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sábado 4 dic 2021 | Actualizado a 06:24

El Gobierno le pide al TSJ reanudar procesos contra la gestión del MAS para ‘recuperar’ unos $us 700 MM

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar

/ 9 de junio de 2020 / 13:40

En una suerte de arremetida contra Evo Morales, el Gobierno de Bolivia ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reactivar más de 60 procesos penales en contra de la administración del exmandatario que está refugiado a la fecha en Argentina.

A decir del viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, al reactivar los plazos procesales y la retoma del control jurisdiccional, paralizados por la cuarentena por el nuevo coronavirus, se allanan los procesos con los cuales el Estado procura “recuperar” unos $us 700 millones.

El pedido del Gobierno ya había sido planteado a la Fiscalía, que respondió que el receso de los operadores de la Justicia por la pandemia era el óbice.

“El Ministerio Público está con las manos amarradas y nosotros igual porque no se puede continuar con las investigaciones”, dijo Melgar en una conferencia de prensa.

“Entonces, hoy día, estamos solicitando reabrir los plazos procesales en los juzgados y retomar el control jurisdiccional para que ya el Ministerio Público pueda continuar con sus investigaciones. La emergencia sanitaria ya fue levantada y La Paz ya está en riesgo moderado, por ejemplo”, detalló.

El dato

El Decreto Supremo 4245, del 28 de mayo, levantó las restricciones a las labores. Así, el Ministerio Público reanudó sus actividades la anterior semana, pero los juzgados aún permanecen cerrados. 

Melgar hizo un cálculo somero de la cantidad de dinero que el Estado supuestamente puede recuperar con estas seis decenas de procesos.

Entre ellos citó el caso del Fondo Indígena, cuyo daño económico al Estado asciende a unos $us 170 millones; el de los taladros chinos, con $us 60 millones; el caso Neurona, con $us 13 millones; y el caso helicópteros chinos, con $us 108 millones; el caso UELICN (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico), por mantenimiento de aeronaves, con $us 60 millones.

Asimismo, mencionó el caso de Dora Vallejos, por supuesto enriquecimiento Ilícito con afectación al Estado, valorado en $us 150 millones; el caso del presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2019, cuyo gasto es de $us 217 millones que se pretende indilgar a Morales.

“En resumen, estamos bordeando los 750 millones de dólares que, con la reactivación de estos procesos, el Estado puede recuperarlos”, afirmó Melgar.

Morales ha deslindado responsabilidad en la mayoría de ellos y, por el contrario, considera que los procesos en su contra y el de sus colaboradores es parte de una persecución política que proviene de un gobierno de facto.

En criterio de Melgar, si la Justicia determina sanciones y responsabilidades, el Estado recuperará los fondos a través de los bienes anotados de forma preventiva.

“En la mayoría de los casos tenemos anotaciones preventivas de los bienes de los encausados. Una vez que esa sentencia condenatoria quede firme e irrebatible, esos bienes pasarían a nombre del Estado”, subrayó.

(09/06/2020)

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El CAT de la ONU llama a agilizar sanciones por la crisis de 2019-2020 y expresa preocupación por falta de independencia judicial

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU emitió sus conclusiones y consideró que hay avances insuficientes sobre los hechos de violencia de 2019 y 2020

Represión en Sacaba, 15 de noviembre de 2019. Foto: APG

/ 3 de diciembre de 2021 / 19:42

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU llamó a Bolivia a agilizar la investigación y sanción a los responsables de los hechos de violencia ocurridos en la crisis de 2019-2020 e instó a encarar de forma “urgente” una reforma judicial ante la “preocupante” falta de independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía.

El Comité publicó sus conclusiones sobre las audiencias en el que examinó el estado de situación de la lucha contra la tortura en Bolivia, centrada principalmente en los hechos de violencia que se dieron antes, durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019, en medio de una crisis política y social.

“El Comité expresó su preocupación por el avance insuficiente en la investigación de las presuntas torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante la crisis sociopolítica de 2019-2020. El Comité hizo un llamado a Bolivia para que investigue sin demora todos estos hechos y procese y castigue a todos los responsables”, establece en sus conclusiones en inglés y que fueron traducidas de forma no oficial.

En la sesión del CAT, el relator Claude Heller aseguró el 29 de noviembre que en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

Una protesta cívica liderada por el hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio inicio a la crisis de ese año. Denuncias de fraude electoral, respaldadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que posteriormente fueron puestas en duda, alentaron las protestas violentas, a las que se sumaron un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión a Morales.

La exsenadora Jeanine Áñez tomó el poder, tras una reunión de cívicos y políticos que trazaron la línea de sucesión. Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre y el 15 se dio la masacre de Sacaba y el 19 la de Senkata, en ambos hechos intervinieron fuerzas militares-policiales y dejaron más de una veintena de muertos por impactos de bala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investigó lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019 calificó lo de Sacaba y Senkata de masacres.

El CAT expresó su “preocupación” por el estado de situación de la Justicia y de la Fiscalía en Bolivia, que es acusada desde sectores de oposición de estar del lado de los gobiernos de turno.

“El Comité también expresó su profunda preocupación por la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Comité instó al Estado parte a que llevara a cabo una reforma urgente del sistema judicial para garantizar la profesionalidad y la independencia de todos los jueces y fiscales”, establece el CAT en su traducción no oficial de su informe en conclusiones.

El Gobierno niega injerencia en el Órgano Judicial y encamina una reforma.

En septiembre presentó un plan estratégico de seis ejes que contemplan acciones como distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; acceso a la justicia; y “buscar consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público”.

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El Gobierno también convocará a los gobernadores para hablar de la Ley 1407

El viceministro Álvaro Ruiz afirmó que “está bueno” que existan los cuestionamientos, pero si no van a ayudar con nuevas propuestas “que tampoco perjudiquen”.

El viceministro Álvaro Ruiz en entrevista con La Razón Radio.

/ 3 de diciembre de 2021 / 14:17

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, anticipó este viernes que el Gobierno también convocará a los gobernadores del país para dialogar sobre la cuestionada Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

“Sí, hay la posibilidad, lo vamos a hacer”, dijo la autoridad gubernamental en una entrevista con La Razón Radio, después de que fue consultado si existe la posibilidad de llamar a los gobernadores como se hizo con otros sectores involucrados.

Y cuando fue consultado si el presidente Luis Arce ya expresó su interés para esa convocatoria, respondió: “Sí, nosotros lo vamos a hacer, (solo) estamos esperando las fechas y posiblemente (en el transcurso de) hoy podamos dar alguna fecha” específica.

La autoridad remarcó que el Gobierno quiere aprovechar “algunos espacios” en su agenda para “matar dos pájaros de un tiro” porque para el próximo martes ya está programa una reunión con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol).

Además, según el viceministro, el Gobierno igual está abierto a dialogar con las universidades, que es otro sector que expresó su preocupación por la normativa.

Durante los últimos días, el Gobierno empezó a reunirse con distintos sectores como las alcaldías, representantes de las asambleas legislativas departamentales y las autonomías indígenas con el fin de aclarar sus dudas y para ratificar que la Ley 1407 no vulnera sus autonomías.

Entretanto, el jueves, las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos determinaron mantener su posición de que la cuestionada normativa debe ser abrogada.

También puede leer: CC y Creemos deciden mantener su pedido de abrogación de la Ley 1407.

Ahora “está bien que existan los cuestionamientos, eso está bueno, pero ojalá que existan propuestas, eso es lo que necesita el país; si dicen que eso está mal, bueno, cómo hacemos entonces, qué propones, tienes idea o no, y si no van a ayudar que tampoco perjudiquen”, puntualizó Ruiz.

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El Gobierno confirma que de 28 viviendas destruidas por el incendio en Antofagasta, 26 son de bolivianos

La viceministra Chuquimia aseguró que hasta el momento ningún boliviano afectado por el incendio expresó de manera oficial su deseo de ser repatriado.

El incendio en Antofagasta ocurrió el lunes. Foto: Agencia Uno vía La Tercera.

/ 3 de diciembre de 2021 / 09:15

La viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, confirmó este viernes que de las 28 viviendas destruidas por el voraz incendio del lunes en Antofagasta, 26 corresponden a familias bolivianas.

“De 28 viviendas, 26 son de nuestra comunidad boliviana residente ahí, que vive hace muchos años y otros menos (tiempo), pero prácticamente han perdido todo”, dijo la autoridad gubernamental.

Según información publicada por la Municipalidad de Antofagasta, en su sitio web, el incendio se produjo en el campamento Vista al Mar, ubicado en calle Martín Luther King con teniente Urbina, en el sector centro alto de esa ciudad, donde un total de 28 viviendas fueron destruidas y 118 personas fueron damnificadas.

De todas esas personas “serían como 100 ciudadanos bolivianos los afectados”, agregó Chuquimia, en una entrevista con Bolivia TV.

Sin embargo, aseguró que, a través del consulado boliviano en Antofagasta, ya se activaron acciones inmediatas, como la coordinación con las autoridades locales para que se pueda reponer el agua y la energía en la zona, además de la limpieza de los escombros.

Por otro lado, de acuerdo con la funcionaria, se está gestionando carpas y toda la ayuda necesaria con la Municipalidad de Antofagasta.

Aunque “no siempre puede ser suficiente; entonces, a través de un programa de protección y asistencia a los ciudadanos bolivianos en el exterior, (…) también estamos cubriendo todo lo que se refiere a vituallas, medicamentos e incluso la reposición de documentos de todos los afectados de manera gratuita”, indicó.

Sobre la posible repatriación de las familias afectadas, dijo que se podría realizar de manera inmediata, pero en este caso ninguna persona expresó su deseo de volver a Bolivia oficialmente porque, según su versión, cuentan con trabajo y “son ciudadanos de alguna manera regulares y que están (hasta) más de ocho años residiendo en ese país”.

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El contralmirante Bravo llega a La Paz y declara en oficinas de la FELCC sobre masacre de Senkata

El contralmirante Aldo Bravo Méndez fue aprehendido la tarde de este jueves en Trinidad e inmediatamente trasladado a la ciudad de La Paz

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez a su ingreso a dependencias de la FELCC en La Paz. Foto: Roberto Guzmán

/ 2 de diciembre de 2021 / 23:51

Una vez aprehendido en Trinidad, Beni, el contralmirante y exinspector de las Fuerzas Armadas Aldo Bravo Méndez fue trasladado a la ciudad de La Paz. La noche de este jueves llegó hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para declarar dentro de la investigación por la masacre de Senkata, de noviembre de 2019.

No hizo ninguna declaración a la prensa cuando descendió del vehículo que lo trasladó desde el aeropuerto de El Alto y era llevado por policías hasta oficinas de la FELCC, en la ciudad de La Paz, la noche de este jueves.

Bravo Méndez fue inspector de las Fuerzas Armadas cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Jeanine Áñez y hoy prófugo de la Justicia.

Deberá prestar declaraciones sobre los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron las protestas sociales en Senkata en apoyo al expresidente Evo Morales con el saldo de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. Días antes, similar acción militar-policial se dio en Sacaba, con el saldo de 11 muertos por impactos de bala.

Al menos 10 militares son procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres de 2019. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión de Morales.

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Carolina Ribera dice que Morales y el MAS lideran una persecución contra Jeanine Áñez

“Como hija estoy alzando la voz en todo el mundo ante la persecución que sufre mi madre, estoy aprovechando cada espacio, cada lugar, para contarle al mundo entero por qué está presa Jeanine Áñez", dijo en una entrevista en Colombia

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez

/ 2 de diciembre de 2021 / 22:48

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, denunció que el exmandatario Evo Morales y su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), lideran una persecución política contra su madre, de quien dijo está injusta e ilegalmente detenida desde hace nueve meses.

Ribera concedió una entrevista en el canal NTN24 en Barranquilla, Colombia, donde participa del congreso “World Law Congress”. En el evento denunció que Bolivia carece de una justicia independiente y de respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

“Ahora la tienen presa, el partido de Evo Morales, con Evo Morales liderizando toda esta persecución política a mi madre y a más de 50 presos políticos que hay ahora en Bolivia. Son nueve meses de una condena anticipada de un partido político que busca venganza”, afirmó a la cadena colombiana.

Ribera explicó que en noviembre de 2019 Bolivia estuvo al borde de una guerra civil y que su madre era la única senadora, tras la renuncia de la presidenta y del primer vicepresidente del Senado, que cumplía con los requisitos para asumir la Presidencia y de esa manera pacificar el país.

Aprehendida en marzo, Añez cumple detención preventiva en el penal de mujeres del barrio de Miraflores, en la ciudad de La Paz, y se la imputó por delitos como sedición y terrorismo, designación ilegal de autoridades e incumplimiento de deberes.

Ribera apuntó que a Áñez, como expresidenta, le corresponde un juicio de responsabilidades, pero que, sin embargo, abrieron al menos tres procesos por la vía ordinaria y que la tienen “presa” sin respetar sus derechos humanos, su vida y su salud, además de someterla a un constante hostigamiento.

“Como hija estoy alzando la voz en todo el mundo ante la persecución que sufre mi madre, estoy aprovechando cada espacio, cada lugar, para contarle al mundo entero por qué está presa Jeanine Áñez. Está presa por asumir la sucesión constitucional en Bolivia por la culpa de Evo Morales que dejó un vacío de poder, huyó de Bolivia y ahora creó un golpe de Estado que nunca existió”, sostuvo Ribera al ser consultada por su presencia en el congreso de juristas de Barranquilla.

Durante la entrevista, alertó que también recibe amenazas como que abrirán procesos en su contra.

“No me van a callar como hija, voy a seguir luchando hasta tener justicia y libertad porque no pedimos libertad sino un debido proceso, queremos que se respete el debido proceso, que haya un estado de derecho y que se respeten las garantías constitucionales de mi madre”, remarcó.

Ribera insistió que Bolivia se está perdiendo todas las cualidades democráticas, “estamos yendo hacia la ruta del socialismo del Siglo 21”.

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