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viernes 15 oct 2021 | Actualizado a 17:29

El MAS ve intento de proscribirlo tras querella que el TSE presentó por el ‘fraude’ en la elección 2019

El MAS lamenta que el TSE haya cedido a la presión de la Procuraduría General del Estado.

Una persona emite su voto en las pasadas elecciones. Foto: APG-archivo

/ 16 de junio de 2020 / 19:59

La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) alertó que el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya presentado una querella penal por el presunto fraude en las elecciones de 2019, forma parte del intento de impedir la participación de este partido en las próximas elecciones (de agosto-septiembre de 2020).

Esta acción, señala la Dirección del MAS en un comunicado emitido hoy martes 16, está “orientada a proscribir al MAS-IPSP e inhabilitar a todos los candidatos del pueblo en estas elecciones” y que ello pone en duda la imparcialidad del TSE.

Para el partido del pasado gobierno, la acción judicial del TSE es fruto de la presión del gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez: “Lamentamos que (el TSE) haya cedido ante las presiones del gobierno de facto, cuyo objetivo de prorrogarse en el poder se ratificó en la negativa de Añez de promulgar la ley que establece que las elecciones sean el 6 de septiembre”.

Esta presión, dice el MAS en su comunicado, consistió en “las amenazas de procesos penales contra el presidente del TSE (Salvador Romero) y de los vocales por parte del Procurador General del Estado para que presenten una querella por el presunto fraude, acompañadas por presiones de los candidatos del régimen y sus aliados”.

Como parte del plan de proscripción del MAS, enfatiza su Directorio, “figuran las declaraciones injerencistas del Ministro de Gobierno dirigidas contra el Fiscal General del Estado, y la conminatoria y amenaza con procesos penales del ministro de Justiciaal Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

Tras denunciar que habría una campaña por criminalizar y estigmatizar al MAS, el pronunciamiento advierte de “acciones planificadas de violencia” para “culpar” al propio MAS.

La Dirección masista concluye haciendo un llamado a la comunidad internacional “a velar por la recuperación de la democracia en Bolivia, a condenar este nuevo intento de proscribir al MAS-IPSP que afecta a la mitad del pueblo boliviano”.

(16/06/2020)

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Expresidentes de Adepcoca son vetados para las elecciones del 22 de noviembre

La organización procurará que los candidatos sean electos desde las comunidades, pasando por todas las instancias intermedias. La elección es por asamblea.

/ 12 de octubre de 2021 / 13:26

Se confirmó para el lunes 22 de noviembre las elecciones de la nueva dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en Coripata; están prohibidos de participar todos quienes hayan sido presidentes de la institución, incluso de las organizaciones paralelas.

El anuncio fue hecho este martes por el presidente del Comité Electoral de Adepcoca, Maycol Reyes, en entrevista con La Razón Radio, programa por streaming de este medio.

Están vetados “todos los expresidentes”, aun considerando la división de la organización cocalera. Cuando se le preguntó si se considera, por ejemplo, expresidente de Adepcoca a Arnold Alanes, de una de las paralelas, Reyes ratificó: “Todos, en una magna asamblea la base les ha dado de baja; se les ha dicho: ‘Ustedes ya no son más presidentes, ni de un lado ni del otro lado’”.

En este sentido, no participarán ni Elena Flores ni Armin Lluta ni Arnold Alanes, menos Franclin Gutiérrez, detalló el presidente del Comité Electoral.

La elección del 22 será en el estadio Ramiro Castillo de Coripata. Como se sabe, en Adepcoca se practica la elección por asamblea. Se elegirá a un directorio compuesto por nueve personas, provenientes, según estatuto, de “cuatro postulantes de la provincia Nor Yungas, cuatro de Sud Yungas y uno de Inquisivi”, remarcó Reyes.

La postulación para la dirigencia en Adepcoca no es a título personal; el candidato tiene que haber “subido” desde las comunidades, remarcó Reyes: “La comunidad elige a la persona más idónea; de la comunidad va a la Subcentral, de allí a la Central, de la Central a la Federación Regional y de ahí viene el candidato”.

Entre los requisitos exigibles están que el candidato o candidata sean “nacidos en el lugar, que tenga su libreta de servicio militar, además de eso tiene que presentar una declaración jurada de cuántos bienes tiene, van a presentar también un perfil de proyecto, cómo van a manejar la institución”.

Los postulantes tienen que presentar todos estos requisitos hasta el 15 de noviembre.

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‘Fraude o Golpe’, una trampa a superar

Hoy se cumplen 39 años del retorno a la democracia. Para evaluarla, hay que poner en su justo lugar el trauma de 2019.

De cómo los actuales actores políticos ubiquen y resuelvan el trauma de 2019 dependerá la calidad de la futura democracia

Por Iván Bustillos

/ 10 de octubre de 2021 / 19:31

El punto sobre la i

Justo hoy, 10 de octubre, se cumplen 39 años desde que Bolivia retornó a la democracia, en octubre de 1982. Poco más de una generación en la que seguro que en más de una ocasión estuvo a punto de interrumpirse la vigencia del orden democrático… Claro, aquí empieza el problema, cuando se recuerda lo ocurrido en octubre- noviembre de 2019: ¿Hubo fraude o golpe? acaso sea una disyuntiva que acompañe por generaciones a los bolivianos y que siempre tienda a dividirlos en esos dos bandos: que fue fraude y no golpe; que no fue fraude y sí golpe. Hay quien piensa que si los bolivianos no salimos de este debate, se verá gravemente afectada nuestra convivencia democrática, el desarrollo mismo de la democracia. Pero hay quien piensa que no, que el “dilema” fraude o golpe no debería entorpecer ni la convivencia democrática ni su desarrollo institucional.

Nuestros analistas invitados, el politólogo Marcelo Silva y el sociólogo Fernando Mayorga, coinciden precisamente en la necesidad de ubicar el fraude o golpe en su justa medida y lugar y no dejar que ello nuble la mirada sobre lo que ha llegado a ser la democracia boliviana en estas casi cuatro décadas, y lo que aún podría, tendría y hasta debería ser.

INCOMPLETA. Lo del fraude o golpe, señala Silva, “es un tema que desgraciadamente desubica la discusión central sobre la democracia”, desvía la atención acerca del hecho, por ejemplo, de que “la democracia entendida solo como una forma de participación política hoy queda absolutamente incompleta”.

La democracia implica otros parámetros, sociales, culturales y económicos, afirma. Reducirla a la pura pelea por el poder no deja ver que ésta tiene muchos más problemas: las desigualdades y sometimientos culturales (el intento de imponer un monoculturalismo), la persistencia de la discriminación de raza, género y por religión, entre otras; ni hablar de la desigualdad económica como una de las mayores trabas a la democracia.

Por eso, dice Silva, “lo que hay que hacer es ampliar la noción de democracia, saliendo del ámbito político”.

Más aún, destacan ambos estudiosos, si hay algo de lo que los bolivianos debieran sentirse orgullosos es de su “modelo democrático”, la democracia intercultural.

“La Constitución de 2009 tiene como dato más destacable el reconocimiento de tres formas de democracia: la representativa, la directa o participativa y la comunitaria; eso que en la ley del régimen electoral se define como la democracia intercultural, y que es el rasgo peculiar del modelo democrático boliviano”, cuyo desarrollo se explica solamente por la fuerte y consistente presencia en el quehacer político de actores populares, sobre todo campesinos e indígenas, destaca el sociólogo Mayorga.

“El modelo de democracia intercultural consiste en fomentar la democracia representativa, fortalecer la democracia participativa e impulsar la democracia comunitaria; son esos tres modelos que sostienen la democracia intercultural”, afirma, por su lado, el politólogo Silva.

COYUNTURAL. El del fraude o golpe, en últimas, es un tema coyuntural, prosigue Silva, el cual no debiera ser resuelto si no en la justicia. “El tema es que una de las condiciones fundamentales para fortalecer la democracia es establecer una reforma muy seria al sistema de justicia. Y la discusión de golpe o fraude deber ser dilucidada en el ámbito de la justicia, pero una justicia que tenga legitimidad y confiabilidad.

La discusión o fraude o golpe siempre se quedará en un discurso político utilitario “en tanto y en cuanto la justicia no determine el hecho con pruebas fácticas y una correlación de los hechos de qué es lo que realmente pasó”, asevera el politólogo.

Ahora, concluye Silva, hay que preguntarse si el dilema fraude o golpe en verdad es parte de la preocupación cotidiana de la ciudadanía. “La ciudadanía está en otra cosa, tiene otras prioridades que la clase política, es un efecto burbuja; la clase política cree que su agenda es la agenda de la sociedad, y no es así; la agenda de la sociedad en este momento está difiriendo grandemente de la agenda política; está pensando en la reactivación económica, en educación y salud; esos son los temas fundamentales”.

Para el sociólogo cochabambino Mayorga, definitivamente la tal disyuntiva o fue fraude o fue golpe, en realidad, no es un dilema, como se lo quiere hacer ver. “No es un dilema, porque no hay relación entre los dos, excepto en el discurso de los actores políticos, que los hacen aparecer como si fueran una antinomia, es decir, una cosa o la otra, cuando esto, por lógica, no tiene relación”.

Pudo o no haber habido fraude, apunta, “pero hay que separar, dejar a un lado ese tema para preguntarse si hubo o no hubo golpe”.

El problema es, continúa Mayorga, que así “mal planteado” el tema, impide emprender una reflexión a fondo de nuestra democracia. “La democracia es evaluada a partir de una postura que se asume respecto a una u otra explicación (o fraude o golpe) y ahí lo que se hace es no tocar el tema”.

En la reflexión del estado y perspectiva de la democracia boliviana, además de valorar el gran avance que significa la democracia intercultural, Mayorga prefiere la historia.

RETROCESO. “El último año hubo una ruptura del orden constitucional, y eso implicó un retroceso en los avances que había en términos democráticos, pero ese retroceso duró un año y fue la propia acción colectiva, la fortaleza de los sectores populares de la sociedad, que permitió que se recupere la democracia, que el proceso político se encauce hacia una solución electoral de la crisis en que entró el país desde octubre de 2019. Esto está demostrando la convicción democrática de los sectores populares, que, desde la década de los 40 con los mineros, desde los 80 con los campesinos e indígenas, claramente muestra su convicción, su apego a la democracia y su apuesta por la vía electoral”, propone Mayorga para comprender el valor de la democracia.

La historia la hacen los pueblos y las grandes construcciones sociales, como la democracia, son fruto de su mayor o menor intervención. Por esto, Mayorga dice: “La presencia de mineros, de campesinos e indígenas, lo que ha provocado ha sido una ampliación de la democracia, porque han ingresado a la lucha política mediante las reglas de la democracia representativa inicialmente, sectores que han estado excluidos”.

Esta presencia popular y no otra cosa, guste o no, es lo que explica la presencia y vigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), con todos sus pros y contras, provoca Mayorga: “Esa presencia se ha traducido en estas cuatro victorias sucesivas del MAS, y la instauración de un nuevo modelo estatal con la Constitución de 2009”.

DEBILIDAD. El problema es, continúa Mayorga, que este impulso democrático popular todavía “convive con una debilidad institucional del sistema de partidos, que sigue siendo la tarea pendiente, porque, excepto el MAS, que es el único con presencia nacional, aunque es una entidad muy peculiar porque está implicada por estas organizaciones populares, las otras organizaciones son débiles, efímeras, inestables, y mientras no se consoliden otras fuerzas políticas, vamos a seguir en esta debilidad del sistema de partidos como espacio donde se produzca la disputa programática”.

“Después de 30 años, uno puede decir que la democracia se ha ampliado con esta presencia popular, la democracia es más representativa, pero no hay un punto de equilibrio con la dimensión institucional de la representación política”, resalta el sociólogo.

¿Optimismo por el futuro de la democracia, pese a las actuales amenazas? Claro que sí, asegura Mayorga. “Después de la ruptura constitucional, hubo un golpe de Estado que además venía con mucha fuerza en términos de restauración de un proyecto oligárquico, de una política económica neoliberal, porque fue una derrota política muy fuerte la del MAS (en 2019), y, sin embargo, en menos de un año, no por acción del MAS como partido, sino por acción de esta red de organizaciones populares, articuladas en torno al Pacto de Unidad, se logra restituir la democracia a través de la vía electoral, y además con unos resultados contundentes para disipar esa situación de crisis política que durante un año vivió el país. Esa es la fuerza de la interpelación democrática y la convicción de estos sectores populares de la sociedad para seguir profundizando la democracia”, concluye Mayorga su evaluación.

 Hacia el (buen) juego de mayorías y minorías

Si hay algo que en la práctica muestra la mayor o menor calidad de la democracia, su fortaleza, es el adecuado, considerado, juego entre mayorías y minorías, y el respeto por las reglas y valores democráticos, coincidieron en señalar los analistas María Teresa Zegada (socióloga), Manuel Mercado (especialista en comunicación política) y Marcelo Arequipa (politólogo), en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta del miércoles 6 de octubre.

La directora de LA RAZÓN y conductora del programa, Claudia Benavente, planteó a sus invitados tres ejes sobre los que habría que reflexionar la democracia: el juego de las mayorías y minorías, los principios democráticos en diferentes contextos sociales y culturales, y la importancia de las reglas de juego y de las instituciones en la vida democrática.

Al respecto, Mercado estableció una regla básica democrática, guste o no: “La primera condición para lograr un buen relacionamiento entre mayorías y minorías es aceptar el principio de que la mayoría manda”; si no se asume este principio, “corremos el riesgo de anular cualquier otro tipo de construcción posterior”.

Inmediata y naturalmente surge la cuestión de la consistencia de las mayorías y minorías: aparte del número, cuán grande es la mayoría en relación con la minoría (porque no es lo mismo 51 a 49, que 65 a 35, o 40 a 30, 20 y 10), así como la representatividad social, cultural, regional que puedan tener ambas.

El problema en todo caso es cómo “se van construyendo los equilibrios entre mayorías y minorías”, insistió Mercado.

Tan importante es reconocer el principio de “la mayoría manda” que solo sobre esto se construye, “cuantitativa y cualitativamente, el sistema democrático”, en el que las minorías están efectivamente representadas, y hasta puede ser decisiva su opinión en determinados temas.

Por su parte, Arequipa añadió que acaso el fondo del juego de pesos y contrapesos de la democracia en Bolivia, en lo concreto, no sea tanto la independencia de poderes, sino precisamente cómo es la relación entre mayorías y minorías. “El verdadero inicio de la separación de poderes está justamente en esa fórmula mágica de entender el peso de la mayoría y el papel que cumple la minoría, y además si esa minoría tiene capacidad de veto”, destacó.

Y he aquí que Arequipa propone la enorme incidencia de otro actor en el juego democrático, los medios de comunicación social; para el caso, cómo la alianza más o menos ética entre ciertas minorías y medios puede dar lugar a lo que algunos estudiosos llamaron ya la “veto-cracia”, el poder desmedido de las minorías de invalidar, precisamente, la voluntad de la mayoría, y eso, gracias a la labor dirigida, de campaña encubierta, de medios.

Zegada, que participó en el programa desde Cochabamba, añadió a la discusión el gran avance que hubo de las “tecnologías electorales, justamente para evitar el aplastamiento de las minorías por las mayorías”; esto plantea, aseveró, el problema de la representatividad que llegan a tener las mayorías y las minorías. En el país, este es un problema irresuelto, dijo, refiriéndose a la representatividad del voto urbano con relación al rural, a la sobrerrepresentación para ciertos sectores que se da.

No hay que olvidar que para la distribución de escaños de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, en el país, además del factor poblacional, se aplica el criterio de equidad, de que a costa de la subrepresentación en los departamentos del eje (un diputado por 120.000 votos) haya sobrerrepresentación en Pando y Beni (un diputado con 50.000 votos), por ejemplo.

Como actor mediático de incidencia en la democracia, agregó Zegada, al lado de los grandes medios tradicionales ahora hay que tomar muy en cuenta a las redes sociales.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Analistas: El (buen) juego entre mayorías y minorías y el respeto a las reglas, claves de la democracia

En Piedra, Papel y Tinta se debatió sobre la democracia, a días de celebrarse (el 10 de octubre) 39 años del retorno a la democracia en el país.

/ 6 de octubre de 2021 / 16:16

Si hay algo que en la práctica muestra la mayor o menor calidad de la democracia, eso es el “adecuado” juego entre mayorías y minorías y el respeto por las reglas y valores democráticos, coincidieron los analistas María Teresa Zegada (socióloga), Manuel Mercado (especialista en comunicación política) y Marcelo Arequipa (politólogo).

La reflexión sobre la democracia en el país tuvo lugar este miércoles en el programa por streaming de La Razón, Piedra, Papel y Tinta, dirigido por la directora de este medio, Claudia Benavente.

Precisamente, Benavente planteó a sus invitados tres ejes sobre los que habría que reflexionar la democracia: el juego de las mayorías y minorías, los principios democráticos en diferentes contextos sociales y culturales, y la importancia de las instituciones en la vida democrática.

Al respecto, de entrada Mercado estableció una regla básica democrática, guste o no: “Es la primera condición para lograr un buen relacionamiento entre mayorías y minorías, aceptar el principio de que la mayoría manda”; si no se acepta este principio, “corremos el riesgo de anular cualquier otro tipo de construcción posterior”.

De inmediato surgió la cuestión de la consistencia de las mayorías y minorías: aparte del número, cuán grande es la mayoría y cuán pequeña la minoría, la representatividad social, cultural, regional que puedan tener ambas.

El problema es cómo “se van construyendo los equilibrios entre mayorías y minorías”, insistió Mercado.

Por su parte, Arequipa añadió que acaso el fondo del juego de pesos y contrapesos de la democracia en Bolivia sea la dinámica concreta que tiene la relación mayorías y minorías. “El verdadero espíritu del pesos y contrapesos y el verdadero inicio de la separación de poderes está justamente en esa fórmula mágica de entender el peso de la mayoría y el papel que juega la minoría, y además si esa minoría tiene capacidad de veto”, destacó Arequipa.

Y he aquí que Arequipa propone la enorme incidencia de otro actor en el juego democrático, los medios de comunicación social; para el caso, cómo la alianza más o menos ética entre ciertas minorías y medios puede dar lugar a lo que algunos estudiosos llamaron ya la ‘vetocracia’, el poder desmedido de las minorías de invalidar, precisamente, la voluntad de la mayoría, y eso gracias a la labor dirigida de los medios.

Zegada, que participó en el programa desde Cochabamba, añadió a la discusión el gran avance que hubo de las “tecnologías electorales, justamente para evitar el aplastamiento de las minorías por las mayorías”; esto plantea, aseveró, el problema de la representatividad de las mayorías y las minorías. En el país este es un problema irresuelto, dijo, refiriéndose a la representatividad del voto urbano con relación al rural, a la sobrerrepresentación que se da a ciertos sectores.

Como actor mediático de incidencia en la democracia, agregó Zegada, al lado de los grandes medios tradicionales ahora hay que tomar muy en cuenta las redes sociales.

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Abogado acusador: Áñez no tiene un solo testigo de descargo en el caso Golpe de Estado

Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty, señala que muchos que públicamente expresaron solidaridad y alegan la inocencia de la expresidenta, deberían ir a la Fiscalía a probar esto.

El abogado Marcelo Valdez y la exdiputada Lidia Patty.

/ 6 de octubre de 2021 / 12:16

En todo lo que se ha investigado hasta ahora sobre la participación de la expresidenta Jeanine Áñez en el caso Golpe de Estado I, su defensa no ha presentado ningún testigo de descargo, reveló este miércoles Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty.

“No tiene un solo testigo de descargo la señora Jeanine Áñez, que vaya a la Fiscalía y diga ‘mire, con estos elementos es (ha sido) presidenta constitucional, mire la ley, en este artículo nos basamos’”, remarcó Valdez en entrevista con La Razón Radio, programa en streaming de este medio.

Muchas personas expresaron su solidaridad con la exmandataria hoy recluida, pero ya en el ámbito judicial, como testigos de descargo, nadie se ha presentado hasta la fecha, destacó el abogado de la acusación.

El caso Golpe de Estado I fue activado por la exdiputada Patty, para investigar el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cargo que luego fue ocupado por Áñez, tras sesiones extralegislativas que allanaron su llegada al poder.

“En redes sociales, en la prensa, el señor (Tuto) Quiroga, el señor (Carlos) Mesa hablan y establecen una serie de elementos (de la inocencia de Áñez) que deberían hacerlo en el Ministerio Público, porque toda afirmación tiene que tener como respaldo una prueba, si no la tienen habrían cometido un ilícito”, señaló Valdez, el problema es que “nadie viene a declarar (a favor de Áñez)”, concluyó.

En lo relativo a la citación que se le hizo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que declare en La Paz, como sindicado en el caso Golpe Estado I, Valdez precisó las principales dudas que, según la acusación, deberá aclarar.

“El señor Camacho tendrá que explicar por qué motivos estaba en el Palacio Quemado, con qué autorización ingresó (tras la caída de Morales); también deberá decir en qué forma él hubiera participado y pedido la renuncia a un Presidente, que le guste o no tiene un periodo de funciones, y estando cerca una elección; no habría un motivo para vulnerar (dicho periodo constitucional)”, destacó Valdez.

Con respecto a la declaración de Camacho, el abogado recordó un hecho curioso: tanto los militares acusados en el mismo caso como la parte acusadora coincidieron en pedir que de una vez declare el Gobernador cruceño; si los militares lo pidieron en cuatro ocasiones, la acusación lo hizo en tres.

“En un momento ha sido gracioso porque nos hemos tenido que unir, la parte víctima con los militares detenidos. En audiencia de cesación a la libertad de la detención preventiva, los militares detenidos habían pedido en cuatro ocasiones que se le cite a Camacho y él indique quiénes han sido los que han hablado con ellos, y nosotros en esa audiencia igualmente hemos dicho que ya hemos pedido por tres veces que se le notifique (a Camacho)”, relató el abogado.

La declaración de Camacho fue suspendida, hasta que declare su padre, José Luis, quien tampoco pudo llegar a La Paz por motivos de salud. En 2019, el entonces presidente cívico cruceño reveló que su progenitor “cerró” con militares y policías para que no salgan a defender al gobierno de Morales.

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Es esencial que la última palabra la tenga el voto ciudadano

Hay que privar a los ‘mecanismos político-partidarios’ de seleccionar a las altas autoridades del Órgano Judicial, dice.

Juan del Granado, junto a nueve juristas, presentó su propuesta de reforma de la justicia; es preliminar y se abren al debate, asegura.

/ 3 de octubre de 2021 / 18:50

Raza política

Cuando ya parecía de sentido común que la elección por voto universal de las altas autoridades del Órgano Judicial fue un fracaso, la semana pasada diez juristas presentaron una propuesta de reforma judicial que sostiene que de todos modos hay que mantener ese voto ciudadano como la última palabra en la referida designación. Uno de los proponentes es Juan del Granado, quien señala que acaso lo central de su documento en este punto es cualificar la selección de los que luego serán votados; por eso su planteamiento es constitucionalizar una Comisión Nacional de Postulaciones, que es la que seleccionaría a los postulantes más idóneos; pasaría luego ternas de candidatos a la Asamblea Legislativa, y ésta tendría que elegir, por dos tercios, a los magistrados. Comisión no numerosa: de un total de 6 miembros, 2 designados por la Asamblea, uno de la mayoría y otro de la minoría, 2 del sistema universitario, 1 propuesto por el Colegio de Abogados, y 1 por los indígenas; se tendría que tratar de personalidades (no un asambleísta, ni un rector, ni el presidente del Colegio de Abogados, ni un dirigente indígena); personalidades ajenas a las citadas instituciones pero propuestas por éstas. Es una propuesta de reforma parcial de la Constitución, asegura Del Granado, que ni viene de la oposición ni va contra el gobierno, y que un rasgo central suyo es que deba ser producto de la “iniciativa popular”, que precisa de la firma de al menos 20% del electorado (artículo 411.II de la Constitución).

—¿Por qué mantienen la lógica del voto ciudadano para legitimar a las altas autoridades?

—Es un punto intermedio, que nos parece el más adecuado. Primero, para la selección de los postulantes; segundo, para la designación de los jueces; y, tercero, para ratificar esa designación por la vía del voto ciudadano. El núcleo de la reforma está en la calificación de méritos, de experiencia, de idoneidades; hemos convenido en que tenemos que privar a los mecanismos político-partidarios de la selección. Estamos proponiendo cambiar la Constitución para que ya no sea la Asamblea Legislativa la que realice las postulaciones y, por tanto, las calificaciones; estamos creando una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por personalidades que representen a la sociedad, y que sea la única que califique a los postulantes, y sobre ellos [los seleccionados] sí, que caiga el voto de la asamblea, por dos tercios de todos los asambleístas, no solo de los presentes. Luego, esa designación no puede ser definitiva, tiene que llevarse al voto popular, un referendo ratificatorio o denegatorio de cada uno de los designados.

—El voto ciudadano. Teóricamente esos 45 días ¿serían para que la gente los conozca, en el ejercicio de sus funciones?

—No. En 45 días es difícil conocer el desempeño. En este caso se trata de [ver] la capacidad de impugnación que pueda tener la sociedad a personas que, más allá de sus méritos, hayan llegado a la elección y no se conozcan algunos deméritos que pudieran ser observados por la ciudadanía. No vamos a tener una sábana de 50 nombres, además no es un referendo de la plancha, es un referendo de ratificación personal. Nos parece esencial mantener la última palabra en el voto ciudadano, pero ya al margen de cualquier afinidad político-partidaria.

—¿Qué garantía habría de la idoneidad del trabajo de la Comisión de Postulaciones?

—Va a depender muchísimo de la calificación que tengan estos integrantes de la Comisión Nacional de Postulaciones; que sean personalidades que garanticen independencia y credibilidad a la gente. Siempre estamos sujetos a la falibilidad humana o a la composición compleja de nuestras instituciones; pero creemos que este es un buen mecanismo; pero, reitero, esta es una propuesta inicial, abierta al debate. Nos interesa que a fines de este año, principios del siguiente, tengamos una propuesta consensuada, perfeccionada, la que efectivamente llevemos al voto de la gente.

—El presupuesto. Son 4, 5 veces más. Desde el punto de vista macro, y aunque parezca obvio, pero ¿para qué más dinero?

—Tenemos 0,5% del presupuesto general del Estado; estamos sextuplicando, de 0,5 a 3% a partir de los estándares regionales, que están entre 2 y 6% en la región, 2% tiene Perú y 6% Costa Rica. Necesitamos incrementar el número de jueces, apenas tenemos 1.100; en segundo lugar, tenemos que mejorar sustancialmente sueldos y salarios, especialmente de los niveles intermedios y de base de los funcionarios judiciales, incluyendo a los jueces; tercero, tenemos que generar mejor infraestructura y mejores condiciones de trabajo; cuarto, tenemos que promover la justicia indígena originaria; y, quinto, lograr la incorporación de los mecanismos tecnológicos actuales, hasta llegar al expediente electrónico. Ahora, ese presupuesto tiene que estar inscrito en la Constitución porque no puede ser un presupuesto que cada año se negocie con el ministro de Finanzas de turno y tengas a los jueces supremos en calidad de mendicantes todos los años para incrementar un poquito el presupuesto; tendremos ahí un 3% que además consolida y refuerza la independencia del Órgano Judicial.

—Parece que le dan mayor poder al Consejo de la Magistratura.

—Le hemos devuelto, en la propuesta de reforma, las atribuciones integrales que debe tener este Consejo, como órgano administrativo de gobierno del Poder Judicial; esa es la definición. El Consejo de la Judicatura fue creado en 1994, y el criterio fue que los jueces, especialmente los supremos solo administren justicia, y no personal, presupuesto o bienes. En 2009, con la nueva Constitución se retrocede, le han quitado atribuciones presupuestarias, lo que es terrible; el Consejo de la Magistratura, desde entonces, solo tiene atribuciones de control sobre el presupuesto y el gasto; la facción del presupuesto y su ejecución está en manos de una Dirección Administrativa y Financiera que depende del Tribunal Supremo de Justicia; otra vuelta los jueces manejando dinero, personal. En esta reforma le estamos restituyendo a plenitud la calidad de órgano administrativo del Poder Judicial, en lo presupuestario, en lo administrativo y en lo disciplinario.

—Una cosa central en el Consejo de la Magistratura es el cuidado, promoción, de la carrera judicial.

—Exactamente. La carrera judicial hoy día está en una nebulosa. No se sabe cuál es el órgano disciplinario; esto tiene que estar en manos del Consejo de la Magistratura de manera exclusiva y, en nuestro criterio, excluyente.

—Justicia indígena. El problema en su propuesta parece que es delimitar bien qué hace y qué no hace la justicia indígena, que no se cruce o sobreponga a la justicia ordinaria.

—No. La reforma que estamos planteando no está específicamente dirigida a ese punto. Está dirigida a revalorizar la justicia indígena originaria como un mecanismo esencial de resolución de conflictos para un área muy importante de nuestro país, que son las naciones y pueblos indígena originarios, que tienen sistemas jurídicos propios; que en la Constitución están correctamente establecidos en el mismo nivel que la justicia ordinaria; el problema es —por eso la reforma— que la Constitución habla de la ley de deslinde jurisdiccional, y por los conceptos que tiene de esto, reduce el margen jurisdiccional indígena originario al mínimo. No. Nosotros creemos que los sistemas jurídicos indígena originarios tienen que conocer todos los asuntos que les conciernen a los pueblos indígenas. Si hay conflictos [con la justicia ordinaria] para eso está el Tribunal Constitucional; y aquí está la segunda parte de la reforma en este tema: hoy día no tenemos presencia indígena, de juristas indígena originarios en el Tribunal Constitucional. Por eso estamos planteando: primero, eliminar la Ley de deslinde; segundo, incorporar efectivamente a la mitad de los miembros del TCP como miembros de la justicia indígena originaria; por supuesto, con la calificación de todas las condiciones que debe tener un magistrado. Aunque aquí hay un debate: unos dicen que todos los magistrados (incluidos los indígenas) deben ser calificados bajo el mismo parámetro; pero hay otros que dicen que la justicia originaria tiene sus propios parámetros, que los magistrados indígenas sean elegidos por procedimientos propios.

—La justicia de paz. En su propuesta parece más para la conciliación, para temas vecinales.

—Sí, ese es el sentido aunque con una visión de integralidad. Los jueces de paz son la justicia ciudadana, especialmente en los centros urbanos; hay en todos los países de la región, donde los jueces ciudadanos resuelven conflictos que no sean motivo de declaración de derechos; deudas, por ejemplo. Se trata de que tengamos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, de tal modo que se desjudicialice la conflictualidad social.

—¿Cómo entra en la propuesta la lucha contra la corrupción y la retardación de justicia?

—Hay temas transversales, consecuencia de estas carencias, de idoneidad, de presupuesto, de independencia, que devienen en estos males mayores de la justicia, pero que son cotidianos: las corruptelas, la retardación de justicia, el hacinamiento carcelario, la falta de políticas criminales; todas estas cosas no ameritan reforma constitucional, pero sí nuestra visión es que eso se ataca atacando los núcleos centrales, a los cuales se ha hecho referencia.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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