Nacional

jueves 23 sep 2021 | Actualizado a 01:26

Procuraduría concluye que no hay indicios contra Longaric en el caso de los respiradores

La Ministra de Relaciones Exteriores entregó toda la documentación sobre la gestión del servicio exterior en el caso, aseguró la autoridad fiscalizadora.

La canciller de Bolivia, Karen Longaric, en una conferencia psada.

/ 22 de mayo de 2020 / 20:10

En el bullado caso de corrupción por la compra de respiradores españoles, la Procuraduría General del Estado concluyó este viernes que no existen indicios que involucren a la canciller Karen Longaric en la compra de estos aparatos.

“Según la documentación que remitió la Cancillería, que fue la primera institución en cumplir con el requerimiento de la Procuraduría, no existe ningún indicio que involucre a la señora canciller Longaric. Precisamente, a la Procuraduría le corresponde llevar la investigación jurídica objetiva e imparcial, aunque es evidente que hay intensiones de politizar este hecho”, reveló a La Razón el procurador José María Cabrera.

La autoridad explicó que el informe solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores requería un parte del cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, sobre su «interactuación» con los empresarios españoles que proveyeron 170 respiradores al país.

“Tenemos en manos la respuesta del Cónsul de Bolivia y todo ello se está acumulando y (haremos) el respectivo análisis jurídico”, informó Cabrera.

El caso

El Ministerio de Salud de Bolivia compró 170 respiradores básicos de la marca Respira de la fábrica GPAinnova, a un precio unitario por contrato de $us 26.080 y un global de $us 4.773.600. Según la Fiscalía, el presunto sobreprecio es de más de $us 3 millones.

Algunos ya fueron entregados por la presidenta Jeanine Áñez, aunque no funcionan aún debido a un software no actualizado.

Este caso salpicó a varios funcionarios del Gobierno, entre ellos el exministro de Salud Marcelo Navajas.

El Procurador reveló también que pedirá un informe complementario del embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo-Riadji. “Consideramos que fueron insuficientes los descargos iniciales que emitió”, dijo.

Cabrera informó también que el jueves pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un informe sobre el caso. (22/05/2020)

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Camacho le dice al alcalde Arias que ‘no está solo’ y que el pueblo cruceño lo va a defender

El gobernador Luis Fernando Camacho dio su apoyo al alcalde de La Paz, Iván Arias, en parte de su discurso en la sesión legislativa en ocasión al aniversario departamental

El gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho y el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias.

Por Mauricio Diaz

/ 23 de septiembre de 2021 / 00:05

En la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho expresó su apoyo al alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, y le dijo que “este pueblo te va a defender”.

«Alcalde Arias, no estás solo, este pueblo está contigo y te va a defender», aseguró en su intervención en la sesión legislativa en ocasión del aniversario departamental y ante los proceso legales que enfrenta la autoridad edil.

Arias asistió como invitado a los actos protocolares por el aniversario cruceño. Denunció que se estaría ejecutando un «plan dominó» en contra de las autoridades opositoras al gobierno de Luis Arce y calificó de “persecución política” las acciones que pretenden privar de libertad al alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa.

Se iniciaron al menos seis procesos en contra de Arias.

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Justicia amplía por tres meses detención del almirante Gustavo Arce por el caso golpe de Estado

El excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Gustavo Arce San Martin fue uno de los primeros procesados en este caso

El excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Gustavo Arce San Martín

/ 22 de septiembre de 2021 / 23:56

La Justicia amplió por tres meses más la detención preventiva del excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, uno de los primeros detenidos e involucrados en el caso golpe de Estado de 2019.

Roger Valverde, abogado del militar, informó que la ampliación de la detención preventiva fue dispuesta en una audiencia posterior a la fecha límite de detención, por lo que apeló la decisión por estar al margen de la legalidad.

“Esa ampliación que ha determinado el juez es ilegal y arbitraria, no tiene sustento y lastimosamente se ve la arbitrariedad de algunos jueces”, denunció en la red Gigavisión.

Gustavo Arce San Martin fue enviado a la cárcel de San Pedro el 12 de marzo por seis meses, acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, en grado de complicidad.

Fue parte de la conferencia de prensa en la que el excomandante de las FFAA Williams Kaliman pidió en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales.

La expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y exmandos militares están en la cárcel por este caso denunciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty. Uno de los principales acusados es el excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

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Comandante de la Policía en La Paz Augusto Russo reconoce ‘excesos’ en operativos y compromete reflexión

A veces no se mide la fuerza, sin embargo, también nosotros hemos advertido de que sí ha habido exceso a consecuencia de una acción”, manifestó el jefe policial.

El momento de la agresión y detención del periodista Carlos Quisbert. Foto: APG.

/ 22 de septiembre de 2021 / 23:49

El comandante departamental de la Policía, coronel Augusto Russo, reconoció este miércoles “excesos” en los operativos destinados a frenar los enfrentamientos entre cocaleros en la zona Norte de La Paz y que derivaron en agresiones a periodistas, por ello comprometió reflexión en als filas policiales aunque también pidió a la prensa adoptar similar actitud.

“Evidentemente sí ha habido exceso por parte de la Policía, se reflexiona y se sanciona o se advierte y se llama la atención o se enmienda esa conducta, para que no suceda en lo posterior. Espero que también haya por parte de la prensa esa situación, más allá de lo que sucedió”, sostuvo.

En una entrevista con el programa La Mañana en Directo de Erbol, Russo aseveró que, en el operativo de martes, la Policía reaccionó ante el comportamiento violento de algunas personas.

“Hemos advertido que, evidentemente, ante el exceso respecto al comportamiento de algunas personas de una parte u otra, la Policía ha reaccionado. A veces no se mide la fuerza, sin embargo, también nosotros hemos advertido de que sí ha habido exceso a consecuencia de una acción”, manifestó.

El periodista Carlos Quisbert fue agredido el martes por un grupo de policías luego de un incidente con un efectivo policial que conducía una motocicleta. El comunicador fue detenido y traslado a dependencias de la FELCC. En horas de la tarde, tras gestiones, fue liberado.

La Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional (ACPI), a través de un comunicado, denunció que sus afiliados Santiago y Sergio Limachi fueron “agredidos durante los conflictos entre grupos de campesinos cocaleros en la zona de Villa Fátima”.

Russo planteó una sinergia entre policías y periodistas para una mejor colaboración, y pidió a los periodistas portar la credencial respectiva y estar conscientes de los riesgos que implican los operativos de la Policía.

Aclaró que la posición de la Policía no es restringir el trabajo de la prensa, puesto que respeta la libertad de expresión.

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Bolivia forma parte del Comité Ejecutivo de la OPS

Bolivia ocupó ese cargo en dos oportunidades, la primera de 1999 a 2002 y la última de 2007 a 2010. Las discusiones del Consejo Directivo de la OPS están centradas en la pandemia por la COVID-19.

Sesión virtual de la OPS

/ 22 de septiembre de 2021 / 21:53

Bolivia fue elegida para formar parte del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el período 2021- 2024, junto a Argentina y Jamaica.

“El Estado Plurinacional de Bolivia ha sido elegido hoy como miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el contexto del 59º. Consejo Directivo y la 73ª. Sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas”, reseña una nota institucional.

Los tres países miembros del Comité Ejecutivo suceden a Barbados, Ecuador y Estados Unidos, que concluyeron su gestión en la sesión.

El Comité es un grupo de trabajo del Consejo Directivo de la OPS, “en el que el director puede convocar a reuniones especiales del Comité ya sea por iniciativa propia o en respuesta a una solicitud de por lo menos tres Gobiernos Miembros”.

Bolivia ocupó ese cargo en dos oportunidades, la primera de 1999 a 2002 y la última de 2007 a 2010.

La postulación de Bolivia fue realizada por el ministro de Salud, Jayzon Auza, en diciembre del 2020.

Durante este año, por segunda vez consecutiva, las discusiones del Consejo Directivo de la OPS están centradas en la pandemia por la COVID-19.

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El GIEI observó persecución política en 2019 incluso con el uso de terceros

El exejecutivo del GIEI Jaime Vidal Melero recordó en un hilo en Twitter los casos de Edith Chávez, Lorgia Fuentes y de los “guerreros digitales”.

Lorgia Fuentes permaneció 130 días en una clínica, atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna y enmanillada en una de sus muñecas.

/ 22 de septiembre de 2021 / 21:22

En un extenso hilo en Twitter, el exejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal Melero, recordó que en la crisis poselectoral de 2019 la “instrumentalización” de la justicia contribuyó a la persecución política incluso a través de terceros.

“El GIEI Bolivia identificó la falta de independencia judicial y la instrumentalización de la justicia con fines políticos como unos de los problemas estructurales derivados del análisis de las violaciones a #DDHH en 2019”, escribió el experto en un hilo de 15 tuits referidos al asunto.

Vidal Melero puso como ejemplo al menos tres casos: Edith Chávez Arauco, Lorgia Fuentes y activistas sociales considerados “guerreros digitales”.

“El GIEI identificó que la persecución y el hostigamiento a exautoridades se realizó también de manera indirecta, a través de procesos seguidos en contra de terceras personas”, dijo.

Chávez era trabajadora doméstica del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y Fuentes fue vinculada por una “testigo clave” con el exministro de Gobierno Carlos Romero. Ella habló el martes con la transmisión Piedra, Papel y Tinta de La Razón y recordó el suplicio que pasó cuando en enero de 2020 fue plagiada por agentes, torturada y electrocutada por negarse a firmar un papel contra Romero.

“En el caso de Lorgia Fuentes, el informe del GIEI identifica que su persecución estuvo relacionada con su «supuesta relación afectiva con el exministro de gobierno de Evo Morales, situación que, además de irrelevante para fines penales, es negada por ella», recordó Vidal Melero.

Como dijo en la entrevista con La Razón, Fuentes contó los detalles de su caso al GIEI: “Fue arrestada en febrero de 2020, cuando se encontraba internada en una clínica. Según su declaración al GIEI, durante los 130 días que estuvo en la clínica permaneció atada a la cama por una cadena amarrada a su pierna. y enmanillada en una de sus muñecas”, citó el GIEI en su informe presentado en agosto reciente.

Fuentes dijo a la transmisión de este diario que el exministro de Gobierno Arturo Murillo usó su caso para buscar amedrentar a Romero.
Sobre Chávez, “el GIEI advierte que se dictó prisión preventiva en su contra como una forma de presión para obtener informaciones sobre el paradero del exministro de Presidencia”, dijo Vidal Melero.

En relación a los “guerreros digitales”, el exejecutivo del GIEI dijo que ellos fueron detenidos y juzgados pro presuntas conductas sediciosas.

Lee también: Lorgia Fuentes: Fui secuestrada, electrocutada y encadenada en el gobierno de Áñez

“El GIEI destacó en su informe la persecución de activistas sociales en el denominado caso ‘guerreros digitales’, basado en un ciberpatrullaje policial para identificar personas que manifestaban opiniones contrarias al gobierno de Jeanine Áñez y ‘desinformaban’ al público”.

El 17 de agosto de este año, el GIEI presentó su informe a Bolivia sobre la violencia y violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, en el que destacó los resultados de la investigación de las masacres de Sacaba y Senkata, en la que incluso hubo ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, cuyo saldo fue una veintena de fallecidos por impacto de bala.

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