Nacional

Thursday 8 Dec 2022 | Actualizado a 18:32 PM

Aprehendido el ‘testigo clave’, revela ‘honorarios’ de $us 1 MM del sobreprecio entre tres intermediarios

El director de la FELCC, Iván Rojas, informó que se aprehendió a Luis Fernando Humérez, considerado como el “testigo clave” del caso de los respiradores. La Razón accedió a su declaración en la que revela los detalles del negociado.

/ 22 de mayo de 2020 / 08:40

Luis Fernando Humérez, considerado como el “testigo clave” en el caso de los respiradores, está aprehendido. Declaró el jueves más de ocho horas y durante ese periodo reveló que al menos tres personas participaron del negociado para repartirse más de $us 1 millón, entre ellos él, según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso La Razón Digital.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, y el fiscal departamental de La Paz, Juan Carlos Cossío, presentaron la mañana del jueves al supuesto “testigo clave”, quien ya había anticipado que el Gobierno fue estafado por empresas españolas en la compra de 170 respiradores Respira Device.

“Hasta altas horas de la noche se concluyó con la declaración informativa del mismo; la comisión de fiscales, luego de una evaluación, ha dispuesto su aprehensión, lo que quiere decir que será remitido con su imputación”, dijo el oficial en una entrevista en la red Unitel este viernes.

A las 16.30 de este viernes será la audiencia cautelar de él y los otros implicados en este caso, entre ellos el exministro Marcelo Navajas.

Presentación

La Policía y la Fiscalía informaron que esta persona se había presentado de manera voluntaria para contar su verdad. Es más, antes de esa acción intentó comunicarse con dos ministros, Arturo Murillo y Óscar Merado. ¿Por qué lo hizo?

“(Me presenté) enterado de la amplia información en medios de comunicación y redes sociales por el problema de la adquisición de los respiradores españoles por parte del Gobierno, ya que mi persona, de manera honesta, ha intervenido como gestor con la empresa española que ha vendido los respiradores”, dijo, según el documento.

Así, reveló que hace tres semanas recibió una solicitud de Fernando Valenzuela, el ahora exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, “para poder conseguir en el mercado internacional respiradores para ser entregados en un plazo no mayor de 10 días”.

El Gobierno ha paralizado el pago del 50% restante por la adquisición de los cuestionados equipos cuyo precio unitario, según el contrato firmado con IME Consulting Global Services  SL, alcanzó a $us 28.080, a diferencia de la oferta en lista de precios de la fábrica, la española GPAinnova, de $us 6.540.

El negocio

Humérez contó que contacta de inmediato con el abogado Wálter Zuleta, que participó en casos relevantes como el de Gabriela Zapata y que ahora radica en Perú, quien de forma también inmediata le informó que había conseguido los equipos en España y envía la propuesta.

El testigo dice que luego habla nuevamente con Valenzuela y éste da su consentimiento para activar las negociaciones.

Parte del documento de la Fiscalía.

Así, Humérez se contacta con Zuleta, quien presenta en una “llamada tripartita” a Iñaqui García, como representante de la firma supuestamente “representante legal” de la fábrica.

“Sostenemos una conversación las tres personas por vía WhatsApp con el objeto de poder coordinar la compra de los respiradores al señor Iñaqui García”.

Certificación y precio

En ese ínterin, siempre con base en los datos del documento de la Fiscalía, Valenzuela observa que hay una firma que ofrece el producto a la mitad de precio. Desde España, no se establece de manera clara si el intermediario o la fábrica, llega una certificación que da cuenta que la única autorizada para la comercialización de los productos era IME.

De todas formas, se hace el negocio. Humérez revela que la firma española fijó un precio de $us 20.000 “propuesto en Bolivia”.

“Seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que ellas me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000 de las cuales nuestros honorarios iban a ser de $us 2.000”, contó.

Precisó además que la diferencia entre el precio ofertado por la firma española y el intermediario era de $us 6.000 porque “al ser una empresa privada son dueños de ponerle el precio que ellos convengan” y pueden “disponer sus utilidades como vean conveniente”.

Quiero indicar que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, puntualizó Humérez, quien luego precisó que no cobró a la fecha “un solo centavo” porque esperaba la conformidad de las partes. Así, la ganancia total, según esos datos, ascendía a $us 1.020.000.

Hipótesis

Humérez tiene dos hipótesis: que la certificación como “único representante” en Bolivia de IME es falsa o que hay un negociado entre la fábrica y esa intermediaria.

El coronel Rojas anticipó este viernes que no se descarta pedir apoyo de las fuerzas del orden de otros países, aunque no mencionó cuáles. “De pronto tengamos que pedir cooperación de nuestros pares en el exterior”, dijo y añadió: “Se van a convocar a todas las personas que tengan participación en el hecho, ya sea en el país o en el exterior”.

Ante la consulta de si conoció al exministro de Salud Marcelo Navajas, también aprehendido y uno de los principales implicados del caso, Humérez dijo que no, que supo de él solo por medios de información.

¿Y cómo conoció a Zuleta? El hombre dijo que ambos son amigos desde que ambos eran dirigentes de la extinta Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

El escándalo de los respiradores está en su etapa inicial y comienza a causar un remezón en el Gobierno, inicialmente con la caída del ministro y el “desmontaje” del equipo vinculado a las adquisiciones en esta emergencia sanitaria en el Ministerio de Salud.

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Ante amenazas de movilización en Santa Cruz, la Policía dice que resguardará el orden

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que la institución del orden hará prevalecer todos los derechos de la población.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en conferencia.

/ 8 de diciembre de 2022 / 15:29

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aseguró que la Policía hará cumplir su mandato constitucional de precautelar el orden público si es que se activan movilizaciones en Santa Cruz.

“Como Gobierno de diálogo, y respetuosos de los derechos humanos de las personas, se respeta el derecho a la protesta sin que esto implique una violación de otros derechos de las personas”, dijo a los periodistas.

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“Entre esos derechos”, dijo que “se garantizará la libre transitabilidad, salud, trabajo y normal desarrollo de actividades”.

“La Policía está para cumplir el mandato constitucional que es precautelar el orden público la convivencia pacífica y que no exista enfrentamientos entre hermanos”, acotó.

Aseguró que, en caso de que en Santa Cruz haya movilizaciones o incluso algún paro, la Policía actuará “como normalmente lo hace”.

«Cumpliendo su mandato constitucional y misión», dijo.

Movilización

El miércoles, el Comité Interinstitucional anunció una marcha para este viernes, en protesta por la investigación anunciada contra sus dirigentes.

La Fiscalía General agrupó varias denuncias en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

Los tres líderes cruceños son señalados por haber propiciado y alentado un paro indefinido de 36 días, en demanda de Censo en 2023.

Ello degeneró en muertes, violencia, racismo y hasta quema y saqueo de sedes sindicales.

A través de un comunicado, el Comité pro Santa Cruz denunció que los tres dirigentes son víctimas de “persecución política”.

Además, aseguró que no permitirá que sean trasladados a La Paz para sus declaraciones, como lo adelantó la Fiscalía General del Estado.

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APDH-B enviará a la CIDH un informe sobre ‘crímenes de odio’ durante el paro cruceño

En el reporte anunciado por Édgar Salazar también se detalla el rol de la Policía, de manera violenta y desproporcionada, y delitos de lesa humanidad como resultado de los cercos.

Las agresiones y hechos de violencia se registraban a diario en los puntos de bloqueo.

Por Roberto Medina

/ 8 de diciembre de 2022 / 13:44

El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Édgar Salazar, anunció que su organización termina un informe sobre los sucesos violentos y luctuosos que se suscitaron durante el “bloqueo indefinido obligado” en Santa Cruz.

Resumió con que en esos días de protesta hubo “crímenes de odio”, por los que los responsables deberán ser juzgados.

Ello para evitar que los hechos queden impunes.

Dijo que en el informe, que será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se evidencia la responsabilidad que tuvieron diversos actores.

Entre ellos la Gobernación de Santa Cruz, cívicos y Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

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El paro que duró 36 días, comenzó el 22 de octubre para presionar al Gobierno a aceptar Censo en 2023.

Durante esos días hubo varios hechos delictivos que serán investigados por las instancias correspondientes.

“La denuncia ya está elaborada y estos sucesos de muerte, violación, heridos, quema de instituciones y maltratos a los hermanos indígenas no pueden quedar en la completa impunidad”, contó Salazar a La Razón Radio

Dijo que los crímenes de odio fueron perpetrados desde el Comité pro Santa Cruz, que, en su criterio, a través del discurso de odio al que piensa diferente, generó violencia, muertes, heridos, humillaciones, discriminación y quema de instituciones.

“A través de eso es que enfocamos la figura de crimen de odio”, aclaró Salazar.

Informe paralelo

Lamentó que el Comité Interinstitucional prepare un “informe paralelo” con el fin de eludir los hechos de violencia.

En ese informe se pretende caracterizar al paro indefinido como “pacífico”, en el que no existió ningún tipo de violencia.

“Todos hemos sido testigos de las cuatro muertes, una violación grupal y los heridos, el terrorismo ejercido por la Unión Juvenil Cruceñista, médicos golpeados e instituciones sindicales quemadas”, acotó.

Afirmó que a fin de lograr más apoyo, se suscribirá un acuerdo con la Central Obrera Regional de El Alto (COR).

Así se asumirán acciones de manera conjunta contra la dirigencia del paro.

Persecución política

Ante el anuncio de procesos penales en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, éstos denunciaron “persecución política” y “revanchismo”.

Salazar pidió a los miembros del Comité pro Santa Cruz y del Comité Interinstitucional que asuman conciencia de que sus actos generaron muerte, luto, dolor, violaciones, heridos, humillaciones.

Aseguró que esos hechos “no se los puede ocultar bajo la figura de persecución política”.

“Tienen que ser conscientes de que tienen que someterse ante la justicia boliviana y esperemos que no exista ningún tipo de persecución, como se ha anunciado, contra aquellas autoridades que viven en Santa Cruz, llámense fiscales o jueces”, señaló.

Indicó que esos hechos son de preocupación; sin embargo, eso no significa que los líderes cruceños no vayan a ser denunciados ante la CIDH.

“Hay muchos hechos que no pueden quedar en la impunidad y, lastimosamente, se escucha la figura de persecución política. Hay que dejar que el Ministerio Público y la Justicia hagan su trabajo, por ello nuestro informe ha de contribuir de gran manera”, insistió.

Policía

En el informe también se hace referencia al papel de la Policía en la resolución del conflicto.

De acuerdo con Salazar, hubo ciudadanos heridos en el momento en que actuó la Policía (uso de agentes químicos y desproporcionado de la fuerza), así como reportes de policías heridos.

“Esos datos van a estar contemplados en el informe. La cantidad (de policías heridos) no es similar a la ocurrida con la gente herida en el sector de gremiales y el Plan 3000 (atacados por la UJC)», dijo.

«No vamos a dejar suelto lo que ha actuado la Policía”, afirmó.

Cercos

Respecto a los cercos, el presidente de la APDH-B aseguró también que en esos días se cometieron varios delitos de lesa humanidad, como los cercos propiciados por gente de provincia que impidió el ingreso de alimentos a sectores más humildes de Santa Cruz.

“Los sectores más empoderados y acomodados no han sufrido ningún castigo del derecho a la alimentación, transitaban de manera libre entre el primer y tercer anillo», afirmó.

«Pero del cuarto anillo para adelante las rotondas estaban bloqueadas, se gritaba y humillaba de manera desmedida por parte de los jefes de rotondas, conocemos esa situación”, acotó.

Unión Juvenil

También se informará sobre la actitud violenta y de manera desmedida de los integrantes de la UJC, “al estilo de las Camisas Pardas de Alemania”.

“Esa gente ha atropellado a los sectores que pedían volver a trabajar, existen heridos del lado de los gremiales que tenemos reportados”, denunció.

Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió al Estado desmantelar grupos parapoliciales como la UJC y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)

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El freno al PGE 2023 es el primer escollo del gobierno de Arce por la división del MAS

Hay antecedentes cercanos de las divergencias entre los propios asambleístas del MAS, que tuvieron que valerse de sus colegas de oposición para hacer mayoría.

El presidente Luis Arce. Foto: ABI

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 8 de diciembre de 2022 / 13:33

El freno al Presupuesto General del Estado (PGE 2023) es el primer escollo que sufre el gobierno de Luis Arce debido a la división de la bancada legislativa del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, parte de los legisladores del oficialismo impidieron la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

En la sesión maratónica fue evidente la confrontación entre “luchistas”, que apoyan a Arce, y “evistas”, que respaldan a Evo Morales.

Esta vez en la consideración de la norma esencial para la gestión del Estado en 2023.

El proyecto de PGE 2023 fue aprobado por solo 44 diputados y rechazado por 68, entre ellos legisladores del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Así, el debate por ese proyecto entró en un cuarto intermedio hasta las 18.30 de este jueves.

Hay antecedentes cercanos de las divergencias entre los propios asambleístas del MAS, que tuvieron que valerse de sus colegas de oposición para hacer mayoría.

Censo

La sanción de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, el 29 de noviembre, tuvo varios tropiezos.

Trasladado a la Asamblea Legislativa, el análisis de un proyecto de ley por el Censo de Población y Vivienda se abordó, primero, en la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados y, luego, en la sesión plenaria de ese órgano camaral.

En ambas instancias, la propuesta de norma se aprobó por mayoría y mediante el consenso entre diputados de oficialismo y oposición.

Cuestionado por Morales, líder del MAS, quien dijo que el consenso representaba “el regreso de la democracia pactada”, el debate fue elevado a la Cámara de Senadores.

Los miembros de ese órgano aprobaron, primero, la dispensación de trámite para la instalación del debate en sesión plenaria.

Luego se aprobó en grande y en detalle la propuesta y fue remitida al presidente Luis Arce para su promulgación.

Inmediatamente conocido aquello, Morales calificó de “traición” la aprobación de dicha norma. Finalmente, Arce promulgó la ley con la aclaración de evitar muertes en el paro de Santa Cruz no implica traición.

Aunque en ambos casos, los legisladores del MAS se cuestionaron entre ellos.

El reclamo más fuerte se dio en la elección del presidente de la Cámara de Diputados, cargo que Jerges Mercado ocupa actualmente.

Gabinete de Arce

Pero los cuestionamientos de Morales hacia los miembros del gabinete ministerial de Arce fueron más allá.

Desde hace más de tres meses, el también líder cocalero fustigó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien acusa de liderar “un plan negro” en su contra.

Pero también cuestionó al ministro de Justicia, Iván Lima, por una supuesta “persecución” en contra de Morales.

Morales acusa a los allegados de Arce de “defenestrar” su imagen política y así evitar una posible postulación en las elecciones generales previstas para 2025.

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Sin consenso, se declara cuarto intermedio en el debate del PGE

Se tiene previsto que la sesión para el debate del PGE sea reinstalada a las 18.30 de este jueves.

La sesión para el debate del proyecto de ley del PGE en la Cámara de Diputados.

Por Mauricio Diaz Saravia y Roberto Guzmán

/ 8 de diciembre de 2022 / 06:06

La sesión plenaria de la Cámara de Diputados rechazó la madrugada de este jueves el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) y declaró un cuarto intermedio en el debate.

Ese órgano camaral reinstalará su sesión a las 18.30 de este jueves.

“Ha concluido la votación y todavía tenemos dos puntos en mesa por tratar; por lo tanto, declaramos un cuarto intermedio hasta las 18.30”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

La norma fue rechazada por los miembros de la oposición, aunque algunos miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) también votaron en contra del proyecto normativo.

44 diputados votaron por la aprobación del proyecto, mientras que 68 votaron en contra.

Las diferencias entre oficialistas nuevamente se hicieron presentes en la Cámara de Diputados.

Los legisladores considerados “evistas”, por respaldar al expresidente Evo Morales, y los miembros de oposición rechazaron el proyecto de ley.

La sesión plenaria de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) y declaró un cuarto intermedio en el debate.

Ese órgano camaral reinstalará su sesión a las 18.30 de este jueves.

“Ha concluido la votación y todavía tenemos dos puntos en mesa por tratar; por lo tanto, declaramos un cuarto intermedio hasta las 18.30”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

La norma fue rechazada por los miembros de la oposición, aunque algunos miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) también votaron en contra del proyecto normativo.

Votación por el PGE

44 diputados votaron por la aprobación del proyecto, mientras que 68 votaron en contra.

Las diferencias entre oficialistas nuevamente se hicieron presentes en la Cámara de Diputados.

Los legisladores considerados “evistas”, por respaldar al expresidente Evo Morales, y los miembros de oposición rechazaron el proyecto de ley.

Por su parte, el diputado del MAS, del ala “evista” Héctor Arce aseguró que “tiene que haber una reunión interna de toda la bancada nacional del MAS para resolver estos temas (diferencias) internos”.

“Hay la posibilidad de reconsiderar este proyecto de ley, si no se reconsidera en 60 días una vez remitido a la Asamblea, el presidente lo puede promulgar y dar por aprobado este proyecto de ley”, explicó.

Oposición

Desde la oposición, el diputado Erwin Bazán, de la alianza opositora Creemos, aseguró que la norma fue rechazada, “fundamentalmente, por tener características centralistas, por profundizar el déficit fiscal y  por ser un presupuesto estatista”.

Además cuestionó que los miembros del MAS “confundan” la sesión plenaria de la Cámara de Diputados como el espacio para resolver sus diferencias.

“Se han dicho de todo, (fue) un show muy penoso; en lo posible hay que evitar resolver conflictos de orden político interno en la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene otro rol”, dijo a los periodistas.

En esa misma línea, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón dijo que los miembros de su fuerza rechazaron el proyecto normativo por unanimidad.

Desde esa organización consideran que “ese presupuesto es extractivista; lo consideramos hipercentralista, populista e hiperestatista, y que genera hipercorrupción”.

Explicó que “como el proyecto de ley fue rechazado, corresponde la reconsideración y si esa fase no prospera, se tendría que aplicar el presupuesto del año pasado”.

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Bolivia deplora acoso a Castillo, pero rechaza ‘auto-golpe’

Luis Arce dijo que a Castillo lo quisieron derrocar desde el principio.

Los presidentes Luis Arce y Pedro Castillo en marzo de 2022.

Por Iván Bustillos

/ 8 de diciembre de 2022 / 06:06

La posición boliviana con respecto a la crisis en Perú fue expresada por el embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta: deploró el acoso de que fue objeto el presidente Pedro Castillo, pero también rechazó su forma de encarar el conflicto, cerrando el Congreso peruano.

No es la primera vez que un gobierno popular, indígena, “extraído de los sectores más sanos de la nacionalidad de un país”, dijo, “es rechazado por el orden político, y se busca su constante derrocamiento”. Pero, al mismo tiempo, enfatizó: “Nada, absolutamente nada, justifica un quiebre constitucional”, la interrupción del orden democrático, “y lo que hemos vivido hoy (por ayer) ha sido nomás un acto contrario a la democracia y al derecho”.

Solo en su Facebook, la Cancillería boliviana expresó su “profunda preocupación” por dicha crisis, llamando a que se garantice “la democracia, el orden constitucional y el Estado de Derecho”.

Ya por la noche, el presidente Luis Arce, también en su cuenta de Twitter, se sumó a la protesta porque “desde un inicio la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo”; ese “hostigamiento” debe ser condenado, dijo.

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