Mediante un pronunciamiento, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Cámara de Diputados manifestó su apoyo al periodista y jefe de informaciones del medio televisivo Gigavisión, Junior Arias, y condenó la advertencia realizada por el Ministerio de Gobierno por un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios.
“Esta amenaza es un claro atentado a la libertad de prensa, expresión e información y también al trabajo, consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en el pronunciamiento del MAS.
Los asambleístas exigieron al Gobierno transitorio y al Ministerio Público la “inmediata” investigación sobre este hecho “irregular” y el cumplimiento de las garantías constitucionales para el ejercicio de la cobertura periodística de los trabajadores de la prensa.
El domingo, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que advirtió con “no descansar” hasta que el periodista “rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas” en un presunto caso de corrupción en la compra de material antidisturbios para la Policía Boliviana y el Ejército Nacional luego de la crisis de octubre y noviembre de 2019.
“Esa casa periodística denunció que ese Ministerio adquirió agentes químicos de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC- para ser entregados a la Policía Boliviana. La adquisición se habría realizado con la ayuda de un intermediario- y con un presunto sobreprecio de Bs 14.800.000”, indica el pronunciamiento.
La declaración del MAS agrega que los documentos de la compra fueron dados a conocer por el medio de comunicación “y también vinculan a Rodrigo Méndez, jefe de gabinete del ministro Arturo Murillo y a otras personas”.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, también expresó su preocupación por este tema y señaló que el Ministerio de Gobierno en vez de calificar este accionar como “guerra sucia”, debe rendir cuentas.
La reacción del Ministerio de Gobierno, se dio tras la denuncia que el periodista hizo sobre la compra supuestamente irregular, a través de un intermediario y de manera directa, de un lote de gases lacrimógenos, proyectiles de goma y estopines por un valor de $us 5,6 millones (Bs 39,3 millones).