Nacional

Wednesday 28 Feb 2024 | Actualizado a 19:26 PM

El CEPR señala que la OEA ‘tergiversó’ datos y evidencia en su auditoría de las elecciones de 2019 en Bolivia

El centro de investigación publicó su informe en español e indica que la OEA hizo todo por reforzar su tesis de ‘manipulación intencional’ de los resultados electorales; subraya que su documento final ‘perpetúa una narrativa falsa de fraude’

/ 13 de junio de 2020 / 13:19

El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) publicó en español su informe sobre las elecciones de 2019 en Bolivia y ratificó que no hay evidencia sobre la alteración de los resultados, por lo cual acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de “tergiversar” los datos y la evidencia hallados en su auditoría para reforzar su tesis de “manipulación intencional”.

El estudio de la OEA inclinó la balanza para que el 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renuncie a su cargo, en medio de denuncias de fraude, protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para su dimisión. Dos días después, partió en un vuelo a México denunciando un golpe de Estado, y la senadora Jeanine Áñez se colocó la banda presidencial.

Un estudio ‘deficiente’

La publicación del CEPR se da luego de que un reportaje del diario estadounidense The New York Times, del 7 de junio, descubrió que la auditoría de la OEA que llevó a la anulación de los comicios “era deficiente”. “Examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos”, indicó al periódico Francisco Rodríguez, un economista de la Universidad de Tulane.

“Una vez que corregimos esos problemas, los resultados de la OEA desaparecen, sin dejar evidencia estadística de fraude”, insistió el especialista en estudios latinoamericanos. Participaron también del análisis Nicolas Idrobo, estudiante que cursa un doctorado de la Universidad de Pensilvania, y Dorothy Kronick, experta de política latinoamericana del mismo centro de estudios de Estados Unidos.

Tras la divulgación del estudio en inglés del CEPR, en marzo, la OEA salió al paso para defender la “manipulación intencional” de los resultados de los comicios que, en su criterio, benefició al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, para lograr más de 10 puntos de ventaja y así eludir una segunda vuelta con su principal contendor, el expresidente Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

“Parcial, parcializado, sin rigor técnico electoral”, calificó la OEA al análisis de Jack Williams y John Curiel, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que replicaron los hallazgos del CEPR y concluyeron que “no podemos encontrar resultados que conduzcan… a la misma conclusión que la OEA”. Y el gobierno transitorio de Áñez en Bolivia descalificó igualmente el documento.

En su publicación traducida al español, en la introducción, el CEPR señala que su estudio se centra en el informe final de la auditoría realizada por la OEA “y muestra cómo los autores… tergiversan tanto los datos como la evidencia encontrados… en un intento de reforzar aún más sus afirmaciones sobre una manipulación intencional por parte de las anteriores autoridades electorales de Bolivia”.

‘Conducta poco ética’

No niega que el organismo regional identificó “varios problemas reales de la gestión electoral”, empero, “no proporciona ninguna evidencia de que esas irregularidades hayan alterado el resultado de la elección o fueran parte de un intento deliberado de hacerlo”. Aparte, el CEPR aclara que su estudio no pretende validar lo sucedido el 20 de octubre de 2019, ni apoyar a un candidato o partido político en particular.

“La credibilidad de la OEA tiene enormes implicaciones de cara a las próximas elecciones bolivianas… Una organización multilateral llamada a resolver una disputa electoral debe ser honesta, imparcial y creíble. Este estudio muestra que la OEA no puso en práctica estos criterios en el caso de la crisis electoral boliviana de 2019”. Por ello, apunta a la entidad de haber tenido una “conducta poco ética”. 

Continúa que ello ha tenido “consecuencias profundamente perturbadoras” en Bolivia, porque la “narrativa de fraude que la OEA ayudó a promover” fue decisiva para la renuncia y huida del entonces presidente Morales, antes de que terminará su mandato; además, debido a esta acusación funcionarios, entre ellos exintegrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron encarcelados.

El documento del CEPR hace énfasis en cinco hallazgos y sostiene que el informe final de la OEA se basa en análisis estadísticos defectuosos y suposiciones incorrectas (1), entierra u omite por completo los resultados de sus ejercicios de verificación a pesar del hecho de que sean altamente relevantes (2) y no presenta evidencia que apunte a la manipulación de los resultados electorales (3).

Asimismo, como cuarto punto, subraya que la auditoría no presenta evidencia que indique que los problemas con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), reales o supuestos, afectaron al cómputo o que el cómputo fue alterado de manera fraudulenta (4); y que no proporciona claridad sobre la detención del TREP y, como resultado, perpetúa una narrativa falsa de fraude (5).

Se puede acceder al documento en https://cepr.net/wp-content/uploads/2020/03/Spanish-Report-Final-1.pdf

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Exministro López es detenido en Paraguay con fines de extradición a Bolivia

López es prófugo de la Justicia boliviana. Está imputado en los casos Golpe de Estado I y por la compra con sobreprecio de material antidisturbios.

El exministro de Defensa Luis Fernando López.

Por Miguel Gómez

/ 28 de febrero de 2024 / 17:49

Luis Fernando López, exministro de Defensa del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, fue detenido preventivamente en Paraguay, con fines de extradición a Bolivia.  

Un fallo del 13 de febrero de la Justicia paraguaya, decreta “la detención preventiva con fines de extradición de Luis Fernando López Julio… quien una vez detenido deberá ser puesto a disposición del Juzgado Penal de Garantías No 9, a los efectos de dar trámite al presente proceso especial”.

López es prófugo de la Justicia boliviana. Está imputado en los casos Golpe de Estado I y por la compra con sobreprecio de material antidisturbios.

La noticia de su captura fue publicada por Bolivia Tv. La anterior semana, se supo que el exministro tramitaba su refugio en Paraguay, por lo cual la Fiscalía de esa nación solicitó dejar en suspenso el trámite de su extradición.

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Luis Fernando López, exministro de Áñez, fue aprehendido en Paraguay

Así lo confirmó Bolivia Tv, mediante su cuenta de redes sociales. “Luis Fernando López, exministro de Jeanine Áñez, fue aprehendido en Paraguay".

Luis Fernando López, cuando ejercía el cargo de ministro de Defensa, en la gestión de Jeanine Áñez.

/ 28 de febrero de 2024 / 17:31

Luis Fernando López, exministro de Defensa del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, fue aprehendido en Paraguay. La exautoridad está prófuga de la Justicia y tramita su refugio en el vecino país.

Así lo confirmó Bolivia Tv, mediante su cuenta de redes sociales. “Luis Fernando López, exministro de Jeanine Áñez, fue aprehendido en Paraguay. Semanas atrás se conoció que este solicitó refugio en ese país”.

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Mercado indica que hay 35 proyectos de ley ‘bloqueados’ en la Cámara de Diputados

El jueves y viernes se llevó a cabo una sesión bochornosa en la Cámara Baja, con agresiones verbales y físicas.

El hemiciclo de la Cámara de Diputados.

/ 25 de febrero de 2024 / 13:34

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Jerges Mercado, del bloque arcista, indicó este domingo que hay 35 proyectos de ley “bloqueados” en esa instancia, debido a los desencuentros con el ala evista del oficialismo, y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Señaló que la no aprobación de estos documentos se debe a la posición de evistas y opositores de debatir primeramente las leyes 073 y 075 contra la prórroga de magistrados y consejeros judiciales, a lo que calificó como un “pretexto para perjudicar la gestión del presidente Luis Arce”. “No les importa sacrificar a todo el país”, dijo.

Lea más: Agresiones en Diputados: Anuncian al menos 4 demandas tras sesión bochornosa

El jueves y viernes se llevó a cabo una sesión bochornosa en la Cámara Baja, con agresiones verbales y físicas. Fue una muestra más de la pulseta entre el bloque arcista (que exige debatir primeramente siete créditos externos demandados por el Gobierno); y el ala evista, que con CC y Creemos pretenden dar prioridad a las leyes antiprórroga.

Al final, se aprobó simplemente un crédito externo y se suspendió la sesión hasta el martes, sin horario. Para Mercado, hay una clara “intencionalidad” de perjudicar a la gestión gubernamental; ya que se busca que “800 millones de dólares en créditos no ingresen a la economía nacional”.

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Robo de ganado deja pérdidas por $us 15,9 millones en cinco años

La Fegasacruz señala que ‘existen poblaciones rurales con organizaciones criminales conformadas por redes o clanes familiares especialistas’ en esta actividad delictiva

Las reses de ganaderos grandes, medianos y pequeños están en la mira de los abigeatistas, sobre todo en Santa Cruz y Beni.

/ 25 de febrero de 2024 / 06:58

Tuvieron que pasar casi 12 años para una sentencia. Dos ladrones fueron condenados a la cárcel en Santa Cruz, por el robo de 1.520 cabezas de ganado a tres estancias de la localidad de Pailón, causando un daño estimado de Bs 11 millones a los productores.

El abigeato o apropiación indebida de ganado campea en el país, sobre todo en el oriente, léase Santa Cruz y Beni. Según los datos proporcionados a LA RAZÓN por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), la comisión de este delito causó la pérdida de $us 15,9 millones en el último quinquenio (ver infografía).

El fallo en el caso Pailón es considerado histórico por el abogado de los afectados, Jorge Pérez, porque sienta un precedente. El hecho ocurrió en 2012, en la provincia Chiquitos, y es un común denominador sobre los implicados y el modus operandi que están inmersos en estos hechos. Destapó a una red delictiva bien hilvanada.

Durante dos años, los abigeatistas transportaban a las reses de un predio a otro, para engañar al censo de sus propietarios. Operaban bajo la complicidad de la noche. Borraban las huellas de sus fechorías usando tractores y ramas. En ese trayecto, vendían el ganado a terceras personas, a buenos precios. Parecía el crimen perfecto.

SENTENCIA

Sin embargo, los dueños se dieron cuenta de la falta de animales y sentaron la denuncia. Peregrinaron por justicia durante casi 12 años. Hasta que a comienzos de febrero de esta gestión, un tribunal sentenció a Juan Salvatierra y Darko Kanez a cinco años y cuatro meses, y tres años y dos meses de prisión, respectivamente.

En la mayoría de casos, los ladrones no pagan su delito. La Fegasacruz estima que solo el 50% de casos son denunciados. En una nota de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), su presidente, José Luis Farah, subraya que las “mafias de abigeatistas están poco tiempo en la cárcel”, que “hay muy pocos sentenciados”.

Ganaderos grandes, medianos y pequeños, sin distinción, están en la mira de estos delincuentes, advierte la Fegasacruz, en todos los departamentos, en todas las provincias, “pero con más intensidad”, apuntan a “los productores asentados en municipios cercanos a los centros masivos de consumo o que tienen vías rápidas de acceso”.

El mayor botín es el ganado de alto valor genético lechero o de carne, que requiere de importante inversión. “Existen poblaciones rurales con organizaciones criminales conformadas por redes o clanes familiares especialistas en abigeato, desde donde hacen la vigilancia o sistema de espionaje, muchas veces camuflados como cazadores, pescadores o transeúntes”, remarca la Fegasacruz.

Para Farah, según la revista Publiagro, las mafias están tan bien hilvanadas que se presentan a las audiencias judiciales con hasta tres abogados, o sea, manejan importantes recursos económicos. “Se mueven robando ganado vivo para faena y venta de la carne en friales”, y circulan por las trancas sin ningún control que los frene.

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De acuerdo con las estadísticas proveídas por la Fegasacruz, las pérdidas fueron en ascenso desde 2020 hasta 2023, con $us 2,3 millones, $us 2,9 millones, $us 3,4 millones y $us 3,8 millones, respectivamente. De 2019 a 2023, se robaron 24.660 cabezas de ganado bovino y los ganaderos afectados asciendieron a 2.466.

La Fegasacruz indica que los denunciantes deben enfrentarse también a una “red de factores negativos”, sean institucionales, organizacionales y financieros, para que se investiguen los casos, “dando la percepción de que más serán los gastos económicos y tiempo dedicado, que la posibilidad de llegar a castigar con penas de presidio efectivas” a los culpables.

Eso no es todo. Las víctimas de estos robos también son amedrentadas por los sindicados ante la Justicia, añade la Fegasacruz, “por tanto, existe un ambiente de inseguridad jurídica y, no pocas veces, corre riesgo su seguridad física”. Y existe otro problema que subraya la federación: el riesgo sanitario que provoca el abigeato.

Es que la carne faenada por estos ladrones no cuenta con un veterinario acreditado a nivel de matadero que certifique su condición sanitaria, ya que ello es realizado de forma clandestina, lo que abre las puertas a enfermedades por bacterias, parásitos o virus, léase brucelosis, triquinosis, tuberculosis bovina, hidatidosis e intoxicaciones.

El artículo 350 del Código Penal castiga el abigeato con hasta seis años de cárcel, si hay dos o más cabezas robadas de “ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino, porcino, caprino, ovino o camélido sudamericano”, si es cometido por dos o más personas y si hay animales de alto valor genético implicados, entre los puntos principales.

Uno de los casos que causó más repercusión el año pasado involucró a una res, la gran campeona de la Agropecruz 2023 de la raza girolando: Rachapau Aurea 5648 Byway Fiv. Sucedió a finales de julio, en el municipio cruceño de Okinawa, cuando el animal desapareció de su estancia junto a otras vacas.

A los pocos días, se descubrió que fue faenada. El golpe económico a su propietario fue muy duro, por la inversión para este ejemplar de alto valor genético subastado en $us 10.000. “Si lo dividimos por días del año, nos roban 15 cabezas por día”, denunció su dueño, Klaus Frerking. Un ejemplo del impacto del abigeato en el país.

La audiencia de sentencia sobre el caso de robo de 1.520 cabezas de ganado, el 7 de febrero.
La audiencia de sentencia sobre el caso de robo de 1.520 cabezas de ganado, el 7 de febrero.

Se busca ampliar la sanción hasta 12 años de cárcel

En septiembre de 2018, se apuntaba a poner zancadillas al delito de abigeato o robo de ganado en el país. Se promulgaba una ley que creaba el Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato y se modificaba el artículo 350 del Código Penal para el endurecimiento de las sanciones contra quienes se dedican a esta actividad ilícita.

A poco más de cinco años, los abigeatistas aún hacen de las suyas en las estancias ganaderas, sobre todo las asentadas en Santa Cruz y Beni, generando cuantiosas pérdidas a los productores. Según datos proveídos a LA RAZÓN por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), en el último quinquenio el daño económico asciende a $us 15,9 millones.

Ahora, los ganaderos han puesto en duda la efectividad del Consejo y también señalan que la pena de prisión debe ser ampliada. Por ejemplo, el Código Penal establece que quienes incurren en este delito recibirán entre seis meses y un año de cárcel si roban una “cabeza de ganado porcino, caprino u ovino”, junto a otras conductas.

GANADO

La sanción sube a entre dos y cuatro años de prisión si el robo implica a “una cabeza de ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino o camélido sudamericano”. Y trepa a entre cuatro y seis años de privación de libertad por “dos o más cabezas de ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino, porcino, caprino, ovino o camélido sudamericano”.

Además, el hecho debe ser cometido por dos o más personas; “se trate de animales de alto valor genético; la persona autora mantenga una relación de dependencia laboral con la víctima; el hecho se cometa en ocasión de un desastre natural, convulsión popular o aprovechándose de un accidente, o de un infortunio particular, o que el bien se halle fuera de control del dueño; o se utilicen armas de fuego o se ejerza violencia sobre las personas”.

La Fegasacruz remarca que la “baja penalidad provoca en la mayor parte de los casos que el abigeatista salga libre”. Ante esto, se presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal, para que la reclusión de los abigeatistas se amplíe a entre ocho y 12 años. El documento se encuentra en la Cámara de Diputados, en fase de revisión, y se solicitó datos complementarios, como estadísticas del delito, y que se subsanen algunas observaciones sobre la pena y el tipo penal.

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Si Camacho retorna a Santa Cruz para su juicio oral, ¿puede volver a ser Gobernador titular?

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional determinó que Aguilera asuma de forma interina el cargo de Camacho, quien está imposibilitado de llevar a cabo sus funciones por su detención preventiva.

Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera. Foto: RRSS

/ 10 de febrero de 2024 / 13:38

El debate y la polémica están abiertos. La Justicia pidió que el gobernador convicto Luis Fernando Camacho afronte en Santa Cruz su juicio oral por el caso Decretazo, desde el martes 11 de marzo a las 13.00. Ya hay voces que señalan que si se aplica esta decisión, retomará automáticamente sus funciones que fueron asumidas de manera interina por Mario Aguilera.

La investigación se refiere a la promulgación del decreto departamental 373, en marzo de 2022. Entonces, Camacho se ausentó a Brasil y, de acuerdo con el documento, delegaba sus tareas al secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro; y no así al entonces vicegobernador Aguilera, tal como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Lea más: La Justicia ordena el traslado de Camacho a Santa Cruz para el juicio oral en el caso Decretazo

No solamente eso. Tras los cuestionamientos a la norma supuestamente firmada por Camacho, se la eliminó de la Gaceta Departamental Oficial. El Gobernador se encuentra en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, desde diciembre de 2022, en el marco de las indagaciones por el caso Golpe de Estado I, sobre el derrocamiento al presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Camacho y su juicio oral

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional determinó que Aguilera asuma de forma interina el cargo de Camacho, quien está imposibilitado de llevar a cabo sus funciones por su detención preventiva. En enero, pese a la resistencia de la Asamblea Legislativa Departamental y los seguidores del exlíder cívico, el Vicegobernador juró al cargo.

“Estando en el territorio (cruceño) y de manera inmediata, el gobernador Luis Fernando Camacho asume de nuevo las funciones de Gobernador electo y el Vicegobernador también sigue con sus funciones”, indicó el abogado defensor de la autoridad departamental encerrada en Chonchocoro, Martín Camacho, tras anunciar la notificación en el caso Decretazo.

Mientras que Efraín Suárez, integrante del equipo jurídico de Camacho y exasesor de su gestión como Gobernador, ratificó esto a Unitel. “Una vez el Gobernador pise suelo cruceño reasume las funciones de Gobernador del departamento, acatando la sentencia constitucional 1021/2023-S4. Esto debería realizarse de manera directa, sin necesidad de ningún trámite”.

Ahora queda la notificación con esta decisión a la Dirección General de Régimen Penitenciario y si ésta es atendida.

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