Siete asambleístas nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS) se querellaron este jueves en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, por supuestas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos y equipo antimotín a través de intermediario, denunciado por un periodista de la red Gigavisión.
Las diputadas Elvira Rojas, presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas; Sonia Brito, Ayda Villarroell, Juana Quispe y los asambleístas Edgar Montaño, Remberto Calani y Franklin Flores plantearon la demanda ante la Fiscalía en materia de corrupción por delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
López ofreció este jueves una conferencia de prensa en la que descartó alguna irregularidad en la compra de ese equipamiento. Defendió la legalidad de la decisión de comprar a la firma intermediaria tras mostrar una certificación que envió la fábrica Cóndor con sede en Brasil al Ministerio de Gobierno en el que da cuenta que Bravo Tactical Soluctions “está autorizada a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas”.
Según la denuncia hecha pública en el muro de Facebook de “Detrás de la Verdad”, Bolivia pagó $us 5,6 millones por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, después que decidió suspender una compra directa con la empresa brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.
De acuerdo a la querella, Bolivia pagó Bs 270 por cada unidad de proyectiles de larga distancia y Bs 250 por unidad de proyectiles de triple acción. En cada caso demandó la dotación de 50.000 unidades. Comparando la compra con una del Gobierno de Venezuela, la adquisición de los proyectiles de larga distancia a la empresa Cóndor hubiera significado la inversión de Bs 108 por unidad, y de Bs 116 por unidad en el caso de los proyectiles de triple acción.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, demandó este jueves al Ministerio Público empezar un proceso de investigación y remarcó que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se ve la posibilidad de conformar una Comisión Mixta para investigar el caso.
“Este tipo de hechos nos lastima a los bolivianos, porque hablamos de recursos económicos que son sacados del Estado en desmedro de la economía nacional. Los intermediarios sabemos trabajan por intereses propios es más directo ir a la empresa donde se produce el producto y no intermediarios”, dijo.
López defendió la compra del equipamiento y cuestionó que se haga una comparación con una compra venezolana, además anunció una pericia por supuesta falsedad de documentos presentados por la red televisiva.
El periodista Junior Arias hizo esa y otras denuncias. Reveló que es objeto de amenazas y decidió retirarse temporalmente del medio, lo que desató una serie de muestras de apoyo.