Nacional

lunes 14 jun 2021 | Actualizado a 18:14

El Cónsul en Barcelona llega a La Paz para presentar su informe sobre los 170 respiradores

En medio del escándalo del caso Repiradores, al menos dos involucrados mencionaron que Pareja participó en el proceso de adquisición de los equipos.

la canciller Karen Longaric en conferencia de prensa

/ 16 de junio de 2020 / 14:15

El cónsul general de Bolivia en Barcelona, David Pareja Lozada, ha llegado a La Paz para presentar un informe sobre el caso de la compra de un lote de 170 respiradores españoles que ahora investiga la Fiscalía por un presunto sobreprecio. La Cancillería está dispuesta a enviar el documento a la Fiscalía.

“Está en la ciudad de La Paz, ha estado justamente ayer por la tarde en Cancillería prestando un informe muy amplio sobre su participación en todo este proceso de embarque de los ventiladores procedentes de Barcelona hasta Bolivia”, indicó este martes la canciller Karen Longaric.

Aunque no mencionó el contenido del informe debido a que el caso fue declarado en reserva, la diplomática mencionó que el funcionario deslindó responsabilidad.

«La información que ha dado el señor Pareja indicando que no ha tenido nada que ver en este proceso de envío de los respiradores hacia Bolivia. En caso de que la Fiscalía nos pida esas declaraciones, pues nosotros vamos a hacerlas llegar a las instancias correspondientes», indicó.

En medio del escándalo del caso Respiradores, que motivó la caída y encarcelamiento del exministro de Salud Marcelo Navajas y otros exfuncionarios, al menos dos involucrados mencionaron que Pareja participó en el proceso de adquisición de los equipos.

El contrato de compra fue firmado entre la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y la española IME Consulting Global Services.

El precio total fue de $us 4.773.600 y tomó además en cuenta los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles y gastos de seguros de los bienes a ser provistos a Bolivia. 

Así, el gobierno de Jeanine Áñez adquirió cada uno de los ventiladores en $us 28.080, a diferencia del precio que el fabricante catalán GPAinnova reveló, $us 7.234.

Pareja contó que su papel fue verificar la existencia de los equipos y no tuvo nada que ver con la gestión del precio. Incluso llegó a decir, con base en datos que recibió del Ministerio de Salud, que había otras ofertas por equipos similares con un precio menor.

Para la Fiscalía, el sobreprecio de la transacción es de más de $us 3 millones. Hace un par de semanas se anunció desde esa institución que convocarían al diplomático para declarar por el caso que se mantuvo en reserva.

(16/06/2020)

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Mamani anuncia decreto para facilitar a las alcaldías la adquisición directa de vacunas antiCOVID-19

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que los gobiernos subnacionales deberán cumplir los requisitos indispensables para la adquisición de vacunas, como la certificación de los inoculantes.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, en conferencia de prensa.

Por Karina Pérez

/ 14 de junio de 2021 / 17:40

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este lunes que el Órgano Ejecutivo trabaja un Decreto Supremo para flexibilizar los requisitos de adquisición de vacunas contra el COVID-19 de forma directa y sin intermediarios por parte de los gobiernos subnacionales.

“Se está trabajando en un Decreto Supremo para dar mayor facilidad a los municipios en la compra de vacunas. Las vacunas que se compren deben ser totalmente gratuitas, no pueden ser privatizadas, ni vendidas”, informó en una conferencia de prensa.

Explicó que esa norma se redacta sobre la base a los acuerdos a los que se llegaron en la reunión que sostuvo el Ministro de Salud con alcaldes de varias regiones, donde se determinó que las compras se puedan realizar de manera directa.

Asimismo, descartó el tratamiento del proyecto de ley que presentó el jueves la alianza Creemos para que las alcaldías y gobernaciones puedan importar directamente las vacunas.

“Está claro que no hay necesidad de tomar en cuenta este proyecto de ley en su tratamiento, porque no corresponde, sino más bien (la importación de vacunas) va a ser de acuerdo a un Decreto Supremo muy próximo”, sostuvo.

Esas determinaciones se toman en medio de la tercera ola de la pandemia de coronavirus que se registra con más de tres millares de nuevos casos.

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Exministro Ordoñez: Lizárraga dice que Sánchez Berzaín cierra ‘préstamo’ de gases de Ecuador

El exministro Mauricio Ordoñez reveló que la exministra Roxana Lizárraga informó en la reunión el gabinete del 14 de noviembre de 2019 que se contactó con Carlos Sánchez Berzaín y que aseguró el préstamo de munición no letal de Ecuador

Carlos Sánchez Berzaín.Foto: Archivo-La Razón

/ 14 de junio de 2021 / 17:28

Carlos Sánchez Berzaín fue involucrado en el “préstamo” de agentes químicos de Ecuador. El exministro de Desarrollo Rural y Tierras Mauricio Ordoñez reveló este lunes que la exministra Roxana Lizárraga informó en la reunión de gabinete del gobierno de Jeanine Áñez del 14 de noviembre de 2019 que se contactó con Sánchez Berzaín para resolver la falta de gases lacrimógenos y enfrentar las protestas sociales.

“Lizárraga junto al resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos, Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando: ‘asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos”, contó en su declaración ante la Fiscalía, hecha pública por el portal Detrás de la Verdad.

Parte de la versión coincide con la expuesta el sábado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando dio detalles del “préstamo” de agentes químicos de Ecuador. Según los datos, el material no letal fue traído el 16 de noviembre, tres días antes de la represión con muertes por impactos de bala en Senkata, El Alto.

En su declaración ante la Fiscalía dentro del caso «gases lacrimógenos», Ordoñez sostuvo que Lizárraga dijo: “Más bien alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”.

Justamente un avión Hércules fue a recoger ese material. Ecuador pidió el 27 de mayo de 2020, a través de una carta, la devolución del material prestado. Se trata de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

Del Castillo contó el sábado, coincidiendo con Ordoñez, que el tema del “préstamo” se trató en gabinete y que Murillo, López y Lizárraga se encargaron de la logística de traslado, aunque no reveló con quién había hablado Lizárraga, hoy radicada en Estados Unidos, donde también está Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de los principales enjuiciados por las muertes de octubre de 2003.

En esa reunión de gabinete del 14 de noviembre, estuvieron los hoy prófugos excomandantes de las FFAA, Sergio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, quienes reportaron que el material no letal con el que contaban no era suficiente para encarar las protestas de sectores sociales en apoyo al ya dimitente Evo Morales.

Murillo y López son procesados por la denuncia de compra con sobreprecio de $us 2,3 millones de gases lacrimógenos. Murillo está detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos tras descubrirse que usó el sistema financiero de ese país para el negociado.

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Exprocurador sobre gases: La irregularidad más grande es la compra por excepción

La declaración del exprocurador Alberto Morales en calidad de testigo por el caso Gases lacrimógenos fue suspendida.

Foto: APG

/ 14 de junio de 2021 / 16:11

Alberto Morales, exprocurador General del Estado, consideró este lunes que la “irregularidad más grande” en la compra de gases lacrimógenos está en el sistema de adquisición por excepción.

“La irregularidad más grande es el sistema de compra por excepción que aplican mucho desde hace varios años y eso evita un control de competencia; cuando no se compra por excepción se invita públicamente, se licita y los mismos proponentes del servicio o el producto se controlan entre sí”, dijo.

En ese sentido, recordó que a través de esa “competencia” uno puede lograr un menor precio, mejor producto y escoger la opción más favorable.

“Entonces, en general, toda compra por excepción llama nomás un poco la atención, pero si está respaldado por decretos (como lo estuvo la adquisición de los gases y si esas normas) hasta ahora no están declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, había la base normativa”, justificó.

Morales hizo esas declaraciones ante los medios de comunicación al momento de presentarse en la Fiscalía de La Paz a declarar por el caso Gases lacrimógenos, aunque ese acto fue suspendido.

“Me han dicho que van a reprogramar y me van a notificar personalmente con nueva fecha; se ha suspendido (mi declaración) por razones seguramente de la carga laboral de la Fiscalía”, indicó.

Los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López son los principales procesados por la adquisición de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Áñez con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

El exministro de Gobierno se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero y pago de sobornos que se registraron, precisamente, durante la compra de ese material para Bolivia a través de una empresa intermediaria y de López aún se desconoce su paradero exacto, aunque se sospecha que está en Brasil.

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La Fiscalía de Oruro archiva también el caso ‘fraude’ y Lima dice que se desmontó una ‘mentira monumental’

Con esta decisión, las nueve fiscalías departamentales sobreseyeron a los exvocales y exfuncionarios electorales acusados de “fraude” en los comicios de 2019, por no haberse encontrado elementos probatorios. Solo queda el proceso a los exvocales del TSE.

El asedio al TSE tras las elecciones de 2019.

/ 14 de junio de 2021 / 15:57

Mediante una resolución, la Fiscalía Departamental de Oruro solicitó el archivo de la denuncia sobre “fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y pidió el sobreseimiento de todos los exvocales y exfuncionarios electorales imputados, al no haber podido demostrarse responsabilidades. Con ello, las nueve fiscalías ya levantaron la acusación por este caso y solo cursa la investigación de los exvocales nacionales.  

“CASO FRAUDE, el Fiscal Departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas. De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y sí existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a los bolivianos”, escribió el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en su cuenta de redes sociales, con una copia del documento de la Fiscalía.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía activó una investigación de oficio y la detención de los entonces vocales, ante la denuncia de un “fraude” en los comicios de ese año que dieron como ganador a Morales sin necesidad de que se lleve a cabo una segunda vuelta con su principal contrincante en las urnas, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa.

Entonces, Mesa denunció irregularidades y convocó a movilizaciones, y habló de un “fraude escandaloso”, de un “fraude monumental”, a lo que se refirió Lima. Luego, las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, aparte de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude”, provocaron la decisión de Morales de abandonar su cargo.

Para Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), todo fue parte de un “golpe de Estado”. Dos días después de la dimisión, asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, cuyo mandato presionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales departamentales para que activen o se sumen a los procesos contra los exvocales nacionales y regionales, tomando como elemento de prueba al documento de la OEA.

La resolución de la Fiscalía Departamental de Oruro señala que el informe preliminar y el final del organismo hemisférico, “pese a que se constituye en una auditoría, no establece responsabilidades, vinculado a quienes fueron las autoridades o funcionarios que cometieron actos fuera de la normativa vigente, vinculado a los ilícitos de delitos electorales” por los cuales se abrió la indagación contra los exvocales del TED de Oruro.

Ellos fueron imputados por los delitos electorales de falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado, alteración y ocultación de resultados, alteración o modificación del padrón electoral, beneficios en función del cargo; además de uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; la Fiscalía pidió el levantamiento de estos cargos y también de las medidas cautelares.

La decisión indica que la auditoría de la OEA no pudo establecer la participación de los imputados Ruddy Huayllas (expresidente del TED de Oruro), William Montaño, Ana María Gonzales, María Eugenia Arce, Judith Ramos, Gheovanni Flores, Agustín Mamani, Víctor Zola y Olga Chino, en las irregularidades planteadas. Es decir, “no hay elementos probatorios objetivos que demuestren la responsabilidad penal de los imputados”, se indica.

Con esta determinación, las nueve fiscalías departamentales archivaron los casos por la denuncia de fraude en 2019, solo queda pendiente la investigación a los exvocales del TSE, a la espera de una pericia informática sobre la denuncia de “manipulación dolosa” y la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que provocó la denuncia de opositores a Morales, sobre todo de su contrincante Mesa.

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Fiscalía de Oruro archiva también el caso ‘fraude’ y Lima dice que se desmontó una ‘mentira monumental’

Con esta decisión, las nueve fiscalías departamentales sobreseyeron a los exvocales y exfuncionarios electorales acusados de “fraude” en los comicios de 2019, por no haberse encontrado elementos probatorios. Solo queda el proceso a los exvocales del TSE.

El asedio al TSE tras las elecciones de 2019.

/ 14 de junio de 2021 / 15:52

Mediante una resolución, la Fiscalía Departamental de Oruro solicitó el archivo de la denuncia sobre “fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y pidió el sobreseimiento de todos los exvocales y exfuncionarios electorales imputados, al no haber podido demostrarse responsabilidades. Con ello, las nueve fiscalías ya levantaron la acusación por este caso y solo cursa la investigación de los exvocales nacionales.  

“CASO FRAUDE, el Fiscal Departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas. De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y sí existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a los bolivianos”, escribió el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en su cuenta de redes sociales, con una copia del documento de la Fiscalía.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía activó una investigación de oficio y la detención de los entonces vocales, ante la denuncia de un “fraude” en los comicios de ese año que dieron como ganador a Morales sin necesidad de que se lleve a cabo una segunda vuelta con su principal contrincante en las urnas, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa.

Entonces, Mesa denunció irregularidades y convocó a movilizaciones, y habló de un “fraude escandaloso”, de un “fraude monumental”, a lo que se refirió Lima. Luego, las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, aparte de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude”, provocaron la decisión de Morales de abandonar su cargo.

Para Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), todo fue parte de un “golpe de Estado”. Dos días después de la dimisión, asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, cuyo mandato presionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales departamentales para que activen o se sumen a los procesos contra los exvocales nacionales y regionales, tomando como elemento de prueba al documento de la OEA.

La resolución de la Fiscalía Departamental de Oruro señala que el informe preliminar y el final del organismo hemisférico, “pese a que se constituye en una auditoría, no establece responsabilidades, vinculado a quienes fueron las autoridades o funcionarios que cometieron actos fuera de la normativa vigente, vinculado a los ilícitos de delitos electorales” por los cuales se abrió la indagación contra los exvocales del TED de Oruro.

Ellos fueron imputados por los delitos electorales de falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado, alteración y ocultación de resultados, alteración o modificación del padrón electoral, beneficios en función del cargo; además de uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; la Fiscalía pidió el levantamiento de estos cargos y también de las medidas cautelares.

La decisión indica que la auditoría de la OEA no pudo establecer la participación de los imputados Ruddy Huayllas (expresidente del TED de Oruro), William Montaño, Ana María Gonzales, María Eugenia Arce, Judith Ramos, Gheovanni Flores, Agustín Mamani, Víctor Zola y Olga Chino, en las irregularidades planteadas. Es decir, “no hay elementos probatorios objetivos que demuestren la responsabilidad penal de los imputados”, se indica.

Con esta determinación, las nueve fiscalías departamentales archivaron los casos por la denuncia de fraude en 2019, solo queda pendiente la investigación a los exvocales del TSE, a la espera de una pericia informática sobre la denuncia de “manipulación dolosa” y la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que provocó la denuncia de opositores a Morales, sobre todo de su contrincante Mesa.

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