Nacional

miércoles 5 ago 2020 | Actualizado a 09:54

Dos condenados por narcotráfico, los primeros en beneficiarse con el indulto en Bolivia

Son las dos primeras personas beneficiadas de la norma de indulto y amnistía aprobado para bajar el hacinamiento en las cárceles con la finalidad de bajar los riesgos de propagación del coronavirus

/ 18 de mayo de 2020 / 23:38

La cárcel de San Roque, en Sucre.

Un hombre con discapacidad grave y una mujer con hipertensión son los primeros privados de libertad indultados con la vigencia del Decreto Presidencial 4226 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias, derivadas de la pandemia del coronavirus. Los dos estaban recluidos en de Sucre, Chuquisaca, por delitos de narcotráfico.

“Son los primeros a nivel nacional que estamos aplicando (con el indulto) como piloto, a tiempo de demostrar que Sucre es la ciudad de la justicia”, informó la juez de Ejecución Vidalia Morales, reportó el portal digital de radio Fides.

Según los detalles dados por la juez, el primer indultado es un hombre que sufre de discapacidad lumbar que imposibilita su desplazamiento, mientras que la mujer es una persona mayor con problemas de salud resultado de la hipertensión que padece.

Ambos fueron condenadas a 10 años de reclusión por la ley 1008, tráfico de sustancias controladas. Morales aclaró que los indultados cumplieron con los requisitos establecidos en la norma.

La demora en la aplicación del Decreto fue criticada por sectores políticos e incluso la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien demandó a las instancias competentes celeridad y eficiencia en la implementación de acciones y mecanismos para cumplir con lo dispuesto en esa normativa.

Instó a Defensa Pública a iniciar un proceso de clasificación y selección de las personas que podrían beneficiarse con la amnistía e indulto, y posibilitar -en coordinación con el Órgano Judicial, Ministerio Público y las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario- la aplicación de herramientas tecnológicas que coadyuven a dar celeridad y efectividad a estas medidas.

La presidenta Jeanine Áñez aprobó el 9 de abril el decreto de indulto y amnistía para privados de libertad mayores de 58 años y mujeres que tengan uno o más hijos. El 30 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la ley que respalda la norma de indulto y amnistía.

El decreto beneficia a internos de centros penitenciarios de 58 años o más, quienes padezcan enfermedades terminales, mujeres embarazadas o con niños lactantes y quienes tuvieran bajo su cuidado a hijos menores de seis años.

Se excluye a personas procesadas por delitos graves como violación, trata de personas, feminicidio, homicidio, secuestro o contrabando y a reincidentes, entre otros. Según las consideraciones de la norma, unos 5.063 privados de libertad pertenecen a los grupos vulnerables y de riesgo.

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La ONU pide paso de la ayuda humanitaria en los bloqueos e insta al diálogo de partes

Naciones Unidas hizo “un llamado al diálogo y a la tolerancia” a los movimientos sociales y a las autoridades gubernamentales para la resolución del conflicto.

/ 5 de agosto de 2020 / 09:43

Decenas de camiones se encuentran varados en Confital por bloqueos de comunarios de Japo K'asa. Foto: Roberto Sardinas

A través de un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a los movimientos que bloquean distintos puntos del país permitir el paso de ayuda humanitaria, como insumos médicos y oxígeno medicinal, para la atención de la emergencia sanitaria en el país.

“El derecho a la vida y a la salud son fundamentales y es, por tanto, de suma importancia garantizar que los esfuerzos de atención a la salud de todas las personas no se vean afectados por ningún motivo, en especial en el actual contexto de pandemia debido a la COVID-19”, señaló el organismo.

Varios camiones, especialmente en la ruta Cochabamba-Oruro, se encuentran detenidos por los bloqueos convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) el Pacto de Unidad contra la postergación de las elecciones para el 18 de octubre dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Defensoría del Pueblo, regional Oruro, llegó el martes a Confital, donde comunarios de Japo K’asa bloquean la ruta entre Cochabamba y Oruro y La Paz. No pudo convencerlos sobre el paso libre de un camión con tubos de oxígeno medicinal. La delegación pudo comprobar también que otro camión similar está varado en Vinto, a la salida de Cochabamba hacia el occidente del país.

Una delegación de la Defensoría del Pueblo intentó persuadir a los bloqueadores, el lunes en Confital. Foto: Roberto Sardinas

Tanto la COB como la Asamblea Legislativa exhortaron el martes a los movimientos que bloquean las rutas del país desde el lunes permitir la circulación de vehículos con insumos médicos y oxígeno medicinal. Y los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, también denunciaron es extremo y reclamaron la misma demanda.

Entretanto, el Gobierno informó que dispuso el traslado de esos materiales a través de un puente aéreo entre Santa Cruz y La Paz y Oruro. En este último departamento, la Caja Nacional de Salud (CNS) denunció el fallecimiento de cinco personas con COVID-19 por falta de oxígeno.

Naciones Unidas llamó a que las partes en conflicto, la COB, el TSE y el Gobierno, instalen un diálogo para resolver la crisis en un momento de expansión del coronavirus en el país. Tienen que asumir “plenamente sus responsabilidades para coadyuvar a que toda controversia se canalice por la vía pacífica e institucional, de manera consensuada y respetando los derechos humanos de todas las personas”, dijo.

Las elecciones fueron fijadas mediante Ley 1304, promulgada apenas por la presidenta Jeanine Áñez, para el 6 de septiembre. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria y la presión del oficialismo, el TSE dispuso por su cuenta la postergación de la votación para el domingo 18 de octubre, decisión que desató el conflicto.

(05/08/2020)

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Murillo culpa de los bloqueos a Mesa, al TSE y al MAS por impulsar elecciones

Convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), movimientos sociales comenzaron con cortes de carreteras el lunes contra la postergación de las elecciones.

/ 4 de agosto de 2020 / 20:11

El ministro Arturo Murillo, en conferencia de prensa este martes. Foto: ABI

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, repartió culpas de los bloqueos al expresidente Carlos Mesa, al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y al Movimiento Al Socialismo (MAS) por impulsar las elecciones en medio de la emergencia sanitaria en el país.

El bloqueo de caminos comenzó el lunes semanas después de que el TSE dispusiera la postergación de las elecciones generales para el 18 de octubre, a pesar de que la Ley 1304 las dispuso para el domingo 6 de septiembre.

“Romero, sin explicación, puso la elección para el 6 de septiembre. Y Romero sin explicación, cambia elección al 18 de octubre. Eso crea incertidumbre y movilizaciones. Seriedad por favor”, escribió Murillo en su cuenta de Twitter.

Antes, en conferencia de prensa también había apuntado a Mesa y a Romero sobre su responsabilidad en las movilizaciones contra la postergación de elecciones y a quienes les pidió ”dar la cara” ante los movimientos sociales. “Ambos deben cumplir con la responsabilidad, basta de lavarse las manos”; dijo en rueda de prensa este martes.

Aunque el oficialismo —que postula a la presidenta Jeanine Áñez como candidata de la alianza Juntos— se resistió a asistir a los comicios en plena emergencia sanitaria, Murillo dijo “el gobierno acepta elecciones cuando diga el TSE, pero que el TSE debe serio”.

El ministro también apuntó al expresidente Evo Morales, a quien llamó “terrorista”, y al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, de haber ordenado “el bloqueo para que pueblo muera por falta de oxígeno”.

Si bien Mesa no respondió a las alusiones de Murillo, culpó al gobierno de Áñez de la situación crítica del país. “¡Ya basta de fraude y corrupción! Tenemos soluciones inmediatas: 1) personal de salud con protección de bioseguridad; 2) camas y unidades de terapia intensiva; 3) medicamentos gratuitos para combatir el coronavirus; 4) más pruebas de coronavirus”, dijo en Twitter.

El diputado del MAS Franklin Flores culpó al Gobierno de la situación de conflictos en el país, además al TSE.

Inicialmente, anuladas las elecciones de octubre de 2019 por presunto fraude, los nuevos comicios debían desarrollarse el 3 de mayo; sin embargo, fueron suspendidos debido a la propagación del COVID-19 en el país. En un segundo intento, el TSE sugirió a la Asamblea Legislativa votación para inicios de septiembre, pero los legisladores optaron por definirla hasta un tope del 2 de agosto a través de la Ley 1297 promulgada por la senadora Eva Copa, ante la negativa de Áñez.

Otra vez, el TSE sugirió el 6 de septiembre, cuya Ley 1304 fue promulgada por Áñez, pero modificó la fecha con una resolución de sala plena.

La postergación de la fecha de las elecciones para el 18 de octubre generó protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que definió bloqueo de que carreteras a partir del lunes. Este martes fueron contabilizados 75 puntos de cortes, que tienden a aumentar en las próximas horas.

(04/08/2020)

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Renuncia Carlos Díaz, ministro de Planificación del Desarrollo

Ejerció el cargo por más de ocho meses. Antes, durante el gobierno de Rodríguez Veltzé, fue designado ministro de Desarrollo Económico.

/ 4 de agosto de 2020 / 15:59

Carlos Díaz era parte del primer gabinete de Jeanine Áñez. Foto: ABI

Carlos Melchor Díaz Villavicencio presentó este martes su renuncia al cargo de ministro de Planificación del Desarrollo que venía desempeñando desde el 15 de noviembre de 2019.

Una copia de su renuncia fue entregada a la presidenta transitoria Jeanine Áñez por el director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, Alain Canedo, quien señaló que la carta de renuncia de Díaz llegará en las siguientes horas desde la ciudad de Santa Cruz.

Díaz fue parte del primer gabinete designado por la mandataria el 15 de noviembre de 2019.

El 22 de julio, Áñez designó como ministro interino de Planificación del Desarrollo a Iván Arias, actual ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mientras dure la ausencia del titular, quien solicitó licencia por motivos de salud.

Anteriormente, el economista cruceño ejerció el cargo de ministro de Desarrollo Económico durante el gobierno de transición de Eduardo Rodíguez Veltzé (2005-2006).

(04/08/2020)

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Murillo denuncia bloqueos a camiones con oxígeno y la COB insiste en las protestas

La dirigencia laboral insiste en que el TSE revise la decisión de postergar las elecciones y mantenga la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre, como dispone la Ley 1304.

/ 4 de agosto de 2020 / 13:07

Un grupo de personas hace un plantón frente el Tribunal Electoral contra la postergación de las elecciones. Foto: APG

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó la mañana de este martes que los bloqueos, especialmente en Cochabamba, impiden el paso de camiones cargados con tubos de oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19.

“Tenemos varios camiones cargados con oxígeno para llegar a Cochabamba, Oruro y pasar a Santa Cruz, incluso para venir a La Paz. No está faltando oxígeno en los hospitales.

Detalló que “hay una columna grande de camiones en la bajada de Parotani”, tomada por 100 pobladores, que “incluso están cobrando peaje”.

Ante esa situación, el ministro Murillo pidió a quienes bloquean “que dejen de ser engañados por malos dirigentes, porque donde hubo conflictos lo único que se ha incrementado es la muerte”.

Desde el lunes, organizaciones sociales afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) y el llamado Pacto de Unidad bloquean varios puntos del país en protesta por la postergación de las elecciones, dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 18 de octubre.

Conferencia de prensa del líder de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El corte de rutas se ahondó en Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y La Paz, en esta región hacia la frontera con Perú.

En otra conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, pidió disculpas por las consecuencias, aunque insistió en la necesidad de las protestas contra el TSE y el gobierno de Jeanine Áñez. “Discúlpennos si los estamos haciendo daño, pero hay una realidad que tiene que conocer el país; no somos locos para convocar a marchas, movilizaciones y cabildos”.

El dirigente cuestionó la falta de medicamentos, la falta de “protocolo de tratamiento” para el uso del dióxido de cloro, la ivermectina o la medicina tradicional. “Nuestra lucha es por la vida y la salud”, dijo.

Además, culpó al Gobierno de “atentar contra la educación” al clausurar el año escolar”. También es culpable y cómplice “el propio Tribunal electoral”, afirmó Huarachi.

Cuestionó que la clausura del año escolar deje sin trabajo a los profesores y que el Gobierno no haya considerado las propuestas del magisterio para salvar el año ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Quieren contentar a la población adelantando los pagos”, dijo Huarachi en relación al pago anticipado del aguinaldo de la Renta Dignidad.

La COB adelantó que las organizaciones sociales intensificarán los bloqueos, según sus datos, que actualmente abarcan 75 puntos en el país. La dirigencia insiste en que el TSE revise la decisión de postergar las elecciones y mantenga la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre, como dispone la Ley 1304.

En medio de las movilizaciones, el TSE ratificó el lunes la fecha de las elecciones para el 18 de octubre y reanudó el calendario electoral pendiente.

(04/08/2020)

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Una corte anula la sentencia que favorecía a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín

Los demandantes, Etelvina Ramos y Eloy Rojas, tendrán oportunidad de un nuevo juicio para una eventual enmienda de los delitos contra el expresidente y el exministro Carlos Sánchez Berzaín.

/ 3 de agosto de 2020 / 21:41

Gonzalo Sánchez de Lozada en abril de 2018 junto a su hijas; más atrás, su esposa. Foto: APG

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito anuló una sentencia que favorecía al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez por la Masacre de Octubre, ocurrida en 2003.

La información fue difundida por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, que señaló que las exautoridades fueron declaradas responsables en el marco del Estatuto de Protección de las Víctimas de Tortura (TVPA por sus siglas en inglés) e indemnizó con $us 10 millones a los demandantes.

Un mes más tarde, un tribunal de primera instancia liberó de culpas a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín debido a una presunta falta de pruebas.

Debido a la posibilidad de exportación de gas natural bolivianos a Estados Unidos a través de puertos chilenos, organizaciones sociales se movilizaron entre septiembre y octubre contra el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Las protestas derivaron luego de una serie de demandas que supusieron luego una crisis política.

El entierro de la niña Marlene Rojas, en Warisata. Foto: Archivo Reuters

En la represión militar de entonces murieron 58 personas y resultaron centenares de heridos, que años después aumentaron la cifra de fallecidos a más de 70. El 17 de octubre, obligado por la masificación de las protestas y la carga de las muertes, Sánchez de Lozada renunció desde Santa Cruz, desde donde partió esa noche con rumbo a Estados Unidos.

Entonces, el Congreso Nacional aceptó la renuncia del líder del MNR y permitió la asunción del vicepresidente Carlos Mesa, que semanas antes había renunciado al gobierno molesto por las represiones, especialmente en El Alto, La Paz, Ventilla, Warisata y Sorata.

El despliegue de tanques de guerra para el resguardo de ingreso de combustible a La Paz. Foto: Archivo La Razón

El Tribunal de Apelaciones, según “La Clínica”, consideró este lunes que los demandantes tenían una oportunidad de un nuevo juicio. La Corte de Apelaciones devolvió el antiguo fallo al tribunal de primera instancia, que debe decidir si el veredicto del jurado debe ser reintegrado bajo la norma correcta y se celebre un nuevo juicio con relación a los reclamos de homicidio culposo de los demandantes.

“Este es un momento importante en la lucha por la rendición de cuentas, no solo para las familias, sino para toda Bolivia”, dijo Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard.

“Hoy es una victoria para los derechos humanos”, insistió.

Los demandantes de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son Etelvina Ramos y Eloy Rojas. Este último es el padre de Marlene, la niña de ocho años asesinada en Warisata por militares mientras veía la represión desde la ventana de su casa.

La represión se ejecutó en el marco del llamado Plan República, dispuesto contra las movilizaciones de septiembre y octubre.

(03/08/2020)

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