Misael Nállar partió este jueves desde el aeropuerto de El Alto a Santa Cruz para cumplir su condena de 15 años en el penal de Palmasola.

El operativo de su traslado se inició desde tempranas horas de este jueves desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro hasta el Aeropuerto Internacional El Alto.

Su traslado estaba previsto para las 08.00, sin embargo, un incidente de una aeronave de TAB en una de las pistas del aeropuerto de Viru Viru provocó la suspensión temporal de las operaciones.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el miércoles que Nállar fue sentenciado a 15 años de prisión por su participación en el asesinato de dos policías.

El condenado, según informó la autoridad, reconoció su participación y, ahora, deberá purgar su condena en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

“Nadie puede tocar a un efectivo del orden (…). Quien se atreva a tocar, herir o quitarle la vida a un miembro de la Policía Boliviana, va a tener la sanción conforme establezca el ordenamiento jurídico de nuestro país”, advirtió el ministro ante periodistas en La Paz.

El caso fue abierto luego del asesinato de los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, además del voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), David Candia, en un confuso incidente ocurrido el 21 de junio de 2022 en Porongo, en las afueras de Santa Cruz.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó de “insólito” la última sentencia constitucional de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que advirtió con procesos a jueces, tribunal y salas constitucionales se incumplen el fallo 0770/2024 que determina la realización de las elecciones judiciales de manera parcial.

“¡Insólito: Dos Ex magistrados auto prorrogados mutilan elecciones judiciales, someten al TSE y amenazan con remitir al Ministerio Público a quien los contradiga!”, escribió Rodríguez Veltzé desde su cuenta de X.

El miércoles se conoció la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4 de los magistrados Iván Espada y Gonzalo Hurtado de la Sala Cuarta del TCP que deja sin efecto la medida cautelar de la Sala Constitucional Tercera de El Alto a favor de Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB).

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El fallo de los magistrados responde a la acción de cumplimiento que solicitaba ordenar al Órgano Electoral la continuidad de las judiciales en todo el país, luego que, en octubre, las salas constitucionales de Beni y Pando determinaron declarar desiertas las elecciones judiciales.

Sin embargo, la Sentencia Constitucional 0777/2024-S4, también ratificó y blindó la realización de las elecciones judiciales parciales para este 15 de diciembre, tal como lo estableció con el fallo 0770/2024 del 4 de noviembre y advirtió que cualquier acción constitucional contraria a este dictamen del Constitucional.

“Exhortar a todo juez, tribunal y salas constitucionales a cumplir lo dispuesto en la SCP 0770/2024 de 4 de noviembre, que adquirió calidad de cosa juzgada constitucional, bajo apercibimiento de contravenir e inobservar las causales de improcedencia y tramitar y resolver cualquier acción constitucional contraria a lo ya decidido sobre el proceso de elecciones de autoridad del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, de 2024; se dispondrá su remisión ante el Ministerio Público y la instancia disciplinaria correspondiente, para su procesamiento”, (sic) señala parte de la resolución de la sentencia constitucional.

Con esa decisión, el TCP cierra todo debate y toda posibilidad de modificar la determinación de las judiciales parciales, pese a que candidatos y pueblos indígenas presentaron acciones de cumplimiento en busca de la realización de los comicios de manera total.

A 10 días de las elecciones judiciales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que los Tribunales Electorales Departamentales (TED) están con el armado de maletas electorales, el mismo que concluirá el 8 de diciembre y a partir de esa fecha se empezará a llevar a los recintos electorales más distantes del país.

“Hasta el momento ya se ha concluido con la impresión de las papeletas que son aproximadamente 16 millones y 35.000 actas aproximadamente. Se ha impreso todo ese material de la lista de los habilitados, inhabilitados, certificados de sufragio”.

El vocal electoral señaló que el proceso electoral “ya no lo para nadie” y el domingo 15 se elegirá a las altas autoridades del Órgano Judicial de manera parcial.

La autoridad dijo que se espera “que no haya sorpresas, sorpresitas, de parte de ningún lado” ante el conocimiento de amparos constitucionales que buscan la realización de las elecciones judiciales totales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Sentencia Constitucional 0777/2024 – S4 ratificó y blindó la realización de las judiciales parciales y advirtió a los jueces y salas constitucionales que cualquier acción contraria a este dictamen se dispondrá la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público.

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El vocal electoral también recordó que por disposición de la Sentencia Constitucional 0770 del 4 de septiembre solo habrá elecciones judiciales para el cargo del Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental en los departamentos de Beni y Pando y se emitirá solo una papeleta.

Proceso

El Auto Constitucional 0084/2024-ECA, emitido el 13 de octubre por la Sala Cuarta del TCP, dispuso la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Agroambiental (TA), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

En tanto, las elecciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se realizará solo en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí. 

El auto constitucional se emitió luego que el TSE pidió a la sala plena del TCP revise la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, del 4 de noviembre, que determinó la realización parcial de las elecciones judiciales del 15 de diciembre.

El domingo 15 de diciembre 7.333.933 de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del TCP de manera parcial.

En medio de una crisis económica, política, social e institucional, el analista Vladimir Peña consideró que, desde 2006, el Presupuesto General del Estado (PGE) no ha sido objeto de un verdadero debate público en la Asamblea Legislativa.

Actualmente, el PGE se encuentra en una comisión de la Cámara de Diputados, y la posibilidad de un debate abierto parece incierta.

En entrevista con La Razón Radio, Peña expresó su esperanza de que los diputados logren consensos para discutir el proyecto de ley. Sin embargo, lamentó que durante los años de hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS), la Asamblea se convirtió en un “espacio opaco” y alejado del debate democrático.

“El MAS tuvo una mayoría aplastante durante casi 16 o 17 años, y en todo ese tiempo nunca se debatió el presupuesto, una de las tareas más importantes en cualquier democracia”, aseguró.

Según el analista, esta práctica no solo evitó la transparencia, sino que permitió la incorporación de artículos ajenos al presupuesto, lo que afectó directamente a sectores productivos, como han denunciado empresarios de Santa Cruz.

Peña instó a recobrar el debate público como un instrumento esencial para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. “No podemos tener presupuestos opacos, carentes de debate público. La ciudadanía necesita saber qué se hace con el dinero público, dónde se invierte, cómo se invierte y si esa inversión es acorde a las necesidades del país”.

En un contexto de división interna en el MAS, consideró que esta situación podría incentivar el retorno al debate democrático en el Parlamento. Asimismo, señaló la necesidad de mayor transparencia en temas, como las reservas de gas y las gestiones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que han generado incertidumbre en la población.

“La democracia no puede reducirse a mayorías y minorías que utilizan el Parlamento para discusiones sin sentido. Necesitamos una gestión pública transparente y eficaz, elementos fundamentales para una gobernanza moderna”, indicó.

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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca exhortó a sus colegas legisladores a aprobar en grande el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y, posteriormente, observar y rechazar los “artículos mañosos” incluidos en la Ley Financial.

En entrevista en La Razón Radio, el diputado instó a sus colegas a rechazar los artículos “mañosos” de la Ley Financial durante el debate en detalle. Destacó la importancia de aprobar en grande el PGE para evitar que el Gobierno imponga un decreto supremo que incluya las disposiciones cuestionadas.

“El Gobierno busca forzar un escenario en el que la Ley Financial pase intacta, pero debemos actuar con responsabilidad para proteger a la ciudadanía”, aseveró.

Con solo unos días para debatir el PGE antes del inicio de la nueva gestión fiscal, Roca aseguró que los parlamentarios deberán rechazar los artículos y disposiciones en su tratamiento en detalle en la Asamblea Legislativa.

El legislador señaló que ha identificado al menos 12 artículos y varias disposiciones adicionales que considera “nocivas y peligrosas” para la economía del país en un contexto de crisis.

Roca denunció que el Gobierno ha utilizado un “modus operandi” consistente en incluir aspectos de política económica que califica como “contrabando” dentro de la Ley Financial. Según explicó, estas disposiciones no solo afectan la administración presupuestaria, sino que comprometen la estabilidad económica.

Entre los artículos cuestionados se encuentran:

• Artículo 6: Permite a alcaldías y gobernaciones incrementar sueldos y salarios, pese a la falta de recursos para obras esenciales.
• Artículo 13: Autoriza al Gobierno a emitir bonos soberanos por $us 3.000 millones sin supervisión de la Asamblea.
• Artículo 14: Facilita el uso de garantías multilaterales para cubrir deudas.
• Artículo 19: Permite al Banco Central de Bolivia (BCB) disponer de las reservas de oro restantes, lo que Roca califica como “un despropósito enorme”.

Uno de los puntos más controversiales es la posibilidad de vender bonos de carbono, lo que implicaría hipotecar los servicios ecosistémicos de los bosques bolivianos por décadas. “Esto no solo viola la Ley de la Madre Tierra, sino que compromete el futuro medioambiental del país”.

El legislador también alertó sobre el efecto inflacionario del presupuesto, debido a que el Gobierno planea financiar un 40% del gasto mediante deuda interna y externa. “Han licitado la impresión de billetes equivalentes al 24% del PIB, lo que devaluará la moneda y elevará los precios de manera insostenible”.

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