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Legislativo forma dos comisiones para indagar caso respiradores y denuncias en tres empresas estatales

Un grupo de 18 legisladores, entre diputados y senadores, fue elegido este lunes para conformar las dos comisiones especiales destinadas a investigar irregularidades en tres empresas estatales y la compra de 170 respiradores de origen español con presunto sobreprecio.

La Asamblea Legislativa Plurinacional logró finalmente instalar la sesión y aprobó dos resoluciones que dan viabilidad a indagar los casos denunciados en la administración transitoria de Jeanine Áñez.  

La primera comisión está integrada por los senadores: Ancelma Perlacios, Milton Barón del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de los diputados: Francisco Quispe, Lidia Patty, Trinidad Rojas, Grover Cuevas, ambos del MAS), Luis Felipe Dorado, Amilcar Barral, de Unidad Demócrata (UD) y Yesenia Yarhui del Partido Demócrata Cristiano (PDC) .

Su misión principal será investigar las denuncias de manejo irregular de Boliviana de Aviación (BoA), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El segundo grupo de legisladores investigará la polémica compra con denuncia de sobreprecio de 170 respiradores artificiales de origen español que hizo el Ministerio de Salud para atender a los pacientes con coronavirus.

Lo componen los senadores: Erwin Rivero, Ciro Zabala (MAS) y Edwin Rodríguez (UD). Mientras que de la Cámara de Diputados: Alicia Canqui, Tito Veyzaga, Edgar Montaño, Justino Jurado (MAS), María Calcina (UD) y Helmut Salinas (PDC).

Dentro de este caso, hay hasta el momento cuatro personas con detención preventiva. Se trata del exministro de Salud Marcelo Navajas; el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM) Geovanni Pacheco; y Luis Fernando Humérez, denominado como el “testigo clave” del caso.

Para la exfuncionaria de la AISEM Ana Fernanda E. y la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gabriela Claudia P., se determinó el arresto domiciliario por seis meses sin salida laboral. (25/05/2020)