Nacional

jueves 16 jul 2020 | Actualizado a 10:19

Arce expresa su solidaridad con periodista “amenazado” por el Gobierno

Luis Arce mediante su cuenta de tuiter señaló que la prensa es amenazada y perseguida “como en las dictaduras”.

/ 1 de junio de 2020 / 21:31

Luis Arce durante una conferencia de prensa pasada.

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, expresó su solidaridad con el periodista Junior Arias, director del programa Detrás de la Verdad (que se emite por la red televisiva Giga Visión), ante lo que considera una acción de amenaza y persecución por parte del Ministerio de Gobierno.

“Nuestra solidaridad con Junior Arias y su equipo de trabajo, así como con los y las trabajadores de la prensa que hoy son amenazados y perseguidos por decir la verdad en #Bolivia, como en las dictaduras. #LibertadDeExpresión”, tuiteó hoy por la tarde Luis Arce.

La semana pasada, Arias, en su programa, reveló una presunta irregularidad en la compra de materiales antidisturbios.

Aparte de expresar una particular “denuncia ante los ciudadanos” por lo hecho por Arias, el Ministerio (en un comunicado hecho público el domingo 31 de mayo), solicita que el periodista se rectifique, pues su historia sería “falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables”, y que con ello estaría “dañando la imagen, el honor y la dignidad de varias personas”.

La revelación de Arias se refiere a un cambio intempestivo de proveedor de agentes químicos, en noviembre de 2019; el giro hacia otro vendedor habría favorecido a allegados del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y, además, implicaría un mayor precio para dichos insumos antidisturbios.

Sin referirse específicamente a lo aseverado el periodista Arias, el comunicado del Ministerio de Gobierno sólo señala que la compra fue “hecha dentro de la ley y de las normas”; y que la historia construida por el programa televisivo es “absurda”, para que “suene en redes como algo extraordinario y hasta ilegal”; de ahí que, en la conclusión advierta el comunicado: “es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”.

La mañana de este lunes, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su “grave preocupación” por la advertencia del Ministerio de Gobierno al periodista Arias.

Mediante su cuenta en Twitter, el representante del organismo internacional consideró que se “estigmatiza” la investigación periodística.

“Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de #Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer “guerra sucia” o “guerra política” a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo (sic)”, se lee en la publicación de Lanza.

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Senadores Zabala y Rodríguez califican de inconstitucional el ascenso por decreto en las FFAA

Zabala señala que un equipo jurídico ya analiza la medida asumida por el Gobierno, saltando la autorización del Senado. Rodríguez dice que es un “acto irresponsable” que puede generar actos nulos de pleno derecho.

/ 15 de julio de 2020 / 23:16

El Alto Mando Militar, antes de su polémico ingreso al Legislativo en mayo. Foto: APG

Los senadores Ciro Zabala, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata (UD), coincidieron en señalar que el decreto del Gobierno para el ascenso en las Fuerzas Armadas es ilegal e inconstitucional.

Este miércoles, la presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó un decreto supremo por el cual asciende a generales y almirantes, a coroneles y capitanes de navío, cuya promoción aún está en análisis en el Senado de la Asamblea Legislativa.

Pese a que, según la Constitución, el ascenso al máximo grado militar debe ser aprobado por la Cámara Alta, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que “la imposición de grados y la entrega de bastones de mando al personal militar” es instituida mientras los senadores se pronuncian al respecto, y que se procede al ascenso “a fin de garantizar la seguridad nacional e institucionalidad, el derecho a la carrera militar”.

Para el senador Zabala, el referido ascenso por decreto primero trastoca la norma al hacer valer más un reglamento que una ley. “La Constitución dice que a través de una ley se tiene que hacer el proceso de ascenso de los generales. Si el reglamento dice que van a ascender de A, B o Z forma y no está eso colocado, estipulado en una ley, el reglamento no tiene ningún valor”.

En criterio del legislador, que el Gobierno afirme que la norma rige hasta que se pronuncie el Senado “es otra forma de agarrar y tergiversar las cosas”. Aparte, se pregunta qué pasará si el cuerpo legislativo niega dichas promociones.

El ascenso de grado, por ejemplo, implica un nuevo salario, aclaró el legislador. “Ellos reciben salario y todas las ventajas de haber subido de grado; hagamos la suposición de que no sale eso del Senado (no se los asciende), pero ellos terminan con sus funciones. ¿Van a devolver los salarios que se les han pagado en forma irregular? ¿Todos los actos que han hecho son nulos de pleno derecho?”.

Anunció que el personal jurídico “ya se ha puesto en campaña para empezar a ver cuál va a ser la forma en que vamos a trabajar esta nueva incongruencia que ha planteado el Gobierno”.

Irresponsabilidad

Mientras que Rodríguez, disidente de UD, hizo énfasis en la inconstitucionalidad en que cae el referido ascenso por decreto, el mismo, remarcó que cometió la presidenta Áñez al designar como ministro de Defensa a quien ya había sido destituido por la Asamblea Legislativa. “Un ministro inconstitucionalmente designado lleva adelante el ascenso de estos militares, obviamente es otro acto inconstitucional; este es un funesto precedente para la democracia”.

Sin embargó, afirmó que el ascenso por decreto es una reacción al empeño del MAS en el Senado de frenar dicho proceso. “Pero también esto es producto del capricho, de la revancha, de la vendeta que tiene el Movimiento Al Socialismo en la Cámara Alta; nunca en estos cuatro años el MAS ha generado tanta polémica y se ha tardado tanto en los ascensos, esto es un producto de la guerra política entre ambos partidos”.

Para el senador potosino, el referido ascenso es un “acto irresponsable”, además, por el vacío legal que se generará en caso de que se demande y logre mostrar la inconstitucionalidad de dicho decreto. “El ministro primero habrá cometido delitos, resoluciones contrarias a la Constitución, y todos los actos que hayan hecho los militares con un nuevo grado quedarán nulos de pleno derecho; es poner en serio riesgo el actuar, la honorabilidad toda la administración que esos militares ascendidos lleven a partir de ese decreto; entonces nos parece eso un acto de absoluta irresponsabilidad”.

(15/07/2020)

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La participación de Morales en sesión del Legislativo de La Paz levanta polémica

Sol.bo critica la intervención de Morales en sesión virtual de la Asamblea Departamental de La Paz por los 211 años de la revolución paceña. El MAS tilda las observaciones como discriminatorias.

/ 15 de julio de 2020 / 19:14

La sesión virtual del Legislativo paceño. Foto: Twitter del Senado

Mientras Soberanía y Libertad (Sol.Bo) califica de “bochorno” la participación virtual del expresidente Evo Morales en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, para el Movimiento Al Socialismo (MAS) es un hecho que es parte del protocolo tradicional y nada le impide a Morales ser invitado a este tipo de sesiones.

Este miércoles por la mañana, en la sesión de honor virtual que el Legislativo departamental hizo en homenaje al 211 aniversario de la Revolución de 1809, entre los invitados que no pertenecen a la Gobernación paceña estaban la presidenta del Senado, Eva Copa, y el exmandatario Morales, quienes hicieron uso de la palabra.

Edwin Herrera, asambleísta departamental por Sol.Bo, quien decidió no participar de la sesión de honor, calificó la ceremonia como  un “acto político”, “insultante” y un “agravio” contra la ciudadanía paceña que se haya invitado a Morales. “He decidido no participar en esa sesión, pues no puedo avalar que el causante del fraude y de la crisis política esté de invitado”.

«Discriminación»

Al respecto, el concejal municipal de La Paz Jorge Silva, del MAS, rechazó la reacción opositora a su partido y la tildó como discriminadora y que desconoce la propia Constitución Política.

En las sesiones de honor, tanto de la Asamblea Departamental de La Paz como del Concejo Municipal, contó Silva, que lleva más de 10 años de concejal, “siempre se ha invitado a personalidades, a autoridades; y en este caso, en particular, que se invite a un exmandatario no tiene absolutamente ningún impedimento legal o constitucional”.

Ahora, indagado sobre si esta invitación a Morales no es una señal política por parte del MAS en la asamblea paceña, Silva recordó que en ningún momento hay que perder de vista que el Legislativo (plurinacional, departamental o municipal) es un “escenario político”, y que no corresponde desgarrarse las vestiduras por una invitación también política.

“Por ejemplo en anteriores sesiones de honor del Concejo Municipal paceño, el alcalde Luis Revilla ha invitado a don Carlos Mesa, a gente afín a su partido, incluso se hizo actos de condecoración y reconocimiento, en un acto totalmente político”; lo mismo ocurrió con Samuel Doria Medina (ahora candidato vicepresidencial por el gubernamental Juntos) en la Alcaldía de El Alto, o Jorge Tuto Quiroga en la alcaldía paceña, señaló Silva.

«Bochorno»

Por su lado, el vocero de Sol.Bo, José Luis Bedregal, en declaración a radio Panamericana, a tiempo de calificar la sesión como “un acto bochornoso”,  que, aseguró, “hiere la sensibilidad  de todo el pueblo paceño”, fustigó la presencia de Morales. “Un boliviano que no tiene ningún cargo, que por el contrario tiene cuentas (pendientes) con la Justicia boliviana”.

Nuevamente Silva deploró esta actitud “política discriminadora” contra el expresidente, al condenarlo con la sola acusación. Recordó que la Constitución tiene como principio la presunción de inocencia de cualquier acusado.

“Que acusen a Evo Morales de terrorismo o de sedición, eso está en proceso de investigación, y la Constitución presume la inocencia de todos; por lo tanto, es inocente en tanto no se le pruebe lo contrario, y en este sentido está habilitado legal y constitucionalmente para participar en cualquier acto político o sesión de un ente político como es la Asamblea Legislativa Departamental”, concluyó.

(15/07/2020)

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Evo Morales intervino en la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz

Vía Zoom desde Argentina, el expresidente remarcó que estos son “momentos de recuperar la democracia” y criticó el decreto 4272 para la reactivación del empleo, dijo que es “un retorno al pasado”.

/ 15 de julio de 2020 / 13:12

La sesión virtual del Legislativo paceño. Foto: Twitter del Senado

El expresidente Evo Morales participó, vía virtual, de la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz por los 211 años de la gesta libertaria de julio de 1809. Cerró las intervenciones de homenaje que hicieron el gobernador de La Paz, Félix Patzi, y la presidenta del Senado, Eva Copa.

En su alocución desde Argentina, Morales reiteró que estos son “momentos de recuperación de la democracia”.

“En estos momentos difíciles, como decía nuestro hermano gobernador del departamento de La Paz, es importante (ver) cómo vencer y recuperar la democracia”. Haciendo referencia a la huelga de hambre de las mujeres mineras contra la dictadura de Hugo Banzer en 1977, pidiendo el retorno a la democracia, el exmandatario insistió en que “ahora son tiempos también para recuperar la democracia”.

Morales no dejó de protestar contra la aprobación del Decreto Supremo 4272 Programa Nacional de Reactivación del Empleo, del cual dijo que es “un retorno al pasado”, con el cual “se plantea textualmente la privatización nuevamente del agua, de la luz, de telecomunicaciones, del transporte; a este paso, van a privatizar nuestro teleférico”.

El decreto 4272, promulgado por la presidenta transitoria Jeanine Añez el 24 de junio, crea programas y fondos de apoyo estatal a empresas y otros sectores de la economía nacional para frenar los efectos de la pandemia del coronavirus.

De más de 20 páginas, el documento crea cuatro fondos de garantía para lo que se requiere una inversión de $us 2.671 millones; de estos recursos, criticó el candidato por el MAS Luis Arce Catacora, “solo 15 millones están destinados a preservar empleo; y 17 millones para microempresas. Lo demás está destinado a la gran empresa privada, estamos ante el regreso del neoliberalismo”.

(15/07/2020)

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Elecciones y COVID-19, las otras experiencias

80 países tienen comicios en 2020, 22 ya lo hicieron en cuarentena, 22 ya tienen fecha, y 36 están por definirla

/ 13 de julio de 2020 / 23:17

El domingo 5 de julio, en República Dominicana tuvieron lugar sus elecciones presidenciales y de congresistas; esto, cuando la pandemia por el COVID-19 en ese país aún está en ascenso y todavía no alcanzó el llamado ‘pico’ de los contagios, relató a Animal Político el director de Participación Ciudadana (institución de observación electoral de ese país), Carlos Pimentel Florenzán. Allí estaban habilitados para votar 7,5 millones de personas (muy similar a Bolivia, 7,3 millones); durante la jornada electoral, considerando a los jurados electorales, delegados de partidos y las fuerzas del orden que deben cuidar el proceso, solo como administradores del acto hubo al menos 100 mil personas. Por cada mesa electoral, que allí llaman Colegio Electoral, el experto dominicano informa que hay entre 200 y 400 electores(cuando en Bolivia el promedio es 200). Por el riesgo de contagio, se pensó en ampliar el número de recintos electorales para de este modo bajarlos votantes por mesa, pero se vio que no era práctico, que complicaba mucho la administración del proceso, “eso es muy riesgoso, puede generar dislocamiento de electores”; la jornada electoral fue de 10 horas, de siete de la mañana a cinco de la tarde.

Con la pandemia aún en ascenso, al punto que, según Pimentel Florenzán, incluso tras la jornada electoral “en el país se van a tener que tomar nuevas medidas de confinamiento”, las elecciones debían efectuarse sí o sí el domingo pasado, cuenta el experto, porque “las actuales autoridades (electas) terminan su periodo (de mandato) el 16 de agosto,sí o sí, con elecciones o sin elecciones”. Según su Constitución, señala, no está prevista ninguna forma de prórroga de mandato; además, enfatiza, estaba en juego la salida democrática a la tensión política del momento: “Tuvimos que involucrarnos en las elecciones con todas las medidas, porque si no, los riesgos de la democracia y los niveles de gobernabilidad aceptable en el país se pudieran descontrolar de una forma muy preocupante”.

Las elecciones dominicanas de este domingo también tienen una urgencia institucional, relata Pimentel Florenzán: deben efectuarse luego de que en febrero de este año estas mismas elecciones tuvieron que ser suspendidas a las dos horas de comenzadas porque fracasó el “voto automatizado” que la Junta Central Electoral (su Tribunal Electoral) quiso implementar entonces.“Tenemos un árbitro electoral ahí en el medio, que no está rodeado de confianza, pero los actores políticos han entendido que es con ese árbitro electoral que tenemos que ir, porque plantearse otro árbitro electoral sería agravarla crisis”.

El lunes 29 de junio, Pimentel Florenzán participó del conversatorio “Experiencias electorales comparadas durante el COVID-19: Desafíos para la elección en Bolivia”, organizado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el español Rafael López Pintor, doctor en Ciencia Política y Derecho; el uruguayo Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay; y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero Ballivián.

Global

En la introducción del encuentro, la representante del PNUD, Luciana Mermet, apuntó que de casi 80 elecciones de diverso tipo que deben haber este año en el mundo, 22 ya se realizaron en medio de la crisis sanitaria, 22 ya tienen fecha de realización y 36 aún están por definirse. Solo el día anterior, el domingo 28, hubo dos elecciones, la segunda ronda de las municipales francesas y la primera vuelta de las presidenciales polacas. El domingo 21 de junio, además,tuvieron lugarlos comicios generales en Serbia, añadió el politólogo López Pintor.

Los tres expositores internacionales coincidieron en señalarla viabilidad de las elecciones aun en medio de la actual crisis pandémica por el coronavirus; insisten no solo en las debidas medidas de bioseguridad que se deben tomar, sino en la responsabilidad compartida de autoridades y ciudadanía para el éxito del proceso electoral.

El conversatorio vía internet estuvo moderado por el periodista Raúl Peñaranda. Para plantear sus dudas acerca de elecciones en medio de la pandemia, también fueron partícipes del encuentro delegados de los partidos habilitados para pugnar en las elecciones del 6 de septiembre; con mayor o menor desacuerdo en la fecha, entre otras cosas, a los partidos les preocupa la aglomeración que vaya a haber, cómo harán campaña política, si la elección podría ser en dos días, que la abstención se dispare por miedo al contagio, si días antes de la elección habría que suspenderla prohibición del transporte.

Incidencia

López Pintor, que estuvo representando al PNUDy hace el seguimiento de todos los procesos electorales, destacó que en general se aplican las mismas medidas de bioseguridad, solo que con distinto énfasis, según el “grado de desarrollo, de disciplina social, de cultura política” de cada país.Ahora, hasta donde se pudo evaluar, el estudioso remarca que no hay evidencia de que el acto electoral haya tenido una incidencia directa en el incremento de la pandemia.“Hasta ahora no ha habido ningún caso donde la elección haya sido motor de una situación en que se pueda demostrar, en términos muy específicos y concretos, un efecto de la elección sobre la evolución de la curva de la pandemia; no hay conclusiones, y las que hay no son concluyentes”.

Asimismo, el doctor en Ciencia Política remarcó que el tema de las elecciones hay que ubicarlo además en la “necesidad democrática de las elecciones”, y señaló que el valor de la elección es más alto en la medida en que resuelve una situación especial de salida política a determinada crisis anterior. “¿Es democrático hacer elecciones? Es democrático cuando se dan condiciones en que la elección es definitiva en el arreglo del conflicto político que tiene el país y si la voluntad de los líderes políticos y de las instituciones afectadas es clara”.De aquí que se deba hablar, insiste, en la “responsabilidad compartida” que hay para que la elección sea exitosa, compartida no ya no solo por las autoridades electorales y los partidos, sino también por la ciudadanía, con su participación respetuosa de lo que dispone la autoridad electoral para evitar el incremento de contagios.

De las “veintitantas” elecciones realizadas en medio de la pandemia afirma López Pintor, sí hay un rasgo en común, previene: el aumento, más o menos significativo de la abstención, de la “baja de participación” ciudadana; aunque ello es relativo, discurre:“¿Cuánto baja? En Alemania no bajó nada, en Corea incluso subió dos puntos, en Mali bajó enormemente, en Francia bajó 14 puntos en la primera vuelta, dos puntos más en la segunda; en Polonia, parece que fue más alta que nunca después de 1995, pasando el 65% de participación”.

Al respecto, aludió a un hecho que es significativo para Bolivia: dijo que mientras en muchos país es la media de votantes por mesa está entre 400 y 600 personas, en el país es de 200, y eso es una relativa ventaja en la actual pandemia; añadió que incluso el hecho de que el día de la elección se interrumpe el transporte público y la gente acude a pie a votar es algo que se puede aprovechar para aminorar el riesgo de contagio.

Proceso

En el caso uruguayo, que renueva sus autoridades cada cinco años, el vicepresidente de su organismo electoral, Wilfredo Penco, no dudó en resaltarlo prolongado que es su proceso electoral: empezó con las primarias en junio de 2019, la elección presidencial y congresal en octubre, la segunda vuelta, 30 días después, y para mayo de 2020 estaban programadas las elecciones departamentales y municipales. Como en Bolivia, también allí pospusieron los comicios para septiembre.

Al margen de que la elección uruguaya será subnacional, lo peculiar de ese proceso, da cuenta Penco, es la unanimidad a que llegaron los partidos para posponer el día de los comicios, del 10 de mayo al 27 de septiembre; este acuerdo fue alcanzado en marzo, cuando a mediados de ese mes se conocieron los primeros casos de coronavirus. Lo llamativo es el tenor de su acuerdo: “Las cuatro disposiciones básicas establecen: primero,
que el 10 de mayo no había condiciones ni garantías para un desarrollo normal de la jornada electoral, en la medida en que la situación imperante afectaba derechos fundamentales, como el de la salud. Segundo,se facultaba a la Corte Electoral a prorrogar la fecha de las elecciones, en el marco de sus propias competencias constitucionales; en tercer lugar,se prorrogaba el mandato de las autoridades actuales; y —he aquí lo novedoso— en cuarto lugar,se acortaba el mandato de las [futuras] autoridades electas en la nueva fecha de la elección”.

Para el dominicano Pimentel Florenzán, en la elección del domingo 5 de julio se tuvo la consigna: “Tenemos que garantizarla salud de todas las personas, pero también tenemos que velar por la salud de la democracia”. Un hecho peculiar de la elección dominicana (al que Bolivia deberá prestar especial atención en las próximas semanas) es la magnitud de su voto en el exterior, nada menos que el 8% de su padrón electoral(595 mil electores), una votación que eventualmente puede decidir un gobierno, que se gane en primera vuelta o se vaya a una segunda. Con ese importante caudal de votos y con la pandemia en medio, insistió que allí se parte del principio de que el organismo electoral sí o sí debe garantizar el voto de sus compatriotas fuera del país, hacer todo lo que deba para lograrlo.“La opción que los nacionales no voten en el exterior no se debe considerar nunca; el Órgano Electoral debe dar todos los pasos para organizarlas elecciones en el exterior. El único argumento válido para que las elecciones en el exterior no se realicen debe ser porque el otro Estado así lo ha decidido”.

Electrónico

Sobre el voto electrónico o voto vía internet, que se ve como la solución ideal en tiempo de coronavirus, el abogado dominicano advierte: con eso no hay que jugar: “eso es muy riesgoso, no se implementa de un día a otro, con eso no se improvisa, con eso no se juega; nosotros, que empezamos a implementarlo hace un año, fracasamos en febrero de este año, porque no se tomaron las previsiones; la experiencia de la tecnología en procesos electorales no es la mejor”.

En cuanto a la experiencia boliviana, el vocal Salvador Romero insistió en la complejidad política del actual proceso por sí mismo,sin la pandemia. Tras la crisis del octubre-noviembre, se cambió a todo el Órgano Electoral, desde el Tribunal nacional hasta los departamentales, y se dio “un tiempo extremadamente breve” para realizar la elección,“solamente 120 días desde el momento de la convocatoria hasta la fecha de la celebración de la elección”. Pero, faltando 45 días para llegar al 3 de mayo, día de la elección, sobrevino la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Bolivia

Lo distintivo del proceso boliviano, dio a entender Romero Ballivián, fue que con la crisis pandémica en curso, tuvo que ser el Órgano Electoral el que debió tomar la iniciativa de concertar la nueva fecha de la elección. Fruto de esto se llegó a las dos postergaciones de dicho día: la que determinó el 2 de agosto (90 días después del 3 de mayo), y, la segunda, el 6 de septiembre, que aún está vigente.

En la prevención de que el proceso electoral no sea un factor de incremento de los contagios, Romero Ballivián adelantó dos grande ejes de trabajo: primero, tomar “todas las medidas destinadas a generar distanciamiento social, por ejemplo, incrementar el número de recintos electorales, que permite disminuirlas aglomeraciones; pero también,segundo,todo un conjunto de medidas específicas de protección de todos los actores que participan en el proceso electoral, no solo para la jornada electoral,sino también para todas las actividades previas”.

Como una síntesis del encuentro internacional, la vicepresidenta del TSE, María Angélica Ruiz, concluyó en que los expositores enfatizaron en que el desafío de todos en las elecciones es ejercer el derecho al voto de manea segura; y que no es adecuado contraponer el derecho a la salud ante el derecho político, cuando de lo que se trata es de complementarlos: “No se trata de confrontar los derechos políticos con el derecho a la salud,sino que se trata de armonizarlos; ese gran desafío se puede resumir en precautelar la democracia precautelando la salud. Estamos en una situación que requiere que nos reinventemos, que seamos creativos, pero sin improvisaciones”, cerró la cita internacional.

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En nueve días, ya suman 12 los reos fallecidos en San Pedro

Aún dentro del penal habría 38 internos sospechosos que tras una primera prueba positiva están a la espera de una segunda

/ 13 de julio de 2020 / 20:02

Medidas de bioseguridad en la cárcel de San Pedro, La Paz.

Entre el sábado y domingo fallecieron otros tres reclusos del penal de San Pedro de La Paz, y suman hasta la fecha 12, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Juan Luis Cuevas.

Las primeras tres muertes ocurrieron el pasado fin de semana (entre el 4 y 5 de julio); según el viceministro de Gobierno, Wilson Santamaría, tres de los fallecidos dieron positivo a coronavirus, aunque se espera los resultados del resto.

Santamaría señaló el domingo, según radio Éxito, que fueron identificados 14 portadores del virus, los cuales en su mayoría habían sido retirados de la cárcel e internados en diferentes centros de salud para el respectivo tratamiento.

Aún dentro del penal habría 38 internos sospechosos que tras una primera prueba positiva están a  la espera de una segunda. Además, al menos 164 reos están en observación, por el contacto que tuvieron con los anteriores.

El penal de San Pedro de La Paz es uno de los que presenta mayor grado de hacinamiento en el país. Según datos oficiales hasta 2019, allí vivían 3.500 reclusos, cuando su capacidad es de 800 internos; así la tasa de hacinamiento es de 438%.

Con los 12 decesos, San Pedro de La Paz se acerca a los reos muertos por COVID-19 en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, donde hasta fines de junio se habían registrado 15 fallecidos por la pandemia.

(13/07/2020)

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