El TCP admite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que posterga las elecciones
Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional rechazó otra demanda y un recurso de nulidad en el mismo sentido, pero que iban contra otros aspectos de la Constitución.
En el mismo día, este martes 26, el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) anunció, por un lado, la admisión de una demanda de
inconstitucionalidad contra la ley de postergación de las elecciones, y, por
otro, el rechazo de una segunda demanda y de un recurso de nulidad contra la
misma norma.
En el caso de la demanda admitida, se trata de la presentada
por el ministro Óscar Ortíz y varios senadores que piden la
“inconstitucionalidad parcial” del artículo 2 de la Ley 1297, de Postergación
de las Elecciones Generales 2020, por presuntamente ser contrario a siete
artículos de la Constitución Política del Estado.
La norma había sido promulgada por la presidenta de la
Cámara de Senadores y titular de la Asamblea Legislativa, Evo Copa, del
Movimiento Al Socialismo (MAS), ante la negativa de proseguir con el trámite
por parte de la presidenta transitoria Jeanine Áñez.
El TCP le da a Copa el plazo de 15 días para “su
apersonamiento y formulación de alegatos” para defender la ley que posterga las
elecciones.
El documento del TCP.
En respuesta a la admisión del recurso, el diputado del MAS
Víctor Borda sañaló: «Vamos a esperar que se notifique, para saber los
fundamentos con los que el TCP aceptó la demanda.
“Por el momento, lo que vemos es que el TCP está queriendo usurpar funciones al ser un legislador positivo, lo que no es, cuando nosotros sí lo somos por naturaleza», cuestionó.
Norma
El cuestionado artículo 2 de la ley se refiere al hecho de
que las elecciones deben “efectuarse en un plazo máximo de noventa (90) días
computables a partir del 3 de mayo de 2020”.
Entre los artículos de la Constitución que los senadores
plantean son afectados por la Ley de Postergación están el que señala la
independencia de poderes, que las funciones de los órganos públicos no son
delegables entre sí; el que determina que “todas las personas tienen derecho a
la salud”, y el que el señala las competencias del Tribunal Supremo Electoral
en los procesos electorales.
En cambio, la demanda rechazada fue la presentada por la
senadora Carmen Eva Gonzales, que arguye la inconstitucionalidad del mismo
artículo 2 de la Ley de Postergación de las Elecciones, pero aludiendo a otros
artículos de la Constitución.
Finalmente, el TCP rechazó el recurso directo de nulidad interpuesto también por Ortiz y otros contra la forma en que se instaló la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprobó la Ley 1297.
Jurista
Para el abogado de los senadores que presentaron la demanda
admitida, Óscar Urquizo, la admisión abre paso a que el Tribunal Constitucional
sopese el derecho a la elección frente al derecho a la vida. “La importancia de
esto es que el TCP tiene que fallar en el fondo, ha decidido poner a la balanza
jurídica, a la balanza constitucional el derecho a la vida y salud de millones
de bolivianos frente a la desesperación del candidato del MAS, Luis Arce, para
llevar las elecciones cuanto antes”.
#VideoNoticias El abogado Óscar Urquizu informa que la acción de inconstitucionalidad presentada por Óscar Ortiz y otros legisladores, sobre la ley que establece un rango de tiempo para las elecciones generales, fue admitida por al Tribunal Constitucional pic.twitter.com/4fkitgVRP6
— La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) May 26, 2020
Debido a la emergencia sanitaria por la expansión del nuevo
coronavirus en el país, el TSE suspendió el calendario electoral y también
pidió la definición de una fecha de elecciones, ante la anulación de la fecha
inicial, el 3 de mayo. El MAS impulsó la modificación y propuso 90 días para el
desarrollo de los comicios, que si es que se mantiene la ley debería consumarse
hasta el 2 de agosto de este año. (26/05/2020)
Lo que sucedió en esta semana en el 66º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena (Austria), es histórico: después de 62 años de vigencia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, en la que desde el principio, en la primera lista de cuatro, la hoja de coca está catalogada como estupefaciente, el país anunció que en dos meses (en mayo) presentará el pedido oficial de revisar la calificación de la hoja de coca como una forma de droga: “Bolivia solicitará a las Naciones Unidas, a la Convención de 1961, a activar el proceso de examen crítico de la actual clasificación de la hoja de coca como estupefaciente en la Lista 1”, anunció el vicepresidente David Choquehuanca en el panel “La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, organizado en Viena por las representaciones de Bolivia y Colombia.
En el mismo escenario, anticipando lo complejo de la tarea, Choquehuanca aseveraba que la campaña que el país empezará en mayo deberá servir para que todos los países miembros “tomen conciencia crítica de la arquitectura jurídica, política y mediática de la Convención de 1961”.
Despenalizar la hoja de coca a nivel internacional, advirtió Choquehuanca, ya no será “elevando quejas”, pues “la libertad de la hoja de coca nadie nos va a regalar”. Por esto, anticipó el Vicepresidente en Viena, “la liberación de la hoja de coca (el sacarla de la lista de estupefacientes) será un efecto dominó del combate en tres frentes: el informativo, el judicial y el político”, remarcó Choquehuanca en Viena, dando un poco la idea de la magnitud de la tarea que se emprenderá en mayo.
Ahora, en el marco de “lo informativo”, el Vicepresidente reconoció que uno de los mayores empeños deberá ser presentar la “evidencia científica” en favor de la despenalización.
La idea base de la campaña ya viene siendo: la reparación del error histórico cometido en 1961.
Un dato no menor es que son dos las grandes instancias de estudios, análisis y debate sobre la viabilidad del pedido boliviano: la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la entidad encargada de hacer el citado “examen crítico”, y el “Comité de Expertos en Farmacopea”.
Pero, he aquí que Bolivia no llega desprovista de argumentos en favor de excluir a la hoja de coca de la lista de estupefacientes, aunque tampoco debería tener en menos la fortaleza que tienen y pueden desarrollar quienes se oponen a la despenalización.
Hay una historia de la hoja de coca y las convenciones de la Organización de Naciones Unidas sobre drogas. En lo que sigue, se tratará de resumir esta historia, apuntando lo pertinente acerca de la evolución que tuvo la clasificación, más o menos dura, justa o injusta de la hoja sagrada. Se ofrece esta síntesis en consulta con lo escrito por el politólogo e investigador neerlandés Martin Jelsma, director del Transnational Institute, una de las entidades académicas de mayor autoridad en el tema en el mundo; y, en uno de los textos pioneros, ineludible referencia en el país: Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, de Patricia Chulver Benítez (coordinadora), publicado por la Fundación Acción Semilla en 2020.
El experto Jelsma remonta los orígenes de la prohibición a dos momentos, 1950 y 1952. En el primer año se publicó el Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca; según éste, “el hábito perjudicial de masticar coca” debía frenarse en unos años; y, en 1952, el Comité de Expertos de la OMS en Drogas Toxicomanígenas concluyó en que “la masticación de la coca presenta unas características tan parecidas a la adicción (…) que debe definirse y tratarse como tal”, reseña Jelsma.
Luego, resume el politólogo neerlandés, “la coca, junto con el cannabis y el opio, se convirtió en uno de los principales objetivos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que incorporó restricciones especiales sobre su cultivo, dispuso que su uso tradicional se eliminara en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención y clasificó la hoja de coca en la Lista I, como una sustancia “susceptible de uso indebido”.
En relación a los 25 años que dio la Convención del 61 para extinguir la hoja de coca, no deja de ser llamativa la historia de la disposición; cuenta Jelsma: En 1961, la Convención dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”; en 1998, al ver que esto no se cumplía, se fijó otros diez años para lograrlo; en 2009, luego de una nueva evaluación, se dispuso diez más, plazo que terminaba en 2019, pero, en marzo de ese año, la nueva declaración política de ministros dejó de lado aquello de un plazo fatal, aunque persiste el objetivo”.
La Convención de 1961, en la Lista 1, “define a la hoja de coca como una ‘sustancia adictiva y de probable uso indebido’”, recuerda Chulver. Añade que este carácter dañino de la hoja en sí misma aún era una fuerte convicción en los organismos internacionales bien entrado el siglo XXI. “La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) en su Informe Anual en 2007, exhortó a Bolivia a modificar su legislación para ‘abolir las actividades que sean contrarias a la Convención de 1961, como el masticado de la hoja de coca y la fabricación de mate de coca y otros productos’”.
MEDICINA.
En 1971, se suscribe el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. La novedad aquí, señala Chulver, era que la prohibición se hacía más flexible y se abría al “uso médico de la mayoría de las sustancias”; y, algo clave, según Jelsma: que el Convenio del 71 separa el alcaloide, la droga, de la planta como materia prima, dejando fuera del control a esta última, por lo menos, en relación a ciertas sustancias. “El Convenio del 71, por lo tanto, se distancia del criterio de “fácil extracción” de la Convención del 61 que exige que las plantas y sus alcaloides extraídos deben ser tratados con el mismo nivel de control”.
Convención contra el tráfico ilícito de 1988. Aquí hay un giro importante, dice Chulver: Mientras la Convención de 1961 habla de la eliminación de usos tradicionales, culturales y ceremoniales de la coca hasta diciembre de 1989, la Convención de 1988 presenta elementos que implican un avance en cuanto al respeto de los derechos humanos en favor de los usos ancestrales. A pesar de esto, deja en claro que la norma no será menos estricta que la establecida bajo la Convención del 61”; en 2007, Naciones Unidas declara el respeto a los derechos humanos de los indígenas. Así, ahora hay un choque entre este reconocimiento de 2007 (a la práctica del acullico, por ejemplo, como derecho indígena) y la Convención de 1988.
En 1994, en su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ( JIFE) introduce la necesidad de emprender “un análisis científico para valorar el hábito de la masticación de la hoja de coca y el consumo de mate de coca”.
En 1995 ocurrió un hecho peculiar: la OMS realizó uno de los más exhaustivos estudios sobre la cocaína, pero que nunca llegó a publicarse. “En 1995, la OMS finalizó ‘el mayor estudio mundial sobre la cocaína hasta la fecha’, que incluía un análisis del uso de la hoja de coca. El estudio concluyó que ‘el consumo de hojas de coca no parece tener efectos negativos para la salud y tiene funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos’. Al parecer, uno de los motivos por los que quedó atascado en el proceso de revisión entre pares y nunca llegó a publicarse”, reseña el hecho Jelsma.
En 2009 fracasa una propuesta boliviana de enmendar la Convención del 61. En marzo de ese año, “el Gobierno boliviano propuso enmendar la Convención Única de 1961 eliminando dos subapartados del artículo 49 que prohíben la masticación de la hoja de coca. Un grupo de países encabezado por los Estados Unidos presentó objeciones en el periodo de 12 meses contemplado por el procedimiento, con lo que la propuesta de enmienda quedó bloqueada.
En 2011, resume Chulver, Bolivia se retira de la Convención de 1961 para “re-adherirse” en 2013 con una reserva que permite la masticación, consumo y uso en su estado natural para infusión y con fines médicos y culturales; así como su cultivo, posesión y comercio en la extensión que se requiera con fines lícitos dentro de territorio nacional”. Tras una difícil votación, remarca la autora, “el procedimiento fue aceptado por la ONU y se dio pie a un importante precedente en la flexibilización de las políticas de drogas a nivel local”.
Desde 2013, en rigor, el país es el único en que el acullico es legal.
El Gobierno busca desclasificar la coca de la lista de estupefacientes. Foto: Archivo
Posibilidad de mercados de coca bilaterales
La comunicadora e investigadora social Patricia Chulver apunta que si el país quiere exportar coca, tiene dos caminos: “la solicitud de una revisión crítica a la Organización Mundial de la Salud (OMS)” de la clasificación de la hoja en su estado natural como estupefaciente; o, “los acuerdos y tratados inter se”.
En la primera opción, como se vio, es un camino que apenas empieza, y dada la complejidad del asunto, es incierto su desenlace.
En cambio, los acuerdos inter se, entre pares, sí son posibles al amparo de la propia norma internacional, asegura. Al respecto, el politólogo especialista en la realidad de las drogas en el mundo, Martin Jelsma, recuerda que “La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dicta en su Artículo 41 que ‘Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas’”.
Precisamente, la experiencia que se va acumulando con el comercio legal del cannabis, va abriendo camino, afirma Chulver: “La factibilidad de aplicar este mecanismo está en fase de exploración en el tema del cannabis entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos. De la misma manera, para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter se entre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”, destaca Chulver.
La hoja de coca para su exportación presenta una potencialidad expectable para “su uso en licores, bebidas energizantes, suplementos alimenticios, productos fitoterapéuticos y estimulantes suaves”, destaca la comunicadora.
Hubo o hay expectativa cierta de comercio de hoja de coca, señala, con Ecuador, Argentina, Irán, España y Holanda.
Colombia, de la mata que mata a la planta de la paz
Una de las mayores novedades en la reunión 2023 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, sin duda fue la diferente presencia de la representación colombiana, que ahora se sumó plenamente a la reivindicación de la hoja sagrada. En el panel “Hoja de coca y control de drogas de la ONU: reparando un error histórico”, el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Néstor Osuna Patiño, auguró que de la conocida “mata que mata” (como se conoce a la coca) se pasará a la planta que sirve a la paz.
Colombia apoya la iniciativa boliviana de emprender una campaña de despenalización de la hoja de coca por sus propias razones, apuntó. Y es que el nuevo enfoque de revalorización de la coca y su economía lícita se complementa de lleno con la política de pacificación del país del presidente Gustavo Petro.
“Colombia respalda esta iniciativa, porque hablar de una nueva política de drogas en el contexto de la paz total significa una aproximación distinta a la hoja de coca, pasando de un modelo, en el que se la concebía como ‘la mata que mata’ a un paradigma en que se convierte en una planta al servicio de la paz”.
“En la nueva política de drogas orientada al cuidado de la vida, contemplamos la regulación justa y responsable y sus usos lícitos, como una prioridad. Para ello, estamos trabajando en los cambios normativos que faciliten los usos en el campo medicinal, nutracéuticos, industrial, entre otros”, remarcó el ministro colombiano.
Osuna Patiño afirmó que su país celebra la “posición valiente y el liderazgo de Bolivia por poner presente ante el mundo el valor de los usos de la hoja de coca, y especialmente por su iniciativa de emprender una campaña para la desclasificación de la hoja de coca de la lista de sustancias de la Convención de Estupefacientes de 1961”.
El mayor desacuerdo que hay en la Asamblea entre las tres propuestas de reglamentos de selección de los candidatos a las judiciales, sigue siendo quién debe calificar a los postulantes a las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
En la Comisión Mixta de Justicia Plural, presidida por la senadora Patricia Arce (MAS), se habían presentado tres propuestas de reglamento; una del Movimiento Al Socialismo (MAS), y dos de Comunidad Ciudadana (CC). Además de una presentada por el diputado Carlos Alarcón a nombre de la alianza. Otra ingresada por la senadora Silvia Salame (también de CC), a nombre personal.
El MAS restituye a plenitud el rol central que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa Plurinacional de convocar, calificar y seleccionar a los postulantes a los más altos jueces del país.
Se trata de un giro, pues, en el reglamento para las elecciones judiciales de 2017. Tuvo especial protagonismo la universidad pública, que elaboró las más de 700 preguntas para el decisivo examen escrito en las cuatro instancias de competencia; el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.
Selección
En la propuesta de reglamento del MAS, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral seleccionará a los candidatos a los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia.
Mientras que la de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado se encargará de elegir a los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.
En la propuesta de la senadora Salame, se crea una suerte de asistencia técnica especializada conformada por 16 “profesionales abogados” provenientes del Sistema Universitario Nacional. Se mantiene la conducción del proceso en los diputados y senadores de las comisiones mixtas,
Específicamente docentes universitarios, ocho propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), en representación de la universidad pública, y ocho enviados por la Asociación Nacional de Universidades Privadas. Son estos “asesores técnicos” que en la práctica dirigirían la calificación de los postulantes.
En una posición más radical al respecto se encuentra la propuesta de Comunidad Ciudadana, que directamente plantea la creación de un Comité Técnico de Calificación y Evaluación Meritocrática, “instancia competente” (artículo 4 del proyecto) que está en el mismo nivel que las dos comisiones legislativas mixtas de Constitución y Justicia Plural.
COMITÉ.
Este comité está compuesto (artículo 9) por “11 notables”; un miembro designado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); tres representantes designados por el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab); tres representantes designados por los decanos de las Facultades de Derecho del Sistema de Universidades Públicas, “mediante el voto de dos tercios de sus integrantes”; un miembro designado por los presidentes de los nueve comités cívicos departamentales, “mediante el voto de dos tercios de sus integrantes”; dos “representantes de la institucionalidad de la justicia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (un representante de las tierras altas y otro de las tierras bajas), reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, designados en el marco de sus usos y costumbres”; y, dos representantes de la Asociación Nacional de la Prensa.
Este comité prácticamente es autónomo, pues define la “metodología, evaluación y puntuación mínima de aprobación” de los postulantes (artículo 10) .
Así, las comisiones legislativas mixtas solo se dedicarán a revisar la documentación de los postulantes, resolver las impugnaciones, y remitir la lista de los postulantes al Comité de Méritos.
LEGISLATIVO. Comisión de Constitución, parte de los seleccionadores. Foto. Camara de diputados
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OMS apoyará futuro ‘examen crítico’ sobre la clasificación de la coca
Propuesta de Bolivia generó expectativa, según el Gobierno.
La delegación boliviana se reunió con los representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyará en apurar el llamado “examen crítico” de la actual clasificación de la hoja de coca como estupefaciente, confirmó desde Austria el secretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde.
“La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que va a esperar la notificación formal del Secretario General de las Naciones Unidas (del pedido de Bolivia del ‘examen crítico’) e inmediatamente va a actuar y va a interponer todas las acciones necesarias para que se inicie el proceso”, señaló Alurralde.
Ayer, el vicepresidente David Choquehuanca sostuvo una reunión con representantes de la OMS, quienes, al concluir la misma —informó Alurralde— reconocieron que “efectivamente Bolivia tiene el derecho de pedir el examen crítico” de la actual clasificación de la hoja de coca, “al igual que otros países que se sumen a esta iniciativa”.
La reunión con la OMS tuvo lugar en medio del 66 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Viena entre el 13 y 17 de marzo.
La “mesa de trabajo” que se tuvo ayer con la OMS fue un “paso importante para los bolivianos”, destacó Alurralde, pues es este organismo el encargado de efectuar la citada “revisión crítica”.
El Gobierno busca desclasificar la coca de la lista de estupefacientes. Foto: Archivo
INFORMACIÓN.
La OMS generará “toda la información técnica, científica, también en la dimensión de lo que es la medicina tradicional y los derechos de los pueblos indígenas para efectuar esta valoración”, ilustró Alurralde, sobre el gravitante papel del organismo internacional en la campaña boliviana por la despenalización de la hoja de coca.
Hay que recordar que a la fecha, desde 1961 (62 años), la hoja de coca es considerada un estupefaciente, y se encuentra consignada en la Lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas.
En 1961, se dispuso “que la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención”; en 1998, al ver que esto no se cumplía, se fijó otros 10 años para lograrlo; en 2009, luego de una nueva evaluación, se dispuso 10 más, plazo que terminaba en 2019.
En marzo de ese año, una nueva declaración política de ministros dejó de lado aquello de un plazo fatal, aunque persiste el objetivo, resumía esta controversial historia el politólogo neerlandés Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en políticas internacionales con respecto a las drogas, en una entrevista con el suplemento Animal Político de LA RAZÓN, en septiembre de 2019.
EXPECTATIVA.
Por otra parte, ayer, en Viena, Alurralde destacó la gran “expectativa” que habría generado el anuncio del Vicepresidente boliviano respecto a exigir una “revisión crítica de la clasificación actual de la hoja de coca en la Lista 1, de la Comisión de Estupefacientes de 1961”.
Es un avance diplomático el logrado en la reunión internacional, insistió el secretario general de la Vicepresidencia. “Se está empezando a compartir con la comunidad internacional está iniciativa que pretende reparar una injusticia histórica que se produjo en 1961”.
Alurralde informó además de en la reunión que Choquehuanca tuvo con representantes de Francia, país que “está apoyando muchas acciones en desarrollo alternativo; y en el tema del examen crítico, han mencionado que van a estudiar con mucho interés la propuesta de Bolivia. También van a interponer sus buenos oficios al ser miembros de la comisión de estupefacientes, hasta el 2025”, detalló.
Por separado, dirigentes del Conamaq y de la CSUTCB demandaron ayer la inmediata convocatoria a un ampliado de unificación del Pacto de Unidad. La oposición ve la división del MAS y sus organizaciones “comiendo pipocas”, dijo un dirigente.
El jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, Ramiro Jorge Cucho, a tiempo de expresar su apoyo al gobierno del presidente Luis Arce, llamó a las organizaciones que componen el Pacto de Unidad a defender el “proceso de cambio”.
Pidió al Pacto de Unidad, compuesto por el Conamaq y otras cuatro organizaciones de pueblos indígenas y campesinos, un ampliado “urgente, para dar (un) lineamiento político y orgánico”. Llamó a la reflexión. “La derecha está en la palestra, comiendo pipocas, viendo cómo entre pueblos indígenas nos estamos peleando”, señaló la autoridad originaria en conferencia de prensa en la plaza Murillo.
“Estamos respaldando a nuestro gobierno electo democráticamente. Estamos para defender este proceso de cambio”, enfatizó el jiliri apu mallku en apoyo al gobierno de Arce.
Por su lado, Humberto Claros, secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), tras revelar que el Pacto de Unidad no se reúne hace casi un año, reconoció “diferencias internas” en el MAS.
“Hemos llegado a un momento en que entre hermanos estamos sindicándonos de ser grupos”. El Pacto de Unidad ha llegado “a su mínima expresión del rol histórico que tiene; no hay disciplina política, no hay disciplina orgánica”, se quejó.
A tiempo de exhortar a que deje de entenderse la unidad del MAS como una palabra. Sino más bien como “acción, articulación y reuniones”; Claros convocó: “Como dirigentes, hacemos eco de esa petición, de esa exigencia, de la urgencia de un ampliado del Pacto de Unidad para tratar todos los temas internos”.
Bolivia tiene el derecho soberano a explotar el litio con los socios que técnica y económicamente le parezcan mejor, dijo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, ante la queja de Estados Unidos de “actividad maligna” de sus adversarios en el país.
En relación a reiteradas declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, sobre la preocupación que tiene su gobierno acerca de la “actividad maligna” que estarían desarrollando los “adversarios” de ese país en el llamado “triángulo del litio” sudamericano, el ministro Molina reivindicó el derecho soberano “a elegir trabajar con el (socio) que nos traiga las mejores condiciones al país”.
El 20 de enero, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con la empresa china CATL BRUNP & CMOC (CBC) para la implementación de dos complejos industriales con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en salares de los departamentos de Potosí y Oruro.
La postura que revela Richardson —dijo— muestra, además de desprecio a los países del “triángulo”, Bolivia, Argentina y Chile, una limitada conciencia de la realidad energética global.
Expresa “una poca capacidad de análisis, al mismo tiempo poco respeto a los países del ‘triángulo del litio’, denotando no solamente una desesperación, sino también una falta de visión global de lo que está pasando en el mundo” en energía, aseveró Molina.
Enfatizó que se trata de una visión invisibilizadora que pretende desconocer “la importancia de nuestro continente en el desarrollo hoy estratégico a nivel mundial, a nivel de la geopolítica de la energía, en cuanto a estos materiales (como el litio) tan críticos”.
Por otra parte, Molina deploró que Estados Unidos, además, irrespete la “definición” que tiene el país de la industrialización de sus recursos naturales desde 2006.
Respecto del litio, destacó que “Bolivia ha decidido una hoja de ruta con total independencia; no tenemos ni admitimos ninguna injerencia de ningún Estado”.
En cuanto a la explotación soberana, relievó la importancia que tiene la “articulación” de los países del triángulo, además de otros Estados. “Por eso el año pasado, en abril, generamos una reunión con ministros de Estado, donde participó México, Chile, Argentina y Bolivia, en el marco de fortalecer nuestras relaciones; no solamente de acelerar los procesos de industrialización (en el país), sino también generar intercambios que nos permitan fortalecer un modelo de desarrollo”, recordó.
