Nacional

miércoles 14 abr 2021 | Actualizado a 21:42

El Gobierno le pide al TSJ reanudar procesos contra la gestión del MAS para ‘recuperar’ unos $us 700 MM

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar

/ 9 de junio de 2020 / 13:40

En una suerte de arremetida contra Evo Morales, el Gobierno de Bolivia ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reactivar más de 60 procesos penales en contra de la administración del exmandatario que está refugiado a la fecha en Argentina.

A decir del viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, al reactivar los plazos procesales y la retoma del control jurisdiccional, paralizados por la cuarentena por el nuevo coronavirus, se allanan los procesos con los cuales el Estado procura “recuperar” unos $us 700 millones.

El pedido del Gobierno ya había sido planteado a la Fiscalía, que respondió que el receso de los operadores de la Justicia por la pandemia era el óbice.

“El Ministerio Público está con las manos amarradas y nosotros igual porque no se puede continuar con las investigaciones”, dijo Melgar en una conferencia de prensa.

“Entonces, hoy día, estamos solicitando reabrir los plazos procesales en los juzgados y retomar el control jurisdiccional para que ya el Ministerio Público pueda continuar con sus investigaciones. La emergencia sanitaria ya fue levantada y La Paz ya está en riesgo moderado, por ejemplo”, detalló.

El dato

El Decreto Supremo 4245, del 28 de mayo, levantó las restricciones a las labores. Así, el Ministerio Público reanudó sus actividades la anterior semana, pero los juzgados aún permanecen cerrados. 

Melgar hizo un cálculo somero de la cantidad de dinero que el Estado supuestamente puede recuperar con estas seis decenas de procesos.

Entre ellos citó el caso del Fondo Indígena, cuyo daño económico al Estado asciende a unos $us 170 millones; el de los taladros chinos, con $us 60 millones; el caso Neurona, con $us 13 millones; y el caso helicópteros chinos, con $us 108 millones; el caso UELICN (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico), por mantenimiento de aeronaves, con $us 60 millones.

Asimismo, mencionó el caso de Dora Vallejos, por supuesto enriquecimiento Ilícito con afectación al Estado, valorado en $us 150 millones; el caso del presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2019, cuyo gasto es de $us 217 millones que se pretende indilgar a Morales.

“En resumen, estamos bordeando los 750 millones de dólares que, con la reactivación de estos procesos, el Estado puede recuperarlos”, afirmó Melgar.

Morales ha deslindado responsabilidad en la mayoría de ellos y, por el contrario, considera que los procesos en su contra y el de sus colaboradores es parte de una persecución política que proviene de un gobierno de facto.

En criterio de Melgar, si la Justicia determina sanciones y responsabilidades, el Estado recuperará los fondos a través de los bienes anotados de forma preventiva.

“En la mayoría de los casos tenemos anotaciones preventivas de los bienes de los encausados. Una vez que esa sentencia condenatoria quede firme e irrebatible, esos bienes pasarían a nombre del Estado”, subrayó.

(09/06/2020)

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El Gobierno decide revisar los títulos de tierra entregados en el gobierno de Áñez por ‘graves irregularidades’ encontradas

“De ninguna manera podemos tolerar que se haya titulado tierras al margen de la ley, de la Constitución y de forma irregular”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.

Iván Lima, en el programa Piedra, Papel y Tinta.

/ 14 de abril de 2021 / 21:31

Tras la aprehensión del ahora exministro Edwin Characayo por corrupción en saneamiento de tierras, el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que este tipo de hechos también se detectaron en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, por lo que se están revisando los títulos ejecutoriales emitidos en ese tiempo.

“Estamos en un proceso de revisión de todos los títulos que se han emitido durante la gestión de la señora Áñez, estamos trabajando precisamente a nivel del Conape un Decreto Supremo que nos permita revisar todos los títulos ejecutoriales emitidos en esa gestión. Hemos encontrado graves irregularidades y serios indicios de corrupción en todos los títulos emitidos durante esa gestión”, anticipó en una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón y Extra.

“Tenemos indicios de corrupción en la gestión de la señora Áñez”, insistió.

“Esto es parte de lo que ocurre con una dictadura, cuando tienes que pagarle la lealtad a quienes te han llevado al poder usualmente en todos los momentos históricos de nuestro país, hablo de la dictadura de Banzer, García Meza y Áñez, también se ha dado una serie de titulaciones de tierras que no corresponden al derecho, a la seguridad jurídica y si a la arbitrariedad”, denunció.

Según Lima, en “estos momentos se está en una grave situación creada por el régimen de Áñez que llevará a la revisión de todos los títulos ejecutoriales emitidos en esa gestión”.

Reiteró que se trabaja en la normativa necesaria para que la revisión no vaya contra la seguridad jurídica de la gente que actuó de buena fe y que ha tenido la mala suerte de que su título ejecutorial haya sido firmado “en el gobierno de facto”.

“De ninguna manera podemos tolerar que se haya titulado tierras al margen de la ley, de la Constitución y de forma irregular”, reiteró.

“No vamos a tolerar la corrupción sea de quien sea y venga de donde venga. Las autoridades que somos parte de este gobierno no vamos a tener tolerancia frente a las denuncias de corrupción”, aseguró en relación al caso Characayo.

Lima remarcó que el Ministerio de Justicia se convertirá en la parte acusadora contra Characayo, quien hasta hoy por la mañana ejerció la función de Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, y contra otros exfuncionarios de esa repartición estatal.

Characayo y otro funcionario, según la investigación, fueron aprehendidos la noche del martes poco después de que recibieron $us 20.000 en El Prado de La Paz. Era parte de un pago que exigían para la regularización de un terreno en el municipio cruceño de San Ramón, denominado “El Triunfo II”.

Según Lima, dentro del Ministerio existió una red y organización criminal y apuntó a que el proceso de investigación arrojará mayores resultados.

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Arce anuncia inversión pública de Bs 1.512 MM y $us 67 MM para perforar pozo hidrocarburífero en Tarija

El presidente Luis Arce participó este miércoles de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional por el aniversario de Tarija. Anunció también que se reactivará la construcción de carreteras

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca presiden los actos en Tarija

/ 14 de abril de 2021 / 20:13

En la sesión legislativa en homenaje al aniversario de Tarija, el presidente Luis Arce anunció una fuerte reactivación de la inversión pública en el departamento con Bs 1.512 millones y proyectos hidrocarburíferos como la perforación del pozo Villamontes X7 con una inversión de $us 67 millones.

Arce hizo un repaso de la difícil situación económica dejada por la administración transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez en el departamento, sobre todo –dijo- por el impacto negativo en la inversión pública que agravó la ya difícil situación que enfrentaba Tarija.

“Como Estado invertiremos este año 1.512 millones de bolivianos, un incremento de 52% en relación a lo que invirtieron en 2020”, anunció en la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental.

También perfiló la inversión en proyectos como la piscicultura, la energía eólica y alimentos.

“Los proyectos carreteros archivados serán reactivados con fuerza como la doble vía Yacuiba Campo Pajoso con 21 millones de dólares de inversión”, aseguró e informó que no se dejará de lado la inversión en el área de los hidrocarburos.

“Está el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos como la perforación del pozo Villamontes X7 con una inversión de 67 millones de dólares”, proyectó y destacó que también se envió al departamento pruebas y vacunas para enfrentar al COVID-19.

El modelo económico aplicado por el gobierno de Arce prioriza la inversión pública para dinamizar la economía.

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Camacho gobernará con un legislativo cruceño en contra tras pacto del MAS con indígenas

Los indígenas tendrán la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, tras el “pacto de unidad” con el MAS. Creemos se queda como bancada de minoría con 11 asambleístas

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

/ 14 de abril de 2021 / 18:48

El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho tendrá un legislativo departamental en contra, luego que la bancada del MAS firmara un “pacto de unidad” con los asambleístas indígenas para una gestión conjunta y entregarles la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental.

Con el acuerdo, el MAS y los indígenas suman 16 votos y la agrupación Creemos de Camacho se queda como la bancada de minoría con 11 representaciones logradas en las subnaciones del 7 de marzo.

Clemente Ramos, jefe de bancada del MAS, informó del acuerdo alcanzado la madrugada de este miércoles e incluso reveló que hay la posibilidad de sumar al pacto a dos asambleístas de Creemos.

“Vamos a apoyar como bancada del MAS para que nuestros pueblos indígenas puedan llevar la presidencia (del legislativo departamental) bajo un pacto de unidad”, explicó.

Para la senadora de Creemos Centa Rek, el acuerdo busca generar la ingobernabilidad en la gestión de Camacho, quien reemplazará en el cargo a Rubén Costas.

“Este es un primer escenario en el que el MAS intenta inhabilitar la gestión de Luis Fernando Camacho teniendo el control de la asamblea legislativa”, advirtió la senadora

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En San Ramón impiden aprehensión y traslado de subgobernador electo Evert Cuéllar

Control Social de Magdalena denunció a la electa autoridad por la pérdida de dos tractores. Fue infructuoso el pedido de Evert Cuéllar de dejar pasar el vehículo que lo trasladaba a Trinidad

El subgobernador electo Evert Cuéllar tras su aprehensión

Por Ghilka Sanabria

/ 14 de abril de 2021 / 18:14

Un grupo de pobladores de San Ramón (Beni) bloquearon la carretera e impidieron que el aprehendido subgobernador electo Evert Cuéllar sea trasladado hasta Trinidad para declarar por una denuncia de pérdida de dos tractores.

“Yo les pido a ustedes que permitan el paso del vehículo, porque yo voy a asumir mi defensa respecto a esta acusación”, pidió Cuéllar al dirigirse a los pobladores que obstruyeron el paso del vehículo que lo transportaba.

Según el aprehendido, Control Social de Magdalena lo denunció, mientras que el fiscal de materia Nelson Fernández informó que solo cumplía con la orden de aprehender al acusado.

Miembros del Comité Cívico de San Ramón reaccionaron y se movilizaron para impedir el traslado de la autoridad electa.

“Lo que corresponde es que se dé cumplimiento a todas las emergencias del proceso, en este sentido se ha realizado todos los actos correspondientes y ha surgido una orden de aprehensión, esto en cumplimiento a cabalidad de lo que dispone el procedimiento Penal”, afirmó el fiscal Fernández.

Cuéllar fue electo subgobernador de la provincia Itenez por la alianza Unidos por el Beni, que une a Demócratas del gobernador Rubén Costas y al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Los manifestantes expresaron su temor de que “ocurra con Cuéllar lo mismo que con Jeanine Añez y que lo apresen de manera injustificada”. Dirigentes cívicos de Magdalena denunciaron “rapto en vez de aprehensión”.

Después de media hora y aunque Cuéllar insistió en que debe presentarse a declarar, los movilizados lo llevaron de vuelta a Magdalena.

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Áñez se acoge a su derecho al silencio y no declara por los casos FMI y Fundempresa

El fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Aparicio, acudió a la cárcel de Miraflores para tomar la declaración de la expresidenta, quien se encuentra con detención preventiva por el caso “golpe de Estado”.

´La exmandataria Jeanine Áñez

/ 14 de abril de 2021 / 17:38

La expresidenta Jeanine Áñez se acogió a su derecho al silencio y no declaró este miércoles en la audiencia fiscal por la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades por la contratación sin aval legislativo de un crédito del FMI y la ampliación del contrato con Fundempresa.

Acudieron los fiscales a la cárcel de Miraflores, donde se encuentra recluida la expresidenta por el proceso denominado “golpe de Estado”. El fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Aparicio, informó que a Áñez se le hizo conocer todos los hechos sobre la investigación.

“Se ha puesto a disposición de Áñez y de sus abogados defensores todos los antecedentes que cursan y que han sido colectados en el cuaderno de investigaciones, habiéndose informado a la misma de todos los derechos constitucionales que le asisten en estos actos procesales”, explicó.

Fue el ministro de Justicia, Iván Lima, el que presentó la proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades por el crédito de $us 346,7 millones contratado del FMI sin aval de la Asamblea Legislativa. El Gobierno de Luis Arce devolvió el crédito que hasta febrero representó $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses, según el ente emisor.

También Lima presentó la proposición acusatoria por la ampliación irregular del contrato con Fundempresa.

“Ambos procesos están en fase de acumulación de antecedentes, estamos a la espera de poder recabar la información correspondiente, nos encontramos dentro de los plazos previstos y regulados por ley”, explicó.

La Fiscalía General del Estado no solo admitió en marzo ambas proposiciones acusatorias, sino otras tres por impedir el ingreso de bolivianos desde Chile en la pandemia por COVID-19, por las muertes en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019 y por las vulneraciones a la libertad de expresión.

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