La Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fue denunciada ayer ante el Ministerio Publico por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, racismo y discriminación, luego de que ésta advirtiera a pobladores del sur con intervenir los bloqueos que cerraron el acceso a botadero de K’ara K’ara.
“Hemos esperado que el Fiscal Departamental investigue de oficio, pero no lo ha hecho y hemos presentado la denuncia contra la RJC, un grupo armado que es apoyado por personeros de gobierno”, explicó Juana Quispe, diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS)
Quispe, junto a la diputada del mismo partido, Flora Quispe, presentaron la denuncia porque el 10 de mayo, el grupo que apareció durante los conflictos poselectorales de 2019, volvió a la palestra “para amenazar, diciendo que tienen una lista de dirigente masistas, identificados».
Pidieron a la Fiscalía que investigue a los miembros del grupo y a quiénes lo financian, al recordar que el pasado año, recibieron del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, una plaqueta que realzaba su trabajo durante las movilizaciones de 2019 y entregándoles motocicletas.
El grupo, munido con armas caseras, desde escudos hasta bazucas, con rostros cubiertos y a bordo de motocicletas, intervino la movilización de organizaciones sociales afines al MAS y se encargó de resguardar los bloqueos implementados por la población valluna para pedir la renuncia de Evo Morales a la presidencia, tras la denuncia de fraude electoral.
Las diputadas, cuestionaron el actuar de la organización que se pensó fue desarticulada pero reapareció en días pasados, primero con mensajes de audio que llamaban a organizarse para intervenir los bloqueos en K’ara K’ara, y que luego convocaron a una conferencia de prensa a algunos medios locales para informar que daban un plazo de 24 horas a los bloqueadores para que suspendan la medida que cumplía 10 días.
“Con qué norma se respaldan, en noviembre han golpeado a las compañeras cocaleras. Los motoqueros, encabezados por Yassir Molina, agredieron a las mujeres en puertas de la sede. También las bajaron de los buses y las golpearon en el piso, ejercieron mucha violencia, mucho abuso. Queremos saber qué es lo que hace la seguridad del Estado contra esos grupos irregulares”, dijo Juana Quispe.
Flora Quispe, pidió a la Fiscalía, investigar al grupo pero también, citar al ministro Murillo. “Es una célula que está en Potosí, Tarija, Chuquisaca, en Santa Cruz, La Paz, aquí en la ciudad, en Quillacollo. Arturo Murillo los felicitó y también debe ser citado para declarar, porque no se puede fomentar a esta clase de grupos”, añadió.
Las legisladoras pidieron a la gente que fue amenazada, y a aquellas que fueron agredidas el año pasado, sumarse a la denuncia y así frenar el actuar de los denominados “motoqueros” que causaron miedo y zozobra en 2019.