Nacional

domingo 20 sep 2020 | Actualizado a 23:48

La Policía reporta 141 efectivos contagiados con COVID-19, de los cuales se recuperaron 18

El comandante de la Policía dotó equipos de bioseguridad a los efectivos que son parte de la primera línea de la lucha contra el COVID-19.

/ 14 de mayo de 2020 / 09:08

Unos 1.500 efectivos de la Policía serán desplegados en Santa Cruz

A dos meses de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, la Policía Boliviana reportó este jueves que 141 efectivos resultaron contagiados con el mal, de los cuales se recuperaron 18. Son parte de la primera línea de la lucha contra el COVID-19.

“Tenemos hasta el momento 141 policías que han dado positivo, pero lo más importante es que tenemos 18 efectivos ya recuperados a nivel nacional”, señaló su comandante, el general Rodolfo Montero, en una rueda de prensa.

El jefe policial entregó el informe en el interín de las visitas a varias estaciones de la Policía para verificar su situación y entregar insumos de bioseguridad.

La Estación Policial Integral (EPI) Ferroviaria, en la zona Periférica, una de las más afectadas por el virus en La Paz, fue la primera en recibir la dotación.

“Eso nos indica que estamos nomás con la mayor fuerza en los miembros de la Policía Boliviana y estamos recuperando paulatinamente”, señaló el jefe policial respecto al balance de sus subalternos contagiados con el mal. (14/05/2020)

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Arce dice que Mesa no tiene posibilidades de ganar las elecciones sino con fraude

El candidato presidencial del MAS expresó sus dudas sobre la transparencia del Tribunal Electoral, descalificó al gobierno “de facto” de Jeanine Áñez y fustigó a la OEA.

/ 20 de septiembre de 2020 / 21:32

Luis Arce, en una entrevista pasada con La Razón.

Luis Arce habló fuerte; no lo había hecho antes, y lo hizo en alusión a Carlos Mesa, su rival electoral inmediato, de quien dijo que no tiene posibilidades de ganar las elecciones del 18 de octubre sino con fraude, con lo que echó sombras sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) ofreció una entrevista al diario chileno El Mercurio, al que le dijo que Bolivia mantendrá todo lo que el gobierno de Evo Morales hizo respecto de las relaciones con Chile y que Bolivia no va a renunciar a su derecho a la salida al mar de manera soberana.

En la entrevista, el exministro de Economía abundó en descalificaciones contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuestionó la imparcialidad del TSE y desafió a que Mesa no va a ganar las elecciones.

“Nosotros no vemos la posibilidad de que nos ganen, excepto con un fraude. Porque lo cierto es que el TSE tiene una estrecha amistad con Mesa y ha sido puesto por este gobierno de derechas”, sentenció.

Así, reivindicó la fuerza electoral de su partido, al que los sondeos le dan una buena ventaja respecto de Comunidad Ciudadana (CC), la alianza que promueve la candidatura de Mesa. “Por supuesto, tenemos una amplia ventaja que día a día se va ampliando con respecto al segundo”, afirmó Arce.

“Si el señor Mesa gana las elecciones, la única posibilidad es con fraude. ¿Por qué? Porque cuando analiza los datos de Mesa, el 50% dice que no necesariamente va a votar por él. Es su primera inclinación, pero hay otros factores que van a hacer que la gente cambie de opinión y ese es el aspecto económico. Y nosotros no somos un experimento. Mesa fue Presidente y vicepresidente del país y fracasó”, insistió.

“Es más, (Mesa) renunció. El MAS es el único partido exitoso que está en competencia”, dijo al evocar el pasado de Mesa, quien, luego de suceder al dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, renunció al poder en 2005 presionado por movilizaciones sociales.

Arce apuntó al TSE de un eventual fraude. “Nosotros no tenemos la seguridad de que se hagan unas elecciones transparentes con este TSE. Pero tenemos confianza de que el pueblo boliviano el 18 de octubre va a votar consciente de todo esto, para tener una victoria contundente, en primera vuelta, con respecto a todos los oponentes de derecha”.

En la entrevista, Arce no dejó de cuestionar a Áñez, otrora senadora de Unidad Demócrata (UD) que se proclamó presidenta al renunciar Morales el 10 de noviembre de 2019. “Bolivia vivía en democracia hasta noviembre, cuando hay un golpe de Estado. En este momento la Presidenta (Áñez) es una Presidenta de facto”, recordó.

“Supuestamente, su única misión era la de convocar a elecciones, pero hasta ahora no se han realizado y han ‘pretextado’ siempre el tema de la pandemia. Y bueno, ya llevamos 10 meses sin democracia en Bolivia. Los bolivianos no hemos elegido a nuestras autoridades, como supuestamente nos han hecho creer los golpistas. Por eso yo afirmo que vamos a recuperar la democracia”, cuestionó.

Consideró que Áñez es resultado de un “golpe de Estado” y rechazó que en las elecciones del 20 de octubre del año pasado pudo haber fraude. “No hubo fraude, lo que hubo fue un golpe de Estado. Fue un golpe impulsado inclusive desde personeros de la OEA; la actitud del secretario general (Luis Almagro) es realmente vergonzosa, al haber puesto a un organismo internacional a favor de intereses políticos”.

Arce lidera distintos sondeos de intención de voto a un mes de las elecciones. Su inmediato seguidor es Mesa. Áñez renunció el jueves a su candidatura por la alianza Juntos, obligada por las pocas posibilidades de proyectarse como ganadora.

(20/09/2020)

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José Miguel Vivanco: ‘El gobierno de Áñez ha violado la separación de poderes’

Human Rights Watch (HRW) defiende el informe que estableció el abuso del sistema judicial por parte del gobierno transitorio para perseguir a opositores. Remarca que el debilitamiento del sistema judicial ya se dio en el anterior mandato de Evo Morales.

/ 20 de septiembre de 2020 / 18:07

El director de Human Rights Watch para América Latina, Jsoè Miguel Vivanco. Foto: La Voz de América

Human Rights Watch (HRW) se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidencia interina de Jeanine Áñez, por sus pronunciamientos de advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, al igual que otras entidades internacionales. El último es un informe publicado el 11 de septiembre, que sentencia que el gobierno de la exsenadora abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales, y al propio líder cocalero refugiado en Argentina. 

El encargado de presentar el documento fue el chileno José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW. Desde su sede en Nueva York, Estados Unidos, el abogado atendió a La Razón.

En esta entrevista sustenta las conclusiones de su informe; reafirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados; cataloga de “inverosímil” la explicación del ministro Arturo Murillo sobre las muertes de Sacaba y Senkata; desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior. Y desestima, por ahora, la invitación de la Presidenta para que HRW vuelva a visitar el país.

—Ya se dieron pronunciamientos de HRW anteriormente sobre Bolivia, ahora se publicó un informe. Con base en todo esto, ¿cuál es el común denominador y la evaluación general de HRW sobre la situación de los derechos humanos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez?

—La situación de derechos humanos en Bolivia nos preocupa desde hace mucho. Durante sus casi 14 años en el poder, Evo Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos, arremetió contra periodistas, acusándolos —sin pruebas— de difundir mentiras y promovió reformas judiciales que fueron una amenaza al Estado de derecho. Nosotros denunciamos públicamente esos abusos. El gobierno de la presidenta interina Áñez critica duramente a su predecesor, pero no ha tomado medidas para fortalecer la defensa de los derechos básicos de los bolivianos. Al contrario, ha adoptado políticas muy preocupantes. Por ejemplo, emitió un decreto que buscaba eximir a los militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios, que después derogó ante las fundadas críticas de HRW y otros organismos.

El Gobierno no ha promovido una investigación adecuada de los actos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Además, en el decreto de emergencia por el COVID-19 incluyó un artículo que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran sus políticas. En respuesta a las fuertes críticas nuestras y de otros, el Gobierno también revocó ese artículo.

El Gobierno ha violado la separación de poderes. Ha amenazado públicamente con “perseguir” a jueces y fiscales, iniciado procesos penales contra dos jueces por decisiones con las que no estaba de acuerdo y presentado querellas contra los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Defensora del Pueblo. En general, ha usado el sistema de justicia como un arma contra partidarios de Morales, de la misma forma que él hizo con sus adversarios políticos.

—Al respecto, ¿cómo evalúa HRW el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el mando del actual Gobierno transitorio? Uno de los puntos más polémicos son los operativos conjuntos que dejaron más de dos decenas de fallecidos en noviembre de 2019, en Sacaba y Senkata.

—Documentamos numerosos casos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Por ejemplo, entrevistamos a testigos, familiares y víctimas de los dos asesinatos en Montero y del ataque contra autobuses en Vila Vila, que incluyó secuestros y torturas. En ambos casos partidarios de Evo Morales presuntamente fueron responsables de esa violencia. También entrevistamos testigos y familiares de las masacres de manifestantes afines al MAS en Sacaba y Senkata, y de una muerte en Betanzos.

Nuestra conclusión es que las investigaciones de los hechos de octubre y noviembre de 2019 son, en general, muy deficientes. Por ejemplo, hablamos con testigos de la violencia en Vila Vila que no habían sido entrevistados por la Policía o la Fiscalía en febrero, es decir, más de tres meses después del ataque. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, hay decenas de testigos, algunos de los cuales entrevistamos, que afirman que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también concluyeron que la evidencia apunta a que las fuerzas del Estado fueron responsables por las muertes. Y pese a todo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a HRW que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata. Es una explicación inverosímil.

En febrero, los fiscales de los casos, con los que nos reunimos en Bolivia, ni siquiera tenían una lista con los nombres de los militares que participaron en los hechos de Sacaba y Senkata, el armamento usado y el plan operativo. Las autoridades militares se habían negado a informar al Ministerio Público. ¿Cómo es posible investigar un hecho sin saber quién estuvo allí y, en consecuencia, sin poder entrevistar a esas personas? En vista de los grandes problemas que afectan a las investigaciones, es fundamental que se establezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acordado por el Gobierno interino y la CIDH. Su misión sería investigar de forma imparcial la violencia ocurrida en octubre y noviembre de 2019. Instamos a quien gane las elecciones en octubre a que trabaje con la CIDH para viabilizar esa iniciativa.

—Su nuevo informe es La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, que con datos apunta a una injerencia política en el sistema judicial boliviano. ¿Cuál es la raíz de esta injerencia? ¿Cómo se expresa esta injerencia política con el Gobierno interino actual?

—Tan pronto como asumió el poder en noviembre de 2019, el gobierno de la presidenta Áñez dejó claro, con sus propias palabras, que iniciaría una persecución de sus rivales políticos. El ministro Murillo prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara “una purga” en la Fiscalía y advirtió su intención de “perseguir” a los jueces y fiscales que estén “liberando a delincuentes”, un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia. No se quedó en palabras, sino que el Gobierno comenzó a presentar querellas para que la Fiscalía procesara a miembros del anterior gobierno. Para febrero, el Ministerio Público había abierto más de 100 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno.

Obviamente, es perfectamente legítimo investigar a exfuncionarios si hay evidencia de que cometieron un delito. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno. Precisamente para analizar esos casos, HRW viajó a Bolivia en febrero de 2020. Entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos. Esa investigación es el sustento de nuestras conclusiones.

—El documento hace énfasis en que el Gobierno interino “abusa del sistema judicial” para llevar a cabo una persecución contra colaboradores, partidarios de Morales, y hasta al mismo expresidente. ¿Cuáles son los elementos que llevan a HRW a hacer esta afirmación?

—Analizamos a fondo casos promovidos por el Gobierno interino a través de querellas, incluyendo el proceso por terrorismo contra Morales. Encontramos enormes inconsistencias e irregularidades, como procesos basados en cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por ejemplo, la Fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de gabinete de Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que éste renunciara. La Fiscalía no tiene grabaciones o transcripciones de esas llamadas. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada, en violación de la ley boliviana. En marzo, tuvo un aborto espontáneo y perdió su bebé.

La Fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la Policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al Gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Cualquiera puede estar en desacuerdo con esas opiniones, pero querer castigarlas como delitos es una amenaza a la libertad de expresión de todos los bolivianos. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.

—Dando la vuelta al tema, ¿el informe de HRW verificó persecución política contra opositores en el gobierno de Morales?

—Sí. No hay duda de que el gobierno de Morales usó el sistema de justicia con fines políticos. Ahora él mismo es víctima del debilitamiento del sistema de justicia que él promovió durante su mandato. Morales dijo que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” y del “capitalismo”, e implementó reformas que la socavaron. Por ejemplo, la elección de los jueces de tribunales superiores y los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de nombrar y destituir a jueces; a partir de listas que confecciona la Asamblea Legislativa colocó en manos de quien controle la Asamblea el poder de llenar esas listas con personas afines a sus posiciones políticas. Y eso es precisamente lo que hizo el MAS.

En 2010, Morales refrendó una ley que dispuso que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 serían considerados “transitorios” de manera retroactiva, aunque en ese momento tuvieran cargos permanentes y fueran jueces de carrera. Hasta hoy el 80% de los jueces son “provisionales”. El Gobierno interino dice que el MAS controla a todos esos jueces por el simple hecho de que fueron nombrados durante el mandato de Morales. No tiene razón. El riesgo de que, siendo temporales, los jueces tomen decisiones para complacer al Gobierno de turno, quien quiera que sea, y permanecer en el cargo. Del mismo modo, aproximadamente el 90% de los fiscales son “provisionales” y pueden ser despedidos sin justificaciones claras, según la Fundación Construir, una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de justicia.

En nuestro informe documentamos algunos casos con indicios claros de persecución política durante el gobierno de Morales. Citaría como ejemplo el proceso conocido como “caso Terrorismo”, dirigido contra la oposición en Santa Cruz. Un vídeo filtrado en ese caso mostró el pago a un testigo clave y el propio fiscal de la causa huyó a Brasil y desde allí manifestó que las pruebas habían sido plantadas y que el gobierno de Morales lo había obligado a incriminar a personas inocentes. Otra cuestión igualmente aberrante fue la persecución política contra los expresidentes.

—Desde el Gobierno interino de Bolivia, políticos opinan lo mismo, se ha puesto en duda el papel de HRW en cuanto a que la entidad no habría mostrado, ni se hubiera pronunciado sobre las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante el mandato de Morales, o que sus pronunciamientos e informes actuales apuntan a favorecer al anterior gobierno…

—Eso no es cierto y cualquiera puede comprobarlo fácilmente. Basta entrar en nuestra página de internet sobre Bolivia: https://www.hrw.org/es/americas/bolivia. Ahí verá, por ejemplo, un informe que denuncia la destitución arbitraria de jueces durante el gobierno de Morales, un artículo que yo publiqué en The New York Times diciendo que los argumentos jurídicos para justificar el derecho a la reelección de Morales eran un disparate, y otros documentos que critican leyes aprobadas durante su mandato que violaron los derechos humanos. Además, todos los años publicamos un capítulo sobre Bolivia en nuestro Informe Mundial de Derechos Humanos en el que denunciamos atropellos ocurridos durante el mandato de Morales. El más reciente está en https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336399.

—¿Cuáles son las recomendaciones que hace HRW para que cambie esta situación de la injerencia política en el sistema judicial boliviano?

—Para reafirmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. A corto plazo es necesario un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas y las garantías de debido proceso en todos los casos relacionados con miembros del gobierno de Morales y sus partidarios. La Fiscalía debería retirar los cargos en casos donde las pruebas no respalden las acusaciones o los cargos sean desproporcionados en relación a la presunta conducta delictiva.

—¿Estos informes de HRW pueden derivar en investigaciones a un mayor nivel o en procesos internos e internacionales contra gobiernos o entidades?

—Nuestros informes ofrecen una visión imparcial y objetiva, basada en el derecho internacional, de una situación de derechos humanos que buscamos corregir. Siempre los elaboramos a partir de nuestra propia investigación en el terreno, mediante entrevistas con víctimas de abusos y autoridades, y a partir de un análisis minucioso de la evidencia. Su objetivo es presentar informaciones importantes para el debate público y recomendaciones para lograr una protección efectiva de los derechos humanos. Pero obviamente, no nos corresponde a nosotros realizar los cambios de política para lograr esa mayor protección. Son los propios bolivianos y bolivianas quienes tienen que decidir si quieren esas reformas, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

—La presidenta Áñez y colaboradores han extendido una invitación a HRW para que pueda visitar el país y así incidir en los datos de su informe y también pueda hacer un diagnóstico de lo sucedido en el mandato de Morales. ¿Está dispuesta HRW? Áñez se refirió esta semana nuevamente al tema, porque, dijo, estos informes de HRW “desconocen absolutamente la realidad de lo que pasa en Bolivia”.

—Estuvimos en Bolivia para realizar esta investigación y nos reunimos con importantes miembros de su gobierno, incluido el ministro Murillo. Desde entonces hemos realizado entrevistas a distancia y seguimos de cerca los acontecimientos en el país. Estoy seguro de que viajaremos de nuevo a Bolivia cuando las condiciones de salud lo permitan, pero no porque creamos que nuestras apreciaciones no se ajustan a la realidad. Reafirmamos las conclusiones de nuestro informe. Seguiremos trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades y derechos de los bolivianos y bolivianas, sin importar sus opiniones políticas.

Perfil

Nombre: José Miguel Vivanco

Profesión: Abogado

Cargo: Director de la División de las Américas de HRW

EXPERTO EN AMÉRICA LATINA  Trabajó como abogado de la CIDH. Fundó el Centro de Justicia y el Derecho Internacional. Fue profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Su cuenta de Twitter es @JMVivancoHRW

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El TSE publicó este domingo la lista de ciudadanos elegidos como jurados electorales; conoce si eres uno de ellos

En total son 213.600 jurados electorales elegidos para las elecciones de octubre, de los cuales 8.658 radican en el exterior.

/ 20 de septiembre de 2020 / 11:37

Una persona emite su voto en las pasadas elecciones. Foto: APG-archivo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo la lista de los 204.942 ciudadanos elegidos a nivel nacional como jurados electorales para los comicios generales del domingo 18 de octubre. 

Conoce si eres de uno de ellos en las siguientes direcciones:

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Chuquisaca_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_LaPaz_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Cochabamba_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Oruro_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Potosi_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Tarija_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_SantaCruz_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Beni_EG_2020.pdf

https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Pando_EG_2020.pdf

El 18 de septiembre, el Órgano Electoral Plurinacional llevó a cabo el sorteo de jurados electorales tanto a nivel nacional como para el exterior.

A diferencia de elecciones anteriores y por los efectos de la pandemia del coronavirus, el TSE dispuso que las designaciones recaigan en ciudadanos de 18 a 50 años de edad. La capacitación se hará en grupos reducidos, con refuerzos virtuales y apoyo en programas especiales en medios de comunicación.

Según el TSE en total fueron designados 213.600 jurados. En La Paz fueron elegidos 55.284 jurados; en Santa Cruz, 54.096; en Cochabamba, 38.340; en Oruro, 10.224; en Chuquisaca, 11.154; en Potosì, 14.184; en Tarija, 11.136; en Beni, 8.106; y en Pando, 2.418. Para el exterior fueron elegidos 8.658 jurados.

(20/09/2020)

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Insultos y violencia empañan jornada de campaña política a un mes de los comicios

"Repudiamos los ataques violentos que hoy sufrió nuestra militancia en la ciudad de #Cochabamba. Exigimos respeto a nuestro derecho de realizar con libertad actividades pacíficas de campaña electoral", escribió en Twitter el candidato del MAS a la presidencia Luis Arce..

/ 19 de septiembre de 2020 / 21:07

El puesto del MAS en la plazuela 4 de Noviembre quedó reducida a cenizas

Por Paulo Cuiza

Cochabamba y Oruro fueron este sábado escenarios de violencia en medio de las campañas políticas que se masifican de cara a las elecciones nacionales del 18 de octubre. En la capital valluna, en medio de agresiones, militantes del MAS fueron echados de una plaza y en la capital orureña militantes del MAS y de Comunidad Ciudadana intercambiaron insultos y golpes.

En la plazuela 4 de Noviembre, al norte de la ciudad de Cochabamba, un puesto de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) quedó reducido a cenizas y como prueba de la violencia que se desató en el lugar la mañana de este sábado, cuando un grupo identificado como miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) enfrentó a militantes del MAS hasta echarlos del lugar.

“Nosotros estábamos acá haciendo campaña para nuestro binomio y para nuestras dos candidatas de la zona Norte y nuestra compañera plurinacional, pero de la nada aparecieron los compañeros de la Resistencia Juvenil Cochala y empezaron a botar gases lacrimógenos y empezaron a quemar todos, los compañeros tuvieron que correr y algunas compañeras fueron golpeadas (…). ¿Dónde está el estado de derecho y la libertad de expresión?”, relató una militante del MAS a la red Bolivisión.

El expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, a través de sus redes sociales reprochó estas acciones. «Responsabilizamos a los golpistas por las agresiones de miembros de la Resistencia Juvenil Cochala contra militantes del MAS que hacían campaña en #Cochabamba. El peligro de la violencia, el racismo y el separatismo no debe volver al país”, escribió en Twitter.

Quien también se pronunció por la misma red fue el candidato a la presidencia por el MAS Luis Arce: “Repudiamos los ataques violentos que hoy sufrió nuestra militancia en la ciudad de #Cochabamba. Exigimos respeto a nuestro derecho de realizar con libertad actividades pacíficas de campaña electoral. ¡Basta de dictadura! #RecuperaremosLaDemocracia”.

Similares acontecimientos se produjeron al mediodía en la ciudad de Oruro, donde militantes de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), cuyo candidato a la presidencia es el expresidente Carlos Mesa, y del MAS intercambiaron insultos e incluso llegaron a los golpes de puños y patadas.

La plazuela Cinco Esquinas se convirtió en el escenario de violencia. CC organizó una actividad de campaña por el lugar cuando una caravana del MAS cruzó el lugar. Allí los insultos se multiplicaron; los de CC arrancaron panfletos y echaron agua a sus rivales que se transportaban en minibuses, camionetas y otros vehículos.

“¡Fuera maleantes!, gritaron los militantes de CC. Las provocaciones derivaron en que los militantes del MAS dejen los vehículos y se enfrenten a sus rivales políticos. En segundos se armó un enfrentamiento con puños y patadas, del cual ni las mujeres se salvaron.

En medio de estos enfrentamientos, la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas y la Iglesia Católica expresaron este sábado augurios de una campaña pacífica y comunicaron su beneplácito por “el inicio de la fase más activa del proceso electoral” y auguraron una campaña ordenada, propositiva democrática y pacífica de cara a las elecciones del domingo 18 de octubre.

(19/09/2020)

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Carlos Mesa deja a criterio de Jorge Quiroga la decisión de retirar o no su candidatura

“Tendría alguien un acuerdo de esa naturaleza sobre una hipótesis etérea que la totalidad de votos de la señora Áñez se van a trasladar a nuestra candidatura”, explicó el expresidente sobre rumores de una alianza con la otrora candidata, que desmintió.

/ 19 de septiembre de 2020 / 19:13

Carlos Mesa, en entrevista con Fernando del Rincón, la noche del viernes.

En un ensayo de posibilidades de descarte de candidatos con miras a la “unidad del voto”, el postulante presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dejó a criterio de su contendor Jorge Quiroga, de Libre21, la eventual decisión de seguir o no en carrera electoral.

“Pienso que hay candidatos que no tienen ninguna posibilidad, que han ocupado cargos de responsabilidad, y en su conciencia deberían establecer si deciden retirar su candidatura”, respondió el expresidente ante la pregunta específica del periodista Fernando del Rincón, de CNN, de si sería posible hacer alianza con el también exmandatario.

Sin embargo, Mesa aclaró que lo suyo no es una presión para desencadenar renuncias con miras a fortalecerse electoralmente. “Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no quiero generar la sensación de que estoy presionando a una u otra candidatura; no lo he hecho con la presidenta Jeanine Áñez. No lo voy a hacer con otros candidatos”, dijo en CNN la noche del viernes.

“Coincido en que se trata de una decisión con responsabilidad histórica, sobre todo con personalidades que han ocupado la Presidencia, que son personas valiosas, que pueden dar una contribución. Dejo a criterio y a conciencia de lo que ellos decidan”, insistió en referencia Quiroga, bastante rezagado en las encuestas.

Al contrario, Mesa dijo que lo que plantea “es la unidad del voto a partir del ciudadano”.

Según los sondeos de opinión difundidos en las últimas semanas, Mesa ocupa el segundo lugar en intención de voto, aún a varios puntos de forzar una eventual segunda vuelta ante el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien lidera las encuestas.

Precisamente esos estudios de opinión obligaron a la presidenta Jeanine Áñez a declinar el jueves su candidatura, debido a que los sondeos no le daban proyección favorable.

Ese día también circuló información en sentido de que Áñez pactó con Mesa su salida con el fin de eventualmente beneficiarse de una posible ”impunidad” especialmente en los casos de las masacres de Sacaba y Senkata, que por la represión militar-policial de noviembre de 2019 terminó con una veintena de fallecidos.

Mesa desmintió la versión que difundió también el expresidente Evo Morales. “No hay acuerdo ni definición que ponga en tela de juicio la obligación que tenemos de investigar cualquier acusación o irregularidades en términos de derechos humanos del anterior gobierno y del actual gobierno, y es parte de la obligación de cualquier gobierno democrático”, afirmó el candidato de CC.

Sin embargo, Mesa abrió la posibilidad de una investigación de los hechos en caso de que fuera elegido el 18 de octubre. “Nosotros creemos que es parte de la democracia iniciar una investigación; si se establecen indicios, llevar adelante un proceso, con algo que es muy importante y que no tenemos en Bolivia: un Poder Judicial y un Ministerio Pública independientes”.

También desmintió que se hubiera reunido con Áñez antes de la renuncia de ésta a su candidatura. “No tuvimos ninguna reunión, ni con la Presidenta ni con representantes de la Presidenta, ni antes ni durante el proceso de evaluación que ellos hicieran y el momento que tomaron la decisión, ni hemos tenido después ningún tipo de encuentro ni conversación”.

Y explicó sus razones electorales también. “Tendría alguien un acuerdo de esa naturaleza sobre una hipótesis etérea que la totalidad de votos de la señora Áñez se van a trasladar a nuestra candidatura, no tiene ningún sentido”, dijo.

(19/09/2010)

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