El Gobierno decidió congelar el pago del 50% restante de un lote de respiradores cuya compra es investigada por la Fiscalía por presuntas irregularidades. Además, habla de paralizar su distribución, de renegociar el precio con la proveedora e incluso de llegar a un proceso si no hay un acuerdo.
“Hay que hacer un corte y un ajuste de cuentas con la empresa”, dijo el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, en una entrevista en la red Bolivisión.
La Fiscalía investiga un presunto sobreprecio en la adquisición de los equipos por los cuales el Gobierno pagó $us 28.088 por unidad, cuando la empresa española GPAInnova, la fabricante, precisó que su costo es de $us 6.540.
Pero el Ministerio de Salud firmó la compra directa con un intermediario que resultó ser, según las pesquisas, el proponente más caro en el país. La firma es IME Consulting, que figura como la exportadora en España, es la otra intermediaria.
“Hay que establecer en base a los que saben, que son los intensivistas, si podemos quedarnos con los respiradores que ya se han entregado, hacer un corte y devolución de lo que no se ha entregado y ver cómo arreglamos con la empresa en base a los precios justos, en base a los precios que ellos mismos han establecido en un video que está circulando por las redes sociales”, dijo Coímbra.
Para hacer los “ajustes”, el Gobierno decidió paralizar el pago del remanente.
“Hemos solicitado al ministro (de Economía, José Luis) Parada que se paralice el 50% que falta, que no se realice este pago y esto se va a hacer con base en un ajuste de las cuentas que se tengan; no vamos a permitir de ninguna manera que se malgasten los recursos públicos”, dijo Coímbra.
Proceso
No fue todo. La autoridad gubernamental no descartó llegar a un proceso en caso de que no se halle un acuerdo favorable para el país.
“En todo caso, nosotros como Estado preferimos ir a un proceso con la empresa antes de pagar la totalidad de estos respiradores, que a todas luces se ha demostrado que tienen un sobreprecio”, anunció.
A su juicio, la compra con sobreprecio es “imperdonable, indignante y canallesco”. En ese marco, anunció duras sanciones para los responsables.
A la fecha, la Fiscalía investiga a cinco personas, entre ellas tres funcionarios de Salud, incluido el ministro de Salud, Marcelo Navajas, y dos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió y avaló la compra.
(20/05/2020)