Hasta el viernes 22 ya sumaban 46 los territorios o comunidades indígenas de tierras bajas que se encuentran en riesgo de contraer el COVID-19 debido a que se sobreponen a 23 municipios afectados por la enfermedad con al menos 1.100 casos positivos, según el monitoreo efectuado por el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
El primer departamento de riesgo es Beni, donde 20 territorios o comunidades indígenas se sobreponen a ocho municipios. El caso más preocupante es el de la capital beniana, Trinidad, que tiene el 95% de los contagiados en el departamento (1.097 hasta la noche del domingo 24), y que está junto al Territorio Indígena Sirionó.
El segundo departamento de riesgo de Santa Cruz, donde 19 territorios indígenas se sobreponen a 10 jurisdicciones municipales, aunque en dichos municipios hasta el viernes 22 se acumulaban 65 casos positivos para COVID-19. En tercer lugar está Cochabamba, donde cinco territorios o comunidades están contiguos a tres municipios, los que suman 19 infectados.
Luego, en menor medida, están Tarija y Chuquisaca, con un pueblo indígena que comparte territorio con un municipio en cada caso.
En Beni, se trata de los municipios de Guayaramerín, San Ignacio de Moxos, Trinidad, San Borja, Riberalta, San Ramón, Santa Ana del Yacuma y San Andrés. En Santa Cruz, Camiri, Concepción, Pailón, Roboré, Puerto Suárez, Cabezas, Lagunillas, San José de Chiquitos, Urubichá y Yapacaní. En Cochabamba, Chimoré, Puerto Villarroel y Villa Tunari; en Tarija, Yacuiba; y, en Chuquisaca, Monteagudo.
En Bolivia, los pueblos indígenas Yuquis, Ayoreos, Esse Ejje, Chiman, Yaminagua- Machineri, Araona, Moseten, Pacahuara, Cavineño, Chacobo, More, Cayubaba, Maropa, Baures, Canichanas, Tsimane, Siriono, Guarusuwe, Wenayek y Tapiete se encuentran resguardados por la Ley 450, de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad.
En reiteradas ocasiones, las organizaciones indígenas manifestaron su preocupación por la cercanía de la pandemia. Muchas comunidades indígenas optaron por el autoaislamiento y el control del ingreso de terceros para evitar que el virus ingrese a sus territorios, debido a que su contención sería imposible por las precarias condiciones de salud en las que se encuentran, destaca el reporte del CEJIS.
Asimismo, en sus comunicados y demandas, las organizaciones indígenas solicitaron a las diversas instancias de Gobierno su colaboración, no solo con la asistencia en víveres, sino con la provisión de los servicios bancarios móviles, por ejemplo, para evitar que los indígenas salgan de sus comunidades a los centros poblados, para evitar ser contagiados; así como la coordinación con sus instancias representativas para que, en caso de darse esta ayuda humanitaria, se realice con estrictos controles de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. (25/05/2020)