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lunes 23 may 2022 | Actualizado a 11:13

De militares a policías: una ‘infidencia’ precede al cambio de la seguridad de Áñez

Desde la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, policías y militares se disputaron al resguardo de los dignatarios de Estado. Hugo Banzer dispuso seguridad para exmandatarios.

/ 7 de junio de 2020 / 14:24

Hace unas semanas un grupo de oficiales de la Casa Militar y de la Seguridad Presidencial fue echado a raíz de la filtración de información sobre vuelos irregulares de la FAB que involucraron a la hija de la presidenta Jeanine Áñez y del ministro Yerko Núñez. Otras semanas después, un decreto dispuso el retorno de los policías a las funciones de la seguridad presidencial.

Según información publicada por La Razón el 19 de mayo, el 12 de mayo fueron destituidos de su cargo el jefe de la Casa Militar, el jefe de Edecanes y un mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Dos días después, fueron retirados el jefe de Seguridad Personal de la Presidenta, un oficial de Seguridad Personal de la hija de la Presidenta y el jefe del Grupo Táctico de Caravana Presidencial, además de otros oficiales y personal civil.

Según la denuncia, al Gobierno le molestó que algunos oficiales filtraran fotografías e información vinculadas a vuelos irregulares de avionetas de la FAB en los que Núñez, ministro de la Presidencia, y Carolina Ribera, la hija de la mandataria, fueron acompañados a su turno, y en plena cuarentena, de personas particulares.

“Fueron destituidos injustificadamente por presunta infidencia en todas las actividades realizadas por la hija de la Presidenta en los últimos viajes realizados por la misma en plena cuarentena nacional”, observó un efectivo en conversación con este diario.

En los últimos años, el resguardo de la Presidencia del Estado ha estado marcado por una disputa entre los mandos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas por esas tareas.

Fue vox populi que el día que Áñez tomó el poder efectivos de ambas instituciones se disputaron el control de la seguridad de la mandataria, hasta que un general de las Fuerzas Armadas apareció colocando la banda presidencial a la Presidencia en un acto que no fue conocido sino posteriormente a través de la cuenta de Twitter del entonces senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD).

Luego de muchos años, ahora la institución del orden vuelve a esas funciones.

Según una revisión de las tareas de resguardo presidencial asignadas en las últimas décadas, Gonzalo Sánchez de Lozada prefirió a policías como miembros de ese equipo; Hugo Banzer, a policías y militares, y Evo Morales, a militares.

De USDE a USEDI

El Gobierno acaba de promulgar el Decreto Supremo 4258, que crea la Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI) y asigna a la Policía Boliviana la responsabilidad de  la “seguridad y protección de dignatarios de Estado nacionales y extranjeros, y personas importantes en misión diplomática”.

La norma, publicada el jueves 4 en coincidencia con el anuncio presidencial del cierre de los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, sucede a otro decreto firmado por el expresidente Evo Morales, el 3028, del 21 de diciembre de 2016, que creó la Unidad de Seguridad para Altos Dignatarios de Estado (USDE) en reemplazo de la Unidad de Seguridad Presidencial.

Lo particular de la norma es que establece que las operaciones “protectivas” de la USEDI “son de carácter secreto y confidencial”. “Las y los servidores públicos policiales asignados a la USEDI quedan prohibidos de revelar las mismas, salvo orden expresa de autoridad competente, prohibición vigente incluso hasta después del cese oficial de sus funciones”, dice el decreto.

La USDE estaba a cargo del Ejército Nacional hasta hace unos días. Tenía la misión de resguardar la seguridad de la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o vicepresidente del Estado y el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de “dignatarios de Estado y personalidades importantes que ingresen al territorio boliviano como parte de una misión diplomática, organismos internacionales y delegación oficial que así lo requieran”.

Expresidentes, cinco años

Hugo Banzer (1997-2001) había dispuesto la seguridad personal para expresidentes, pero, según el Decreto Supremo 23564, firmado del 21 de julio de 1993 por el entonces presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), el tiempo de resguardo para esas autoridades se redujo.

“Se establece a partir de la fecha la dotación de guardias de seguridad física a favor de todos los presidentes constitucionales salientes, por un período de cuatro años calendario a partir de la cesación de sus funciones”, señalaba la norma.

Más tarde, a través del Decreto Supremo 28288, del 11 de agosto de 2015, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé amplió a cinco años la seguridad personal para expresidentes y exvicepresidentes, e incorporó a exministros, previa justificación.

En medio del debate entonces, su sucesor, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), había solicitado no acogerse a ese beneficio del Estado.

El Decreto 3028 no consignó seguridad para los exmandatarios.

Sánchez de Lozada, policías

En su primer gobierno, entre 1993 y 1997, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada creó la Unidad de Seguridad Presidencial a través del Decreto Supremo 24713, del 22 de julio de 1997.

La característica de la norma es que dicha unidad dependía del Presidente de la República por intermedio del Ministro de Gobierno.

Así, dicho equipo de resguardo presidencial fue conformado por oficiales de la Policía Boliviana y sus tareas se hacían extensivas a las familias de los dignatarios de Estados nacionales y extranjeros, y a las “personas relacionadas con la actividad presidencial”.

Banzer, militares y policías

Banzer prefirió un equipo de seguridad conformado por militares y policías. Así lo dispuso en el Decreto Supremo 24886, del 21 de diciembre de 1997.

Según la norma, los ministros de Gobierno y de Defensa estaban a cargo de la conformación de la llamada Unidad de Seguridad Presidencial, siempre con el fin de resguardar la seguridad de los altos dignatarios nacionales y extranjeros.

A lo largo de la historia, el Palacio Quemado estuvo siempre resguardado por la Casa Militar, encargada a efectivos militares del histórico Batallón Colorados de Bolivia.

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Luego de las alusiones de Morales, Del castillo dice que la unidad del MAS es ‘indisoluble’

“De manera específica no ha manifestado mi nombre el señor Evo Morales (para) que forme mi propio partido”, señaló el Ministro de Gobierno.

El ministro Eduardo del Castillo. Foto: APG.

/ 23 de mayo de 2022 / 11:02

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reafirmó este lunes que la unidad del Movimiento Al Socialismo (MAS) es ‘indisoluble’, después de que el expresidente y jefe de ese partido, Evo Morales, lo volviera a cuestionar, incluso, insinuando que querría “derechizar” dicha organización política.

“Yo creo que la unidad del MAS es indisoluble; vamos a seguir trabajando por la unidad del partido más grande del Estado Plurinacional y vamos a seguir trabajando (…) no solamente (por la unidad) del instrumento político, sino de todo el pueblo boliviano (para que) podamos construir una patria unida y digna rumbo a nuestro bicentenario”, dijo en rueda de prensa improvisada en La Paz.

El domingo, en su programa radial, Morales afirmó que el MAS es un movimiento político con ideología y con principios, y que no comparte con algunos ministros que dicen que en el MAS “convergen diversas corrientes políticas”, en alusión directa a Del Castillo, quien escribió una columna de opinión en ese sentido.

Pero “los militantes somos de convicción y no de ambición, los militantes formados desde las bases vamos a cuidar el aspecto ideológico, eso no está en debate, y si bien algunos piensan así, pues que hagan su partido, tienen su derecho, pero no van a derechizar al MAS, con el pretexto de que hay varias corrientes políticas”, protestó el exmandatario, que en varias ocasiones ya cuestionó al Ministro de Gobierno.

También puede leer: La fijación de Morales con Del Castillo se torna ideológica: Quiere ‘derechizar al MAS’.

Sin embargo, cuando Del Castillo fue consultado por qué cree que el jefe del MAS quiere que incluso haga su propio partido, respondió: “De manera específica no ha manifestado mi nombre el señor Evo Morales (para) que forme mi propio partido, así que esa aseveración falta completamente a la verdad”.

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Cuéllar responde a Morales: ‘Los que derechizaron el MAS son los que se escaparon’

Mientras al exministro Juan Ramón Quintana, el diputado suplente del MAS le llamó “enviado de la CIA”.

El diputado Rolando Cuellar.

Por Edwin Condori

/ 23 de mayo de 2022 / 09:01

El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo Rolando Cuéllar afirmó que en realidad los que “derechizaron el MAS” son los que huyeron del país y se escondieron en la embajada de México durante la crisis de 2019, en alusión directa al expresidente Evo Morales y a sus ministros.

“Los que derechizaron el MAS son los que se escaparon a otros países y estuvieron en embajadas cobardemente (abandonando) a las bases. Y negociaron con la derecha. Y ahora no se fijan la paja del ojo que tienen estos Judas. Traidores del gobierno nacional”, escribió en pasadas horas Cuéllar en su cuenta en Facebook.

Esta reacción surge después de que el expresidente y jefe del MAS volviera a cuestionar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, esta vez, incluso, insinuando que quiere “derechizar” al partido en función de Gobierno.


Respuesta a Quintana

Cuéllar, que en su momento hasta fue expulsado del MAS por pedir renovación en la dirección nacional de dicho partido, también respondió al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, después de que éste dijera que en las voces que hablan de “dirigentes eternos” le parece escuchar a los “virreyes” españoles.


Quintana hizo esa declaración un día después de que el vicepresidente David Choquehuanca afirmara que “con mucha fuerza” se está gestando un movimiento renovador porque, en su criterio, ya hay cansancio con los “eternos dirigentes” en las organizaciones políticas, en las universidades, sindicatos y otros ámbitos.

Sin embargo, “qué moral tiene el señor Juan Ramón Quintana de cuestionar al jilata David Choquehuanca (…) si el señor Quintana es enviado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) como agente del imperialismo y de la derecha. Se formó en la Escuela de las Américas. Y fue su edecán del dictador Hugo Banzer Suárez, el asesino de la historia de nuestro país”, escribió Cuéllar en otro mensaje publicado en la misma red social.

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El dirigente universitario Max Mendoza es enviado a la cárcel por seis meses

El cuestionado universitario de 52 años de edad es procesado por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.

Max Mendoza en la FELCC de La Paz. Foto: APG.

/ 22 de mayo de 2022 / 23:35

El juez segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Javier Vargas, determinó la noche de este domingo la detención preventiva del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro.

La decisión fue asumida en una larga audiencia cautelar llevada adelante después de que el Ministerio Público imputara al dirigente universitario de 52 años de edad por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.

Mendoza fue aprehendido el sábado en Sacaba, Cochabamba, y posteriormente fue trasladado, vía terrestre, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche.

El cuestionado dirigente acumuló en los últimos días seis denuncias en su contra, pero el Ministerio Público decidió unificadas en un solo proceso.

El sábado, la Fiscalía General del Estado informó que el universitario fue aprehendido “por, presuntamente, haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo”.

Pues, el dirigente “se habría beneficiado de manera irregular con una resolución administrativa del CEUB, del 14 de diciembre de 2018, que le habría permitido percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario – CNU, cuando el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana aplicable al CEUB no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de las universidades”, explicó entonces William Alave, fiscal departamental de La Paz.

Alave agregó que ese estatuto establece que para ser elegido miembro del Comité de la Universidad Boliviana se debe cumplir por lo menos con el requisito del grado académico de licenciatura.

No obstante, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General, el denunciado carece de ese requisito debido a que está registrado como estudiante universitario desde la gestión 1989.

“Por otra parte, se presume que el sindicado habría suscrito, en enero de 2022, un contrato con la Empresa Jireh Turismo respaldándose en la Resolución No. 4/2018; sin embargo, la misma no dispone que (Mendoza) sea el representante legal de CEUB, por ello no tenía la potestad para suscribir este tipo de contratos, más aún cuando en la mencionada resolución tenía una duración de 30 días”, cita otro párrafo de la nota informativa del Ministerio Público.

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Dos militares mueren en fatal accidente durante un operativo anticontrabando

El accidente de tránsito ocurrió cuando los funcionarios escoltaban dos motorizados con mercadería ilegal en la zona alta del departamento de Tarija.

Llegada de los cuerpos de los fallecidos al Hospital San Juan de Dios de Tarija. Foto: elpais.bo

/ 22 de mayo de 2022 / 20:13

Dos efectivos militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) perdieron la vida y otros dos funcionarios de la Aduana resultaron heridos la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito suscitado durante un operativo de lucha contra el contrabando en Tarija.

Los fallecidos fueron identificados como el suboficial segundo Víctor Alvarado Alave y el sargento César Choquehuanca Suxo. Mientras los heridos, aún no identificados, se encuentran en estado de gravedad y con diagnóstico reservado.

La información fue confirmada mediante dos comunicados de prensa, difundidos por separado, tanto por la Aduana Nacional como por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

El reporte oficial precisa que el fatídico hecho ocurrió en uno de los caminos cercanos a la comunidad fronteriza de Papachacra, en la zona alta del departamento de Tarija.

“El lamentable accidente ocurrió mientras se escoltaba dos motorizados que transportaban mercadería ilegal”, cita el documento de la Aduana.

Además, el comunicado indica que uno de los medios de transporte se dio a la fuga, mientras que el otro fue interceptado, en el que se logró comisar la mercadería ilegal que llevaba.

Entretanto, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando aguarda los informes correspondientes y, al igual que la Aduana, “se suma al dolor que embarga a las familias de los dos militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber y se solidariza con los funcionarios heridos”.

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La Fiscalía imputa a Max Mendoza y pide su detención preventiva por seis meses

El dirigente universitario de 52 años de edad fue imputado por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.

Max Mendoza pasó la noche en celdas policiales. Foto: APG.

/ 22 de mayo de 2022 / 16:23

El Ministerio Público imputó este domingo al presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica, y solicitó su detención preventiva.

Según el documento de la imputación formal, la Fiscalía “solicita la detención preventiva de Max Fernando Mendoza Parra por el lapso de seis meses a ser cumplidos en el penal de San Pedro”.

Además, se conoce que la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá la situación jurídica del aprehendido, fue fijada para las 17.30 de este mismo día.

El dirigente universitario de 52 años de edad fue aprehendido el sábado en Sacaba, Cochabamba, y posteriormente fue trasladado, vía terrestre, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche.

Según informó el mismo sábado la Fiscalía General del Estado, mediante una nota de prensa, el dirigente fue aprehendido “por, presuntamente, haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo”.

En pasadas horas, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, confirmó que el Ministerio Público recibió seis denuncias contra Mendoza y que las mismas fueron unificadas en un solo proceso.

Pues el dirigente “se habría beneficiado de manera irregular con una resolución administrativa del CEUB, del 14 de diciembre de 2018, que le habría permitido percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de miembro del Presidium XIII del Congreso Nacional Universitario – CNU, cuando el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana aplicable al CEUB no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de las universidades”, explicó Alave.

Asimismo, el Fiscal Departamental detalló que ese estatuto establece que para ser elegido miembro del Comité de la Universidad Boliviana se debe cumplir el requisito de por lo menos el grado académico de licenciatura.

No obstante, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General, el denunciado carecería de ese requisito debido a que estaría registrado como estudiante universitario desde la gestión 1989.

“Por otra parte, se presume que el sindicado habría suscrito, en enero de 2022, un contrato con la Empresa Jireh Turismo respaldándose en la Resolución No. 4/2018; sin embargo, la misma no dispone que (Mendoza) sea el representante legal de CEUB, por ello no tenía la potestad para suscribir este tipo de contratos, más aún cuando en la mencionada resolución tenía una duración de 30 días”, cita otro párrafo de la nota informativa del Ministerio Público.

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