Nacional

lunes 14 jun 2021 | Actualizado a 16:44

Al menos 13 casos de corrupción en 6 meses de gobierno de Jeanine Áñez

En YPFB, BoA y Entel se denunciaron malos manejos económicos.

Estatales. Herland Soliz y Elio Montes fueron destituidos por irregularidades en YPFB y Entel. Foto: Miguel Carrasco y APG

/ 18 de mayo de 2020 / 19:58

Casos comprobados y denuncias de coacción, tráfico de influencias, sobreprecios, pagos y cobros irregulares, además de uso indebido de bienes estatales, desnudan la fragilidad de un gobierno de transición en 6 meses de gestión.

Jeanine Áñez asumió la presidencia del Estado por sucesión constitucional el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales. Desde esa fecha ya han pasado 6 meses y seis días de la actual administración gubernamental.

La Razón hizo un recuento de 13 casos que han empañado la gestión de la Presidenta transitoria, quien se comprometió a pacificar el país, convocar a elecciones, así como “destapar las ollas de corrupción del gobierno pasado”, además de luchar contra el “abuso de poder para usar recursos públicos a favor de un partido político”, conforme a su discurso del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional.

No obstante, a esa fecha ya se habían registrado dos denuncias de coacción y tráfico de influencias en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales y el Ministerio de la Presidencia.

“Veo necesario aclarar que como Viceministro de Políticas Comunicacionales me negué a viabilizar consultorías internacionales comunicacionales, así como el inhumano despido masivo de mi personal. Coaccionado con bajezas, el Min. de Presidencia (Jerjes Justiniano) solicitó mi renuncia”, escribió Danilo Romano en su cuenta de Twitter, el 28 de noviembre.

Romano fue posesionado el 21 de noviembre de 2019 por la entonces ministra de Comunicación Roxana Lizárraga y renunció al cargo una semana después.

Tras la denuncia del exviceministro de Políticas Comunicacionales se sumó otra en contra de Jerjes Justiniano, esta vez por injerencia en el caso “La manada” ocurrido el año pasado en Santa Cruz.

Fue la fiscal Nancy Carrasco la que denunció injerencia, tráfico de influencias por parte de esta autoridad e inclusive amenazas de muerte por parte de la abogada Iris Justiniano. Esta situación provocó la destitución de Jerjes Justiniano y el inmediato nombramiento de Yerko Núñez como nuevo ministro de la Presidencia, el 3 de diciembre.

De igual manera, el 17 de enero de 2020 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizaba la primera aprehensión de un funcionario del Ministerio de Minería y Metalurgia por cobrar dinero a cambio de cargos laborales en esa entidad estatal.

El acusado por delitos de uso indebido de influencias y concusión fue identificado como asesor de despacho, según el reporte policial.

PRESIÓN. Corría enero cuando el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, decide destituir a Juan Carlos Zuleta del cargo de presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) para posesionar en su reemplazo al economista potosino Gunnar Valda Vargas.

Zuleta asumió el 8 de enero y días antes de cumplir un mes en el cargo fue reemplazado en una situación que fue observada y denunciada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), al señalar que la destitución obedece a una “presión” del Gobierno de Alemania para retomar la alianza con la estatal YLB y ACI Systems (ACISA) para continuar con el contrato para industrializar el litio del salar de Uyuni.

El pago de dos facturas de Bs 36.440 y Bs 18.712 por concepto de hospedaje y consumo extra en un hotel de cinco estrellas de la zona Sur de La Paz, además de un auspició por $us 160.000 a un piloto de carreras de autos y la cancelación de finiquitos por Bs 868.998 a 13 funcionarios, fueron algunos hechos irregulares que ocasionaron el 7 de febrero la destitución de Elio Montes Chávez de la gerencia general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), después de 82 días de ejercer el cargo.

Las denuncias salieron a la luz el 12 de febrero, demostrando irregularidades, y al día siguiente Montes abandonó el país en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), luego de escribir en su cuenta de Twitter que actuó en el marco de la ley y que fue víctima de acoso laboral.

Después de ese escándalo, casos de cobros irregulares por cargos y comisiones de publicidad se descubren en tres ministerios.

El 19 de febrero se conoce la denuncia del dueño de la empresa Vajillera y de Eventos Claris, Martín Cerruto, presentada en contra de la ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra, por supuestos cobros irregulares de parte del responsable de los procesos de contratación de esa cartera, quien habría solicitado el 10% del monto total del contrato (Bs 152.250) para que se le desembolse el pago y además se le adjudique otros contratos. Frente a ello, el Ministerio de Culturas mediante un comunicado anunció la destitución del citado funcionario, proceso administrativo y sanción que corresponda.

Un día después de este caso, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió a un director y un jefe de unidad del Ministerio de Comunicación, sindicados de pedir el 10% de comisión por adjudicación de publicidad en medios de comunicación escritos.

Cuando apenas se conocía las repercusiones de este hecho, la viceministra de Educación Alternativa y Especial, del Ministerio de Educación, Yola Nery Mamani Callisaya, fue aprehendida por la Policía, el 21 de enero, luego de ser denunciada por cobros irregulares de dinero, uso indebido de influencias y concusión, luego de que se difundiera un video en el que supuestamente vendía cargos en esa cartera de Estado.

Tras una serie de críticas a la administración de BoA, por parte de legisladores e inclusive trabajadores y pilotos de la empresa, el gerente general, Juan Carlos Ossio, el 9 de marzo es destituido del cargo, que se negaba a dejar.

Días antes los trabajadores de BoA denunciaron cifras rojas en la empresa como resultado de los malos manejos realizados desde la gerencia, sobre todo por reducir la frecuencia de viajes y la eliminación de rutas o destinos aéreos.

El 7 de mayo, en medio de críticas por llevar contrataciones directas de emergencia, fue destituido Herland Soliz del cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las denuncias se concentran en presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de combustible, alimentos y seguros.

Ante ello, el Ministerio de Hidrocarburos anunció una investigación de los contratos de compra de combustibles, seguros y alimentos para establecer la existencia de irregularidades.

El antecesor de Soliz fue José Luis Rivero, quien permaneció 29 días en el cargo hasta que declaró que YPFB estaba en “quiebra”.

El uso indebido de bienes del Estado también aparece en la lista de casos identificados por este medio, al conocerse que los ministros de Gobierno y de la Presidencia, Arturo Murillo y Yerko Núñez, reconocieron que personas particulares abordaron aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para fines no oficiales. Hablamos del hijo de una amiga de la presidenta Áñez y de una modelo beniana.

Murillo admitió que Mauricio Raña (hijo de la diputada Ginna María Tórrez) utilizó la avioneta para “acompañar a su madre”, que tiene dificultades para caminar y debía llegar a una sesión en La Paz.

Núñez también reconoció que una exreina de belleza viajó en un “vuelo solidario” desde Santa Rosa hasta la ciudad de La Paz por su “delicado estado de salud”.

Tras renunciar a su cargo, el 8 de mayo, el exministro de Minería Carlos Huallpa denuncia imposición de cargos y negociados en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

El 11 de mayo también se conoce de la renuncia de dos viceministros, que dependían del Ministerio de Defensa, debido a denuncias sobre presuntos cargos de corrupción relacionados con irregularidades en la adquisición de equipos para luchar contra el COVID-19 y a pagos personales, según una nota publicada en la web defensa.com del Grupo EDEFA SA de España.

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Renta petrolera, entre ‘exitismo’ y realidad

Cálculos. El Ejecutivo prevé subir los ingresos del país, pero se requiere más pozos

POZOS. Dos nuevos pozos incrementarían en $us 5.000 millones la renta petrolera.

Por Marco A. Ibañez

/ 13 de junio de 2021 / 18:46

ECONOMÍA

El Gobierno prevé para los próximos años incrementar la renta petrolera en más de $us 5.000 millones con nuevos pozos como Itacaray-X1 y Charagua X-1. Son proyecciones “exitistas”, porque no están confirmados los resultados, coinciden analistas.

El primer pozo está ubicado en Chuquisaca, a través del cual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) calcula generar una renta petrolera de $us 1.500 millones, según datos anunciados la pasada semana por el presidente de la compañía estatal, Wilson Zelaya.

El segundo se encuentra en el área de Charagua, localizado en Santa Cruz, con el cual YPFB proyecta obtener $us 3.500 millones adicionales, de acuerdo con información proporcionada por el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización, Armin Dorgathen.

Se trata de al menos $us 5.000 millones que se sumarían a los $us 41.300 millones de renta petrolera con que cuenta el país a la fecha, conforme a una evaluación efectuada por el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

“Hasta el momento son $us 41.300 millones los que suma la renta petrolera y han servido para el beneficio de regalías para las regiones, IDH e inversiones en distintas áreas con infraestructura, salud, educación, bonos e impacto económico, porque la renta petrolera es una importante fuente de ingresos para el país”, destacó el funcionario.

Pese al optimismo de estas autoridades, tres analistas recomiendan al Gobierno ser “prudente” en los cálculos porque se trata de proyectos de exploración y perforación de pozos que todavía no se han descubierto y peor aún no se cuantificó su capacidad en materia de reservas. Existe un “exitismo” innecesario y se crean falsas expectativas, coinciden los expertos en hidrocarburos y economía.

PROYECTOS. El país requiere invertir en nuevos proyectos de exploración. FOTOS LA RAZÓN ARCHIVO

EXPECTATIVAS. Las proyecciones se hacen con base en información real y a la fecha no se ha descubierto un nuevo campo. “El pozo no se descubre, hay que hacerlo” y evaluarlo para que sea productivo, resumió el exministro de Hidrocarburos Guillermo Torres Orías tras conocer las proyecciones del Gobierno.

“Hay un exitismo y si no hay un descubrimiento de un nuevo campo es una barbaridad que hagan proyecciones con cosas que no existen”, insisitió el experto.

Además, lamentó que esos anuncios generen expectativa en la población y si no existe un resultado positivo va en contra de la administración del presidente Luis Arce y las políticas de apoyo a la reactivación económica.

En sintonía, el economista Jimmy Osorio pidió “mesura” a las autoridades del Ejecutivo “a la hora de decir cuánto van a descubrir”. No obstante, destacó el esfuerzo de YPFB para llevar adelante proyectos de exploración y perforación de nuevos pozos.

“Se ha hecho muy poca inversión en cuanto a exploración, generalmente se ha terciarizado ese servicio, por esa razón no se han descubierto nuevos pozos. Desde hace 10 a 15 años no se descubren megacampos y nada. Esta no es una tarea inmediata y está bien que el Gobierno pueda invertir, pero van a demorar”, apuntó.

Torres también observa la falta de un plan a largo plazo en YPFB en materia de exploración y perforación de pozos que “contabilice las grandes intenciones de desarrollo de campos, producción, es decir, a cuánto se va a vender y con cuánto se va a amortizar la deuda que se contrae para hacer el desarrollo, pozos y otros”.

Además, ese plan debe establecer cuánto va a ganar el país “pero hoy en día ya no se hacen planes a largo plazo sino a corto plazo”, lo cual no es lo más óptimo, según el exminsitro.

Usando modelos matemáticos se definen costos e ingresos de los proyectos y sus desembolsos, sobre todo capacidad de producción, así como la rentabilidad del negocio, detalló.

Osorio coincide en que es necesario un plan a mediano y largo plazo porque éste es clave para llevar adelante futuras negociaciones con compradores internacionales.

PROYECTOS. Dorgathen informó que YPFB proyecta obtener 3.500 millones de dólares de renta petrolera con el pozo Charagua X- 1, cuya perforación comenzará en 2022, que de ser exitoso generaría recursos para gobernaciones y municipios del país.

En tanto, Zelaya dijo que Itacaray- X1 generará una renta petrolera que va a superar los $us 1.500 millones. Y que en el caso de ser exitoso este pozo, posteriormente se abrirá la posibilidad de llevar adelante la perforación de cuatro pozos adicionales.

NACIONALIZACIÓN. Este proceso se inició el 1 de mayo de 2006. FOTOS LA RAZÓN ARCHIVO

Temen que las reservas de gas natural estén a la baja

El vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció que la estatal prepara un nuevo proceso para certificar la cantidad de reservas de gas natural que tiene el país. Los resultados se conocerían hasta diciembre de este año.

La última certificación se llevó adelante en 2018, la cual estableció que las reservas probadas de gas natural del país llegaban a 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF).

Al respecto, el analista en hidrocarburos Hugo del Granado expresó a este medio su duda sobre los resultados que se puedan obtener con la anunciada certificación, debido a que en los últimos años no se descubrieron nuevos pozos y lo más probable —dijo— que las reservas de gas que fueron identificadas hace tres años sean menores.

“La situación es muy escéptica respecto a los que se pueda certificar debido a que no hubo éxito en la labor exploratoria, fue una labor muy descuidada durante los últimos años y eso ha pesado en la evolución en las reservas y obviamente en la producción”, argumentó.

Por su parte, el economista Jimmy Osorio destacó la importancia que el país cuente con una nueva certificación de reservas de gas natural, considerando que esa información de la capacidad de producción del hidrocarburo es importante para negociar contratos de venta a países vecinos como Brasil.

Además, dijo que para ello se deben descubrir y certificar nuevos campos. “Es necesario porque eso nos permite hacer negociaciones con compradores internacionales”.

Frente a una eventual reducción de las reservas, Hugo del Granado recomendó un cambio en la política hidrocarburífera del país, la misma que se viene aplicando desde la anterior gestión de gobierno, por otra que impulse las inversiones en temas de exploración.

“Se tiene que cambiar la política petrolera para lograr mayores inversiones en el rubro, de otra manera no hay por qué pensar que puedan cambiar los resultados”, dijo y siguió: “Lo más probable es que las reservas estén en bajada”.

El vicepresidente Dorgathen, en contacto con los medios de comunicación, afirmó: “La última certificación realizada fue en 2018. Este año estábamos en el proceso de certificación, pero debido al tema COVID-19 la empresa que se había adjudicado tuvo problemas en la documentación (…). Finalmente estamos en ese proceso de evaluación ahora. Vamos a iniciar ese proceso para certificar a diciembre de 2021 y saber el punto en el que estamos”.

Agregó que en función a la última certificación, las reservas probadas de gas natural del país llegan a 8,95 trillones de pies cúbicos (TCF).

GAS. Por estos ductos se transporta el hidrocarburo al mercado interno y externo. IMAGEN LA RAZÓN ARCHIVO

    

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Destruyen vino y cerveza de contrabando

CUANTIFICACIÓN. El valor de la mercadería ilegal suma Bs 108 millones

Fueron destruidas 46 toneladas.

/ 13 de junio de 2021 / 18:05

EMPRESA

Como parte de su lucha contra el contrabando y apoyo a la industria nacional, la Aduana procedió a la destrucción de 46 toneladas de bebidas alcohólicas que fueron comisadas, entre enero y mayo, en las fronteras de Yacuiba y Bermejo.

Estas 46 toneladas, valuadas en Bs 108 millones, son parte de un total de 248 toneladas de mercadería ilegal que se encuentran en almacenes aduaneros en Tarija, las cuales se irán destruyendo en el curso de las próximas semanas. Entre la mercadería a desechar se constituyen bebidas alcohólicas, cigarrillos, alimentos en mal estado o vencidos, prendería usada y vehículos indocumentados que están en desuso.

CONTROL. “El contrabando ha hecho de las suyas durante el año 2020, cuando no había controles en las fronteras, se han abierto rutas alternas en las diferentes fronteras del país por donde ingresa mercancía ilegal que daña la economía, la industria y la producción nacional”, afirmó la presidenta en ejercicio de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.

En los primeros cinco meses del año se han decomisado más de Bs 200 millones en todo el territorio nacional y solo en el departamento de Tarija se realizaron comisos valuados en aproximadamente Bs 23.995.443.

La mayoría de la mercancía de contrabando que ingresa al departamento de Tarija proviene de la Argentina y se distribuye también a Santa Cruz.

“Mujeres en Acción de Reciclaje por el Medio Ambiente Tarija” (Marmat) apoyaron en el vaciado de las bebidas alcohólicas, lo cual servirá para hacer compost para abonar las áreas verdes de Tarija y para los productores.

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Tigo amplía cobertura a seis regiones

Desarrollo. Construye autopistas digitales para teleeducación y teletrabajo

RED. La telefónica cuenta con antenas instaladas en diferentes regiones del país.

Por Marco A. Ibañez

/ 13 de junio de 2021 / 18:00

EMPRESA

La población de Pucará ya puede navegar en internet con la señal de Tigo. Los más de 3.000 habitantes de ese valle de Santa Cruz pueden conectarse a la red móvil 4G de alta calidad gracias a una iniciativa de esta empresa de telecomunicaciones.

Pero no será la única zona que se incluye en el radar de la compañía, pues al menos 22 nuevos lugares de seis departamentos se sumarán a la cobertura como parte del propósito de Tigo, de construir autopistas digitales en regiones donde la teleeducación y el teletrabajo son hábitos diarios de sus habitantes.

En Patacamaya también los pobladores, en su mayoría productores de papa, quinua, zanahoria y otros dedicados al comercio, podrán consolidar nuevos mercados en La Paz o el resto del país o aprender nuevas tecnologías de producción gracias a la mayor cobertura que le ofrece la telefónica Tigo.

Asimismo, los turistas que visitan San Jacinto en Tarija y que tengan la línea Tigo, disfrutarán de una amplia cobertura en Internet, anunció la firma.

La gerente de Marca y Comunicación de Tigo, María Laura Mendoza, explicó que entre los objetivos proyectados para este año se encuentra la ampliación de la cobertura en las regiones citadas, pero también en otras de Santa Cruz como, por ejemplo, San Antonio de Lomerío, nuevas zonas de El Torno, Pentaguazú, Portachuelo, Itapaque, comunidades de Vallegrande y Urbanizaciones del Norte.

TRANSMISIÓN. De igual manera en Cochabamba; Mendoza anticipó que los pobladores de Arque y Pojo podrán conectarse a internet con los trabajos de ampliación que efectúa la compañía.

“Tigo está realizando un importante esfuerzo para que más familias en Bolivia puedan continuar sin interrupciones sus actividades por las medidas de confinamiento en los departamentos. Además de Potosí, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, también estamos gestando nuevas radiobases en La Paz para que más familias de Patacamaya, Puerto Parajti y La Curva tengan una mayor cobertura para navegar en Internet”, destacó la ejecutiva.

Además de instalar estas radiobases de transmisión, Tigo tiene el personal adecuado para brindar el soporte técnico a sus clientes, una amplia oferta de planes acorde a las necesidades y una interacción permanente con los usuarios para que tengan acceso a las ofertas y opciones de pago.

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Luciana Mermet: ‘Con coaliciones público-privadas se acelerará la recuperación económica del país’

La Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Bolivia) habla de la importancia de reenfocar las prioridades globales así como del país para asumir desafíos que implican la recuperación económica y social.

Por Marco A. Ibañez

/ 13 de junio de 2021 / 17:40

ENTREVISTA

El PNUD junto a la Cooperación Alemana y Qatar Fund for Development lanzó un “Laboratorio de Aceleración” para mapear soluciones locales a través de nuevos conocimientos, metodologías y equipos que activen alianzas públicoprivadas que impulsen políticas para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La representante Residente de este organismo en Bolivia, Luciana Mermet, conversó con La Razón sobre los desafíos que implica ese proceso en tiempos de pandemia.

—¿Cómo evalúa el cumplimiento de los ODS en Bolivia?

—La bonanza económica de la década pasada, en la región y en Bolivia, no acabó de resolver desigualdades estructurales que la triple crisis sanitaria, económica y social continúa visibilizando. Las soluciones cortoplacistas no son suficientes y necesitamos una renovación institucional que habilite la innovación estratégica necesaria para dar saltos grandes cualitativos sin dejar a nadie atrás. Por ejemplo, Bolivia ha mejorado en la última década su Índice de Desarrollo Humano. Y aunque mejora 17 posiciones en el índice experimental ajustado por presiones planetarias, como hemos visto en el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, la pandemia visibilizó que los desafíos que enfrentamos son cada vez más complejos y los avances incrementales no son suficientes.

—¿Qué dificultades observa el PNUD en Bolivia?

—La agenda de desarrollo y políticas públicas asociadas que propone la Agenda 2030 es muy ambiciosa. Para la región de América Latina y el Caribe, y por cierto para Bolivia, la pandemia generó impactos económicos y sociales desproporcionados, y la senda de recuperación es aún incierta. Para reducir esta incertidumbre, fortalecer la gobernanza efectiva desde una perspectiva colectiva. Desde el PNUD, la visión de la gran transformación para la región se centra en los ejes de incrementar productividad, asegurar inclusión, y fomentar esquemas de resiliencia para la recuperación, todo ello apoyado por mecanismos y estructuras de gobernanza efectiva. Es decir, reconstruir en pospandemia implica tejidos sociales y productivos equitativos y eficientes, la inclusión de la ciudadanía como parte activa en la construcción de acuerdos que beneficien a la mayoría, y cohesión social acompañada, hoy, más que nunca, de resiliencia digital. Bolivia ingresó en un nuevo ciclo político, con nuevas autoridades en todos los niveles, con claridad en el liderazgo público y visión de país, y por tanto existen grandes oportunidades para llevar adelante este tipo de construcción social.

—¿Qué acciones recomienda llevar adelante?

—A través de coaliciones públicoprivado- sociales podemos acelerar la recuperación económica y social del país y, a la vez, abordar desafíos complejos, como la emergencia climática, la profundización de las desigualdades y la reducida confianza en las instituciones. Crear espacios sobre la base de la inteligencia colectiva, movilizando a diversos actores, nuevas fuentes de datos y tecnología, para mejorar las capacidades para comprender y responder a desafíos complejos que plantean los ODS, para resolver desafíos estructurales, promover las políticas innovadoras que beneficien a todas y todos, y generar la voluntad institucional necesaria para adaptarse a un mundo en cambio constante.

—¿Cómo un Laboratorio de Aceleración puede impulsar políticas públicas para el logro de los ODS en Bolivia?

—En Bolivia, será una plataforma integradora de aprendizaje y escalamiento de soluciones para el desarrollo, generando nuevas oportunidades para la construcción de grandes transformaciones. Con las tecnologías digitales capturando datos, hoy podemos generar inteligencia colectiva en una proporción nunca vista. Ello requerirá diversificar los actores involucrados, facilitar la contribución de opiniones e ideas, integrar diferentes tipos de datos para revelar nuevos enfoques y capacitar a la ciudadanía en el uso empoderado de los datos. Este Laboratorio de Aceleración es una gran herramienta para experimentar escenarios de futuro. Es nuestro mecanismo de apoyo para que los gobiernos y actores del desarrollo puedan mapear y explorar soluciones para abordar las necesidades de los ciudadanos, colaborando con el sector privado, la academia, la sociedad civil y todos los interesados en diseñar los futuros del desarrollo boliviano.

—¿Cuándo se podrá conocer los resultados de este Laboratorio de Aceleración?

—De cara a un futuro incierto y complejo, el Laboratorio contribuirá con la exploración de cambios a largo plazo, señales a corto plazo y anticipar los efectos de las tendencias presentes con impactos inter-generacionales, como la emergencia climática, la fragmentación multilateral, el descontento con las instituciones, la profundización de las desigualdades y la transformación digital.

PERFIL

Nombre: Luciana Mermet

Cargo: Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-Bolivia

ESPECIALISTA

Cuenta con dos maestrías, en Políticas Públicas (Georgetown University) y en Desarrollo Internacional (New York University). Fue oficial de comercio en el Ministerio de Economía y Producción de Argentina. Investigadora de la División Económica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Chile. También fue asesora en políticas de reducción de pobreza y de comercio internacional del PNUD. Lideró el trabajo de Naciones Unidas en la Organización Mundial del Comercio y el monitoreo global del ODM 8. Desempeñó como Representante Residente Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana entre 2014 y 2019.

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Alcaldías y gobernaciones deben superar la ‘pereza fiscal’ y ser creativos para generar sus ingresos

Al cuarto mes del año, gobernaciones y municipios sólo ejecutaron un 25% de sus presupuestos y cuentan con recursos para afrontar el COVID-19, pero requieren normativa.

El analista económico Jimmy Osorio en La Razón Radio.

/ 8 de junio de 2021 / 14:02

Tras conocerse que las gobernaciones y alcaldías del país cuentan con presupuesto para atender la pandemia, el analista económico Jimmy Osorio precisó que existen los recursos, pero un gran porcentaje se encuentra “comprometido” y se requiere una normativa para hacer cambios en su ejecución.

Además, que los gobiernos subnacionales deberán hacer ajustes presupuestarios que implican reducción de personal y del gasto corriente, pero sobre todo dejar la “pereza fiscal” para ser “creativos” y generar ingresos propios.   

Los criterios de Osorio fueron expresados en La Razón Radio, luego que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, asegurara el sábado pasado que las alcaldías cuentan con suficientes recursos para atender la contingencia sanitaria por el COVID-19. 

“Estamos dando la cantidad de recursos suficientes tanto en presupuesto como en flujo de cajas para que los gobiernos municipales gasten en salud; tienen la disponibilidad de hacerlo y los instamos nuevamente equipar las UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), hagan los equipamientos urgentemente porque tienen los recursos”, dijo el funcionario.

Al respecto, Osorio indicó que como saldos en cajas, el año pasado se cerró con Bs 1.800 millones en gobernaciones y Bs 3.900 millones en gobiernos municipales, “que representa en gobernaciones un 20% de su presupuesto y en municipios un 23%”, aproximadamente.

“Sin embargo, estos recursos ya están inscritos y tienen un destino. Y muchos de estos recursos pertenecen a los municipios capitales de departamento, que concentran más del 80%”, aclaró.

Además, indicó que al cuarto mes del año, “la ejecución está baja por dos factores: el primero relacionado al cambio de autoridades subnacionales y el segundo porque no recibieron la cantidad de recursos que solían recibir”.

Es así que “en este momento (las gobernaciones y alcaldías) están con una ejecución de alrededor del 25%, que está de alguna manera correlacionada con los ingresos, no tanto con el presupuesto; hay que tener en cuenta que una cosa es el presupuesto y otra los ingresos reales, y estos últimos no han sido los que se esperaban al primer cuatrimestre del año”, sostuvo.

Ingresos

Frente a la necesidad de recursos para la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia, Osorio señaló que es tiempo que los gobiernos subnacionales, en particular las alcaldías, dejen la “pereza fiscal” y generen normativa y más ingresos para sus regiones.

“Hemos tenido una época de bonanza a partir de 2008 hasta 2014, tiempo en el que los gobiernos municipales han fortalecido su pereza fiscal, que ha derivado que sólo se limiten a extender la mano y que el nivel central o papá gobierno les vaya transfiriendo recursos para que realicen sus actividades y no se han dedicado a ejercer su autonomía sobre todo en la parte fiscal, a generar normativa y a tratar de generar más recursos para sus municipios y (también) gobernaciones”, enfatizó el economista.

Para ello –agregó– las nuevas autoridades subnacionales deberán ser “creativas” a la hora de exigir recursos al Gobierno y fomentar el desarrollo económico en sus regiones.

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