Nacional

lunes 20 sep 2021 | Actualizado a 14:15

El comandante de la Policía de Santa Cruz está en terapia intensiva y ya le aplican plasma

El coronel Enrique Terán fue contagiado en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Su entorno fue aislado, entre ellos sus colaboradores.

El coronel Enrique Terán.

Por Rubén Ariñez

/ 27 de mayo de 2020 / 09:23

El comandante de la Policía de Santa Cruz, el coronel Enrique Terán, infectado con COVID-19, está delicado y ha sido ingresado en una unidad de terapia intensiva. Por ese motivo, le han practicado la técnica del plasma hiperinmune de un paciente recuperado a la espera de una mejoría.

Así lo ha confirmado el comandante nacional de la Policía, el general, Rodolfo Montero.

“En Santa Cruz ya le han colocado un plasma, esta mañana han salido de la ciudad de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz también dos plasmas en caso de ser necesario”, señaló el jefe policial este miércoles en una entrevista en la red Unitel.

La noche del martes circularon en las redes sociales pedidos para que personas que vencieron al virus se constituyan como donantes para que el uniformado recupere su salud.

El plasma hiperinmune se obtiene de personas que vencieron al virus, dado que su sangre contiene ahora los anticuerpos para contrarrestar sus efectos. Una transfusión solo es posible si hay compatibilidad sanguínea.

Terán fue contagiado en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Su entorno fue aislado, entre ellos sus colaboradores. De manera interina, fue designado en el cargo el coronel René Gómez. (27/05/2020)

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Abogada abrirá proceso por destrozos en Adepcoca y dice que Lluta está ‘desaparecido’

Evelin Cossío acusa al sector de la dirigente Elena Flores de haber liderado la toma de la sede de los cocaleros de los Yungas en el barrio de Villa Fátima. Advierte que Lluta estaba en el lugar y que no se sabe su paradero.

El dirigente cocalero Armin Lluta.

/ 20 de septiembre de 2021 / 14:11

Evelin Cossío, abogada de Armin Lluta, dirigente cocalero de los Yungas, informó a La Razón que tramitará una denuncia contra Elena Flores y otras personas acusadas de la toma de la toma de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) la madrugada de este lunes.

“Estoy haciendo las gestiones necesarias para formalizar la denuncia en contra de la señora Elena Flores y las personas que han sido identificadas anoche, se habría cometido el delito de porte de explosivos, asimismo quiero denunciar que los dirigentes me han comunicado que estas personas también portaban armas de fuego”.

Agregó que la mañana de este lunes cinco dirigentes de esa organización fueron arrestados por la Policía y conducidos al módulo policial de la terminal interprovincial de Minasa.

Cossío enfatizó que tomó contacto con dirigentes que se encontraban descansando el momento de la toma, quienes le informaron que cerca de la medianoche un grupo de 30 personas liderado por Flores arremetieron contra esa infraestructura de la zona de Villa Fátima utilizando cachorros de dinamita.

Entre los que se encontraban en el lugar estaba Lluta, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, dijo la abogada, quien teme que su defendido haya sido secuestrado.

Efectivos policiales con equipo antimotín se encuentran en la zona resguardando el edificio de Adepcoca para evitar enfrentamientos entre grupos afines a Lluta y Flores, ambos dirigentes de los productores de la hoja de coca de los Yungas.

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El Gobierno apunta a la ‘estabilización’ de los cultivos de coca en 22.000 hectáreas

En 2020, de 11.000 hectáreas programadas para la erradicación, apenas se llegó a 1.700, aseguró el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

/ 20 de septiembre de 2021 / 13:51

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, señaló este lunes que el Gobierno trabaja en lograr la «estabilización» de la producción de coca en no más de 22.000 hectáreas, tal como dispone la Ley General de la Coca.

En entrevista con el programa por streaming La Razón Radio, Mamani aseguró que cada año se proyecta un promedio de racionalización y erradicación de 11.000 hectáreas.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos acusó a Bolivia de no haber realizado los esfuerzos suficientes en la lucha contra el narcotrafico, y le «alentó» a que cuide los mercados legales de la hoja de coca y erradique la producción ilícita.

Este llamado de atención, aparte de ser rechazado por la administración del presidente Luis Arce, no comprende lo que en realidad pasa en la lucha contra el narcotráfico, dijo Mamani. «No puede haber reducción de cultivos de coca por arte de magia».

En promedio, en el país se erradica entre 8.000 y 11.000 hectareas. Si en el informe de la UNODC, apuntó Mamani, se dice que entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 15% de los cultivos, esto sobre todo fue por la falta de voluntad política del gobierno transitorio de Jeanine Añez. «En 2019, a los dos días del golpe de Estado, han paralizado las tareas de racionalización y erradicación de los cultivos de coca; ha faltado erradicar 1.800 hectareas de coca «.

Peor fue la situación en 2020, subrayó Mamani. «De las 11.000 proyectadas apenas han erradicado 1.700 hectáreas»; por eso, dijo la autoridad, la UNODC cataloga a lo sucedido en 202O como «uno de los peores» incrementos de cultivos en los últimos 10 años.

Por lo demás, Mamani apuntó que «el único organismo internacional reconocido (en el monitoreo de los cultivos de hoja de coca) es la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Para la gestión 2021, se proyecta la erradicación de 9.000 hectáreas, de las cuales se avanzó 6.240, detalló el viceministro.

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En audiencia, defensa de los militares bolivianos apela prisión preventiva en Chile

El abogado Christian Castro demandó que los efectivos sean liberados. La Fiscalía chilena pidió que se ratifique la detención ya que no hay elementos que refuten la imputación por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma.

Foto: RRSS

/ 20 de septiembre de 2021 / 13:33

Mediante una audiencia vía Zoom, la defensa de los tres militares bolivianos detenidos en la frontera con Chile el 8 de septiembre, demandó este lunes a la Corte de Apelaciones de Iquique la revocatoria de la decisión contra los uniformados imputados por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma.

El miércoles 8, los dos oficiales y un sargento (Jaime Herbas, Níger Ponce y José Bautista Carvajal) fueron aprehendidos, conduciendo tres vehículos a Bolivia, en el sector del Salar de Coipasa (Oruro). La versión chilena indica que la denuncia contra los efectivos es por robo y que dispararon a los carabineros que los interceptaron.

El Ministerio de Defensa de Bolivia, en cambio, señaló que más bien los militares estaban cumpliendo su labor de represión al contrabando, decomisando motorizados que se internaban ilegalmente al país desde suelo chileno, y que producto de los disparos de los carabineros hubo un oficial herido, trasladado a un hospital de Oruro.

En la audiencia, el abogado defensor Christian Castro pidió la revocatoria de la prisión preventiva y ratificó que los efectivos se encontraban en una misión, y calificó lo sucedido como un “incidente fronterizo”. Mientras que la Fiscalía chilena pidió que se mantenga la detención porque hay elementos que validan la imputación.

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Tras toma de sede, cocaleros de los Yungas anuncian bloqueos en tres provincias

Dirigentes acusan al grupo afín al MAS y se anuncia para esta tarde la posesión de los dirigentes elegidos en los comicios cuestionados por el sector de Armin Lluta.

Foto: Rodwy Cazón

/ 20 de septiembre de 2021 / 12:23

Tras la toma de su sede, ubicada en Villa Fátima, cerca de la Plaza del Maestro, la improvisada asamblea de los productores de coca de los Yungas decidió “suspender” actividades en las tres provincias donde se produce la hoja.

«Las bases han determinado que se suspende toda actividad en las tres provincias (Nor y Sud Yungas e Inquisivi)», señaló a la red Erbol el secretario de Conflictos de la Adepcoca, Noel Luna.

Adelantó que la movilización consistirá además en bloqueo de caminos en «tres puntos estratégicos», los cuales no quiso revelar «por seguridad».

En la madrugada de este lunes, aproximadamente a la 01.00, un grupo de al menos 40 personas tomaron las instalaciones de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

Al momento, la sede, ubicada en la zona de Villa Fátima, se encuentra resguardada por policías.

En un video difundido por radio Éxito, se escucha explosiones en cercanías del lugar, con alguien diciendo que “se están entrando por la puerta de arriba”.

El dirigente Salustiano Mamani, en declaración a radio Éxito, denunció el destrozo de puertas y ventanas. Atribuyó está toma al sector afín al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según el dirigente Freddy Blanco, la Policía tuvo una acción complaciente con quienes tomaron la sede cocalera.

Quienes habrían protagonizado la toma, según estos dirigentes cocaleros, son los partidarios de Arnol Alanes, quien ganó las últimas elecciones del sector de la Adepcoca cuestionado por la dirigencia encabezada por Armin Lluta.

De último se supo que en Kalajahuira, donde está la sede del sector cocalero del cual formarían parte quienes tomaron la sede, posesionarán al dirigente que ganó la cuestionada elección; se prevé que sea esta nueva dirigencia la que también tome juramento en la sede.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que hay seis detenidos entre los que resguardaban la sede, que en su intento de fuga habrían invadido predios del colegio Ave María, al lado de la Adepcoca, y que fueron denunciados por dependientes de la unidad educativa.

Aguilera, definiendo siempre el conflicto «entre privados», informó que hay dos grupos de policías tanto en la Adepcoca como en Kalajahuira.

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Manfred Reyes Villa recibe apoyo de sus seguidores y dice que el pueblo evitará su alejamiento

“Que no sea que en Cochabamba se inicie nuevamente la división del país cuando yo más bien siempre he pedido unidad”, dijo el Alcalde.

La concentración de los seguidores de Manfred Reyes Villa. Foto: @BoliviaUnidaInt.

/ 20 de septiembre de 2021 / 12:11

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió este lunes el respaldo de centenares de sus simpatizantes que salieron a las calles a expresarle su apoyo y aseguró que el pueblo no permitirá su alejamiento de la administración municipal.

“No, no me van a alejar, el pueblo no va a permitir, no me van a alejar”, manifestó Reyes Villa, después de que fue consultado sobre qué pasaría con el Gobierno Municipal de Cochabamba si logran sacarlo de su cargo.

La semana pasada se conoció que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación presentado por Reyes Villa para intentar frenar la ejecución de su sentencia de cinco años de cárcel por el caso “Sillar Alternativo” y ese hecho provocó que algunos sectores del oficialismo pidan la realización de nuevas elecciones en Cochabamba.

Sin embargo, ahora estoy recibiendo de la población “un apoyo sin fichas, un apoyo sin obligación de nadie, un apoyo sin que sea gente de la Alcaldía, sino de un municipio que está preocupado porque lo quieren sacar a su alcalde; (pero) nosotros siempre hemos estado hablando del debido proceso, imagínense, después de 13 años me quieren sentenciar en un juicio en el que ni siquiera nos hemos defendido”, agregó Reyes Villa.

El Alcalde considera “que es momento de recuperar el estado derecho en el país” y además cree que con una eventual ejecución de su sentencia solamente se podría afectar a Cochabamba y no precisamente a él.

“Entonces aquí estamos, o en el país va a haber estado de derecho y se va a respetar la justicia o en el país simplemente va a estar el Poder Judicial ahí de adorno y va a ser totalmente instrumentalizado (haciendo) daño a la democracia de Bolivia; que no sea que en Cochabamba se inicie nuevamente la división del país cuando yo más bien siempre he pedido unidad”, afirmó.

Entretanto, el domingo, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, descartó la posibilidad de que el alcalde de Cochabamba pueda lograr eludir su sentencia condenatoria.

“Esta sentencia de 5 años de privación de libertad, no lo ejecuta Sucre, debe volver a Cochabamba y el Juez de Ejecución terminará emitiendo el mandamiento de condena. De acuerdo a la Ley de Marcelo Quiroga (contra la corrupción) no existen posibilidades de no cumplir la pena en este tipo de delitos”, sostuvo Lima.

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