Pobladores del Norte de Potosí protagonizan, desde las cero horas de este sábado, un bloqueo de caminos indefinido en demanda de un pliego de seis puntos que incluye el respaldo a protestas similares realizadas en Cochabamba y La Paz y el pedido de elecciones en los términos planteados en la ley aprobada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo.
La movilización rechaza “la represión policial y militar a nuestros compañeros de Cochabamba y La Paz” y reclama “la realización inmediata de elecciones nacionales de acuerdo a la ley sancionada por la asamblea nacional”.
Así lo establece un voto resolutivo en el que además se reclama por equipamiento médico, la “transparentación” de la cooperación internacional que llega al país para enfrentar la pandemia de coronavirus y el reinicio de la bores escolares.
La protesta se da cuando en K’ara K’ara, Cochabamba, pobladores del sector impiden el paso al vertedero desde hace seis días con similares reclamos y días después de que también se presentaron en El Alto protestas con los mismos argumentos.
Un reporte del diario El Potosí da cuenta de que unos 200 pobladores de los municipios de esa región del departamento se desplazaron sobre la carretera. Citado por ese medio, el comandante departamental de la Policía, coronel José Antonio Caviedes, confirmó que el bloqueo empezó la mañana de este sábado.
La medida de presión fue aprobada en asamblea desarrolla en la víspera. De acuerdo con la resolución emitida al término del encuentro, el bloqueo fue instalado en el cruce Kona Kona de la carretera Diagonal Jaime Mendoza.
El documento expone las seis peticiones del sector; en el artículo 5 se lee: “Pedimos la realización inmediata de las elecciones nacionales de acuerdo con la ley aprobada por la Asamblea nacional, para tener un gobierno constitucional que atienda al pueblo boliviano”.
Las otras demandas son: equipamiento médico para los hospitales de la región a fin de hacer frente al COVID-19; información sobre el destino de los recursos de donación internacional; la reanudación inmediata de clases bajo medidas de bioseguridad; solicitar a las Fuerzas Armadas y la Policía “estar con el pueblo boliviano y no masacrando a la gente humilde que quiere comer y trabajar”; y en el artículo 4 “rechazan y repudian la actitud del Gobierno dictatorial de (Jeanine) Áñez por la represión militar y policial a nuestros compañeros de Cochabamba y La Paz”.
Esta última resolución hacer referencia al desbloqueo de las protestas instaladas en El Alto hace dos semanas y al intento de desbloqueo, el martes reciente, en K’ara K’ara.
En K’ara K’ara, un numeroso grupo de personas cierra el paso al vertedero de basura de Cochabamba –que genera más de cinco toneladas de desechos cada día– desde el lunes. De las 14 demandas planteadas por los movilizados, los principales son el levantamiento de la cuarentena (instruida por el Gobierno para frenar el avance del COVID-19) y el desarrollo de elecciones generales.
La noche del viernes, en Quillacollo, otro grupo de personas salió a bloquear las vías por un momento en apoyo a la movilización de K’ara K’ara.
El Gobierno ha denunciado que las movilizaciones son de índole política y acusa el MAS y a Evo Morales de incitar a sus seguidores a romper el confinamiento y, en consecuencia, atentar contra la salud, lo que –asegura– se constituye en un delito penal.
El jueves, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, anunció que el Ministerio de Gobierno iniciará un proceso penal contra los bloqueadores de K’ara K’ara por “atentado contra la salud” de los cochabambinos en plena emergencia sanitaria contra el virus COVID – 19.
Un día después, Issa y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Cnel. Iván Rojas, presentaron este viernes a Jorge M. C., identificado como uno de los cabecillas de los bloqueadores en la zona sur de Cochabamba, quien portaba audios en su celular y las nóminas de personas que organizaban los bloqueos.