Nacional

jueves 26 nov 2020 | Actualizado a 07:49

Elecciones sí pero no, los vaivenes del gobierno de Áñez y Juntos

A siete días de la sanción de la ley que fija comicios hasta el 6 de septiembre, la Presidenta aún no promulgó la norma. Así, la Ley 1297, que definió la votación hasta el 2 de agosto, sigue vigente.

La presidenta Jeanine Áñez participa enla misa de Corpus Christi.

/ 16 de junio de 2020 / 14:52

Al tomar el poder, el 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez dijo que va a “convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible”. Días después, ante las divergencias políticas con sus detractores, incluso estaba dispuesta a llamar a comicios por decreto, “si Dios lo permite”. Ese ímpetu parece hacer aguas a siete meses del gobierno transitorio.

Ahora, a siete días de sancionada las modificaciones de la Ley 1297, de Postergación de Elecciones Generales 2020, en la Cámara de Senadores, la mandataria no ha dado señales de promulgar la norma, a pesar de haberla anunciado personalmente y a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

A iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y concertada con la mayoría de las fuerzas políticas habilitadas para los comicios, la Ley 691 establece como un tope máximo para el desarrollo de las elecciones el 6 de septiembre de este año. La norma modificó el rango inicial que había fijado la Ley 1297, que era hasta el 2 de agosto.

Aunque Juntos y Áñez había admitido el plazo, un ambiente de incertidumbre genera debate y cuestionamientos sobre la indecisión de la mandataria, que al aceptar promulgar la ley exigió que la Asamblea Legislativa le pase un informe “técnico” y “científico” sobre los argumentos de la fecha relacionados a la emergencia sanitaria en el país.

Estudio científico

Al día siguiente de sancionada la ley, Núñez se adelantó en decir que la Presidenta firmará la norma, aunque pidió al TSE y al Movimiento Al Socialismo (MAS) hacerse responsables públicamente de las eventuales consecuencias de las elecciones en la salud de los bolivianos.

Y, a pesar de haber dicho el día de Corpus Christi que acatará la disposición del TSE, al día siguiente Áñez mandó una carta a la senadora Eva Copa, como titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa. “Le pido que me haga llegar usted el estudio médico y científico (el estudio epidemiológico) en el cual se basa su decisión y la del MAS para impulsar elecciones el 6 de septiembre”, escribió.

El 2 de junio, cuando el TSE anunció el acuerdo político para las elecciones hasta el 6 de septiembre aseguró que “Bolivia debe tener la certeza que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.

Tanto el MAS como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez es prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones.

Conflicto de poderes

Con la carta a Copa, además de la exigencia al TSE plantead por Núñez, se ha generado un conflicto de poderes alertado por distintos actores políticos.

Este lunes, el MAS aclaró que a quien debería pedir un informe Áñez es al presidente del TSE, Salvado Romero, debido a que fue el órgano que rige el que sugirió la fecha. Y Copa aseguró que mientras no sea promulgada la Ley 691, la Ley 1297, que fija un plazo tope hasta el 2 de agosto, es la que estará vigente.

El expresidente y exembajador Eduardo Rodríguez Veltzé invocó el artículo 12 de la Constitución para referirse al problema. “Los órganos de poder están separados pero obligados a coordinar y cooperar en las funciones de Estado. Sólo con madurez, más diálogo y menos confrontación podrán salvar sus diferencias en democracia”, escribió el 12 de junio.

Añez tiene aún tres días más. De no promulgar la ley, el MAS dijo que Copa lo hará, como con la Ley 1297.

“De una vez por todas”

El 2 de junio, el TSE hizo conocer el acuerdo político, con el apoyo de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, en sentido de que las elecciones serán posibles hasta el 6 de septiembre.

Horas antes, en un comunicado que la misma Áñez publicó en sus redes sociales, decía que la alianza Juntos hace “un llamado al TSE para que defina de una vez por todas, una fecha para las siguientes elecciones presidenciales”.

“La fecha, que sea determinada por el TSE, será acatada democráticamente por nuestra alianza”, añadía el texto.

El tope sugerido por el TSE fue consignado en la Ley 691 sancionada en la Cámara de Senadores el martes 9 de junio. Solo Juntos y la alianza Creemos se oponen a las elecciones en la emergencia sanitaria.

Recursos ante el TCP

La negativa a las elecciones de parte del gobierno de Áñez, su alianza electoral y UD no es nueva. El 29 de abril, la mandataria expresó su rechazo a la ley sancionada en la Cámara de Senadores que fijaba el rango para los comicios el 2 de agosto.

Con el argumento de que importaba más la salud en este tiempo de emergencia, el entonces senador y ahora Ministro Óscar Ortiz interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 1297, que fijaba un plazo de 90 días para la votación, entre el 3 de mayo y 2 de agosto.

El TCP admitió la demanda y el 29 de mayo comunicó el trámite a Copa, en su condición de titular de la Asamblea Legislativa, para la presentación de sus argumentos. La senadora tenía 15 días para cumplir con la demanda; a partir de ese trámite, el TCP debería expresar su posición dentro de 45 días, según los plazos de procedimiento.

Elecciones frustradas

El 21 de marzo, ante la aparición de los primeros casos de CONVID-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria, el TSE dispuso la suspensión excepcional del calendario electoral y abrió la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones que debía desarrollarse el 3 de mayo.

La expansión de la pandemia obligó al Gobierno a la declaratoria de sucesivas cuarentenas, que paralizaron sin fecha el proceso electoral si fecha aún, ante la negativa de Áñez de promulgar la nueva ley, de reanudación.

Las elecciones del 3 de mayo fueron convocadas previo consenso político entre el nuevo oficialismo y el MAS, con dos tercios en la Asamblea Legislativa, luego de la renuncia del otrora presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. Dicho acuerdo también supuso la anulación del comicios de 2019 y la ampliación del mandato de los senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales. (16/06/2020)

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Un niño boliviano de 13 años fue herido de bala en frontera chilena

El Gobierno de Bolivia rechaza versiones que responsabilizan del hecho a militares bolivianos

/ 26 de noviembre de 2020 / 00:52

Un menor boliviano de 13 años fue internado de emergencia en el Hospital Regional de Iquique tras ser herido de bala en la población fronteriza chilena de Colchani-región de Tarapacá. El hecho fue atribuido a militares bolivianos, extremo que fue desvirtuado la noche de este miércoles por el viceministro de Lucha contra el Contrabando, coronel Gonzalo Rodríguez.

El niño boliviano “resultó herido de gravedad tras recibir un impacto de bala en su cuello, presuntamente por parte de militares de su país”, dice la publicación digital de BiobioChile.

Al respecto, el viceministro Rodríguez dio una amplia explicación a la televisora Cadena A sobre las acciones del Comando Estratégico en la zona y rechazó las versiones que pretenden involucrar a militares bolivianos.

“No ha habido ni un solo disparo de parte de las Fuerzas Armadas. Refutamos el hecho de que vengan a echar la culpa a las FFAA que hayan hecho uso de armas de fuego”, declaró al dar detalles de un operativo contra el contrabando en la zona fronteriza con Chile.

Desde el 17 de noviembre, el Gobierno boliviano reforzó el control fronterizo que había sido abandonado durante la anterior gestión transitoria, lo que permitió que se incrementara la actividad de los contrabandistas, había señalado Rodríguez tras asumir el cargo.

Según la prensa del vecino país, la víctima fue atendida por personal médico de la zona, pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado al Hospital Regional de Iquique en medio de un “amplio operativo” de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), agrega el portal.

BioBioChile señala que el Ministerio Público de Chile ha pedido a personal de Carabineros aclarar las circunstancias y el lugar preciso dónde ocurrió el hecho.

(26/11/2020)

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Áñez: ‘Estoy aquí en mi país, en mi patria, y aquí voy a estar’

La exmandataria denunció, a través de redes sociales, un acoso "permanente" del MAS, a través de la Policía y sujetos no identificados.

La expresidenta Jeanine Áñez. Foto: Palacio

/ 26 de noviembre de 2020 / 00:24

La expresidenta Jeanine Áñez denunció acoso y aseguró que no saldrá de Bolivia, en medio de las investigaciones sobre su administración de 11 meses.

“Estoy aquí en mi país, en mi patria, y aquí voy a estar, el gobierno no tiene necesidad de acosarme con vigilancia”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un primer mensaje, denunció a la “opinión pública” y a la “comunidad internacional” un acoso “permanente” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Soy víctima de acoso permanente por parte del MAS, a través de la policía y otros sujetos no identificados. Dije que me defenderé de toda acusación en mi contra. Cualquier atropello es responsabilidad de este gobierno” (sic), posteó la exmandataria que reside en Beni.

En la red social, Áñez colgó un video, dijo que es evidencia de que personas están averiguando su paradero, “amedrentando a las personas que trabajan en el condominio en el que vivo”.

Tras la salida de Áñez del poder, el Ministerio Público activó órdenes de aprehensión contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Víctor Hugo Zamora, involucrados en casos de supuesta corrupción.

(26/11/2020)

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Fundación Tierra: Titulan tierras en favor de la familia Marinkovic a poco de que Áñez deje el poder

La propiedad de Laguna Corazón se consolidó el 29 de octubre y de Tierras Bajas del Norte el 27 de octubre. Son 34.319 hectáreas ubicadas en Santa Cruz

El exministro de Economía, Branko Marinkovic. Foto: Álvaro Valero

/ 25 de noviembre de 2020 / 21:30

A días del final del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) consolidó la titulación de tierras en favor de la familia del exministro de Economía Branko Marinkovic en Santa Cruz. La Fundación Tierra estableció que la titulación se dio obviando procedimientos legales y consolidando 34.319 hectáreas, “ni un metro menos, ni un metro más”.

Se trata de los trámites de los predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, iniciado en 2001 y 1998, respectivamente. El predio de Laguna Corazón fue parte de un largo proceso legal que llegó hasta la presentación de un Amparo Constitucional que salió en favor de la familia Marincovic.

Según la investigación de la Fundación Tierra, “el 13 de junio de 2019, la mencionada Sala Constitucional no sólo falla a favor de los Marinkovic, sino que, sobrepasando sus atribuciones, ordenó al INRA la emisión de una Resolución Final de Saneamiento”.

Áñez firmó el 21 de octubre de 2020 la Resolución Suprema Nº 26916 que ordena la emisión del Título Ejecutorial del predio “Laguna Corazón”. También está la rúbrica de la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Beatriz Eliane Capobianco.

El 29 de octubre se termina por consolidar el derecho propietario. El 8 de noviembre, asumió la Presidente de Bolivia el electo presidente Luis Arce.

Sobre el predio Tierras Bajas del Norte, hay un fallo del Tribunal Agroambiental favorable a la familia MArinkovic, pero que solo reconoce un máximo de 5.000 hectáreas. El INRA, el 7 de octubre de 2019, “concluye con el proceso de subsanación de las observaciones y recomienda la emisión de una nueva resolución administrativa con los mismos resultados del año 2015, es decir, titular a lo mucho 5.000 hectáreas”.

El 15 de septiembre de 2020, el INRA emitió la resolución administrativa Nº 143/2020 que “consolida el derecho propietario sobre 21.839 hectáreas a favor de la familia Marinkovic. Las modificaciones de resoluciones y demás decisiones tomadas conllevaron a la anulación del precio de adjudicación del predio, es decir, dejó sin efecto la obligación económica que tenía la parte interesada con el Estado boliviano”, refiere una nota de la Fundación Tierra.

El 27 de octubre, el INRA consolidó el saneamiento.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, informó el 17 de noviembre que fueron detectadas irregularidades en la consolidación de más de 33.000 hectáreas de tierra en favor de la familia del exministro de Economía. La propiedad Laguna Corazón se encuentra sobrepuesta en predios de la reserva forestal Guarayos, denunció.

Para la Fundación Tierra, “quizá la prueba más fehaciente de uno de los peores casos de tráfico de tierras es que la familia Marinkovic” consolidó el total de hectáreas que solicitó desde un principio.

(25/11/2020)

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Defensoría entrega a la misión del GIEI el Informe defensorial sobre violación de DDHH en 2019

Bolivia debe lograr un reencuentro de paz y esclarecimiento en base a la memoria-verdad y justicia, señaló la defensora del Pueblo, Nadia Cruz

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Foto: Defensoría del Pueblo

/ 25 de noviembre de 2020 / 20:23

El informe de unas 400 páginas sobre la Crisis de Estado, Violación de Derechos Humanos en Bolivia, octubre – diciembre 2019, elaborado por la Defensoría del Pueblo, llegó a manos del equipo de expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, entregó el documento que recoge las actuaciones institucionales en los puntos de conflicto, reportes periodísticos, testimonios y recolección de materiales audiovisuales y fotografías durante la crisis política del pasado año.

En declaraciones a La Razón, la Defensora había anunciado que apoyará la labor del grupo de expertos del CIEI, en el marco de la “colaboración interinstitucional”.

Para Cruz, el informe que emita la misión destacada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitirá avanzar hacia un reencuentro de paz y el esclarecimiento de los hechos de violencia de noviembre del 2019 en Bolivia, en el marco de la memoria, verdad y justica.

Asimismo, será –dijo- clave para poner fin a la impunidad y sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad.

El informe defensorial sobre la Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia se suma a otros que diferentes organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales elaboraron sobre la crisis política que cortó de manera abrupta la gestión del expresidente Evo Morales a fines de 2019.

Este miércoles, la defensora del Pueblo comprometió el apoyo de la institución con la finalidad de que los peritos logren el esclarecimiento de las “masacres” de Senkata y Sacaba, además de otros hechos en los que se violaron los derechos humanos, en distintas regiones del país, señala un reporte de la Defensoría.

La Defensoría del Pueblo y el Gobierno coincidieron en señalar que el informe final del grupo de expertos del GIEI debe posibilitar a Bolivia encontrar el camino de la reconciliación, con verdad y justicia.

El encuentro con los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Marlon Weichert y Jaime Vidal duró aproximadamente dos horas.

(25/11/2020)

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Fiscal de Oruro rechaza denuncia contra expresidente Morales y dirigente de la COB por bloqueos en agosto

La denuncia fue interpuesta en contra del expresidente Evo Morales, el dirigente de la COB, Jua Carlos Huarachi y el extinto dirigente minero Orlando Gutiérrez por los bloqueos y sus efectos

Bloqueos en El Alto, cerca a la autopista que une a esta urbe con La Paz. Foto, archivo

/ 25 de noviembre de 2020 / 19:47

Con el argumento de “carencia de medios de convicción” e insuficientes “actuaciones policiales”, la Fiscalía de Oruro rechazó la denuncia contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi y el extinto dirigente minero Orlando Gutiérrez por los bloqueos de agosto que derivaron, según denuncias, en falta de provisión de oxígeno a hospitales.

La ciudadana María del Rosario Sandalio Garnica presentó la denuncia en agosto por los delitos de atentado contra la seguridad de servicios públicos, delitos contra la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional e instigación pública a delinquir.

“Ante la carencia e insuficiencia de medios de convicción del hecho denunciado, además que las actuaciones policiales resultan ser insuficientes para proseguir la acción penal y considerando la falta de individualización del presunto autor, el suscrito fiscal de materia por los fundamentos legales expresados precedentemente dispone el rechazo de la denuncia”, establece parte de la resolución firmada por el fiscal Aldo Morales.

Lee además: Morales es denunciado ante la Corte Penal Internacional por ‘actos inhumanos’ en bloqueos

Sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y otros iniciaron en agosto un bloqueo caminos que se extendió por 12 días en demanda del adelantamiento de las elecciones que finalmente fueron fijadas y se realizaron el 18 de octubre.

El gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez denunció que el bloqueo impidió el suministro de oxígeno a los hospitales y la muerte de al menos 30 pacientes críticos, en momentos de una compleja situación por el COVID-19.

(25/11/2020)

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