Nacional

sábado 4 jul 2020 | Actualizado a 08:50

Amnistía Internacional exige al Gobierno respetar la independencia judicial y dejar de hostigar a opositores

En una Declaración Pública de este viernes, la entidad internacional de defensa de los derechos humanos reclama la “arbitrariedad” por parte del Gobierno de la detención del juez Hugo Huacani, y deplora el hostigamiento y amenazas a opositores por parte de las autoridades del Ejecutivo.

/ 29 de mayo de 2020 / 15:13

El emblema de Amnistía Internacional

Por Iván Bustillos

Mediante una Declaración Pública emitida este viernes 29 de mayo, Amnistía Internacional (AI) “hace un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno a respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar a opositores políticos o a personas percibidas como tales, ya sea a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones”.

Como causa de este reclamo, la institución internacional de defensa de los derechos humanos en primer lugar se refiere a la detención, el 22 de mayo, del juez Hugo Huacani, aprehendido por la Policía poco antes de empezar la audiencia del proceso legal contra los implicados en la compra con presunto sobreprecio de respiradores para la atención de pacientes con COVID-19.

AI recuerda que luego de que la Fiscalía Departamental de La Paz negara que haya dado la orden o haya participado en la detención del juez Huacani, solo el 24 de mayo el Ministerio de Gobierno admitió que fue éste el que dispuso dicha detención.

“El 24 de mayo, el Ministerio de Gobierno admitió en un comunicado haber ordenado su detención (del juez Huacani) por estar en desacuerdo con la decisión del juez de cesar la prisión preventiva de otra persona, procesada en un caso de terrorismo que se sigue contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana”, destaca AI en su declaración.

Es este hecho que la institución internacional deplora en el proceder del Órgano Ejecutivo: “Amnistía Internacional considera que la detención del juez Huacani fue arbitraria por estar fundada en el mero desacuerdo de autoridades gubernamentales con una decisión judicial”.

En el comunicado a que alude AI, en relación a la detención del juez Huacani, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno justifica que tanto dicha Dirección como la Policía actuaron “ante un hecho de flagrancia conforme los artículos 237 y 230 del Código de Procedimiento Penal”, y que actuaron “en el marco de la legalidad, encontrándose el presente caso en investigación”. Para el Ministerio de Gobierno, señala su comunicado, la decisión del juez Huacani de cesar la detención preventiva fue “solo con el argumento de los plazos”, y que esto “abre la posibilidad de que se liberen muchos detenidos en situación similar”.

Declaración pública

Aparte de protestar por lo “arbitrario” de la detención del juez, Amnistía Internacional demanda que la Fiscalía General del Estado realice una investigación sobre el hecho y lleve a los responsables, “a las personas sospechosas de responsabilidad penal, ante la justicia”.

Pero en su Declaración Pública, AI también deplora “los hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos o a personas percibidas como tales” que el Gobierno aún estaría haciendo. Se refiere específicamente a la declaración que el 23 de mayo hizo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en relación a los ascensos en las Fuerzas Armadas, cuando dijo que la Asamblea Legislativa “está cometiendo un grave delito”, al tratar de “perjudicar a los militares”, y cuando directamente advirtió a los legisladores: “Pero lo que sí deben saber los de la Asamblea, que son pasibles a un juicio por incumplimiento de deberes. Tiene cárcel. Cuidado. Y los diputados y senadores no tienen inmunidad diplomática: Cuidado que mañana estén en la cárcel y digan que es persecución política”.

Este último hecho, señala AI, se suma a otros que con anterioridad denunció como violaciones a los derechos humanos, como las acusaciones de “desinformar” sobre la pandemia del COVID-19, la detención de “67 actores políticos” (declaración del ministro Murillo) acusados de participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual” contra el gobierno, o el propio Decreto Supremo 4200 que en su artículo 13.II señala que serán procesados por delitos contra la salud pública (con penas de 1 a 10 años) quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”.

Por estos reclamos, informa AI, el 26 de mayo de 2020 recibió una carta pública del Gobierno boliviano, firmada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Manuel Suárez Ávila. En la misiva, dice AI, el Gobierno le acusa de “tendenciosa” y de desconocer la actual coyuntura y normativa boliviana y, en referencia a la detención de los “67 actores políticos”, que se habría respetado el debido proceso.

Aquí, AI hace notar que el Gobierno “no proveyó información solicitada por la organización, “es decir, una respuesta a si los procesos penales contra estas personas estuvieron motivados por el artículo 13.II del decreto 4200, los hechos atribuidos a ellas y las circunstancias de sus detenciones, incluyendo información básica como fecha, hora y lugar en que ocurrieron, además de la autoridad que las realizó”.

Para AI es “preocupante” el “ambiente de hostigamiento y amenaza” a opositores o a personas percibidas como tales. Preocupación porque “tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”.

Esto, remarca AI, puede deteriorar la democracia en el país: dicho ambiente de hostigamiento “puede ser percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenacen o censuren opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad”.

(29/05/2020)

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Expertos coinciden en la viabilidad de las elecciones, insisten en la responsabilidad compartida

De casi 80 elecciones de diverso tipo que deben haber este año en el mundo, 21 ya se realizaron en medio de la crisis sanitaria, 22 ya tienen fecha de realización y 36 aún están por definirse.

/ 29 de junio de 2020 / 20:41

Una persona emite su voto en las pasadas elecciones.

Por Iván Bustillos

En el conversatorio “Experiencias electorales comparadas durante el Covid-19: Desafíos para la elección en Bolivia”, organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) la tarde de hoy lunes, tres expositores de otros países coincidieron en señalar la viabilidad de las elecciones aún en medio de la actual crisis pandémica por el coronavirus; insisten no sólo en las debidas medidas de bioseguridad que se deben tomar, sino en la responsabilidad compartida de autoridades y ciudadanía para el éxito del proceso electoral.

El conversatorio vía internet, que estuvo moderado por el periodista Raúl Peñaranda, contó con la participación del español Rafael López Pintor doctor en Ciencia Política y Derecho; del uruguayo  Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Ururguay; y, del dominicano Carlos Pimentel, director de la institución Participación Ciudadana de República Dominicana. Por Bolivia, participó del conversatorio el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

Para principalmente plantear sus dudas acerca de elecciones en medio de la pandemia, también fueron partícipes del encuentro delegados de los partidos habilitados  para pugnar en las elecciones del 6 de septiembre.

Una vez que en el mundo este año estaban programadas casi 80 elecciones, entre presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, se informó en el conversatorio, 21 ya se efectuaron, 22 si bien fueron pospuestas ya tienen fecha,  y 36 aún están por definirse.

En las elecciones ya efectuadas, ilustró el español López Pintor, en ningún caso, se tuvo evidencia, dijo, de que el acto electoral haya mostrado una incidencia significativa en la curva de evolución de la pandemia.

Asimismo, el doctor en Ciencia Política remarcó que el tema de las elecciones hay que ubicarlo también en la necesidad democrática de las elecciones, y señaló que el valor de la elección  es más alto en la medida en que resuelve una situación especial de salida política a determinada crisis anterior. De aquí  que se deba hablar, insistió, en la responsabilidad compartida ya no sólo de las autoridades y los partidos políticos para que la elección sea exitosa, sino también de la ciudadanía, en su participación.

Al respecto, aludió a un hecho singular para Bolivia: dijo que mientras que en muchos países la media de votantes por mesa está entre 400 y 600 personas, en el país es de 200, y eso es una relativa ventaja en la actual pandemia; añadió que incluso el hecho de que el día de la elección se interrumpa el transporte público y la gente acuda a pie a votar es algo que se puede aprovechar para aminorar el riesgo de contagio.

En el caso uruguayo, que tuvo que posponer sus elecciones municipales del 10 de mayo al 27 de septiembre, el vicepresidente de su Corte Electoral, el señor Penco, remarcó que en todo  momento hubo el pleno consenso de los partidos, y que esto facilita en gran medida las acciones de bioseguridad que se están tomando para tener una elección con el menor riesgo.

Refiriéndose a la campaña electoral en plena pandemia, Penco enfatizó en la necesidad que tienen los partidos de adaptarse a las nuevas condiciones del debate político.

Por su lado, el experto dominicano Carlos Pimentel, que en los días que vienen tendrá su elección presidencial, remarcó que en su proceso electoral, que fue interrumpido por la crisis sanitaria, lo que ahora se busca, además de garantizar la salud de los electores es garantizar los derechos políticos, pues de la elección en curso depende la resolución de la situación política de su país.

Entre las medidas prácticas, dijo, por ejemplo, que República Dominicana no se vio muy prudente aumentar el número de recintos electorales por el riesgo que eso significaba en el tema sanitario. En cuanto que merme la asistencia de los jurados electorales, Pimentel, dijo que a las excusas que normalmente se tienen para su no asistencia, ahora hay que añadir la urgencia de la crisis sanitaria, pero que eso es posible subsanar.

En cuanto a la experiencia boliviana, el vocal Salvador Romero insistió en que el principio, en todos los casos expuestos, es que al tiempo de cuidar el ejercicio del derecho a la salud de la ciudadanía, es lo mismo necesario velar por el ejercicio de sus derechos políticos. Enfatizó que en el TSE y en los Tribunales Departamentales se está llevando a cabo la actualización del padrón electoral.

Como una síntesis del encuentro, la vicepresidenta del TSE, María Angélica Ruiz, concluyó en que los expositores enfatizaron en que el desafío de todos en las elecciones es ejercer el derecho al voto de manea segura; y que no es adecuado confrontar derechos a la salud y los políticos, sino de armonizarlos.

Y que las actuales condiciones requieren que nos reinventemos, que se debe ser creativos, pero tampoco actuar de manera improvisada.

(29/06/2020)

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El Cejis envía informe a Naciones Unidas sobre la situación vulnerable de los indígenas frente al COVID-19

En las acciones que llevan adelante los distintos niveles del Estado contra la pandemia se deja de lado las demandas y necesidades de los pueblos originarios de tierras bajas del país, reclama la institución.

/ 26 de junio de 2020 / 19:28

Mujeres indígenas de tierras bajas

Por Iván Bustillos

El jueves 25, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) envió al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, un informe que describe, asegura, “el estado de abandono y vulnerabilidad en el que se encuentran los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia ante la presencia de la pandemia del coronavirus”.

En su informe, detalla el Cejis, da cuenta de cómo las acciones emprendidas por los distintos niveles del Estado contra el coronavirus, dejan “al margen el catálogo de derechos que tienen garantizados los pueblos indígenas” tanto en la Constitución boliviana como en la norma internacional.

“La crisis sanitaria por la presencia del COVID–19 ha sido y es gestionada desde el nivel central del Estado sin considerar al mundo indígena y rural, lo cual pone a estas colectividades en una situación de total indefensión y ante el serio riesgo de extinción y etnocidio”, resalta ante la ONU la institución.

Hasta el jueves, los casos de Covid acumulados en Bolivia llegaron a 28.503. De los 58 territorios indígenas que hay en las tierras bajas de Bolivia, 49 están amenazados por la presencia de coronavirus en las capitales de los municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, según el seguimiento que hace de la crisis sanitaria el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Cejis.

En el Informe al relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Cejis reclama que algunas medidas de carácter económico y productivo dictadas por el gobierno transitorio, aparte de ser inconsultas con las comunidades originarias, más bien “les afectan de manera directa”.

Algunas de estas normas son, detalla, los decretos: 4229, que permiten el desarrollo de actividades vinculadas a los sectores industrial, manufacturero y agropecuario, y a las actividades del sector minero; 4245, que amplió la autorización para el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal y explotación maderera. También la Resolución Multi-Ministerial 01/20, que autorizó la reanudación de actividades mineras en el territorio nacional; y, el decreto 4232 que, de manera excepcional, autorizó el establecimiento de procedimientos abreviado para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos.

“A pesar de que en Bolivia gran parte de estas actividades productivas se desarrollan en los territorios indígenas, en las normas promulgadas no se dispuso la implementación de protocolos específicos para su implementación”, explican en el documento.

El abandono de los pueblos indígenas en las tierras bajas de Bolivia, remarca el Cejis, se evidencia en que no se considera el derecho colectivo que tienen estas comunidades, al no consultarles sobre las políticas contra la pandemia; en salud, que no se respondió sus varios pedidos de dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud para enfrentar la pandemia; que no hay un registro epidemiológico desagregado por autoidentificación étnica; en comunicación, cuando no se trabajaron campañas específicas de información sobre la pandemia en los idiomas de los pueblos reconocidos en la Constitución.

En el ámbito económico, durante la cuarentena no se restringió el desarrollo de las actividades extractivas en los territorios indígenas, poniendo en riesgo a estas colectividades; y en Educación, porque el acceso a internet en los territorios es inexistente y las condiciones técnicas hacen difícil el avance de las materias, denuncia el Cejis en su documento enviado a la ONU.

(26/06/2020)

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Informe Mundial de Drogas 2020: en 2018 0,6% de la población boliviana consumía cocaína

Dicho porcentaje equivale a casi 42 mil personas consumidoras de cocaína, y cerca de 14 mil que consumían pasta base en 2018.

/ 26 de junio de 2020 / 16:49

Droga incautada por la FELCN

Por Iván Bustillos

El Informe Mundial de Drogas 2020 estima que en 2018 alrededor del 0,6 por ciento de la población entre 15 y 64 años eran consumidores de cocaína y 0,2 por ciento consumieron pasta base de cocaína. Esto, cuando en América del Sur se calcula que 2,8 millones de personas, o casi el 1% de la población de 15 a 64 años eran consumidores de cocaína en ese año.

Cuando en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población boliviana entre 15 y 64 años era 6.963.183 personas (siendo la población total 11.307.314), el 0,6% apuntado por el Informe equivale a 41.779 bolivianos consumidores de cocaína. En el caso de quienes consumían pasta base, el 02% de la población entre 15 y 64 años señalado por el Informe significa 13.926 personas.

El consumo de cocaína y pasta base de cocaína en 2018 aumentó desde la encuesta más reciente de 2014, con un aumento en la pasta base de cocaína más pronunciado que el de la cocaína, concluyó el Informe presentado hoy, 26 de junio, por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) en Bolivia, según la nota de prensa de UNODC en el país.

El Informe, que fue presentado junto con el Ministerio de Gobierno y el Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), determinó que el consumo de cocaína en Bolivia fue más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. Este consumo fue mayor entre las personas de 16 a 24 años que en otros grupos de edad.

En relación al cultivo de la hoja de coca, pese a la tendencia general descendente de 2008 a 2013, este último año dicho cultivo se incrementó gradualmente. En 2018, destaca el Informe, sin embargo, se ha registrado una superficie mundial de cultivos de 244.200 hectáreas lo que significa la disminución de un 0,5 % en comparación a 2017.

En Bolivia, en 2018, el cultivo de coca disminuyó en 5,7 % en comparación con 2017: la superficie cultivada se redujo en 1.400 hectáreas (ha), de 24.500 ha en 2017 a 23.100 ha en 2018.

Asimismo, la producción de global cocaína durante la gestión 2018 según el Informe alcanzó sus máximas cifras con 1.723 toneladas. El 2018 llegó a su nivel histórico más alto y se estima que la fabricación se ha duplicado entre el 2014 y 2018, un aumento global del 4,6% con respecto a 2017.

Las incautaciones de cocaína en el mundo llegaron a 1.311 toneladas, registrando un aumento del 2,3%, con relación a 2017. El 86 % de la cocaína incautada en 2018 se encontró en las Américas, sobre todo en América del Sur, con un 55%, donde tiene lugar la producción y, cada vez más, el consumo, concluye el Informe de la UNODC.

La cocaína producida en Sud América utiliza diversas rutas y fronteras. Entre otros, describe el Informe, la droga pasa por Perú, Bolivia y Brasil con destinos finales en Europa o continuando el tránsito por África Occidental. El tráfico de cocaína desde América del Sur que pasa por Perú, Bolivia y Brasil tiene como destino a España y Portugal, como puerta de ingreso hacia los mercados de Europa Occidental y Central.

Entre 2018 y 2019, en Sud América las incautaciones de marihuana constituyen 43 % de las incautaciones globales, en el caso de la cocaína se trata del 55 %.

Mundo

El Informe señala, destaca la nota de prensa de UNODC, que alrededor de 269 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo en 2018, un 30% más que en 2009, mientras que más de 35 millones de personas padecen trastornos por consumo de drogas.

El Informe también analiza el impacto de COVID-19 en los mercados de drogas, y aunque sus efectos aún no se conocen por completo, las restricciones fronterizas y de otro tipo relacionadas con la pandemia han causado escasez de drogas en las calles, lo que ha provocado un aumento de los precios y una reducción de la pureza.

El aumento del desempleo y la reducción de oportunidades causadas por la pandemia también pueden afectar desproporcionadamente a los más pobres, haciéndolos más vulnerables al consumo de drogas y también al tráfico y el cultivo de drogas para ganar dinero, dice el Informe.

Las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 alteraron no solo la economía global sino también el mercado mundial de drogas, hace notar la UNODC. Las rutas tradicionales han tenido que modificarse debido a la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras. Los narcotraficantes buscan nuevas rutas y métodos, ampliando las actividades a través del Internet y los envíos por correo.

(26/06/2020)

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Susana Sottoli: ‘Electoralizar el país para su pacificación duradera’

La ONU apoyará al TSE en las medidas de bioseguridad para las elecciones del 6 de septiembre

/ 26 de junio de 2020 / 15:49

El 22 de noviembre de 2019, el Gobierno de transición, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la Conferencia Episcopal de Bolivia y el enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas, Jean Arnault, suscribieron un acuerdo de diálogo para “superar la crisis, proteger la vida, contener y prevenir la violencia, velar por el respeto a los derechos humanos, promover el diálogo y asegurar la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo al más breve plazo posible”.

La semana pasada, el 18 de junio, el Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas firmaron el proyecto “Apoyando el diálogo y los derechos humanos para la construcción de paz en Bolivia”. Con este último convenio, señala la nota de prensa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se busca concretar el acuerdo de noviembre: implementar “la Iniciativa para la Consolidación de la Paz para Bolivia, diseñada por el Enviado Personal del Secretario General y el Sistema de las Naciones Unidas, con base en el gran consenso nacional forjado en noviembre de 2019 sobre la necesaria electoralización del país como eje principal de su pacificación duradera”. Este electoralizar para pacificar sigue siendo el eje del apoyo de Naciones Unidas, asevera la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (la máxima autoridad del organismo en el país), Susana Sottoli.

—¿En qué medida la reciente firma del proyecto completa la iniciativa de noviembre de 2019?

—El proyecto completa, implementa, operacionaliza la iniciativa de Naciones Unidas de noviembre de 2019. Refleja uno de los mandatos centrales de Naciones Unidas para promocionar un clima de paz, de un diálogo constructivo para la gobernabilidad y el apoyo decidido a la construcción de una agenda de desarrollo con inclusión. El proyecto viene de un momento especial e intenta responder a la consolidación del escenario de salida institucional de la crisis de noviembre del año pasado; por tanto, refleja el compromiso del Sistema (de Naciones Unidas) con la solución de la crisis del año pasado, cuya base fundamental es, creemos, la consolidación de la institución democrática en el país.

Susana Sottoli , coordinadora Residente. Foto: Oswaldo Aguirre

—¿Se mantiene aquello de electoralizar el país para pacificarlo?

—El proyecto parte de la base de que un proceso de reconciliación, de construcción de una visión compartida del futuro y atención al bien tan valioso como es la democracia, no puede entenderse sin abordar y apoyar el respeto de la decisión de los y las bolivianas en las urnas. La idea de electoralizar el país como eje de una pacificación duradera sigue siendo el eje de este proyecto. Sin embargo, quiero comentar también que el horizonte de actividades de apoyo del Sistema de Naciones Unidas al país va mucho más allá del hito electoral, pretende apoyar todo un proceso de transición de gobierno, que incluye apoyar la definición de espacios de diálogo y la asistencia técnica para una agenda de desarrollo de mediano plazo y recuperación pospandemia COVID-19.

—Un elemento central, está en ambos documentos, es promover el diálogo, con los sectores sociales, entre partidos.

—La mesa de noviembre de 2019 respondía a un momento sumamente crítico, en términos de riesgo de ruptura institucional, social, violencia, etcétera. Entonces, el diálogo que plantea el proyecto (2020) y que supone una continuidad con aquel momento, requiere de un esfuerzo de abrir espacios de acuerdos mínimos que reencaucen la vía institucional; y los acuerdos que en ese entonces ya se establecieron no tenían la ambición de ampliar la agenda; sin embargo, siete meses después, es claro que se vislumbra un espacio un poco mayor para afrontar temas que van más allá de las urgencias de fines de 2019.

—¿Temas más allá de lo electoral?

—Según sondeos que realizó Naciones Unidas, existe una percepción de la opinión pública que identifica una serie de asuntos de suma importancia para el futuro de Bolivia, el más allá de lo electoral: obviamente el fortalecimiento del sistema de salud, pero también la respuesta a la crisis económica, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, y, por supuesto, la generación de condiciones para elecciones transparentes.

—¿Cómo va a ser el diálogo con los partidos políticos?

—En el caso de los partidos, y particularmente para afianzar la confianza del proceso electoral y recuperar la legitimidad del Órgano Electoral, ya se viene ejecutando el programa Diálogos Electorales, que busca promover espacios de diálogo político multipartidario y de deliberación democrática con organizaciones también de la sociedad civil. Para este propósito, se constituyó una mesa de diálogo multipartidaria, como un espacio de coordinación, transparencia y cooperación entre el TSE (Tribunal Supremo Electoral) y las fuerzas políticas; esto se replica con los tribunales departamentales, y básicamente se trabaja en temáticas como promover cultura de paz, establecer un código de conducta para celebrar elecciones democráticas y pacíficas, cuidando la salud pública, en el contexto de COVID-19, y fomentar el compromiso de aceptar los resultados electorales. También tiene que ver con coordinar e informar sobre el calendario electoral, el padrón electoral, el sistema de la cadena de custodia, la jornada electoral, la seguridad sanitaria. También el análisis temático del proceso electoral, por ejemplo, compartir experiencias internacionales de elecciones en el contexto de COVID, derechos y participación política de mujeres, de pueblos indígenas; todo el tema de campaña y la capacitación de los partidos en control electoral.

—¿Todo esto ya está funcionando?

—Exacto. Nosotros ya habíamos empezado con esta iniciativa como un momento de continuidad de todos los trabajos de fines del año pasado y de principios de éste, antes de la crisis del COVID-19. Obviamente, eso ha supuesto seguir algunas acciones de manera virtual, pero también cuando se suspendió el calendario electoral hubo que hacer ajustes para acompañar esa decisión. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero tanto del Estado como del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, y el Fondo de la Consolidación de la Paz del Secretario General, además de socios bilaterales como la Embajada de Suecia, la Unión Europea, la embajada británica y la cooperación de Canadá. Refleja el compromiso de la cooperación internacional con el proceso electoral y democrático en el país.

—En noviembre de 2019, un tema central del acuerdo fue investigar los hechos posteriores al 20 de octubre, las muertes, que solo esclareciendo aquello y haciendo justicia, se puede hablar de sanar las heridas.

—Yo veo dos aspectos en esa pregunta. Uno, que corresponde a las instituciones del país que deben investigar los sucesos ocurridos en octubre y noviembre. Son éstas que tienen que avanzar en ese sentido, y hay algunos elementos que estamos viendo que han avanzado. El otro aspecto, de sanar las heridas, es muy complejo, porque supone un proceso de reconciliación social, político, más complejo, que puede o no ser paralelo al proceso de indagación y resolución del conflicto político. Ahí es donde este proyecto apuesta a seguir trabajando. Fortalecer a la autoridad electoral para generar mayor confianza en la ciudadanía, para establecer que es prioritario e imperativo que la ciudadanía tenga la certeza de que este Órgano Electoral va a organizar unas elecciones inclusivas, transparentes y con todas las garantías de bioseguridad. No se puede desconocer que éste es un contexto muy complejo para llevar adelante elecciones; Bolivia no es el único país que lo va a hacer, existen experiencias internacionales que pueden ayudarnos; y la otra vía es facilitar el diálogo, establecer puentes, acuerdos mínimos tanto a nivel multipartidario como a nivel ciudadano.

—Está instalado el temor de elecciones en plena pandemia, el riesgo de ausentismo.

—Nosotros vamos a apoyar al TSE en todo lo que signifique recomendaciones de medidas de bioseguridad, con el concurso de algún comité científico que el Tribunal va a constituir, según declaraciones de su presidente, Naciones Unidas va a apoyar en la constitución y funcionamiento de este comité; también teniendo la observación y asesoramiento puntual de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS (Organización Mundial de la Salud). Estamos haciendo todo lo posible por poner al servicio del Tribunal y del país todo la expertice para tomar las mejores medidas biosanitarias y de bioseguridad para la población. Me gustaría aclarar que nosotros confiamos en la capacidad tanto de la autoridad electoral como de los otros poderes del Estado en tomar las decisiones más adecuadas para garantizar, por supuesto, la vida y la salud de la población, así como el derecho de la población a ejercer el voto para culminar el proceso de reinstitucionalización del país.

—¿El cronograma de todo esto?

—Se ha venido trabajando desde principios de este año, acompañando, al ritmo de lo que está aconteciendo en el país. Cuando se suspendió el calendario electoral, acompañamos esa pausa; nosotros nos vamos a ir aparejando, alineando, a las decisiones institucionales, sea del Tribunal, sea de la Asamblea Legislativa, sea del Poder Ejecutivo. Dependemos de ese calendario. El plazo formal de este proyecto es de 18 meses; estamos apoyando más allá de las elecciones nacionales; la idea es continuar en el ámbito postelectoral, porque para nosotros el marco más amplio de esta iniciativa tiene que ver con nuestro trabajo de apoyo al país para acelerar el avance hacia la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable que es una agenda importantísima para todos los países; queremos ligar los procesos electorales, políticos, con una agenda sustantiva que avance en los objetivos de salud, de empleo, de educación, de combate a la pobreza, que son todos los objetivos que forman parte de la Agenda 2030.

—Se ubica en ese marco mayor toda la cooperación de Naciones Unidas.

—Claro que sí. En toda nuestra colaboración, esa es la plataforma más amplia que subyace a nuestros esfuerzos que han estado presentes antes de las crisis del año pasado, durante y tendrán que seguir más adelante también.

Susana Sottoli. Como Coordinadora Residente, es la máxima autoridad de Naciones Unidas en Bolivia. Llegó al país en febrero; cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo de desarrollo, incluidos 18 años con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Datos

Nombre: Susana Sottoli

Profesión: Maestría en Sociología y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Perfil

Trabajó como investigadora y consultora en Estados Unidos, Europa y América Latina en temas como pobreza, igualdad de género y protección social, entre otros.

Iván Bustillos
es periodista de La Razón

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Áñez decide promulgar la ley de elecciones y dice que lo hace ‘presionada’ por Mesa y el MAS

Lo hizo con tres aclaraciones: que nunca tuvo la intención de prorrogarse en el poder, que el gobierno ayudará en una elección sin riesgo, y que los comicios sean una “oportunidad para unirnos”. Reclamó que firma la ley “presionada”.

/ 21 de junio de 2020 / 21:45

La presidenta Jeanine Áñez emitió un mensaje a través de un video. Foto: ABI

Días después de anuncios contradictorios, de que primero aceptaba la decisión y luego dar a entender que no, la noche de este domingo, finalmente la presidenta Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley que fija elecciones el 6 de septiembre, sancionada el 9 de junio por la Cámara de Senadores.

La decisión sucedió a la reunión que la mandataria sostuvo la mañana de este domingo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien, con el apoyo de Naciones Unidad, la Unión Europea y la Iglesia Católica, además del consenso con las principales fuerzas políticas, había planteado el proyecto de ley y el rango de la fecha.

A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la Ley 691, foliada así en el Órgano Legislativo, pero bajo tres reparos.

“Voy a promulgar la ley convocando a elecciones el 6 de septiembre, pero antes déjenme decir tres cosas claras sobre este tema. Nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron, al llegar a este puesto, fue convocar a elecciones presidenciales para superar la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral”, señaló en primer lugar.

El segundo aspecto que señaló la mandataria fue que “el Gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio”. Aquí, volvió a fustigar a sus mayores oponentes políticos: “Quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa, que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que haya elecciones en plena pandemia”.

Y, en tercera instancia, luego de aseverar que en este momento “los hogares no están pensando en elecciones ni en política ni en campañas”, sino en “la falta de ingresos, por la falta de trabajo y la falta de empleo”. Llamó a la unidad: “que entre todos hagamos de esta elección la oportunidad para unirnos y avanzar en la solución de estas tres necesidades de la gente; unirnos para reconstruir una Bolivia democrática, impulsando entre todos la recuperación de la economía y del empleo en todo el país y unirnos por la salud; con estas reflexiones, promulgó la ley”.

Añez promulgó la ley luego de 12 días de sancionada; el miércoles 24 acababa el plazo para este consentimiento presidencial; de no hacerlo, iba a ser la titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, quien la promulgaría.

La mandataria en su mensaje no dejó de remarcar las “presiones” que habría sufrido por parte “del candidato Carlos Mesa y otros políticos” exigiéndole elecciones el 6 de septiembre, “exigiendo elecciones en plena pandemia”, como lamentó.

Vaivenes

La promulgación de la norma ocurre después de idas y venidas de Áñez y su gobierno respecto de promulgar o no la referida norma.

Ya el 2 de junio, cuando el TSE anunció el acuerdo político para las elecciones hasta el 6 de septiembre, la Presidenta había asegurado que “Bolivia debe tener la certeza (de) que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.

Al día siguiente de la remisión de la norma desde el Senado, el 10, a nombre de la mandataria, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se adelantó en decir que la Presidenta firmará la norma, aunque pidió al TSE y al Movimiento Al Socialismo (MAS) hacerse responsables públicamente de las eventuales consecuencias de las elecciones en la salud de los bolivianos.

Luego, a pesar de haber dicho el día de Corpus Christi (11 de junio) que acatará la disposición del TSE, al día siguiente nuevamente dio un giro al enviar una carta a Copa para pedirle un “estudio” que avale la nueva fecha de los comicios: “Le pido que me haga llegar usted el estudio médico y científico (el estudio epidemiológico) en el cual se basa su decisión y la del MAS para impulsar elecciones el 6 de septiembre”, escribió.

Aquí, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez era prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones.

Con el pedido del “informe científico”, el gobierno de Añez instaló un conflicto de poderes. El MAS aclaró que a quien debería pedir un informe Áñez es al presidente del TSE, debido a que fue el órgano que rige el que sugirió la fecha. Y Copa aseguró que mientras no sea promulgada la Ley 691, la Ley 1297, que fija un plazo tope hasta el 2 de agosto, es la que estaría vigente.

Este domingo, finalmente se cerró el asunto. Este acto coincidió con los “petardazos” que desde hace dos meses, cada domingo, propician movimientos ciudadanos y políticos, como el MAS, para reclamar elecciones.

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