objetivo de intimidarlo. Reprochamos la violencia con la que algunos sectores actúan”, publicó Copa.

Fernández, en conferencia de prensa, expresó que teme por la integridad de su familia. “Si algo le pasa (a su hija), Luis Fernando vas a ser culpable, hay una niña de 10 meses que está en shock, (…) si algo le pasa a los niños, si algo le pasa a mi hija, ustedes van a ser los culpables”.

Durante la conferencia, exhortó a que aprendan a dialogar y respetar la opinión de otros y no acudir a actos violentos. “Si unos están en contra y otros a favor hay que aprender a respetar, eso es la democracia”, enfatizó.

Camacho y el Comité Interinstitucional declararon un paro de 48 horas exigiendo que el Censo se realice en 2023, y no así a mediados de 2024. Fernández y otros sectores rechazan la medida que continuará el martes.

En ese sentido, las autoridades del Gobierno identificaron a las personas que generaron estos hechos y señalaron que son parte de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes se transportaban en un vehículo blanco. Desde el Ministerio de Obras Públicas anunciaron una denuncia en contra de los culpables.

“Nos vamos a querellar contra estos señores, no está bien que en democracia se atente contra las familias”, dijo el ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Édgar Montaño.

La alianza política Creemos apuntó al presidente Luis Arce como el «promotor» de la violencia en La Paz y Santa Cruz este lunes, jornada que se cerró con varios detenidos y un productor de coca en terapia intensiva tras ser sometido a una operación quirúrgica para salvarle la vida luego de que le estallará en la mano una dinamita.

«Denunciamos a la opinión pública que estos conflictos son generados por el propio gobierno de Luis Arce, quien es el principal promotor y transgresor de la ley, olvidando su su rol principal que es de respetar y cumplir la Constitución y las leyes», dice un comunicado.

Sobre la violencia en La Paz con enfrentamientos entre policías y cocaleros de Adepcoca que buscan el cierre de un mercado paralelo, Creemos rechazó que Arce proteja y promueva «ilegalmente un mercado paralelo de la coca» y observó la defensa que hace la Policía de las instalaciones.

«Los diputados y senadores de la alianza política Creemos rechazamos la violencia generada desde el mismo Estado en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, en dos conflictos que podrían resolverse mediante el diálogo y la concertación, sin embargo, el gobierno persiste en una línea de confrontación entre bolivianos para imponer su autoritarismo», señala el comunicado.

Creemos recordó que la Ley 906 de Comercialización Legal de la Hoja de Coca solamente reconoce al mercado de Adepcoca como legal y que desde 2021 funciona un mercado paralelo con aval del Gobierno.

En el caso de Santa Cruz, cuyo Comité Interinstitucional convocó a un paro de 48 horas por el censo, Creemos pidió garantizar el derecho a la protesta.

«Más aún si esa violencia es generada por la incapacidad y autoritarismo del mismo Ejecutivo, que se ha convertido en un transgresor de leyes, vulnerando así derechos humanos fundamentales de los bolivianos», dice Creemos.

Los legisladores advirtieron con iniciar acciones legales respectivas, tanto a nivel nacional como internacional, si la violencia, para que los ejecutores de la represión y criminalización de las protestas sociales sean sancionados.

La violencia en La Paz dejó un cocalero en terapia intensiva producto de la explosión de una dinamita en la mano y al menos tres detenidos, mientras que en Santa Cruz ocho personas fueron arrestadas en el Plan 3000 por enfrentamientos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que población no acató el paro en Santa Cruz y que grupos violentos se dan a la tarea de “amedrentar y obligar a parar”, sin pensar en la economía de las familias.

“El gobernador (Luis Fernando Camacho) no piensa en el bolsillo de la gente, no está pensando en el sufrimiento que tiene la familia gremial (…). Hay que solidarizarnos con quienes menos tienen”, exhortó la autoridad en declaraciones a periodistas en Santa Cruz.

Detalló que se identificó a los grupos que causaron violencia y transportaban piedras, escudos y explosivos, los cuales fueron señalados como parte de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

“Lamentablemente, se están organizando grupos delincuenciales a la cabeza del Gobernador y del Comité pro Santa Cruz que a tempranas horas han ido a atacar la casa del alcalde Jhonny Fernández (…). No toleramos este tipo de violencia y no toleramos que las autoridades generen un perjuicio a quienes le dieron su voto”, advirtió en relación al ataque que sufrió la vivienda del Alcalde.

Del Castillo también reprochó la violencia en esta movilización y señaló: “Se frenará la violencia, venga de donde venga”.

Así, lamentó que Camacho no haya asistido al Consejo de Autonomías del 12 de julio, que sugirió la postergación del Censo de Población y Vivienda, inicialmente previsto para el 16 de noviembre de 2022.

A través del Decreto Supremo 4760, el Gobierno postergó el empadronamiento para mayo o junio de 2023. La medida causó descontento en el llamado Comité Interinstitucional por el Censo, que luego de un paro anterior llamó a nuevas protestas para este lunes y martes.

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, anunció que desde el martes se masificará la protesta en Villa El Carmen por el cierre del mercado paralelo, mientras que el Gobierno anunció procesos por el uso de dinamita en las manifestaciones.

«El día de mañana (martes) se va a masificar, están en camino (los afiliados) están saliendo (de los Yungas). La decisión de nuestros socios tenemos que acatar y la decisión es no ir a ningún escenario de diálogo porque no tienen poder de decisión (…) este pueblo está cansado, se han caldeado los ánimos», declaró Machicado.

El dirigente consideró como «fuera de tiempo» la convocatoria al diálogo por parte de la Defensoría del Pueblo e insistió en que el Gobierno debe hacer acatar la ley cerrando el mercado paralelo que fue abierto por otro sector de productores de coca liderado por Arnold Alanes. Además, planteó que el diálogo debe ser con la primera autoridad del Estado, el presidente Luis Arce.

En espera del diálogo, el viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez, denunció que los cocaleros usan la dinamita con clavos para aumentar su daño, además de que amplifican su potencia con Anfo que es un explosivo de alta potencia, por lo que advirtió con procesos.

“Vamos a identificar a aquellas personas que están haciendo el uso de la dinamita y de seguro que los vamos detener para posteriormente hacerles un proceso”, dijo la autoridad.

El comandante de la Policía departamental, coronel Ismael Villca, anunció que se harán las acciones para individualizar a los responsables de hechos ilegales en las movilizaciones.

Alanes culpó a Machicado de la violencia en VIlla El Carmen y aseguró que irán al diálogo convocado por la Defensoría.

«Este mercado funciona en base al artículo 24 de la Ley General de la Coca y el artículo 23 de la reglamentación a la ley, Decreto 2318», declaró Alanes.

El uso de dinamita provocó que un cocalero del sector de Machicado pierda parte del brazo. Se trata de Plácido Cota Huaylluco, de 35 años, quien este lunes por la tarde fue intervenido quirúrgicamente de manera urgente. La directora del Hospital Arco Iris de la zona de Miraflores, en La Paz, Jael Cazón, dijo que el paciente tiene «alto riesgo de perder la vida».

Jorge Richter, vocero presidencial, anunció este lunes, que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, incurre en un discurso marcado de “odio”, “bronca” y “manipulación” en la convocatoria al paro de 48 horas.

“Las palabras que utiliza el Gobernador en la convocatoria a la movilización están cargadas de adjetivos de desprecio hacia otro, de un interés de podernos confrontar a los bolivianos, de una manera mucho más crítica de lo que fue en 2019”, afirmó el funcionario en Bolivia Tv.

Al contrario de ese criterio, Camacho dice promover una lucha para seguir creciendo, produciendo y generando mayor empleo, y mejor educación y salud. “Hay que salir otra vez a la rotonda, a las calles; vamos a demostrar que la cruceñidad no tiene precio. Los cruceños no nos vendemos, no negociamos nuestros principios y no buscamos intereses personales”, dijo el Gobernador en alusión al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quien se declaró en contra de esta medida.

Para Richter, las declaraciones y medidas asumidas por Camacho no tienen un interés técnico en el proceso censal, sino que sirven para pretender la revalidación de un liderazgo construido con base en la violencia, esto en referencia a los hechos ocurridos durante los conflictos de 2019.

Richter pidió no utilizar la política con medidas de confrontación, durante el proceso de la definición del censo. La semana inició con una nueva medida de presión por el departamento cruceño, un paro de 48 horas; exigen la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en la gestión 2023.