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lunes 24 ene 2022 | Actualizado a 21:20

The New York Times: El análisis de la OEA sobre las elecciones ‘era deficiente’

Un estudio independiente que utilizó datos encargados por el diario estadounidense estableció que los métodos del organismo multilateral no eran correctos y no hay evidencia estadística del “fraude”. Antes, el The Washington Post había presentado una conclusión similar.

/ 7 de junio de 2020 / 23:34

En un reportaje que analizó los resultados de las elecciones de octubre de 2019 anuladas en Bolivia, el diario estadounidense The New York Times descubrió que el estudio con el que la OEA desahució los comicios y sugirió anularlos “era deficiente”. Antes, otro estudio había considerado “profundamente defectuosas” las conclusiones del trabajo del organismo.

“Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, dijo Francisco Rodríguez, un economista que enseña estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane, según cita el periódico.

“Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”, insistió el especialista.

Además de Rodríguez, participaron del análisis del The New York Times Nicolás Idrobo, estudiante de doctorado de la Universidad de Pensilvania, y Dorothy Kronick, especialista de política latinoamericana de la Universidad de Pennsylvania.

Datos “incorrectos”

Según el diario, dichos investigadores independientes, que trabajaron sobre los datos “obtenidos por el The New York Times de las autoridades de Bolivia”, descubrieron que el análisis de la Organización de Estados Americanos (OEA) “era deficiente”.

Bajo el título de «Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración» y la firma de Anatoly Kurmanaev y la boliviana Maria Silvia Trigo, The New York Times informó que los investigadores hallaron “que la conclusión de que los votos a favor de Evo Morales aumentaron inexplicablemente una vez que el conteo se reanudó estuvo basada en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas”.

El estudio independiente al que alude el diario es de Social Science Research Network  (SSRN), una entidad científica dedicada a investigaciones sobre ciencias sociales y de humanidades.

En el resumen sobre la investigación, que fue redactado este domingo 7 de junio, se encuentran estas conclusiones relativas a la “evidencia cuantitativa”:

a)            Un salto aparente en la participación del voto del titular era en realidad un artefacto del error de los analistas; b) el análisis de la variación dentro del recinto ignoraba por error una fuerte tendencia secular; y c) aparecen patrones casi idénticos en los datos de la elección anterior, que no fue impugnada.

“En resumen, examinamos los patrones que los observadores consideraron ‘inexplicables’, y encontramos que podemos explicarlos sin invocar fraude”, dice SSRN.

El acápite considera: “Las tendencias sorprendentes en los votos contados tarde pueden provocar conflictos. En Bolivia, los observadores electorales recientemente hicieron sonar las alarmas sobre las tendencias en los votos tardíos, con dramáticas consecuencias política”.

Otro estudio

El 2 de marzo, el también diario estadounidense The Washintong Post publicó un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que estableció que “no encontró ninguna razón para sospechar fraude” en las elecciones del año pasado.

El análisis fue firmado por los investigadores John Curiel y Jack R. Williams y desahuciado luego por el gobierno de Áñez.

El documento consideró que las conclusiones de la OEA fueron “profundamente defectuosas”. “Es muy probable que Morales haya ganado el margen de 10 puntos porcentuales requerido para ganar en la primera ronda de la elección el 20 de octubre de 2019”, concluyó.

Consecuencias

A menos días del plazo de 12 que se impuso para su informe, la OEA consideró que en el cómputo electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron detectadas  «manipulaciones al sistema informático» de «tal magnitud», que no le permiten validar los resultados de las elecciones que, no obstante, ganó Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El informe preliminar evacuado horas antes de la renuncia del mandatario, el 10 de noviembre de 2019, instaló en la opinión pública, el sistema político nacional y el concierto internacional la tesis de “fraude electoral”, como repitió después el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, en una sesión de la Asamblea General.

Por eso «nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral», sugirió el funcionario a través de un comunicado del 10 de noviembre.

“Ipso facto”

El 12 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, tomó la titularidad del órgano legislativo ante la renuncia previa de la presidenta, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente, Rubén Medinaceli, además del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda; todos eventuales sucesores.

La llegada al poder de la legisladora de oposición sucedió sin quorum ni la mayoría de los dos tercios del MAS, sino con un comunicado del Tribunal Constitucional que reseñó una situación de sucesión constitucional “ipso facto” a la que se acogió la actual mandataria.

Dos semanas después, en medio de protestas contra el cuestionado Gobierno, la Asamblea Legislativa, de mayoría del MAS, aprobó la convocatoria a nuevas elecciones, con la que anuló de paso los comicios del 20 de octubre.

El 4 de diciembre de 2019, más de un mes después del plazo inicial comprometido al entonces gobierno de Morales, que había planteado dicha auditoría, la OEA presentó su informe final sobre las elecciones anuladas.

“Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, señaló el organismo en una de sus primeras conclusiones.

“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del re direccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”, continuó.

El 25 de octubre, el TSE anunció los resultados de las elecciones posteriormente frustradas: Morales, del MAS, obtuvo el 47,08% de los votos y Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), 36,51%. Con estos datos, el MAS pudo eludir la segunda vuelta. (07/06/2020)

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Ministro de Justicia acusa a CC y Creemos de obstaculizar juicio de responsabilidades contra Áñez

Dice que hay un “manto de impunidad” de ambas organizaciones políticas para blindar a la expresidenta y que no se investigue las masacres de Sacaba y Senkata, donde unas 20 personas perdieron la vida.

El ministro de Justicia, Iván Lima

/ 24 de enero de 2022 / 21:09

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este lunes que hay un “manto de impunidad” de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos en la Asamblea Legislativa para obstaculizar el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, acaecidos en noviembre de 2019.

“Tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, a través de sus bancadas, están blindando (a Jeanine Áñez), están otorgando un manto de impunidad a ella y no permiten que los casos vayan a un juicio de responsabilidades”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.

Dentro del caso denominado como Golpe de Estado II, Lima aclaró que no corresponde un juicio de responsabilidades contra Áñez porque no era presidenta constitucional, “ni de facto, ni de ningún otro tipo” y recordó que sólo ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta.

“Lo que se juzga es toda la parte previa a la decisión que asume (de presidir el país) y esto no necesita de un juicio de responsabilidades; es un juicio ordinario, porque ninguno de los actores que están siendo imputados en ese momento tenía la protección o el privilegio constitucional de ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se habilita la vía ordinaria para su juzgamiento”, explicó.

El sábado, Lima aseguró que la sanción que podría recibir la exmandataria y las otras ocho personas, entre jefes policiales y militares durante el gobierno transitorio, puede ser de hasta 12 años de privación de libertad. Ese Juicio comenzará el 10 de febrero y la primera persona en declarar será, justamente, la expresidenta.

En noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara a la presidencia asediado por protestas cívicas de 21 días alentadas por denuncias de fraude electoral (luego puestas en duda), un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita, la entonces senadora Jeannine Áñez se declaró, primero, titular de la Cámara de Senadores y dos días después, presidenta del Estado.

Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

Actualmente Áñez cumple detención preventiva desde marzo del año pasado en la cárcel de Miraflores.

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La Fiscalía de Tarija imputa a Montes y Torres por el paro de noviembre

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre

Oscar Montes y Johnny Torres. Foto: RRSS

/ 24 de enero de 2022 / 20:40

El Ministerio Público de Tarija formalizó una imputación penal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.

“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado y colaborando a la incitación a la violencia, a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se lee en la imputación emitida por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores, según informó el diario El País de Tarija.

También figuran el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez.

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.

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Justicia envía al exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila a la cárcel de San Pedro por seis meses

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue detenido en Villazón, cuando pretendía fugar hacia Argentina

Presentación del exdirector de la FELCN a la prensa en La Paz, la noche del domingo.

/ 24 de enero de 2022 / 18:45

El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas.

Fue aprehendido la noche del sábado en Villazón, Potosí, cuando pretendía pasar a Argentina, en un intento de fuga. Se lo trasladó por vía terrestre a La Paz y desde el domingo permaneció en celdas policiales, luego de haber sido presentado a los medios enmanillado.
Como solicitó la Fiscalía, Dávila fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

Se conoció que la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) lo investigaba por delitos vinculados al narcotráfico y como parte de una red delictiva que envió droga a Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el domingo que se requirió información a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia sobre la investigación al exjefe de la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos solicitado a la embajada de los Estados Unidos, a través de la cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que está realizando actualmente”, sostuvo.

También fueron realizados cuatro allanamientos en inmuebles relacionados con Dávila en Santa Cruz y Cochabamba.

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Dan de baja a subteniente de la Policía por motín de 2019, 16 de 26 denunciados fueron sancionados

El subteniente Deymar Lima Quispe aparece en un fotografía de la crisis de 2019 junto al líder del grupo de choque Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina

El subteniente Deymar Lima Quispe aparece en esta fotografía en la que aparece en primer plano el líder de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. La imagen fue compartida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en sus redes sociales.

/ 24 de enero de 2022 / 16:44

El subteniente Deymar Lima Quispe fue dado de baja sin derecho a reincorporación de la Policía, por su participación en el motín policial de 2019 que, junto a otros hechos, derivó en la dimisión del expresidente Evo Morales. Ya suman 16 de 26 uniformados sancionados por su participación en los hechos de noviembre.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó de la decisión asumida por el Tribunal Disciplinario en contra del policía que aparece en una fotografía de la crisis de 2019 junto Yassir Molina, uno de los líderes del grupo de choque Resistencia Juvenil Cochala (RJC) encarcelado por hechos de violencia en Sucre, en 2020, en demanda de la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa.

“Informamos de la baja definitiva de la institución policial del sbtte Deymar Lima Quispe, por haber cometido una falta grave prevista en los art. 13 y 14 de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana”, informó en un mensaje en Twitter, acompañado de la fotografía en la que aparece el uniformado y Molina.

Según la Ley de Régimen Disciplinario, Lima Quispe cometió faltas grave. El proceso disciplinario se abrió a denuncia del viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, quien denunció ante las instancias policiales a 26 uniformados que participaron en el motín policial que empezó en la ciudad de Cochabamba y que se irradió al resto de Bolivia.

Hasta el momento fueron dados de baja 15 uniformados por el motín policial: El excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita, el mayor Daniel Gualberto Capriles Sánchez, el capitán José Vargas Barrón, el teniente coronel Erland Guerrero Paredes, el mayor Jorge Salazar Ramírez; el mayor Edwin Silva García; la capitán Ivonne Barrenechea; el coronel Aníbal Rivas; el mayor Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales; el capitán Marcelo Gutiérrez; el coronel Nelson Flores Claros, el exdirector de la FELCC Iván Rojas, el excomandante de la Policía Yuri Calderón, la suboficial Cecilia Calani y el suboficial Javier Triguero Pairumani.

El motín policial, junto a las protestas cívicas y la “sugerencia” militar de dimisión, acabó en la renuncia de Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez, hoy en la cárcel por los casos Golpe de Estado I y Golpe de Estado II.

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Comandante de la Policía: ‘Dávila era mi amigo y entiendo la rabia que debe estar sintiendo’

Aguilera, sobre la supuesta amenaza de Dávila en contra de su persona, dijo que “es posible que eso haya acontecido”.

Jhonny Aguilera en conferencia de prensa. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de enero de 2022 / 14:26

El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, afirmó este lunes que el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, detenido por presunta legitimación de ganancias ilícitas, era su amigo y que entiende el mal momento que está pasando.

“Dávila era mi amigo y entiendo la pena y rabia que debe estar sintiendo, comprendo el mal momento que está pasando”, dijo Aguilera, quien remarcó que la Policía “simplemente ha cumplido un mandado emanado por el Ministerio Público” y que disponía su aprehensión.

Dávila fue aprehendido aproximadamente a las 23.30 del sábado en Villazón, por donde pretendía pasar a Argentina, y posteriormente fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde permanece a la espera de su audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

También puede leer: La Fiscalía imputa a Dávila y pide su detención preventiva por seis meses.

El domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó al exjefe policial enmanillado ante los medios de comunicación y afirmó que “estaría involucrado en enriquecimiento ilícito y ciertos vínculos con el narcotráfico”, después de que en pasados días se conoció, a través de distintos medios de comunicación, una investigación realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Tras su presentación y mientras era retirado por dos efectivos encapuchados, Dávila balbuceó algunas palabras que no se lograron escuchar con claridad, pero fueron entendidas como una amenaza dirigida supuestamente a Aguilera.  

Al respecto, Aguilera señaló que “es posible que eso haya acontecido” y reiteró que entiende el momento que está atravesado el exjefe policial.

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