Nacional

sábado 16 oct 2021 | Actualizado a 15:09

El Cónsul en Barcelona declara en la Fiscalía por el caso Respiradores

El cónsul llegó a La Paz para presentar un informe sobre el caso a la canciller Karen Longaric, quien dijo estar dispuesta a enviar el documento a la Fiscalía.

El cónsul Alberto Pareja Lozada durante la inspección de los respiradores.

Por Roberto Guzmán y Rubén Ariñez

/ 17 de junio de 2020 / 16:26

En calidad de aprehendido, el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, declara en la Fiscalía por el caso de la compra de 170 respiradores con presunto sobreprecio. Su defensa ha ratificado su inocencia.

Sin dar detalles, el abogado Luis Fernando Roca confirmó a La Razón Digital que Pareja está en esas dependencias prestando su declaración informativa.

El jurista aseguró que su cliente no tuvo nada que ver en el escándalo que ha golpeado al gobierno de Jeanine Áñez en medio de la pandemia del coronavirus y que solo hizo la verificación de la existencia de la empresa y los equipos.

Minutos después, la hermana de Pareja llegó hasta la Fiscalía y confirmó que fue arrestado por los investigadores y prestaba su declaración en calidad de aprehendido, aunque su situación legal se definiría después de esa acción.

Arribo a La Paz

El cónsul llegó a La Paz para presentar un informe sobre el caso a la canciller Karen Longaric, quien dijo estar dispuesta a enviar el documento a la Fiscalía.

“Está en la ciudad de La Paz, ha estado justamente ayer (lunes) por la tarde en Cancillería prestando un informe muy amplio sobre su participación en todo este proceso de embarque de los ventiladores procedentes de Barcelona hasta Bolivia”, indicó el martes Longaric en una conferencia de prensa.

Aunque no mencionó el contenido del informe, debido a que el caso fue declarado en reserva, la ministra mencionó que el funcionario deslindó su responsabilidad.

“La información que ha dado el señor Pareja indicando que no ha tenido nada que ver en este proceso de envío de los respiradores hacia Bolivia. En caso de que la Fiscalía nos pida esas declaraciones, pues nosotros vamos a hacerlas llegar a las instancias correspondientes”.

Canciller Karen Longaric

En medio del escándalo del caso Respiradores, que motivó la caída y encarcelamiento del exministro de Salud Marcelo Navajas y otros exfuncionarios, al menos dos involucrados mencionaron que Pareja participó en el proceso de adquisición de los equipos.

Caso

El contrato de compra fue firmado entre la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y la empresa española IME Consulting Global Services.

El precio total fue de acordado en contrato por $us 4.773.600 y tomó además en cuenta los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles y gastos de seguros de los bienes a ser provistos a Bolivia.
Así, el gobierno de Jeanine Áñez adquirió cada uno de los ventiladores en $us 28.080, a diferencia del precio que el fabricante catalán GPAinnova reveló, $us 7.234.

Pareja contó que su papel fue verificar la existencia de los equipos y no tuvo nada que ver con la gestión del precio. Incluso llegó a decir, con base en datos que recibió del Ministerio de Salud, que había otras ofertas por equipos similares con un precio menor.

Para la Fiscalía, el sobreprecio de la transacción es de más de $us 3 millones. Hace un par de semanas se anunció desde esa institución que convocarían al diplomático para declarar por el caso que se mantuvo en reserva.

(17/06/2020)

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Áñez le dice a Arce que su gobierno fue constitucional con una ley de la Asamblea y una declaración del TCP

La expresidenta Jeanine Áñez se declaró presa “de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada”.

La expresidenta Jeanine Áñez está detenida desde marzo. Foto: APG

/ 16 de octubre de 2021 / 12:59

En una carta dirigida al presidente Luis Arce, la expresidenta Jeanine Áñez defiende la constitucionalidad de su mandato transitorio sobre la base de una ley y la Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declaró constitucional la ampliación del mandato de las autoridades electas.

“Las arbitrariedades de su Gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como Presidenta Constitucional, un absurdo inconcebible porque mi mandato se ejerció en estricto apego a lo dispuesto en la Constitución respecto a la sucesión constitucional, además refrendado por la Declaración Constitucional Plurinacional Nº 001/2020 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 15 de enero de 2020 y la Ley Nº 1270 de 20 de enero de 2020. Mediante la cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional –integrada en más de dos tercios de sus miembros por parlamentarios de su partido- ratificó la constitucionalidad de mi mandato”, se lee en la nota manuscrita y también transcrita en computadora.

El control constitucional declaró constitucional la ley excepcional de prórroga de mandato de la presidenta, de los asambleístas nacionales y de autoridades electas de las entidades territoriales autónomas. 

Este viernes, a través de la Sentencia Constitucional 052/2021 del 29 de septiembre de este año, determinó que la sucesión presidencial ipso facto no alcanza a los titulares de las cámaras legislativas. Así, puso en cuestión la legalidad de la presidencia de Áñez.

El tribunal consideró que en la crisis poselectoral de 2019, tras las renuncias del entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García y de los titulares de las cámaras de Diputados, Víctor Borda y Senadores, Adriana Salvatierra, no hubo la figura de vacío de poder.

Áñez está detenida de manera preventiva desde hace siete meses a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, en el caso conocido como golpe de Estado.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a la presidencia en medio de una serie de protestas cívicas, que denunciaban un presunto fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” del alto mando de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez.

En la carta publicada por su familia en sus redes sociales, la expresidenta denunció que personeros del Ministerio de la Presidencia, de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado, “junto a los administradores de justicia, cometen abuso de autoridad a través de continuas y reiteradas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, con el único afán de humillarme y maltratarme de las formas más bajas y crueles”.

Hace un llamado a la reflexión a Arce y a “la reconducción de las acciones ilegítimas e ilegales, abusivas y tortuosas”.

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Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo Wilfredo Chávez

El procurador Wilfredo Chávez durante el acto de este viernes.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:14

La Procuraduría General del Estado concluyó este viernes la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en 2019 no existió fraude electoral. El informe final será puesto a disposición de la ciudadanía, informó el procurador Wilfredo Chávez.

“En conclusión final, podemos decir al pueblo boliviano que el único engañado de todo ese proceso ha sido infelizmente el pueblo, la única burlada ha sido la democracia que la hemos recuperado en las elecciones de 2020”, afirmó Chávez, en el acto de cierre de la revisión de las actas, cuyo trabajo comenzó el lunes y estuvo a cargo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, puntualizó.

Fueron revisadas 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales de 2019. Chávez afirmó que criticará y observará el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que existió “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo y criticó la ausencia de la oposición en la verificación de las actas.

La OEA denunció que la “manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Observó también irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. “El informe detalla además un significativo número de errores e indicios”.

Chávez precisó que la revisión de las actas arrojó “datos interesantes” sobre la participación de delegados de mesa, sobre todo porque éstos podrían haber denunciado alteración de datos u otras irregularidades, “eso no lo han hecho porque no era cierto”, indicó.

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El Gobierno llama a ‘cerrar’ debate sobre fraude o golpe tras fallo del TCP y resolución fiscal

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el fallo del TCP estableció que en Bolivia hubo un golpe de Estado y recordó que la Fiscalía archivó el caso fraude electoral por falta de pruebas

El ministro de Justicia Iván Lima.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:03

Para el Gobierno, el cierre del caso fraude electoral y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la presidencia de Jeanine Áñez demuestran que en Bolivia hubo un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a “cerrar esta página de discusión y debate jurídico”.

“El Tribunal ha hablado, en el país ha habido un golpe de Estado, la Fiscalía también ha hablado, no existe ningún fraude electoral, el llamado del gobierno nacional es a cerrar esta página de discusión y debate jurídico, porque ya han hablado en su última instancia la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Lima aseguró que el control constitucional emitió una sentencia en la que establece que en la crisis de 2019 no hubo un vacío de poder, que no correspondía la sucesión ‘ipso facto’ porque está reservado solo para el Vicepresidente y que las renuncias de las presidencias de Diputados y Senadores debieron ser formales y aceptadas en el pleno y por el ente electoral, como mandan las normas.

Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado, y en una sesión sin quorum se autoproclamó Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Una reunión de líderes cívicos y políticos en la Universidad Católica Boliviana, a convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea, definió el curso de la sucesión.

“La decisión del Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión. Lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, e s una vulneración flagrante al artículo 169 (de sucesión) de la Constitución”, insistió y anticipó que la oposición, por falta de argumentos, dirá que es un fallo de un “tribunal azul”.

Por su parte, la Fiscalía archivó el proceso por fraude electoral activado contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lima aseguró que el control constitucional también rechazó un recurso contra el archivo del caso.

Contrario al Gobierno y a las ahora decisiones de la Fiscalía y del TCP, la oposición aseguró que en 2019 hubo un golpe de Estado, apoyado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), puesto en duda por diferentes estudios externos. De hecho, la protesta cívica de ese entonces estuvo alentada por la denuncia de fraude electoral.

Lima espera que se acelere el proceso contra Áñez por la toma de la presidencia del Senado y se emita la sentencia respectiva.

Sobre la normativa aprobada en un gobierno que el control constitucional lo declaró fuera de la legalidad, explicó que serán revisadas las normas emitidas en esa administración y enviada al control constitucional, aunque aclaró que por seguridad jurídica otras permanecerán vigentes

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Gremiales ratifican paro de 48 horas y ahora piden la abrogación de la Ley 1386

La propuesta de abrogación de parte de los gremialistas coincide con el proyecto que este viernes anunció el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC).

Gremiales en Cochabamba anuncian un paro de 48 a partir del lunes 18 de octubre.

Por Mauricio Diaz

/ 15 de octubre de 2021 / 17:39

El sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir del lunes 18 de octubre, ahora en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En una reunión en esa capital, dirigentes gremiales de al menos cinco departamentos aprobaron la medida para la siguiente semana.

“La primera ley que han aprobado es exactamente la misma que han retirado, pero la ley, que es la madre y la clave para arruinar al comercio minorista, está ahí”, explicó el dirigente Francisco Figueroa.

Afirmó que la medida de protesta será replicada por los sectores gremiales de todo el país y amenazó con que sumar piquetes de huelga de hambre, marchas y el cierre de fronteras si sus exigencias no son atendidas por el Gobierno.

La protesta coincide con la demanda planteada este viernes por Comunidad Ciudadana (CC). El diputado Carlos Alarcón presentó la mañana de este viernes un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1386, que consideró que es “atentatoria contra el sector informal de la economía”.

El jueves, el Gobierno retiró el polémico proyecto de ley contra las ganancias ilícitas, que en las últimas semanas generó molestia y movilizaciones por varios sectores que se sentían perjudicados por esa norma, incluso hubo la convocatoria de cívicos de varios departamentos a un paro nacional en rechazo a esa medida.

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Mesa advierte ‘incongruencia’ en el TCP y Doria Medina, ‘oportunismo’

Carlos Mesa señala que la posesión de Jeanine Añez “fue automática” por la “fuga de Evo Morales”.

Samuel Doria Medina y Carlos Mesa. Fotos de archivo: Kimera y La Razón.

/ 15 de octubre de 2021 / 17:02

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este viernes que la “incongruencia y mala fe” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene límites, después de que esa instancia judicial consideró que en la crisis poselectoral 2019 no hubo vacío de poder.

“La incongruencia y mala fe del T. Constitucional no tiene límites. La posesión de J. Añez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática (sic)”, escribió Mesa en su cuenta en Twitter.

Por su parte, el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, advirtió que hay “oportunismo” en el accionar del TCP.

“El Tribunal Constitucional ahora considera que la sucesión de Áñez no correspondía. Y entonces, ¿por qué emitió un comunicado el 11 de noviembre de 2019 validándola? ¡Qué manera de sumarse al más fuerte; qué oportunismo!”, expresó Doria Medina también en Twitter.

El 12 de noviembre, el TCP emitió un comunicado —su presidente, Petronilo Flores, aclaró que el texto no era vinculante— que invocaba una declaración constitucional de 2001, cuando avaló la sucesión del entonces vicepresidente Jorge Quiroga en reemplazo del dimisionario y convaleciente presidente Hugo Banzer.

El comunicado del TCP subrayaba en texto negro que correspondía sucesión “ipso facto” al Vicepresidente y “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

El Tribunal Constitucional emitió el pasado 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de “vacío de poder” y esa determinación fue conocida recién en las últimas horas de manera pública.

En noviembre de 2019, Áñez era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y, para asumir el mando del país, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias de los entonces presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y presidente de Diputados, Víctor Borda.

Es así que, tras varias reuniones extralegislativas, Áñez, primero, se declaró presidenta de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado, pero sin quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, que entonces estaba constituida por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

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