Nacional

lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 16:25

Elecciones en septiembre: Juntos, de Áñez, y Camacho le ponen peros a los comicios

Nacional. El TSE garantizó la seguridad sanitaria para el proceso electoral

Los vocales del TSE aparecen rodeados de los candidatos Mesa, Arce y Quiroga luego del acuerdo sobre la fecha de comicios. Foto: APG

/ 3 de junio de 2020 / 17:12

Juntos, de la presidenta Jeanine Áñez, y Creemos Bolivia, de Luis Fernando Camacho, le pusieron peros a la fecha de elecciones generales hasta el 6 de septiembre, a diferencia de la mayoría de las fuerzas políticas habilitadas para esos comicios.

La posición no solamente se explica por la ausencia de esas dos organizaciones políticas en la rueda de prensa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino por sus mismos criterios respecto del desarrollo de la votación coincidente con la emergencia sanitaria por la irrupción del COVID-19.

Cerca del mediodía de ayer, el presidente del TSE, Salvador Romero, anunció la realización de las elecciones hasta el 6 de septiembre. Lo hizo en conferencia de prensa y en compañía de representantes y candidatos de seis alianzas y partidos, entre ellos Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Jorge Quiroga, de Libre21.

“Las fuerzas que aceptan ir hasta el final del acuerdo ceden algo, resignan un poco, tal es el precio inevitable para alcanzar la viabilidad de las propuestas”, comentó Romero en la presentación de la propuesta que en los próximos días será analizada por la Asamblea Legislativa.

“Se ha establecido un acuerdo razonable y satisfactorio, aunque no sea el ideal para unos y otros”, insistió la autoridad electoral.

La decisión no cayó bien en dos organizaciones políticas, Juntos, de la presidenta Áñez, y Creemos Bolivia, de Camacho.

José Luis Bedregal, dirigente de Soberanía y Libertad (Sol.Bo), aliada a Juntos, dijo en contacto virtual con La Razón que esa organización política no participó de los acuerdos. “Acataremos las determinaciones del TSE. No hubo ningún acuerdo”, afirmó.

Y puso en duda la legitimidad del acuerdo. “Esperemos no sea el resultado de la presión de Evo Morales en su afán de voltear la página respecto al fraude del que él y su candidato Luis Arce deben responder al país”, protestó el dirigente político.

No obstante, en un comunicado de prensa, el lunes, Juntos había pedido al TSE que “de una vez por todas” defina la fecha de las elecciones, cuyo intento resultó frustrado el 3 de mayo en razón de la emergencia sanitaria.

Otrora aliado de Áñez, Camacho también cuestionó el acuerdo del TSE. El “Presidente del @TSEBolivia miente, CREEMOS no es parte de ese acuerdo”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Nuestra posición es clara: a) elecciones cuando la salud y la vida estén seguras, b) desmontar la maquinaria fraudulenta del MAS: un ciudadano, un voto, c) voto para los jóvenes que cumplieron 18 años”, complementó.

Bedregal también consideró la necesidad de una convocatoria de elecciones bajo criterios técnicos y científicos. “Para Juntos, primero es la salud y la vida de los bolivianos”, aseguró.

Ante esta preocupación, el TSE garantizó el desarrollo de las elecciones con todas las medidas de seguridad que requieran. “Aunque enfrentamos el proceso electoral más complejo de la historia de nuestra vida democrática, Bolivia debe tener la certeza de que la elección de 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.

Al otro lado de la vereda, Arce, candidato presidencial del MAS, se expresó satisfecho por la fecha de las elecciones, aunque su partido, a través de la Ley 1297, de Postergación de Elecciones, había definido como tope para los comicios el 2 de agosto.

“Este acuerdo político busca devolverle la estabilidad a #Bolivia, velando por la salud y generando certidumbre al pueblo respecto a una fecha de elecciones. Solo un gobierno legítimo podrá dar una salida a la crisis sanitaria, económica y social que hoy vivimos. #PrimeroLaVida”, escribió.

Las elecciones fueron asunto de disputas políticas entre el MAS y el Gobierno. Ante la observación de Áñez a la ley, el 30 de abril Eva Copa, en su condición de titular de la Asamblea Legislativa, la promulgó.

Con el argumento de que ley atentaba contra la emergencia sanitaria, el ahora ministro Óscar Ortiz interpuso un acción de inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional, cuyo trámite quedó en el limbo ante el anuncio del TSE de ayer.

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Marcha de víctimas de 2019 llega a La Paz; la Policía evitó su ingreso a la plaza Murillo

Su pliego petitorio a la administración del presidente Luis Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078.

Foto: Álvaro Valero

/ 25 de octubre de 2021 / 15:43

La marcha de familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 llegó a la ciudad de La Paz, tras una semana de caminata de la localidad de Caracollo y demandando justicia por las 20 muertes en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. La Policía evitó su ingreso a la plaza Murillo y sus alrededores.

Video: Álvaro Valero

Su pliego petitorio a la administración del presidente Luis Arce comprende 22 puntos, sobre todo determinar y castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.

El 10 de noviembre de ese año, el presidente Evo Morales renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Movilizaciones rechazaron lo sucedido, y así, el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

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La marcha de las víctimas de Sacaba y Senkata ya se dirige de El Alto a La Paz

En la sede de gobierno entregarán un pliego petitorio de 22 puntos a la administración del presidente Luis Arce, sobre todo castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078 de 2019.

Foto: Rodwy Cazón

/ 25 de octubre de 2021 / 12:06

La marcha de familiares y víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 ya emprendió camino desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, tras una semana de su partida de la localidad de Caracollo y demandando justicia por las 20 muertes en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

En la sede de gobierno entregarán un pliego petitorio de 22 puntos a la administración del presidente Luis Arce, sobre todo castigar a los responsables del Decreto Supremo 4078, promulgado por Áñez, que libró de responsabilidad penal a los militares que participen en operativos para restablecer el orden en la crisis poselectoral de 2019.

La marcha partió de El Alto. Video: Rodwy Cazón

El 10 de noviembre de ese año, el presidente Evo Morales renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Movilizaciones rechazaron lo sucedido, y así, el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

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El cabecilla de la RJC, Yassir Molina, ya se encuentra en la cárcel de Oruro

La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en 2019 en el país, como un grupo “parapolicial”.

Foto: Redes sociales

/ 25 de octubre de 2021 / 10:03

Pese a que la decisión fue tomada el pasado viernes, la madrugada de este lunes el líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, fue trasladado hasta el penal de San Pedro de Oruro.

El cambio de prisión se debió al motín de los reos de Cantumarca, en Potosí, donde se acusó a Molina de conformar grupos de poder con el fin de extorsionar a la población carcelaria.

En septiembre, los privados de libertad de San Roque, em Chuquisaca, hicieron lo mismo, por lo que el cabecilla del grupo fue llevado a Cantumarca.

La RJC participó en al menos nueve hechos de violencia y hostigamiento, según las investigaciones que desarrolló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la violencia en la crisis poselectoral de 2019.

Molina y otros integrantes de la Resistencia enfrentan procesos, uno de ellos por destrozos a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado cuando protagonizaron una revuelta exigiendo la renuncia del titular, Juan Lanchipa, en octubre del año pasado.

La Embajada de Estados Unidos pidió al Gobierno boliviano el desmantelamiento de grupos como la RJC, a los cuales el informe del GIEI catalogó como paraestatales o parapoliciales, luego de las denuncias de acoso por parte de activistas estadounidenses en derechos humanos.

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El Gobierno brinda seguridad a marcha que demanda justicia por Sacaba y Senkata

La columna ya se encuentra en la ciudad de El Alto y pide acelerar los juicios para hallar a los responsables de ambas masacres, en noviembre de 2019.

La marcha que partió de Caracollo y llegará a la ciudad de La Paz. Foto: Rodwy Cazón

/ 25 de octubre de 2021 / 09:36

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo este lunes que el Estado garantiza la seguridad y la salud de los familiares y víctimas de Senkata y Sacaba, mientras marchan exigiendo justicia por ambas masacres.

“Se ha dispuesto que la Policía Boliviana garantice su seguridad, su tranquilidad, por otra parte, los vecinos de Senkata se han manifestado en constante vigilancia y también brindan su apoyo”, afirmó en entrevista con el canal estatal.

La columna de marchistas llegó el domingo hasta la ciudad de El Alto, desde la localidad de Caracollo, recorrieron aproximadamente 200 kilómetros para entregar al Gobierno un pliego petitorio de 22 puntos.

Ríos señaló que en el país todavía existen “grupos desestabilizadores” que buscan impedir que haya justicia en el país y reafirmó que el Ejecutivo se adhiere a la protesta de los marchistas “para hallar responsables en la emisión del Decreto 4078, el decreto de la muerte”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, determinó que los hechos de Sacaba y Senkata, con 20 fallecidos, fueron masacres, que hubo uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.

El Decreto Supremo 4078 fue promulgado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y exoneraba de responsabilidad penal a los militares que participaron en las operaciones conjuntas para restablecer el orden, tras las movilizaciones por la renuncia del presidente Evo Morales, asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

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La marcha de las víctimas de Sacaba y Senkata llega a la ciudad de El Alto

La marcha exige justicia por las masacres de 2019 y su pliego petitorio consta de 22 puntos.

Arribo de la marcha. Foto: David Inca.

/ 24 de octubre de 2021 / 19:45

La marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, llegó la tarde de este domingo a la urbe alteña.

La movilización, que demanda justicia, partió el 19 de octubre desde la localidad de Cararollo, departamento de Oruro, y prevé ingresar este lunes al centro de la ciudad de La Paz.

El sábado, una delegación de la marcha dejó en la Casa Grande del Pueblo un pliego petitorio de 22 puntos y pidió una audiencia con el presidente Luis Arce.

“Nosotros solo pedimos justicia; ¿hasta cuándo vamos a caminar? Me duele mucho (esta situación); (espero) que estas lágrimas no sean en vano”, dijo entonces entre sollozos Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba).

Luego, el director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, aseguró que se atenderá el pliego petitorio. De hecho, “varios de los puntos ya están siendo atendidos o están en proceso de atención”, sostuvo.

Incluso, el viceministro de Justicia, César Siles, anunció este domingo que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños a las víctimas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –donde se registraron 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de “cobertura legal” a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.

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