Nacional

martes 25 ene 2022 | Actualizado a 13:03

La Asamblea Legislativa pide que oficiales destituidos de la Casa Militar sean llamados a declarar

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dijo que los militares y policías echados del Palacio de Gobierno por supuesta infidencia sobre vuelos irregulares de la FAB deben dar su testimonio en la Fiscalía a fin de proseguir con la investigación de las denuncias.

/ 20 de mayo de 2020 / 17:33

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, pidió al Ministerio Público citar a los jefes militares y policiales que fueron destituidos de la Casa Militar y de la seguridad presidencial del Palacio de Gobierno por supuestamente revelar información acerca de cuestionados viajes de la hija de la presidenta Jeanine Añez y del uso de aviones estatales por particulares.

«Realmente este Gobierno busca todo tipo excusas para quedarse en el poder, cuando su única tarea es ir a una elección. Intimida a la gente, provoca, y esto no está bien; ahora saca a militares que supuestamente han develado fotografías o información del uso del avión por la hija de la Presidenta”, dijo la legisladora de la Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Nosotros creemos más bien que estos militares que han sido retirados tienen que ser convocados por la Fiscalía y hacer las investigaciones correspondientes y que se hagan las sanciones como corresponde», sostuvo Copa.

El caso

El lunes, La Razón reveló que tras los cuestionados viajes en avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de la hija de la presidenta Jeanine Áñez, Carolina Ribera, y del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, jefes castrenses de la Casa Militar y el jefe de Seguridad Presidencial, además de de la seguridad de la joven y otros miembros de esa unidad, fueron destituidos por presunta “infidencia” en los referidos casos.

Al menos en dos ocasiones durante la cuarentena por la expansión del nuevo coronavirus, aviones de la FAB, a requerimiento del Ministerio de la Presidencia, trasladaron del interior del país a La Paz a personas particulares, entre ellas el hijo de la diputada Ginna Torrez y una exmiss de Rurrenabaque, con el argumento de “ayuda humanitaria”.

Copa consideró que con los despidos en la Casa Militar y el Palacio de Gobierno buscan que la población no conozca los casos de corrupción en los que está “hundido” el Gobierno.

Un día después de las revelaciones de La Razón el Gobierno no ha expresado posición alguna sobre el caso. (20/05/2020)

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Montes califica de ‘persecución política’ su imputación y pide a Arce intervenir

El Gobernador de Tarija dijo que es muy “torpe” y “grosera” la acción asumida por la Fiscalía y aseguró que el denunciante está “arrepentidísimo”.

El gobernador Óscar Montes. Foto de archivo: Gobernación.

/ 25 de enero de 2022 / 12:01

El gobernador de Tarija, Óscar Montes, consideró este martes que es una “persecución política” la imputación presentada por la Fiscalía en su contra y otros denunciados por el paro cívico de noviembre de 2021 en rechazo a la ahora abrogada Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, y pidió la intervención de distintas instituciones de derechos humanos e incluso del propio presidente Luis Arce.

“Aquí, nosotros no hemos hecho absolutamente nada y resulta que estamos imputados sin haberse investigado, sin nada; entonces, yo creo que es muy grosero lo que está pasando en la justicia boliviana, particularmente aquí en Tarija, y yo espero que el Presidente intervenga”, dijo Montes en una entrevista con La Razón Radio.

Asimismo, pidió la intervención “inmediata” del ministro de Justicia, Iván Lima, de las comisiones legislativas de derechos humanos y hasta de la Defensoría del Pueblo porque, según su versión, “no se puede utilizar de esta manera tan grosera y tan torpe las instituciones del Estado”.

El lunes se conoció que la fiscal de materia Adriana Flores emitió la resolución de imputación en contra de Montes; el alcalde de Cercado, Jhonny Torres; el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila; y el ejecutivo de la Federación del Autotransporte “15 de Abril”, Gabriel Pérez, por el delito de instigación pública a delinquir y, según el Gobernador, también por separatismo.

Entonces “la verdad que esto es demasiado torpe porque acusan al Alcalde, al Gobernador, a dirigentes y anuncian que van a hacer declarar al rector de la universidad, a todos los secretarios; o sea, es una persecución política (en la) que ya no se cuida ni siquiera los detalles, antes por lo menos se inventaban temas de corrupción o de narcotráfico, pero hoy se les ocurre que somos separatistas y nos acusan, o sea muy torpe, muy grosero lo que está pasando”, insistió.

El Gobernador aseguró que él no tuvo “absolutamente nada que ver” en el movimiento cívico de noviembre y que más bien llamó a la calma o a no reaccionar frente a los grupos violentos que entonces salieron a las calles a desbloquear.

Fiscal cuestionada  

La autoridad departamental cuestionó el trabajo de la fiscal Flores porque cree que está manejando el caso de una “forma poco profesional”. 

“Entendemos que es una mujer joven, no tiene ninguna experiencia y me imagino que tampoco debe tener mucho conocimiento de los delitos que nos están endilgando”, añadió.

Denunciante “arrepentido”

La denuncia sobre este caso fue presentada el 11 de noviembre de 2021 por el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, quien aseguró que la medida de presión afectó a su sector porque los bloqueos evitaron el libre tránsito y no dejaron sacar los productos de sus afiliados al mercado para su comercialización.

Sin embargo, “la dirigencia campesina, en días previos a la Navidad (diciembre), acompañó el paro de los alcaldes, acompañó un paro de la región del Chaco contra la ciudad de Tarija, por lo tanto, es la menos indicada de hablar del perjuicio del sector campesino”, respondió Montes.

Además, aseguró que habló con el denunciante y él supuestamente le expresó su arrepentimiento.

“Hablé con el señor que hizo la denuncia y está arrepentidísimo. Con él nos encontramos permanentemente, tenemos muchos programas (…) y le dije ‘cómo vas a hacer eso’ y me dijo ‘me han hecho firmar, disculpa’”, explicó el Gobernador, quien confirmó que se presentará el viernes a su audiencia acompañado de su abogado.

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Envían a la cárcel a Dávila, la Fiscalía identifica a ocho personas de su círculo cercano y los citará

El exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía estableció que viajó a Colombia y Brasil

El exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila.

/ 24 de enero de 2022 / 23:45

La Fiscalía tiene identificadas a ocho personas que serán citadas a declarar como testigos y sindicados en el marco de la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, quien este lunes fue enviado a la cárcel acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Se trata de Karen Carlota G.D., Galia D.P., Fernando D.P., Marcos P.S., Alfredo A.Fl., Rocio L., Bernardo D.G. y Mónica G.D., según la imputación presenta por la fiscal Lupe Zabala en contra de Dávila y a la que tuvo acceso La Razón. Esta acción fiscal de “declaraciones en calidad de testigos y sindicados” es parte de los “actos pendientes” a realizar.

El coronel Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro por seis meses. Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo el Gobierno espera un informe de la estadounidense DEA sobre una investigación que vincula al exjefe policial con el narcotráfico y una organización delictiva desarticulada en Colombia, donde se detuvo a un expolicía boliviano, Omar Rojas Echeverría.

Fue detenido la noche del sábado cuando intentó cruzar hacia Argentina desde Villazón, Potosí, adonde llegó desde Cochabamba a través de vías alternas. Ya era seguido por policías y, una vez capturado, fue trasladado a La Paz, donde radica el caso. Se lo presentó a la prensa el domingo enmanillado y resguardado por uniformados armados.

En la imputación también se reveló que Dávila hizo viajes a Colombia y Brasil, además de movimiento bancario de más de $us 42.000 que no supo explicar su origen de forma sólida. También se reportó Bs 1.000.000 como patrimonio.

El nombre de Dávila figura en el trámite de extradición que gestiona Estados Unidos en Colombia del expolicía boliviano Rojas.

Dávila es el tercer jefe antidroga que cae, luego de los generales René Zanabria y Óscar Nina. Zanabria cumplió una condena en Estado Unidos, luego de ser detenido en Panamá acusado de traficar droga al país del norte, y fue expulsado a Bolivia, donde guarda detención preventiva.

Nina también fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Entre otras acciones fiscales pendientes está la triangulación de llamadas entre Dávila y testigos.

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Tras 14 días, Cox vuelve a la función pública como Director Jurídico del Ministerio de Culturas

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con Arturo Murillo

Nelson Cox

/ 24 de enero de 2022 / 21:55

Nelson Cox fue destituido el 10 de enero del Viceministerio de Régimen Interior y 14 días después volvió a la función pública, esta vez como Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

“Desde hoy he empezado en Culturas como Director de Asuntos Jurídicos (…) La hermana (la ministra) Sabina Orellana gentilmente me ha invitado a trabajar con ella como su Director Jurídico”, explicó Cox a La Razón.

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.

Cox aseguró en ese entonces que no renunció e insistió en que fue destituido.

Fue exdelegado defensorial en Cochabamba, exviceministro de Justicia y candidato a la alcaldía de Cochabamba por el MAS.

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Ministro de Justicia acusa a CC y Creemos de obstaculizar juicio de responsabilidades contra Áñez

Dice que hay un “manto de impunidad” de ambas organizaciones políticas para blindar a la expresidenta y que no se investigue las masacres de Sacaba y Senkata, donde unas 20 personas perdieron la vida.

El ministro de Justicia, Iván Lima

/ 24 de enero de 2022 / 21:09

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este lunes que hay un “manto de impunidad” de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos en la Asamblea Legislativa para obstaculizar el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, acaecidos en noviembre de 2019.

“Tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, a través de sus bancadas, están blindando (a Jeanine Áñez), están otorgando un manto de impunidad a ella y no permiten que los casos vayan a un juicio de responsabilidades”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.

Dentro del caso denominado como Golpe de Estado II, Lima aclaró que no corresponde un juicio de responsabilidades contra Áñez porque no era presidenta constitucional, “ni de facto, ni de ningún otro tipo” y recordó que sólo ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta.

“Lo que se juzga es toda la parte previa a la decisión que asume (de presidir el país) y esto no necesita de un juicio de responsabilidades; es un juicio ordinario, porque ninguno de los actores que están siendo imputados en ese momento tenía la protección o el privilegio constitucional de ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se habilita la vía ordinaria para su juzgamiento”, explicó.

El sábado, Lima aseguró que la sanción que podría recibir la exmandataria y las otras ocho personas, entre jefes policiales y militares durante el gobierno transitorio, puede ser de hasta 12 años de privación de libertad. Ese Juicio comenzará el 10 de febrero y la primera persona en declarar será, justamente, la expresidenta.

En noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara a la presidencia asediado por protestas cívicas de 21 días alentadas por denuncias de fraude electoral (luego puestas en duda), un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita, la entonces senadora Jeannine Áñez se declaró, primero, titular de la Cámara de Senadores y dos días después, presidenta del Estado.

Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

Actualmente Áñez cumple detención preventiva desde marzo del año pasado en la cárcel de Miraflores.

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La Fiscalía de Tarija imputa a Montes y Torres por el paro de noviembre

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre

Oscar Montes y Johnny Torres. Foto: RRSS

/ 24 de enero de 2022 / 20:40

El Ministerio Público de Tarija formalizó una imputación penal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.

“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado y colaborando a la incitación a la violencia, a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se lee en la imputación emitida por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores, según informó el diario El País de Tarija.

También figuran el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez.

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.

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