Preparan carpetas de posibles beneficiarios de indulto y amnistía
Las oficinas departamentales de Régimen Penitenciario deben acelerar la selección de los posibles beneficiarios.

La Dirección General de Régimen Penitenciario instruyó a las direcciones departamentales preparar las carpetas de privados de libertad que puedan beneficiarse con el decreto de indulto y amnistía. Los trámites deben resolverse lo antes posible.
“Régimen Penitenciario está coordinando con Defensa Pública; nosotros vamos a preparar informes con las carpetas de permanencia de los reos, lo antes posible. Las direcciones departamentales agilizarán estos trámites para que los beneficiados salgan más rápido en un día”, reveló a La Razón el director nacional de Régimen Penitenciario, coronel Clemente Silva.
Coordinación
La autoridad aseguró que ya emitió la instructiva de que todas las direcciones del país para que inicien con el trabajo de coordinación con Defensa Pública, que depende del Ministerio de Justicia, sobre todo en los departamentos en donde existen mayor cantidad de presos, como es Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
La urgencia de aplicar el beneficio es por resolver el hacinamiento carcelario y también evitar la proliferación del coronavirus dentro de las cárceles del país. A la fecha, el único centro carcelario con reos contagiados es Palmasola, que tiene seis infectados y tres muertos por el virus.
El jueves, tras una reunión de representantes de la Justicia de Santa Cruz y del Órgano Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que desde este lunes se aplicará el indulto y amnistía.
El decreto, que beneficia a adultos mayores y población vulnerable de los centros penitenciarios, fue sancionado por la Asamblea Legislativa el 30 de abril y el 4 de mayo fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado para su puesta en vigencia. Tiene el objetivo de prevenir y evitar el contagio y propagación del coronavirus en los recintos penitenciarios.
La norma beneficiará a internos de centros penitenciarios de 58 años o más, quienes padezcan de enfermedades terminales, mujeres embarazadas o con niños lactantes y quienes tuvieran bajo su cuidado a hijos menores de seis años. Se excluye a personas procesadas por delitos graves, como violación, trata de personas, feminicidio, homicidio, secuestro o contrabando y a reincidentes, entre otros.
Según las estimaciones hechas con base a la norma, unos 5.063 privados de libertad pertenecen a los grupos vulnerables y de riesgo citados. (18/05/2020)