El cónsul general de Bolivia en Barcelona, David Pareja Lozada, ha llegado a La Paz para presentar un informe sobre el caso de la compra de un lote de 170 respiradores españoles que ahora investiga la Fiscalía por un presunto sobreprecio. La Cancillería está dispuesta a enviar el documento a la Fiscalía.
“Está en la ciudad de La Paz, ha estado justamente ayer por la tarde en Cancillería prestando un informe muy amplio sobre su participación en todo este proceso de embarque de los ventiladores procedentes de Barcelona hasta Bolivia”, indicó este martes la canciller Karen Longaric.
Aunque no mencionó el contenido del informe debido a que el caso fue declarado en reserva, la diplomática mencionó que el funcionario deslindó responsabilidad.
«La información que ha dado el señor Pareja indicando que no ha tenido nada que ver en este proceso de envío de los respiradores hacia Bolivia. En caso de que la Fiscalía nos pida esas declaraciones, pues nosotros vamos a hacerlas llegar a las instancias correspondientes», indicó.
En medio del escándalo del caso Respiradores, que motivó la caída y encarcelamiento del exministro de Salud Marcelo Navajas y otros exfuncionarios, al menos dos involucrados mencionaron que Pareja participó en el proceso de adquisición de los equipos.
El contrato de compra fue firmado entre la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y la española IME Consulting Global Services.
El precio total fue de $us 4.773.600 y tomó además en cuenta los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles y gastos de seguros de los bienes a ser provistos a Bolivia.
Así, el gobierno de Jeanine Áñez adquirió cada uno de los ventiladores en $us 28.080, a diferencia del precio que el fabricante catalán GPAinnova reveló, $us 7.234.
Pareja contó que su papel fue verificar la existencia de los equipos y no tuvo nada que ver con la gestión del precio. Incluso llegó a decir, con base en datos que recibió del Ministerio de Salud, que había otras ofertas por equipos similares con un precio menor.
Para la Fiscalía, el sobreprecio de la transacción es de más de $us 3 millones. Hace un par de semanas se anunció desde esa institución que convocarían al diplomático para declarar por el caso que se mantuvo en reserva.
(16/06/2020)