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miércoles 3 jun 2020 | Actualizado a 00:10

Aprehendido el ‘testigo clave’, revela ‘honorarios’ de $us 1 MM del sobreprecio entre tres intermediarios

El director de la FELCC, Iván Rojas, informó que se aprehendió a Luis Fernando Humérez, considerado como el “testigo clave” del caso de los respiradores. La Razón accedió a su declaración en la que revela los detalles del negociado.

/ 22 de mayo de 2020 / 08:40

El "testigo clave" y el documento de su declaración.

Por Roberto Guzmán y Rubén Ariñez

Luis Fernando Humérez, considerado como el “testigo clave” en el caso de los respiradores, está aprehendido. Declaró el jueves más de ocho horas y durante ese periodo reveló que al menos tres personas participaron del negociado para repartirse más de $us 1 millón, entre ellos él, según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso La Razón Digital.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, y el fiscal departamental de La Paz, Juan Carlos Cossío, presentaron la mañana del jueves al supuesto “testigo clave”, quien ya había anticipado que el Gobierno fue estafado por empresas españolas en la compra de 170 respiradores Respira Device.

“Hasta altas horas de la noche se concluyó con la declaración informativa del mismo; la comisión de fiscales, luego de una evaluación, ha dispuesto su aprehensión, lo que quiere decir que será remitido con su imputación”, dijo el oficial en una entrevista en la red Unitel este viernes.

A las 16.30 de este viernes será la audiencia cautelar de él y los otros implicados en este caso, entre ellos el exministro Marcelo Navajas.

Presentación

La Policía y la Fiscalía informaron que esta persona se había presentado de manera voluntaria para contar su verdad. Es más, antes de esa acción intentó comunicarse con dos ministros, Arturo Murillo y Óscar Merado. ¿Por qué lo hizo?

“(Me presenté) enterado de la amplia información en medios de comunicación y redes sociales por el problema de la adquisición de los respiradores españoles por parte del Gobierno, ya que mi persona, de manera honesta, ha intervenido como gestor con la empresa española que ha vendido los respiradores”, dijo, según el documento.

Así, reveló que hace tres semanas recibió una solicitud de Fernando Valenzuela, el ahora exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, “para poder conseguir en el mercado internacional respiradores para ser entregados en un plazo no mayor de 10 días”.

El Gobierno ha paralizado el pago del 50% restante por la adquisición de los cuestionados equipos cuyo precio unitario, según el contrato firmado con IME Consulting Global Services  SL, alcanzó a $us 28.080, a diferencia de la oferta en lista de precios de la fábrica, la española GPAinnova, de $us 6.540.

El negocio

Humérez contó que contacta de inmediato con el abogado Wálter Zuleta, que participó en casos relevantes como el de Gabriela Zapata y que ahora radica en Perú, quien de forma también inmediata le informó que había conseguido los equipos en España y envía la propuesta.

El testigo dice que luego habla nuevamente con Valenzuela y éste da su consentimiento para activar las negociaciones.

Parte del documento de la Fiscalía.

Así, Humérez se contacta con Zuleta, quien presenta en una “llamada tripartita” a Iñaqui García, como representante de la firma supuestamente “representante legal” de la fábrica.

“Sostenemos una conversación las tres personas por vía WhatsApp con el objeto de poder coordinar la compra de los respiradores al señor Iñaqui García”.

Certificación y precio

En ese ínterin, siempre con base en los datos del documento de la Fiscalía, Valenzuela observa que hay una firma que ofrece el producto a la mitad de precio. Desde España, no se establece de manera clara si el intermediario o la fábrica, llega una certificación que da cuenta que la única autorizada para la comercialización de los productos era IME.

De todas formas, se hace el negocio. Humérez revela que la firma española fijó un precio de $us 20.000 “propuesto en Bolivia”.

“Seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que ellas me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000 de las cuales nuestros honorarios iban a ser de $us 2.000”, contó.

Precisó además que la diferencia entre el precio ofertado por la firma española y el intermediario era de $us 6.000 porque “al ser una empresa privada son dueños de ponerle el precio que ellos convengan” y pueden “disponer sus utilidades como vean conveniente”.

Quiero indicar que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, puntualizó Humérez, quien luego precisó que no cobró a la fecha “un solo centavo” porque esperaba la conformidad de las partes. Así, la ganancia total, según esos datos, ascendía a $us 1.020.000.

Hipótesis

Humérez tiene dos hipótesis: que la certificación como “único representante” en Bolivia de IME es falsa o que hay un negociado entre la fábrica y esa intermediaria.

El coronel Rojas anticipó este viernes que no se descarta pedir apoyo de las fuerzas del orden de otros países, aunque no mencionó cuáles. “De pronto tengamos que pedir cooperación de nuestros pares en el exterior”, dijo y añadió: “Se van a convocar a todas las personas que tengan participación en el hecho, ya sea en el país o en el exterior”.

Ante la consulta de si conoció al exministro de Salud Marcelo Navajas, también aprehendido y uno de los principales implicados del caso, Humérez dijo que no, que supo de él solo por medios de información.

¿Y cómo conoció a Zuleta? El hombre dijo que ambos son amigos desde que ambos eran dirigentes de la extinta Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

El escándalo de los respiradores está en su etapa inicial y comienza a causar un remezón en el Gobierno, inicialmente con la caída del ministro y el “desmontaje” del equipo vinculado a las adquisiciones en esta emergencia sanitaria en el Ministerio de Salud.

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La Cámara de Diputados espera el proyecto de Ley que cambia la fecha de la elección

Para su tratamiento, nuevamente se convocará al presidente del TSE, Salvador Romero, para que fundamente el cambio, se anunció.

/ 2 de junio de 2020 / 23:15

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, en declaraciones a la prensa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó, hoy martes, que el proyecto de ley para la modificación del calendario electoral, será tratado, de acuerdo al reglamento, una vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo haga llegar a la Asamblea Legislativa.

“Cumpliremos los pasos; nosotros haremos el tratamiento una vez que llegue esta nueva propuesta de ley a través del TSE”, informó Choque la tarde de este martes en entrevista con una emisora local.

Explicó que, según el procedimiento, una vez que la propuesta de ley llegue a Diputados, se la enviará a la Comisión de Constitución, para el respectivo debate entre asambleístas oficialistas y opositores. Asimismo, indicó que se convocará al presidente del TSE, Salvador Romero, “para que pueda fundamentar esta nueva modificación, tanto ante la Comisión como ante el pleno (de la Asamblea)”.

En horas de la mañana, el TSE anunció la convocatoria de elecciones generales hasta el 6 de septiembre, tras un consenso previo con distintas fuerzas políticas e instituciones, además de que el proyecto sería enviado al Legislativo.

“Hace varias semanas, el Tribunal Supremo Electoral asumió la iniciativa del diálogo y contó con el apoyo desinteresado de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia, que secundaron los esfuerzos que permitieron alcanzar un acuerdo amplio gracias a las concesiones recíprocas y la voluntad de hallar soluciones que demostraron las fuerzas políticas”, se lee en un pronunciamiento del TSE.

No obstante, el diputado Choque afirmó que es preocupante la elevación de las cifras de nuevos contagios en los últimos días y también que se ponga una “fecha fatal” (el 6 de septiembre) para el hecho, “quién sabe si puede seguir creciendo estos índices de infección, Dios no quiera, pero ya es una responsabilidad del Órgano Electoral; nosotros siempre respetamos la independencia de los órganos gubernamentales establecidos”, dijo.

Tras los anuncios del TSE, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, en conferencia de prensa, informó que acatará las disposiciones del TSE para llevar adelante las elecciones, pero siempre “en base a las advertencias epidemiológicas y científicas a causa ante el Coronavirus”.

La diputada Betty Yañiquez, afirmó que como bancada del MAS “garantizarán el voto del pueblo en las urnas, porque solo un Gobierno democráticamente elegido puede ejecutar políticas públicas apropiadas”.

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Creemos se margina de acuerdo para las elecciones y Libre 21 ve que debió esperarse pase la crisis

El acuerdo se plasmó en un anteproyecto de ley que fija septiembre para las elecciones generales

/ 2 de junio de 2020 / 23:09

El presidente del TSE, Salvador Romero , junto a otros vocales. Foto: APG

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) logró concertar un acuerdo político plasmado en un anteproyecto de ley para la realización de las elecciones el 6 de septiembre, aunque sin alcanzar un pleno consenso debido a percepciones sobre la situación del coronavirus.

Excepto los representantes de las alianzas Juntos, de la actual mandataria Jeanine Áñez, y de Creemos, del excívico y candidato Fernando Camacho, estuvieron los candidatos del resto de las fuerzas políticas en carrera electoral.

El asambleísta departamental y representante de la alianza Juntos, Edwin Herrera, explicó que no era necesaria la presencia de sus representantes porque no se trató de un acuerdo sino de consultas que hizo el TSE.

Pese a ello, dijo que la alianza respeta la decisión que se tomó, empero, consideró que para tomar una decisión de la fecha “ojalá” se haya consultado a los médicos y científicos dentro y fuera del país.

“Estamos en medio de una pandemia y ojalá se hayan hecho las consultas a ese nivel para que sea la fecha que pueda realizarse las elecciones”, dijo.

Camacho cuestionó el “acuerdo” y señaló que la eventual fecha debía haberse definido cuando la salud de las personas no corra riesgo.

“Presidente del @TSEBolivia miente, CREEMOS no es parte de ese acuerdo. Nuestra posición es clara: a) elecciones cuando la salud y la vida estén seguras, b) desmontar la maquinaria fraudulenta del MAS: un ciudadano, un voto, c) voto para los jóvenes que cumplieron 18 años. (sic)”, se lee en su cuenta en Twitter.

La alianza Libre 21, de Tuto Quiroga, apoyó la fecha de las elecciones bajo la premisa de que “es mejor septiembre que agosto”, aunque su vocero, Luis Vásquez, señaló que «la decisión más sabia hubiera sido que pase la pandemia y que se hayan mitigado sus efectos de tal forma que ir a votar no sea un riesgo para la vida de la gente”.

El candidato por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mediante su cuenta en Twitter, destacó el pronunciamiento de la ONU sobre el acuerdo político. “El diálogo y la concertación son el mejor camino para enfrentar la crisis”.

Del Movimiento Al Socialismo (MAS), el candidato presidencial Luis Arce Catacora, afirmó que su partido “viabilizó” el acuerdo velando, en primera instancia, por la salud.

“Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tome las previsiones para que esa fecha se cumpla, para que, adicionalmente, en esa fecha se tenga todo el material de bioseguridad para los votantes, jurados y todos los que estarán en las elecciones del próximo 6 de septiembre”, añadió.

El presidente del TSE, Salvador Romero, anunció que en la jornada de votación se cumplirán con todas las medidas de bioseguridad. Adelantó en la noche, en red Uno, que, por ejemplo, se dispondrá de más centro de votación para evitar agloraciones.

Se prevé que en los próximos días el TSE envíe a la Asamblea Legislativa Plurinacional el ante proyecto de ley que modificará la Ley 1297, del 30 de abril de este año, que postergaba los comicios frustrados del 3 de mayo hasta el domingo 2 de agosto de este año. (02/06/2020)

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Doria Medina observa uso de intermediarios en compras estatales

Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de la candidata Jeanine Áñez, dijo que dará mayor transparencia el evitar la intermediación de compras estatales. En los últimos días se denunció que la intermediación en la compra de equipos antidisturbios implicó $us 2,1 millones.

/ 2 de junio de 2020 / 22:19

El empresario Samuel Doria Medina en declaraciones a los medios en La Paz.

El empresario Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de la presidenta Jeanine Áñez, puso en cuestión el uso de intermediarios en compras estatales, en alusión a una denuncia de contratación de un intermediario para la compra de gases lacrimógenos y balines de goma antidisturbios por parte de la actual administración.

“Una medida preventiva para lograr la mayor transparencia en las compras del Estado es evitar en lo posible el uso de intermediarios. El sector público tiene el volumen de compras y la capacidad necesaria para ir directamente al fabricante o al proveedor”, escribió el empresario y candidato en su cuenta en la red social Twitter.

La red Gigavisión informó que $us 2,1 millones implicó la intermediación en la compra de equipos antidisturbios de la firma Bravo Tactical Solutions LLC, pese a que inicialmente se estaba haciendo la compra directa. De acuerdo a los datos de esa red televisiva, el Gobierno pagó $us 5.649.137,64 por el contrato firmado en diciembre de 2019.

En un comunicado difundido el 1 de junio, el Ministerio de Gobierno negó las acusaciones del programa y advirtió que el periodista Junior Arias “ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política”. Además advirtió con no descansar hasta lograr la retractación del periodista.

En el documento oficial se establece que “se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y las normas”, sin dar mayores detalles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la advertencia del Ministerio de Gobierno a un periodista que denunció un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios.

Otro caso de supuesto sobreprecio es el referido a la compra de 170 respiradores españoles para la lucha contra el coronavirus. De acuerdo a la investigación, la empresa IME Consulting fue la intermediaria para la compra de los equipos. Se estima en $us 2,3 millones el daño económico al Estado y por este caso el exministro de Salud Marcelo Navajas, cuatro funcionarios y un empresario que dijo haber participado de la intermediación, fueron enviados a la cárcel bajo detención preventiva.

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Periodista Arias recibe apoyo de bancada legislativa

La bancada del MAS en Diputados expresa su apoyo al comunicador y condena advertencia del Ministerio de Gobierno.

/ 2 de junio de 2020 / 22:19

Por Claudia Villca

Mediante un pronunciamiento, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados manifestó su apoyo al periodista y jefe de informaciones del medio televisivo Gigavisión, Junior Arias, y condenó la advertencia realizada por el Ministerio de Gobierno por un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios.

“Esta amenaza es un claro atentado a la libertad de prensa, expresión e información y también al trabajo, consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en el pronunciamiento del MAS.

Los asambleístas exigieron al Gobierno transitorio y al Ministerio Público la “inmediata” investigación sobre este hecho “irregular” y el cumplimiento de las garantías constitucionales para el ejercicio de la cobertura periodística de los trabajadores de la prensa.

El domingo, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que advirtió con “no descansar” hasta que el periodista “rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas” en un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios para la Policía Boliviana y el Ejército Nacional luego de la crisis de octubre y noviembre de 2019.

“Esa casa periodística denunció que ese Ministerio adquirió agentes químicos de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC- para ser entregados a la Policía Boliviana. La adquisición se habría realizado con la ayuda de un intermediario- y con un presunto sobreprecio de Bs 14.800.000”, indica el pronunciamiento.

La declaración del MAS agrega que los documentos de la compra fueron dados a conocer por el medio de comunicación “y también vinculan a Rodrigo Méndez, jefe de gabinete del ministro Arturo Murillo y a otras personas”.

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, también expresó su preocupación por este tema y señaló que el Ministerio de Gobierno en vez de calificar este accionar como “guerra sucia”, debe rendir cuentas.

La reacción del Ministerio de Gobierno, se dio tras la denuncia que el periodista hizo sobre la compra supuestamente irregular, a través de un intermediario y de manera directa, de un lote de gases lacrimógenos, proyectiles de goma y estopines por un valor de $us 5,6 millones (Bs 39,3 millones).

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Cívicos cruceños acusan a Áñez de ‘lavarse las manos’ y piden a legisladores renunciar a sus salarios

/ 2 de junio de 2020 / 20:54

Por Carlos Corz

En municipios cruceños se inició este martes un bloqueo de 48 horas en demanda de recursos económicos para enfrentar el coronavirus. El Comité Cívico Pro Santa Cruz se pronunció dando apoyo a la protesta y acusando a la presidenta Jeanine Áñez  de “lavarse las manos” al dejar a los subgobiernos encarar la nueva fase de la cuarentena sin recursos necesarios.

“Señora Presidente, no nos parece una actitud responsable lavarse las manos dejando que municipios y gobernaciones asuman decisiones y acciones sin dotarles los recursos necesarios”, refiere el pronunciamiento del comité que cuando estuvo a la cabeza del actual candidato y excívico Fernando Camacho apoyó a Áñez.

Además, demandó a los legisladores renunciar a sus salarios para apoyar la salud y ayudar a los que pasan hambre o dar un paso al costado. No solo eso, también expresó que hay una  “sensación” de que la cooperación internacional no está siendo manejada con transparencia, tras denuncias de corrupción.

“Tan irresponsable y delictiva como usufructuar bienes y recursos del Estado, es la conducta de los asambleístas que están más preocupados en su interés político partidario electoralista que en aprobar leyes que ayude efectivamente al combate de la pandemia, como la restitución del 12% del IDH a las gobernaciones y municipios”, establece parte del pronunciamiento cívico.

La dura posición de la representación de la institucionalidad cruceña se hace pública en medio del ascenso de casos de coronavirus, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y el bloqueo en municipios que exigen la asignación de recursos económicos para encarar las tareas destinadas a frenar la propagación del coronavirus.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, demandó al Legislativo aprobar una ley para el retorno de 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a los subgobiernos, luego que una ley aprobada en el gobierno de Evo  Morales la asignó al nivel central para labores hidrocarburíferas. El secretario general, Wladimir Peña, explicó que implicaría $us 250 millones.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional no está ayudando a la salud del pueblo boliviano en esta coyuntura. Vemos, por el contrario, que se está transformando en un obstáculo en la lucha contra el COVID-19. Que demuestre su responsabilidad con los bolivianos renunciando a sus salarios para que sean invertidos en salud y para aliviar el hambre o que den un paso al costado; donde no estorben”, sostiene los cívicos.

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