El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) afirmó que el gobierno de Evo Morales y el entonces alcalde de La Paz, Juan del Granado, debieron consolidar una nueva cárcel en Següencoma (zona sur de La Paz), planificada en 2005 durante su gobierno transitorio.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, recordó que aquel año la preocupación del Órgano Judicial era el hacinamiento en las cárceles. Por ello, se reunió con Del Granado para construir una nueva cárcel en la ciudad.  “Fue uno de los primeros actos que realicé”, contó.

Recordó que, luego de su reunión con Del Granado, se logró sanear la titulación del derecho propietario de la cárcel de San Pedro en favor del Ministerio de Gobierno y forjar un acuerdo con la Alcaldía para que ese predio se convierta en un área verde.

Develó que el nuevo terreno para la nueva cárcel contaba con ocho hectáreas, aproximadamente. “Estos terrenos deben seguir. Iba a ser en Següencoma, era un área de equipamiento urbano”.

“Emití dos decretos facilitando la operación de traspaso del derecho propietario en favor del municipio y el municipio comprometiéndose a dotar esta área de equipamiento para una cárcel”, aclaró.

Afirmó que, incluso, el Órgano Ejecutivo, en 2005, consiguió el financiamiento y condiciones para trasladar la cárcel de San Pedro. Evo Morales asumió la presidencia el 22 de enero de 2006, tras ganar las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005.

Rodríguez aseguró que el proyecto debió ser ejecutado y consolidado por Morales y Del Granado, quien era aliado y tenía participación en su gabinete. “Además, era una actuación administrativa que caía de madura”.

“Había forjado todos los pasos necesarios”, añadió.

Lamentó que nunca se explicó por qué se dejó sin efecto o no se ejecutó el proyecto. “Hay un silencio absoluto y, ahora, las cárceles no responden a ese requerimiento constitucional”. En su criterio, la crisis en las cárceles responde a una ausencia de política criminal.

En los últimos días, llamó la atención la construcción de una edificación de tres pisos dentro de la cárcel de San Pedro para paliar el hacinamiento. Rodríguez lo calificó de “monumento a la vergüenza”.

Aseveró que la cárcel de San Pedro está desatendida por el Estado y que fue diseñada para 350 personas, cuyo lugar ahora se encuentra “totalmente” hacinado. “Si hay un ámbito de vulneración a la dignidad humana, son las cárceles en Bolivia. Es una vergüenza a la dignidad humana”.

Afirmó que el Estado desatendió su mantenimiento y, por ello, se convirtió en un centro que alberga alrededor de 4.000 reclusos sin contar a los efectivos policiales y personal. “Está en un estado calamitoso”, insistió.

Informó que el porcentaje promedio de hacinamiento en cárceles en Bolivia es de 450%. “San Pedro duplica” aquella cifra. 

Lamentó que la cárcel de San Pedro, ubicada en una zona privilegiada de La Paz, no es el único centro penitenciario hacinado y en “deprimentes” condiciones, sino también la cárcel de San Sebastián en Cochabamba.

“Está en una situación similar la cárcel de San Sebastián”, dijo.

Recomendó al Gobierno trabajar en una política de lucha criminal con el fin de actualizar proyectos de prevención del delito.

Lea también: Rodríguez Veltzé: ‘Otra razón para rechazar la autoprórroga’, el fallo a favor de Marinkovic

Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes del grupo abatido en la intervención del hotel Las Américas en 2009, dijo que el proceso que abrió el Estado contra los responsables de esa violenta acción policial “es un examen” para la Justicia del país.

“Es un examen para la Justicia boliviana ese. Ese caso lo van a vigilar la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y (otros) organismos internacionales. Dependiendo de esas actuaciones, va a tener una nota la Justicia boliviana: que ha fallado o pasado ese examen; ojalá pase ese examen y tengamos justicia”, dijo en entrevista con el programa Poder Medios y Miedos.

El pasado sábado, Tóásó y Mario Tadic, el otro sobreviviente, informaron sobre el caso que se investigará en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en Santa Cruz.

Según afirmaron, se investigará “violaciones de derechos humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas; tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”.

Tóásó y Tadic fueron capturados el 16 de abril de 2009 en el mismo operativo en Santa Cruz contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

En su justificación, la administración del entonces presidente Evo Morales fue que esas y otras personas formaban parte de un complot que pretendían un magnicidio y el separatismo de Santa Cruz.

Elöd Tóásó

En los hechos, Morales, a su llegada a Venezuela, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

“Es uno de los errores judiciales más grandes que se ha cometido en las últimas décadas. Tengo la esperanza que la Fiscalía va a hacer un trabajo eficiente y efectivo; sin ninguna mala intención y, a los culpables, los van a llevar ante un juzgado, añadió Tóásó.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, Tóásó dijo que ese caso “estén reserva” y que no puede brindar mayor información; sin embargo, tiene “mucha esperanza” por la resolución de ese proceso.

“Nosotros vamos a hacer una jurisprudencia y miles de bolivianos van a tener derecho demandar al Estado boliviano para que resarzan sus daños”, complementó.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, denunció este miércoles que el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, llegó a esa ciudad a “dar instrucciones a su grupo de choque”, a días del congreso convocado por el Pacto de Unidad para mayo de este año.

“Este grupo está acostumbrado a planificar disturbios. Estamos a unas semanas del congreso del MAS en la ciudad de El Alto, el 3, 4 y 5 (de mayo), y viene semanas antes a dar instrucciones a sus grupos de choque”, dijo a los medios.

La alcaldesa alteña dijo que a los ciudadanos alteños “no les preocupa” la llegada a o no de Morales, sino que su prioridad es generar recurso a través del comercio y otras actividades económicas.

Actualmente, existen dos convocatorias vigentes para el congreso del MAS. Una de ellas, propiciada por la directiva nacional del MAS, liderada por Morales, tiene previsto el encuentro para el 10 de junio en el estadio Bicentenario del Municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.

El otro llamado lo hicieron las organizaciones del Pacto de Unidad que apoyan al presidente Luis Arce.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no resolvió la supervisión a alguno de los dos congresos.

Ambas facciones del MAS, evista y arcista, defienden la legalidad y legitimidad de su convocatoria. El MAS evista afirma que su convocatoria es legítima debido a la firme del líder partidario. Del otro lado aseguran que las organizaciones sociales matrices del Pacto de Unidad representan el 50% de la dirección nacional.

Se prevé que hasta el jueves el TSE resuelva la supervisión al congreso del MAS.

A través de uno de sus vocales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hasta el jueves definirá cuál de los congresos convocados del Movimiento Al Socialismo (MAS) es supervisado y reconocido como legítimo y oficial.

“En las horas últimas, nuestra Secretaría de Cámara ha trabajado los informes técnicos. Ahora resta que nuestra Sala Plena adopte la decisión (…); vamos a dar un veredicto en las próximas horas, a más tardar hasta el día jueves; es inminente esta decisión de parte de nuestra Sala Plena, con la finalidad de poder dar certidumbre y responder a esta solicitud”, afirmó el vocal Tahuichi Tahuichi en conferencia de prensa este martes.

Las facciones arcista y evista del MAS están a la espera de una respuesta oficial del TSE para legitimar sus respectivos congresos. El congreso arcista está fijado para el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. Mientras que el evista será el 10 de junio, en Villa Tunari.

Puede leer: Morales insiste en la legitimidad de su congreso y en primarias para “designar al candidato”

Congresos

En 2023, en Lauca Ñ (Cochabamba), el ala evista llevó a cabo su propio congreso que fue desahuciado por el TSE, debido a que no se convocó a las organizaciones sociales fundadoras del partido: confederaciones de campesinos, interculturales y Bartolina Sisa.

Entonces, el TSE estableció nuevos plazos para que el MAS realice un congreso para la renovación de su directiva. Requisito para evitar sanciones o, eventualmente, la pérdida de la sigla.

Por ello, el Pacto de Unidad, que apoya al presidente Luis Arce, invitó a un nuevo congreso. Sin embargo, el TSE lo observó debido a la falta de firma de la directiva actual, es decir, del líder del partido, Evo Morales.

El 28 de marzo, el TSE conminó al MAS a convocar su congreso en un plazo de 25 días.

El 3 de abril, Morales, quien había defendido constantemente la legalidad del congreso de Lauca Ñ, aceptó convocar uno nuevo.

El arcismo, por su parte, insiste en la legalidad de su congreso. Inclusive, pese a no tener asegurada la supervisión del TSE, anuncia la presencia de 107 organizaciones sociales.

Observaciones

Vamos a tomar “una decisión que va a tender a un análisis profundo, enmarcado en la legalidad, en la democracia, respetando el estatuto orgánico de esta tienda política”, afirmó Tahuichi en relación a la decisión del TSE.

En abril, ambas convocatorias fueron observadas por los mismos motivos: la del evismo tiene la firma de parte de su dirección nacional y la del arcismo solo de las tres organizaciones.

Ambas facciones presentaron sus observaciones ‘subsanadas’ y esperan la respuesta del TSE, que definirá legalmente cuál congreso será válido.

“Ambas (solicitudes) están convergiendo por las fechas y esa situación no puede escapar a nuestra responsabilidad. Se va a responder a la solicitud de supervisión de ambas facciones”, aclaró Tahuichi, que informó que ambas solicitudes son consideradas en paralelo.

El martes, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que promueve el congreso arcista, advirtió al TSE que una respuesta negativa tendría ’consecuencias’. El ala evista también advirtió con tomar medidas y denunció que el Gobierno pretende controlar el Órgano Electoral.

Luego de que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitiera un auto constitucional de una medida cautelar que paraliza la preselección de postulantes, el diputado Juan José Jáuregui afirmó que se debe cumplir con la decisión.

“Se va a acatar la decisión”, dijo el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) a los periodistas en instalaciones del edificio de la Asamblea Legislativa.

El diputado arcista de Oruro se refirió al asunto en medio de la exigencia de algunos de sus colegas sobre la “notificación formal” de esa decisión. “Nosotros conocemos de esta decisión judicial. Ya estuviésemos admitiendo que, tácitamente, conocemos esa determinación. Por esa razón, no tendría que realizarse ninguna entrevista (a postulantes a las judiciales)”.

La postulante al Consejo de la Magistratura Margarita Medrano presentó un amparo por la supuesta “violación a sus derechos” al ser apartada del proceso. Luego de concederle la tutela, la Sala Constitucional de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes.

Esa decisión frenó la fase de entrevistas de la evaluación de méritos, cuyas entrevistas iban a empezar este miércoles.

Jáuregui dijo que el Órgano Judicial debe “esforzarse” para que esta decisión sea conocida de manera inmediata y “no generar falsas expectativas a los postulantes” habilitados, para que no viajen “aún” hasta La Paz.

También informó que la audiencia para resolver ese auto constitucional será el lunes 22 de abril y que los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural asistirán al acto judicial.