Nacional

miércoles 23 jun 2021 | Actualizado a 14:53

IME conmina al Gobierno y éste quiere procesarlo

Sociedad. El exministro de Salud Marcelo Navajas espera aún una decisión legal

/ 22 de mayo de 2020 / 19:48

La conminatoria de la proveedora con el cobro del saldo por los respiradores, la aclaración de la fábrica sobre el “precio estándar” de los equipos muy menor al del contrato y la ampliación de las investigaciones a otros funcionarios “asfixian” al Gobierno.

El día anterior ya había terminado mal para la administración de Jeanine Áñez con la caída del ahora exministro de Salud Marcelo Navajas y otros dos funcionarios por el escándalo del presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores, y la posición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que dijo que el Gobierno de Bolivia “fue responsable” de la adquisición de los equipos.

Luego de la danza de números sobre la adquisición de los aparatos que debían paliar la situación de salud de los contagiados del nuevo coronavirus en el país, la empresa española IME Consulting Global SL —proveedora de los respiradores marca Respira, modelo Respira Device— salió al paso con una dura advertencia: cobrar el saldo por los equipos en un plazo de 48 horas.

La conminatoria fue una reacción del gerente de la firma española, Manuel Mazarrasa, a la declaración del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien, la mañana de ayer, amenazó con iniciar un proceso y una investigación —en coordinación las fiscalías de Bolivia y España— a la empresa española. Vamos a demandar a Bolivia si “en un plazo de 48 horas no nos paga la mitad del contrato (más de 2 millones de euros) que tiene pendiente de abonar”, dijo el ejecutivo en una entrevista con el diario español El Correo.

Enseguida, otro ejecutivo, Pau Sarsanedas, en representación de la fabricante de los equipos GPAinnova, aclaró en la cuenta de Twitter de la compañía los números de la transacción. “Queremos aclarar la polémica generada con la venta de 170 Respira a Bolivia; la venta se ha realizado a un distribuidor a nuestro precio estándar de tarifa de 6.000 euros ($us 6.576,4, en la conversión que hizo La Razón) más 600 euros ($us 657,6) de accesorios”, dijo.

Si fue así, los montos señalados totalizan $us 7.234.

Precio. Según el contrato firmado el 11 de mayo entre Mazarrasa y el entonces director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovani Pacheco, ahora aprehendido por el caso, el costo unitario de los respiradores era $us 28.080 y el global, $us 4.773.600.

De la ecuación entre el precio estándar de GPAinnova y el total definido en el contrato Pacheco-Mazarrasa resulta una diferencia adversa de $us 3.543.820. El fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, adelantó el miércoles que el sobreprecio de la transacción es de más de $us 3 millones.

Por su parte, Mazarrasa dijo a El Correo que el margen de ganancia de su compañía apenas alcanzaba a 800.000 euros, $us 877.059 según la conversión.

En un tercer mensaje a la nación una vez estallado el escándalo, la presidenta Áñez insistió ayer en que en el caso su gobierno “actuó de inmediato y con firmeza” y que ordenó una investigación “caiga quien caiga”.

“He ordenado una auditoría de todas las compras en salud que se han hecho en mi gestión y otras son medidas para evitar que esto no vuelva a suceder y para eso he ordenado que las compras se hagan de cara al público y con control directo de las redes”, dijo la mandataria.

Además de Navajas, acusado de delitos de malversación, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud, conducta antieconómica y otros, el círculo del Ministerio de Salud investigado se cierra por ahora con Pacheco y el que fuera director jurídico de ese despacho, Fernando Valenzuela. El miércoles, la Fiscalía de La Paz adelantó la ampliación de las investigaciones.

Otras dos personas, asesores del BID, también se encuentran en resguardo judicial desde el martes, a la espera de la audiencia cautelar que ayer fue postergada para las 16.00 de hoy.

El martes, Cossío informó que convocará a declarar a más funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el exministro de Salud Aníbal Cruz; el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), Alberto Pareja, y el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo-Radji.

Este último negó varias veces que tuviera algo que ver en la compra de los respiradores y que, al contrario, su papel en la emergencia contra el COVID-19 es solo para la definición de estrategias.

En tanto, la canciller Karen Longaric anunció que llamó al cónsul Pareja para que declare en el caso que lo implica.

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Víctor Hugo Cárdenas contrae COVID-19 por segunda vez y se encuentra internado

La exautoridad se encuentra en situación “estable”, pero una enfermedad de base condiciona la evolución en su recuperación

Víctor Hugo Cárdenas, cuando era ministro de educación. Foto: Pedro Luna

/ 23 de junio de 2021 / 13:45

El exvicepresidente y exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas contrajo por segunda vez el COVID-19. De 70 años de edad, el paciente se encuentra internado con un cuadro “estable” en el hospital Cotahuma.

“Ayer fue internado en el hospital de Cotahuma y se encuentra estable internado en sala. Requiere oxígeno en flujos altos; se implementó el tratamiento y se espera que el este sea efectivo”, informó a la red Unitel la directora de ese hospital, Ximena Mercado.

La funcionaria dijo que los médicos que atienden a la exautoridad están expectantes del cuadro de evolución de Cárdenas, ya que existe compromiso pulmonar.

“Estamos a la espera que evolucione favorablemente, existen factores de riesgo como la edad;  tiene una enfermedad sistémica, por confidencialidad no podemos señalar, pero condiciona una evolución estamos esperanzados que reacciones favorablemente”, puntualizó Mercado.

El 29 de julio de 2020, Cárdenas fue el octavo miembro del gabinete de Jeanine Áñez que contrajo por primera vez el virus.

En su vida política, además de ocupar el cargo en el Ministerio de Educación, Cárdenas fue excandidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) en las elecciones generales de 2019 y vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

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Bolivia califica en la ONU de criminal y genocidio el bloqueo de EEUU a Cuba

La Asamblea General de la ONU condenó este miércoles por vigesimonovena vez el embargo estadounidense impuesto a Cuba hace casi 60 años por 184 votos contra dos, los de Estados Unidos e Israel.

El embajador boliviano Diego Pary junto al canciller cubano Bruno Rodríguez. Foto: @DiegoPary.

/ 23 de junio de 2021 / 13:11

Durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó este miércoles por amplia mayoría una nueva resolución contra el bloqueo a Cuba de parte de Estados Unidos, el embajador de Bolivia ante ese organismo, Diego Pary, reiteró el apoyo de La Paz a La Habana y calificó de criminal, ilegal, inmoral, injusto y genocidio la medida estadounidense.

“Bolivia nuevamente se suma a las naciones libres y soberanas del mundo para condenar y repudiar, de la manera más enérgica, el unilateral, inmoral y criminal bloqueo económico comercial y financiero, que desde hace más de medio siglo impone el gobierno de Estados Unidos contra Cuba”, expresó Pary.

Lamentó que la administración de ese país aún mantenga sus “viejas prácticas de castigo” a quienes no comulgan con su visión, a través del bloqueo de todo un pueblo.

Es así que este “bloqueo criminal contra Cuba viola los principios y propósitos de la carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos, económicos y sociales del pueblo cubano; el bloqueo contra Cuba es ilegal; es agresivamente extraterritorial y una grave violación del derecho internacional que lacera la soberanía de todos los Estados; es una transgresión de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la inclusión de medicinas y alimentos en este bloqueo quebranta los más básicos derechos humanos y el derecho internacional.

Por eso, “el bloqueo contra Cuba es injusto, (pues) los daños humanos que provoca son incalculables; afecta a la cooperación internacional, a la salud, a la alimentación, educación y la cultura de Cuba; afecta su comercio exterior, a la inversión extranjera, a la construcción, el turismo, el transporte, la aeronáutica civil y la industria azucarera. (En ese sentido), de acuerdo al derecho internacional, este bloqueo (también se) califica como un acto de genocidio y como un acto de guerra económica”, remarcó.

Además, el Embajador boliviano enfatizó que si realmente existe la voluntad de impulsar los esfuerzos multilaterales para luchar contra la pobreza y promover la inclusión, así como implementar juntos las metas de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, “se debe llamar con carácter primordial a la implementación efectiva de las (varias) resoluciones (ya) adoptadas por la Asamblea General que exigen al gobierno de Estados Unidos poner fin sin condicionamiento alguno a su política de bloqueo contra Cuba”.

“El desconocimiento por parte del Gobierno estadounidense de las resoluciones relativas al rechazo casi unánime de la comunidad internacional al bloqueo contra Cuba (…) solo demuestra que existen países que se han privilegiado con la creación de este organismo, no respetando las decisiones que no les conviene”, añadió. 

Por tanto, según Pary, es hora de que la Asamblea de Naciones Unidas haga respetar las decisiones que toma.

“Nos corresponde actuar para denunciar una vez más la injusticia y demandar que acabe este ilegal, injusto y anacrónico bloqueo. (Por tanto) hoy no solo votamos contra ese inmoral bloqueo, votamos por la esperanza y la posibilidad de hacer un mundo más justo y por ello Bolivia se une a la voz de los pueblos libres del mundo que pide y exige que el bloqueo inhumano y unilateral se levante”, reiteró.

La Asamblea General de la ONU condenó este jueves por vigesimonovena vez el embargo estadounidense impuesto a Cuba hace casi 60 años por 184 votos contra dos, los de Estados Unidos e Israel, informa la agencia AFP.

Hubo tres abstenciones: Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y por segunda vez Colombia, otro gran aliado de Washington. Brasil, que el año pasado votó por primera vez contra la resolución, no votó esta vez.

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Abogado Becker considera crucial la audiencia de Murillo del 9 de julio en Estados Unidos

El exministro Arturo Murillo es acusado en estados por presunto soborno e intento de lavado de dinero, a raíz de la compra con sobreprecio de material antidisturbios en Bolivia.

Thomas Becker, en entrevista con La Razón Radio.

/ 23 de junio de 2021 / 12:50

El abogado Thomas Becker anticipó este miércoles que la audiencia del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fijada para el 9 de julio en Estados Unidos, será crucial para definir su situación legal y en la que se dilucidarán más detalles del proceso por soborno y lavado de dinero que se le sigue al colaborador de Jeanine Áñez.

«Porque es una audiencia pública y en este día es posible que ofrezcan una fianza, también van a verificar si hay suficiente prueba para continuar con el caso. El 9 de julio es determinante para Murillo, para determinar si van a continuar con cargos formales y se va a iniciar un juicio», explicó en entrevista con La Razón Radio.

La audiencia de Murillo, ante una juez en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que definirá si habrá juicio en su contra o no, estaba programada para el 7 de junio, pero se suspendió para el 9 de julio.

Se presume que la exautoridad solicitara la reducción de una condena a cambio de información crucial como testigo clave; sin embargo, las autoridades de Estados Unidos no oficializaron esa situación.

Desde el gobierno de Bolivia se anunció la “posibilidad legal” vigente de que el exministro Murillo pueda acceder a la libertad bajo fianza, al igual que su exjefe de gabinete Sergio Méndez.

Bolivia y Estados Unidos iniciaron investigaciones por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de Áñez a través de una empresa intermediaria, Bravo Tactical Solutions, que tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones, dinero que trató de ser introducido ilegalmente en Estados Unidos.

El martes, el jefe de gabinete en la gestión de Murillo, Sergio Méndez, fue beneficiado con la libertad a cambio de una fianza. Éste es el que recibió un soborno de $us 582.000 de parte de la intermediaria, según las primeras investigaciones.

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En Santa Cruz, militares inician patrullajes en áreas protegidas para evitar incendios

Actualmente se ejecuta el Plan de Prevención de Incendios denominado “En defensa de la Vida y el Medio Ambiente”.

Efectivos militares en tareas de mitigación de incendios. Foto: La Razón-archivo

/ 23 de junio de 2021 / 12:01

Efectivos del Regimiento de Infantería 13 «Montes» de San José de Chiquitos comenzaron patrullajes para preservar las áreas protegidas en el marco del Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

Acantaonada en San José de Chiquitos y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco, en Santa Cruz, la unidad militar inició el lunes “un patrullaje conjunto con el objetivo de preservar el área protegida de bosques y humedales con ecosistemas que aportan significativamente en la provisión de funciones ambientales”, indica un informe del Ministerio de Defensa. 

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, presentó el 7 de junio el Plan de Prevención de Incendios denominado “En defensa de la Vida y el Medio Ambiente”.

El plan comenzó en la Chiquitanía cruceña con la participación del Comando Estratégico Operacional Del Plata, con patrullaje terrestre, aéreo y fluvial, junto a personal técnico de la Autoridad de Fiscalización y Supervisión de Bosques y Tierra (ABT) y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Los operativos se desarrollan por tierra, aire y agua, junto a personal técnico, en coordinación con los municipios y otras instituciones. Estará nutrido de información a través del Sistema de Información de Monitoreo de Bosques, con el soporte permanente de los satélites que proporcionan datos de los focos de calor que se producen a tiempo real cada tres horas en el territorio nacional.

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El Procurador ratifica que es una ‘posibilidad legal’ que Murillo logre su libertad

El procurador Wilfredo Chávez remarcó que Bolivia respeta la norma procesal vigente en Estados Unidos, pero eso no significa que deje de reclamar por sus derechos en su condición de víctima.

El exministro Arturo Murillo. Foto de archivo: APG.

/ 23 de junio de 2021 / 09:49

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó este miércoles que es una “posibilidad legal” vigente que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia, también pueda acceder a la libertad bajo fianza, al igual que su exjefe de gabinete Sergio Méndez.

“Hemos indicado que (eso) es una posibilidad legal, pero veremos las condiciones en las que (pueda) avanzar su negociación, esos acuerdos que se tratan de hacer por parte de su defensa con la Fiscalía a objeto de minimizar o rebajar la sanción penal que le correspondería si no colabora con la investigación que se desarrolla allí,  (entonces) es una posibilidad que se da en todos los casos”, señaló.

En ese sentido, subrayó que Bolivia respeta la norma procesal vigente en Estados Unidos, pero eso no significa que deje de reclamar por sus derechos en su condición de víctima por los actos cometidos por Murillo y otros investigados en el país del norte.

Por tanto, “vamos a seguir los procedimientos respectivos en defensa de los intereses del Estado y obviamente también, si una persona accede al beneficio de libertad bajo fianza, no significa que sea absuelta por la Justicia”, indicó Chávez en una entrevista con Bolivia TV.

Explicó que si accede a un acuerdo, lo primero que deberá hacer es reconocer sus actos, “es decir, declararse culpable y solo bajo ese supuesto se podría beneficiar luego con la rebaja de la pena u otros beneficios y eso implica el cumplimiento de una condena en Estados Unidos”.

“Entonces, aquí no hay nada que pueda indicar que este señor, si accede a una libertad bajo fianza, pueda estar exonerado de pena, de ninguna manera, esto va a continuar y vamos a tener una sentencia porque se hizo un informe que claramente ha detallado la forma en que se ha robado los dineros de los bolivianos y se ha llevado a Estados Unidos; hubo soborno, conspiración y lavado de dinero, delitos federales que no van a ser de ninguna manera hechos a un lado por parte de la Fiscalía y menos por la Justicia norteamericana”, insistió.

Según investigaciones realizadas en ese país, los gases lacrimógenos, comprados durante el gobierno de Jeanine Áñez a través de una empresa intermediaria, tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.

También puede leer: Chávez dice que Murillo sigue detenido, pero es probable que tenga tratativa avanzada.

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