Nacional

domingo 16 may 2021 | Actualizado a 11:52

Áñez decide promulgar la ley de elecciones y dice que lo hace ‘presionada’ por Mesa y el MAS

Lo hizo con tres aclaraciones: que nunca tuvo la intención de prorrogarse en el poder, que el gobierno ayudará en una elección sin riesgo, y que los comicios sean una “oportunidad para unirnos”. Reclamó que firma la ley “presionada”.

La presidenta Jeanine Áñez emitió un mensaje a través de un video. Foto: ABI

/ 21 de junio de 2020 / 21:45

Días después de anuncios contradictorios, de que primero aceptaba la decisión y luego dar a entender que no, la noche de este domingo, finalmente la presidenta Jeanine Áñez anunció que promulgará la ley que fija elecciones el 6 de septiembre, sancionada el 9 de junio por la Cámara de Senadores.

La decisión sucedió a la reunión que la mandataria sostuvo la mañana de este domingo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien, con el apoyo de Naciones Unidad, la Unión Europea y la Iglesia Católica, además del consenso con las principales fuerzas políticas, había planteado el proyecto de ley y el rango de la fecha.

A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la Ley 691, foliada así en el Órgano Legislativo, pero bajo tres reparos.

“Voy a promulgar la ley convocando a elecciones el 6 de septiembre, pero antes déjenme decir tres cosas claras sobre este tema. Nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron, al llegar a este puesto, fue convocar a elecciones presidenciales para superar la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral”, señaló en primer lugar.

El segundo aspecto que señaló la mandataria fue que “el Gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio”. Aquí, volvió a fustigar a sus mayores oponentes políticos: “Quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa, que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que haya elecciones en plena pandemia”.

Y, en tercera instancia, luego de aseverar que en este momento “los hogares no están pensando en elecciones ni en política ni en campañas”, sino en “la falta de ingresos, por la falta de trabajo y la falta de empleo”. Llamó a la unidad: “que entre todos hagamos de esta elección la oportunidad para unirnos y avanzar en la solución de estas tres necesidades de la gente; unirnos para reconstruir una Bolivia democrática, impulsando entre todos la recuperación de la economía y del empleo en todo el país y unirnos por la salud; con estas reflexiones, promulgó la ley”.

Añez promulgó la ley luego de 12 días de sancionada; el miércoles 24 acababa el plazo para este consentimiento presidencial; de no hacerlo, iba a ser la titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, quien la promulgaría.

La mandataria en su mensaje no dejó de remarcar las “presiones” que habría sufrido por parte “del candidato Carlos Mesa y otros políticos” exigiéndole elecciones el 6 de septiembre, “exigiendo elecciones en plena pandemia”, como lamentó.

Vaivenes

La promulgación de la norma ocurre después de idas y venidas de Áñez y su gobierno respecto de promulgar o no la referida norma.

Ya el 2 de junio, cuando el TSE anunció el acuerdo político para las elecciones hasta el 6 de septiembre, la Presidenta había asegurado que “Bolivia debe tener la certeza (de) que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.

Al día siguiente de la remisión de la norma desde el Senado, el 10, a nombre de la mandataria, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se adelantó en decir que la Presidenta firmará la norma, aunque pidió al TSE y al Movimiento Al Socialismo (MAS) hacerse responsables públicamente de las eventuales consecuencias de las elecciones en la salud de los bolivianos.

Luego, a pesar de haber dicho el día de Corpus Christi (11 de junio) que acatará la disposición del TSE, al día siguiente nuevamente dio un giro al enviar una carta a Copa para pedirle un “estudio” que avale la nueva fecha de los comicios: “Le pido que me haga llegar usted el estudio médico y científico (el estudio epidemiológico) en el cual se basa su decisión y la del MAS para impulsar elecciones el 6 de septiembre”, escribió.

Aquí, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez era prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones.

Con el pedido del “informe científico”, el gobierno de Añez instaló un conflicto de poderes. El MAS aclaró que a quien debería pedir un informe Áñez es al presidente del TSE, debido a que fue el órgano que rige el que sugirió la fecha. Y Copa aseguró que mientras no sea promulgada la Ley 691, la Ley 1297, que fija un plazo tope hasta el 2 de agosto, es la que estaría vigente.

Este domingo, finalmente se cerró el asunto. Este acto coincidió con los “petardazos” que desde hace dos meses, cada domingo, propician movimientos ciudadanos y políticos, como el MAS, para reclamar elecciones.

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La hora de proteger el empleo

En 2020 ocurrió una precarización de facto del empleo, una suerte de un silencioso ‘segundo 21060’.

En 2020 hubo una precarización de facto del empleo. El Día del Trabajador se festejó con mesura, con un leve aumento salarial Foto LaRazón

/ 2 de mayo de 2021 / 21:41

EL PUNTO SOBRE LA I

El jueves 29 de abril por la noche, finalmente el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial en 2021: cuando el Ejecutivo propuso 0,67% de aumento al salario mínimo nacional y la COB hizo la contrapropuesta de 5%, se terminó acordando 2% al mínimo nacional y 0% al haber básico. Es la expresión de la crisis: desde 1991 (como muestra la gráfica adjunta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE) ese 2% es el incremento más bajo en 30 años. Aunque, como también se ve en la ilustración, en al menos tres años (2004, 2005 y 2020) el incremento salarial fue equivalente a cero.

En dichos 30 años, los mayores picos del incremento salarial se los alcanzó en 1998 (25%) y en 2012 (22,64%). Fue desde este último año que el aumento del sueldo fue cada vez menor, llegando a 0% en 2020. En 2019, el último año del gobierno de Evo Morales, el incremento al mínimo nacional fue de 3,01%, aunque también es inocultable el hecho de que desde 2006 el salario nacional básico tuvo un constante ascenso, de Bs 440 en 2005 a Bs 2.122 en 2019, 382% de incremento, según el Ministerio de Economía.

Para 2019, el ente estatal también da cuenta de que en 2005 el país ocupaba el noveno lugar en Sudamérica (el último lugar, en realidad) en lo relativo al monto del salario mínimo nacional, 54 dólares, cuando en Chile, por ejemplo, esta remuneración alcanzaba a 222 dólares. Y, con el constante aumento, en 2019 el salario boliviano subió al quinto lugar, con 305 dólares, estando por encima del país, Chile (452 dólares), Uruguay (445), Ecuador (394) y Paraguay (341); y, por debajo, Argentina (285), Perú (282), Colombia (265) y Brasil (258 dólares). Todo esto cuando el salario mínimo nacional promedio de la región sudamericana se situaba en 336 dólares. (Revista Ecos, Incremento salarial dinamiza la economía del país, Nro. 56, 2019, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

INGRESOS. Precisamente, en la subida del salario mínimo de 54 dólares en 2005 a 305 dólares en 2019, es que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) reivindica su política de reducción de la pobreza y de la desigualdad: si en 2005, señala el Ministerio de Economía, las personas con ingresos bajos constituían 61% de la población (5,7 millones de bolivianos), en 2018 esta cifra bajó a 34% (3,9 millones); y si en 2005 la gente que tenía ingresos medios era 35% (3,3 millones), en 2018 este “estrato medio” (‘clases medias’, insistían desde el MAS) trepó a 62% (7 millones). Los bolivianos de ingresos altos en porcentaje se mantuvieron igual: 4% (391 mil en 2005, 443 mil en 2018).

Con todo, el 2% de incremento acordado por el Gobierno y la COB expresa la coyuntura económica. Y es que tal como apunta el investigador en temas laborales Rodolfo Eróstegui, si algo tiene de peculiar la actual crisis es la inédita confluencia de las crisis económica y sanitaria, un hecho que no se había dado antes: “Es la peor combinación que yo he visto en mi vida profesional; había una sincronización, por ejemplo, entre la crisis financiera y la de la construcción, y otras combinaciones; pero no una crisis de salud en la que los centros de trabajo se convirtieron en centros de contaminación”.

Para el abogado laboralista Gonzalo Trigoso, para las actuales condiciones del incremento salarial también tiene que ver la situación política. “Aparte de que este es un derecho irrenunciable de los trabajadores, y corresponde un incremento salarial, por lo menos al mínimo nacional, mucho depende también de la situación política, no solo la situación económica. Y en este momento, las fuerzas políticas neoliberales de derecha se están rearticulando regionalmente, para con la excusa del pacto fiscal iniciar una ofensiva política contra el Gobierno (del MAS)”.

Tanto por la razón económica como por el momento político, ambos entrevistados coinciden en que este es el momento de preservar el empleo y de no presionar al Ejecutivo a tal punto de desestabilizarlo.

“En estas condiciones delicadas, la COB también tiene que saber medir el momento en que estamos viviendo, y ver que se puede perder el enorme esfuerzo de haber recuperado la democracia”, destaca Trigoso. A propósito de esta especial coyuntura, recuerda lo que pasó en el ampliado de la COB del 20 de mayo de 1952: “Un mes y once días después de la Revolución del 9 de abril, cuando en el ampliado se discute el incremento salarial para ese año, y por votación de 24 a 12 sectores, se decidió que ese año no se iba a pedir incremento salarial al Gobierno, entendiendo que se salía del proceso revolucionario y podía darse una contrarrevolución; fue algo excepcional”.

CRISIS. La actual crisis laboral es de proporciones, insiste Trigoso, por la conjunción de la crisis económica, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la pandemia de COVID-19 acaso estemos ante un “segundo 21060”.

“En realidad se ha producido un segundo 21060 en el ámbito laboral. Los empleadores han cerrado empresas, han despedido en masa, han obligado a los trabajadores a recontratarse por el mínimo nacional, a contratos con plazo fijo, sin derechos; han destruido el derecho laboral, y reconstruir eso es bien difícil”.

Es obvio que hay que reivindicar el derecho de los trabajadores al incremento salarial (que desde el punto de vista sindical siempre fue “reposición” de su valor adquisitivo, dada la inflación), pero ahora la urgencia, remarca Trigoso, es “ponerle freno a este nuevo 21060 que aún se mantiene en fábricas, en la construcción, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de los trabajadores”.

Con todo, Eróstegui asevera que la preservación del empleo, antes que un contenido ideológico, es una urgencia práctica, de respuesta al actual deterioro del mercado de trabajo; es tal la magnitud del desempleo que se impone la ley económica: a mayor oferta de fuerza de trabajo, el salario tiende a bajar.

“Para mí, la COB debería plantear más empleos y preservar los puestos de trabajo que ahora hay. La COB tiene que ponerse un cable a tierra, tiene que ser realista, distinguir las cosas que son posibles de las que no lo son; y una de las cosas que no es posible es aumentar salario; y sí es posible preservar el empleo; y una de las cosas que es necesaria y posible es la reforma de la legislación, pero no en los términos que están planteados hasta ahora, se precisa una nueva reforma de la legislación laboral completa”, destaca el investigador laboral Eróstegui.

Desde que empezó el gobierno de Evo Morales, en la COB se habla de la reforma de la Ley General del Trabajo; se avanzó en el consenso de algunos cambios, los cuales, sin embargo, se prevén serán mínimos. En este momento hasta esto pasa a segundo plano ante la emergencia de proteger el empleo, insiste el abogado laboralista.

Así, remarca Trigoso, si alguna legislación se debe hacer hoy día es todo aquello que proteja el empleo. “Es absolutamente necesario, imprescindible, que para este 1 de mayo y los días siguientes, se dicte una serie de decretos y proyectos de ley para proteger el empleo”; no es una alegoría sino un hecho real, insiste: “Todavía estamos viviendo un segundo 21060; se necesita una mayor legislación que impida que los empleadores continúen despidiendo y quitando derechos”.

CUENTAPROPIA. Con respecto a los trabajadores no asalariados, por cuenta propia, que de último, con la pandemia, han tenido un masivo incremento, Trigoso no deja de valorar algunos esfuerzos de la COB: demandar, por ejemplo, que se fije mejores precios para productos del campo, o mejorar el tema de salud para los trabajadores por cuenta propia, o, aunque es un tema sumamente complicado, plantear la cuestión de las pensiones para los sectores cuentapropistas.

Con motivo del 1 de mayo, los entrevistados no dejan de demandar de la COB mantener la mirada más allá del salario: Demandaría a “los trabajadores en pie de lucha defendiendo el proceso democrático que se ha recuperado, evitando por todos los medios posibles el retorno de un gobierno neoliberal; en pie de lucha en la defensa de los derechos del país y de sus derechos como trabajadores. La COB desde su fundación, antes incluso, cuando los primeros sindicatos del 1900, siempre ha sido movimiento sindical-político, eso es lo que le brinda su grandeza”, reclama el abogado Trigoso.

La crisis de la que es parte el bajo incremento salarial, complementa el exdirigente minero y exministro de Minería José Pimentel, también plantea el liderazgo de la COB en relación a los innumerables sectores laborales: La dirigencia de la COB muchas veces “se ha reducido a problemas de tipo estrictamente económico gremial para el sector asalariado, olvidando que la COB es un conglomerado mucho más amplio del pueblo boliviano, campesinos, universitarios, maestros, los pequeños productores, comerciantes, los gremiales, y esos sectores solo pueden tener una respuesta en una visión y una conducción de un país que vaya hacia su desarrollo y satisfaga a todos los sectores sociales”, remarca el exdirigente minero.

Pimentel no deja de reclamarle a la COB el papel político que tuvo en la historia del país. “Hoy la COB no tiene una propuesta programática para el país; la COB ha sido vanguardia en la medida en que ha encabezado luchas de significación nacional, como han sido la nacionalización de las minas, del petróleo, la lucha por las fundiciones, la lucha contra las dictaduras; son programas políticos en esencia que implicaban el construir una otra sociedad”. 

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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DEPARTAMENTOS, POBLACIÓN + TERRITORIO

La representación en las asambleas departamentales tiene una falla de diseño, se dice; hay razones para afirmar y negar esto.

Ganar la gobernación no es garantía de gobernabilidad. Las subnacionales recientes son un claro ejemplo

Por Iván Bustillos

/ 25 de abril de 2021 / 19:44

EL PUNTO SOBRE LA I

Una vez conformados los gobiernos departamentales (gobernador y asamblea legislativa), nuevamente volvió a plantearse el debate sobre la distribución de escaños entre los partidos con presencia en las asambleas departamentales. Y es que otra vez se cuestionó la forma en que está diseñada dicha distribución, especialmente en los cinco departamentos que aún no cuentan con estatuto autonómico (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí). En general, se critica que habiendo ganado la elección de gobernador determinado partido, “curiosamente” en la Asamblea Legislativa Departamental es la oposición (en este caso el Movimiento Al Socialismo, MAS) la que tiene la mayoría, o al menos importante número de los asambleístas. En Oruro, Potosí y Cochabamba, donde para gobernador ganó el MAS, sus asambleas se corresponden con esta victoria: en los tres legislativos departamentales el MAS es mayoría, y aplastante. Lo paradójico está en La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y, en cierta medida, Santa Cruz; en los cinco primeros, el MAS ostenta la mayoría de las asambleas, pese a ser gobernador un opositor al partido azul. En Santa Cruz, pese a que Creemos por gobernador le ganó al MAS con una distancia de 17 puntos porcentuales, cuenta con igual número de asambleístas (11) que el MAS.

Como se adelantó en este mismo suplemento hace dos semanas, tras señalar que los gobiernos departamentales serán complejos, se apuntó que buena parte de este desbalance (el partido x gana la gobernación pero queda en minoría en la asamblea) se debe a que el MAS triunfó en las provincias (donde gana quien obtenga un solo voto más que el segundo), logrando más legisladores departamentales “por territorio”. Como se puede ver en los cuadros adjuntos, en cuatro departamentos existe la misma cantidad de asambleístas por territorio y por población: 20-20 en La Paz, 16-16 en Oruro, 16-16 en Potosí, y 16-16 en Cochabamba. Por otro lado, ocho de los nueve departamentos (la excepción es Potosí), también tienen representantes indígenas (ver los cuadros). Luego, en tres departamentos hay más asambleístas por territorio que por población: Chuquisaca, 10 por territorio y 9 por población; Pando, 15 por territorio y 3 por población; y, Santa Cruz, 15 por territorio y 8 por población. En tanto que en Tarija hay más asambleístas por población (15) que por territorio (12). El caso especial es Beni, que solo tiene asambleístas por territorio.

Volvió el debate sobre la distribución de escaños porque se la considera “injusta e irracional”. A propósito del debate de la “Ley de convocatoria a elecciones subnacionales” en la Asamblea Legislativa, el 2 de diciembre de 2020, la senadora paceña por Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena había dicho que el referido sistema “viola los principios democráticos, (pues) va contra el principio de igualdad, de inclusión, de dignidad, de respeto, de complementariedad, todo el artículo 8 de la Constitución”; transgrede además, dijo, el 146, donde se dice que “el número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido”; este principio se puede extender a los asambleístas departamentales, reclamó Requena.

Se trata de una “distorsión”, una “trampa orquestada por el MAS hace 10 años”, dijo en esa oportunidad la senadora de CC Andrea Barrientos, “que le ha permitido tener una mayoría de representación en las asambleas legislativas departamentales”.

Para las elecciones subnacionales del 7 de marzo, comparando la votación por el gobernador y el número de asambleístas, en los departamentos sin estatutos, el MAS en La Paz para gobernador obtuvo 39% y tiene 56% de los asambleístas; en Oruro, 46% del voto, 76% de asambleístas; en Potosí, 44% del voto, 75% de asambleístas; en Cochabamba, 57% del voto, 74% de la asamblea; y en Chuquisaca, 39% del voto, 67% de los asambleístas.

Pero, en el caso de los departamentos con estatutos, la relación varía: ganando por muy poco en Tarija, el MAS obtuvo 38% de la votación, resultando con 43% de asambleístas; en Beni, siendo segundo con 22%, tiene 43% de legisladores; en Santa Cruz, siendo segundo con 38%, ostenta 43% de los asambleístas.

Lo peculiar se presenta en Pando, donde obtuvo 41% del voto y llega a 62% de la asamblea. Sin embargo, como desmintiendo aquello de que todo esto es en beneficio del MAS, del partido mayoritario, en el mismo Pando, cuando el MTS la segunda mayor fuerza, que por gobernador obtuvo 39%, apenas tiene un asambleísta, 4,7%, y en Beni, el mismo MTS, que ganó en primera vuelta con 42%, solo logró 25% de los asambleístas departamentales.

Quien avanzó de modo más concreto en el cuestionamiento a la referida forma de distribución de escaños fue el exdiputado y exdirector del Servicio Departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, quien en diciembre de 2020 presentó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley que enmiende la “distorsión” generada en 2010, que se aplicó en esas mismas primeras elecciones subnacionales, en las de 2015 y en las recientes de 2021.

El proyecto de la ley “Para restablecer la representación democrática en la asignación de escaños en las asambleas departamentales”, propuesto por Yaksic, consta de dos artículos, y en lo básico plantea “modificar la Ley del Régimen Electoral 026 del 30 de julio de 2010 a fin de realizar ajustes a los artículos 65 y 66 en lo que respecta al mecanismo de asignación de escaños para las elecciones subnacionales de 2021 y posteriores”. (Exposición de motivos del referido proyecto) Subsanando la “incongruencia” de la actual forma de designación de escaños, se propone, dice Yaksic, “recuperar el principio de mayoría y proporcionalidad” establecido en el artículo 2 de la misma Ley de Régimen Electoral, “para una adecuada asignación de escaños en las Asambleas Legislativas Departamentales”. Una de las bases de la reforma propuesta por Yaksic es que la conformación de las asambleas de departamento sea similar a la que se hace con la Cámara de Diputados, siendo lo mismo diputados plurinominales y asambleístas por población, y diputados uninominales y asambleístas por territorio.

El problema viene desde lejos. Cuatro días después de la primera elección de gobernadores, en 2010, el entonces presidente del TSE, Antonio Costas, emitió dos directivas (la 30 y 31) disponiendo precisamente que para la asignación de escaños en las asambleas departamentales no se aplique la misma fórmula usada para la conformación de la Cámara de Diputados. Aquella vez hubo huelgas de hambre y hasta procesos penales contra Costas. El ingeniero se defendía aduciendo que ante lo impreciso de la norma, él lo único que había hecho fue ajustar la asignación de escaños departamentales a la Constitución y las leyes.

En la respuesta escrita que Costas envió el 3 de mayo de 2010 a una petición de informe remitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente del TSE aduce que según la Constitución el sistema de elección de los diputados nacionales es “completamente diferente” de la elección de asambleístas departamentales (salvo la aplicación de la fórmula distribuidora de escaños según la cantidad de votos obtenida por cada partido). Así, Costas dice que si para los diputados nacionales hay “escaños uninominales, plurinominales y especiales (indígenas)”, para las asambleas de departamento, lo que existe, y es diferente, son “escaños poblacionales, territoriales e indígenas originario campesinos”; luego, si los diputados plurinominales se eligen de manera indirecta, cuando se vota por los candidatos a la Presidencia, los asambleístas departamentales por población se eligen de manera directa, en lista separada del candidato a gobernador; y, tercero, si en la elección nacional existe una sola votación y un solo escrutinio para el Presidente y los diputados plurinominales, en la elección subnacional hay “tres votaciones directas”, tres escrutinios y tres cómputos distintos: de gobernador, de asambleísta por población y de asambleísta por territorio (por lo menos en los departamentos en que aún no se cuenta con estatuto).

Las directivas, alega Costas en sus respuestas a la Asamblea, no modifican “ninguna ley que establezca la asignación de escaños”, y que dichas directivas son parte de procedimiento técnico de competencia del TSE.

El 24 de diciembre, el presidente del TSE (2021), Salvador Romero, respondió a Yaksic: “El TSE ha tomado conocimiento de su propuesta para una modificación de la asignación de escaños en las asambleas departamentales en la elección del 7 de marzo de 2021. Más allá del interés de la propuesta, el tema fue analizado y debatido en la Asamblea Legislativa que determinó mantener un esquema similar al que se utilizó en las elecciones precedentes”.

La discusión acerca de la “distorsión” en la asignación de escaños en las asambleas departamentales es similar a la que se dio el año pasado sobre una suerte de discriminación del voto urbano en favor del rural, que un diputado en la ciudad de La Paz, por poner una cifra, necesitaría 50 mil votos y 5.000 el mismo en una región rural. Al respecto, el sociólogo Juan Carlos Pinto (ya fallecido) insistía en que esto ocurre porque en la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa en el país se aplica de conjunto el criterio poblacional y el de equidad, lo que se expresa en “que se dará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor desarrollo económico”. (Animal Político, 27 de mayo de 2020).

Hay una evidente subrepresentación en los departamentos más poblados, del eje, pero es para que los otros departamentos menos poblados también tengan presencia en la Asamblea nacional, insistía.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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GOBERNACIONES, EL IMPERATIVO DE CONCERTAR

Los ingresos de las gobernaciones volvieron a bajar. Para salir adelante, urge colaborar con el Gobierno y municipios

Por Iván Bustillos

/ 18 de abril de 2021 / 18:06

EL PUNTO SOBRE LA I

Tras la segunda vuelta de la elección del gobernador en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, finalmente está definida la distribución del poder regional: en tres gobernaciones (Oruro, Potosí y Cochabamba) el Ejecutivo departamental estará a cargo del Movimiento Al Socialismo (MAS), y en seis (La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz) en poder de las oposiciones regionales; aunque (como se hizo notar en este mismo espacio la anterior semana), otro es el escenario en las asambleas departamentales: en seis (Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Pando), el MAS es mayoría, y en tres (Tarija, Beni y Santa Cruz) hay un práctico empate entre el partido azul y las oposiciones, siendo el bloque indígena (cuyos asambleístas no son electos por voto universal, sino por usos y costumbres) el que determinará cuál sector mayoritario será el que predomine; de hecho, en estos días en la Asamblea cruceña el MAS le ganó de mano al oficialista Creemos, aliándose con los indígenas: de 28 asambleístas, ahora la mayoría la ostenta el bloque MAS-Indígenas, con 16 legisladores.

Ahora, a la complejidad política se añade la limitación económica, presupuestaria. Fue la Fundación Jubileo (¿En qué gastarán el dinero los gobiernos departamentales el 2021?, La Paz, 2021), la que en estos días advirtió acerca de la nueva caída del presupuesto de las gobernaciones en relación al anterior año. Se trata de una disminución del 13% de sus ingresos. El presupuesto asignado a los gobiernos departamentales (incluyendo el Gobierno Regional del Gran Chaco), detalla Jubileo, asciende a Bs 9.520 millones, de los cuales Bs 5.710 millones son efectivamente para la gestión departamental, mientras el saldo corresponde a gastos delegados. “Del total del Presupuesto 2021, Tarija tiene la mayor asignación de recursos, con aproximadamente 25% del total, seguido por Santa Cruz con 23%, La Paz con 11%, Potosí con 10%, Cochabamba y Chuquisaca cada uno con 9%; y los otros tres departamentos reciben, en conjunto, el restante 13% de la torta”, informa.

INVERSIÓN. Jubileo añade que en 2021 los proyectos de inversión aprobados en el presupuesto de las gobernaciones suman 579, “305 menos que el presupuesto 2020, lo que refleja una disminución significativa de la inversión departamental”. Por otro lado, la Fundación revela que “el destino de la inversión de las gobernaciones prioriza el sector Caminos, con 38% de su presupuesto; seguido del Agropecuario, con 23%”. La inversión en Electrificación se lleva 9%, 5% la gestión de Riesgos, entre otros. A Salud se destina solamente 4%.

Es el talón de Aquiles de los gobiernos departamentales: su alta dependencia del ingreso hidrocarburífero, minero y forestal del país, de lo que le transfiere el Gobierno central por dicho ingreso, ratifica el exviceministro de Presupuesto del Ministerio de Economía Jaime Durán (hoy diputado por el MAS): en 2021, las gobernaciones solo por transferencias obtendrán 3.941 millones de bolivianos, “esto es un 9% menos que los 4.340 millones de bolivianos que tenían presupuestado el 2020”, destaca.

Y no se trata solo de los precios internacionales del petróleo o del gas, que éstos suban o bajen, sino también de los volúmenes del hidrocarburo que el país pueda generar; nadie como las gobernaciones debe estar al pendiente de si se encuentran más yacimientos: “en relación a los volúmenes de producción, (las gobernaciones) están sujetas al programa de exploración, de inversiones, que está realizando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; una cuestión ajena a las gobernaciones”, apunta el diputado Durán.

Jubileo y el exviceministro coinciden en que 2014 fue el mejor año para las gobernaciones, cuando por transferencias llegaron a recibir 9.821 millones de bolivianos; de ahí a la fecha, sus ingresos (provenientes en lo fundamental de las regalías, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH, y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, IEHD) no han hecho otra cosa que caer: en siete años, entre 2014 y 2021 hay una reducción de entre 54% y 60%.

¿Cómo podrán llevar adelante la gestión los nuevos gobiernos departamentales dado este difícil escenario? Los involucrados en la gestión departamental coinciden: no queda otra que colaborar, “concurrir”, concertar con el Gobierno central y con los municipios, pero también hacia adentro, con las fuerzas opositoras en las asambleas departamentales.

Para el asambleísta departamental (saliente) Fabián Yaksic, la primera medida administrativa de los nuevos gobernadores será revisar el presupuesto, reformularlo no solo en vista de su programa, sino sobre todo por la baja del dinero que le transfiere el Gobierno central. Tendrán, dice, que priorizar los proyectos más importantes. Aquí, un hecho que revela el asambleísta es que uno de los males del presupuesto de las gobernaciones es que éste es muy “rígido”, “el 80% del presupuesto es de continuidad, que quiere decir que ya está comprometido”, para pasar de una gestión a otra; es el caso, por ejemplo, de la construcción de carreteras de magnitud, se las inscribe en el presupuesto para concluirlas en varias gestiones, y hasta dos o más gobernadores, por el “presupuesto anual insuficiente”, destaca. Pero, he aquí que aparece la importancia de “controlar” la Asamblea Legislativa del departamento: cualquier modificación del presupuesto debe contar con el acuerdo de la Asamblea: en serio se deberá llevar a la práctica aquello de “sacarse la camiseta política”. “La recomendación es que primero tienen que concertar sí o sí con sus asambleas”, insiste Yaksic.

CAMISETA. Si bien todos los candidatos, ganadores y perdedores, más bien como un eslogan, enfatizaron en que el 11 de abril (día de la segunda vuelta por gobernadores y cierre del actual ciclo electoral) “se acabaron los colores políticos”, para el buen curso de la gestión departamental, en verdad que es un imperativo dejar a un lado la camiseta política: para encarar grandes proyectos necesitarán concurrir, colaborar, tanto con los municipios como, y especialmente, con el Gobierno central.

Desde distinta perspectiva, lo plantean Durán y Yaksic.

Para el exviceministro, “más allá de afinidades o críticas, lo cierto es que las autoridades elegidas por la población son las autoridades que van a estar con nosotros estos cinco años; entonces, más allá de los colores políticos, lo que se tiene que hacer es un mecanismo de trabajo conjunto”, esto es más imperioso, insiste, en el actual “escenario de recursos escasos”.

Se trata de profundizar el cofinanciamiento entre Gobierno y gobernaciones: “El mecanismo de concurrencia, de cofinanciamiento, tiene que mejorarse”, producto de la colaboración entre Gobierno nacional y departamentales precisamente es, destaca Durán, la construcción de carreteras, el “hecho de que en 15 años hayamos construido más carreteras que en los últimos 50 años tiene que ver con que este mecanismo de cofinanciamiento ha funcionado”.

Para Durán, el espacio natural del desarrollo que deben promover las gobernaciones es el regional, por debajo de lo nacional, por encima de lo municipal. “Hay que dar un mayor peso a lo regional, para avanzar a la diversificación productiva”, y a esto deberían colaborar las bancadas parlamentarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dice: generar normas que faciliten dicho desarrollo regional diversificado.

Dadas las actuales condiciones de la economía de las gobernaciones, por su lado, Yaksic remarca en la necesidad de los proyectos concurrentes: “Yo recomendaría a los gobernadores que se pongan a pensar en serio en diseñar proyectos que le puedan interesar al Gobierno nacional y a los propios gobiernos municipales”, esencialmente los proyectos de desarrollo regional.

Ahora, reclama, se trata de una colaboración de doble vía: también el Gobierno nacional debería tener la voluntad de “desprenderse del centralismo” de los recursos, de interesarse en financiar proyectos concurrentes en las regiones.

Revivirá el “pacto fiscal”. Yaksic es categórico en señalar que para que dicho pacto tenga alguna viabilidad es imprescindible una “reingeniería de las fuentes de financiación de las autonomías”, una reforma entre técnica y política que, casi acusa el asambleísta, también tiene que alcanzar al Gobierno central: el pacto fiscal, como un sacrificio de todos los niveles.

PACTO. En algo que les compete también a los alcaldes, “se va a tener que abrir un nuevo proceso de negociación, abrir un nuevo diálogo, distinto, sobre un nuevo pacto fiscal, sobre los recursos fiscales”, acaso considerando “transferencias excepcionales” (fondos extraordinarios) para las entidades autónomas, plantea el asambleísta Yaksic; aunque —la experiencia enseña— no habría mucho que esperar del presidente Luis Arce Catacora, dice, que cuando era ministro de Economía nunca había demostrado voluntad para aumentar nada a las autonomías. (Entre los técnicos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia-FAM, durante los gobiernos de Evo Morales se bromeaba que al ministro Arce se le conocía como el “Doctor No”).

Y es que, para el asambleísta, el problema de la norma que hace imperativo el pacto fiscal es estructural: la actual forma de financiamiento de las autonomías es anacrónica, que ni la propia Asamblea Constituyennte ni las leyes de desarrollo de la Constitución pudieron resolver.

“Hay que hacer una reingeniería de la fuente de recursos con las que se financian las autonomías. El régimen económico y financiero vigente data de hace más de 30 años; lo que ha hecho la Ley Marco de Autonomías ha sido ratificar el régimen que está en la Ley de Participación Popular, que está en la Ley 843 (de Reforma Tributaria de mayo de 1986); toda la gama de impuestos y la modalidad de asignación de los mismos data de hace más de 30 años”.

Aquí el asambleísta plantea la reflexión: siendo tan volátil la principal fuente de recursos de las gobernaciones (la exportación de recursos naturales), por qué no se le puede dar el mismo tratamiento que a los municipios, que como principal fuente tiene a la coparticipación tributaria (que es el 20% de los ingresos nacionales, por renta y aduana, que cada año automáticamente va a los tesoros municipales). Mal que bien, insiste Yaksic, la coparticipación tributaria es una fuente más estable, segura, de recursos.

Ahora, como contraparte, para Durán no solo es el tema de que las gobernaciones mejoren su inversión, sino que las entidades ajusten su gasto corriente (el gasto para funcionamiento, principalmente el salario de los funcionarios). “Las burocracias que actualmente tienen las gobernaciones deberían ajustarse, priorizando los programas y proyectos de mayor importancia, con el fin de que se pueda aumentar la inversión pública y de esa manera se tenga mejores resultados”.

El exviceministro no deja de recordar como un problema recurrente de las gobernaciones los llamados “recursos en caja y bancos” ( fondos que no se pudieron gastar) que cada año se registran al final de la gestión. Según Durán, a fines de 2019 las gobernaciones tenían 1.805 millones de bolivianos en caja y bancos; a fines de 2020, 1.832 millones, y hasta abril de este año, 1.640 millones, más o menos 250 millones de dólares.

“Lo que ocurre es que tienen problemas de eficiencia en el gasto”, y eso en buena medida se debe, asegura el diputado, a que “los mecanismos de planificación que tienen las gobernaciones no se han perfeccionado”.

Especialmente para las gobernaciones, siempre fue un problema la generación de recursos propios. Al respecto, Durán ve como una fuente aún inexplorada a la “generación de empresas públicas departamentales y establecer el desarrollo de complejos productivos industriales”.

“Las gobernaciones tienen que constituirse en espacios de desarrollo productivo en virtud a que tienen un mayor alcance que los municipios; ahora, esto naturalmente implica (otra vez) una alta coordinación entre el nivel central y los departamentos y municipios”, destaca el diputado del MAS.

En cambio, para el asambleísta Yaksic, la implementación de empresas públicas departamentales es inviable, dado que las gobernaciones no cuentan con fuentes de financiamiento para sostenerlas, no tienen el “crédito fácil” del Banco Central con que cuenta el Gobierno nacional, asegura.

Acaso una salida financiera alternativa para las administraciones departamentales más bien sea, dice, ampliar su “dominio tributario”: “el camino definitivamente pasa por generar mejores condiciones para dominios tributarios autónomos (impuestos), que sean más importantes de lo que ahora les otorga la Ley de clasificación de impuestos”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Departamentos, los gobiernos complejos

En seis asambleas departamentales, el MAS es mayoría; en tres, los indígenas tienen el ‘voto de oro’

Por Iván Bustillos

/ 14 de abril de 2021 / 14:57

EL PUNTO SOBRE LA I

Hoy, 11 de abril, en cuatro departamentos se define en segunda vuelta quién será el gobernador: La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Gana quien obtenga así sea un solo voto más que su adversario, con el porcentaje que sea. En los cuatro departamentos la contienda es entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus oposiciones: Jallalla en La Paz, Chuquisaca Somos Todos (CST) en Chuquisaca, Unidos por Tarija (UPT) en Tarija, y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) en Pando. En tres departamentos el MAS ganó en primera vuelta la gobernación: Oruro, Potosí y Cochabamba. También en primera vuelta, la oposición se hizo con la gobernación en dos: Beni con el MTS, y Santa Cruz con Creemos.

Pero el gobierno departamental no solo es el Ejecutivo, el gobernador, sino que está además, como un contrapeso, su órgano legislativo y fiscalizador, la Asamblea Departamental; y los miembros de las asambleas ya fueron elegidos el 7 de marzo, ya hay una distribución del poder en su interior, una correlación de fuerzas que no siempre se corresponde con quien ganó la silla de gobernador (que la mayoría de la asamblea departamental la tenga el partido del gobernador).

Y he aquí las sorpresas. De las nueve asambleas departamentales ya electas, en cuatro (Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) hay una franca hegemonía del MAS, pues cuenta con dos tercios o incluso más de los asambleístas; y en dos, de La Paz y Pando, tiene mayoría absoluta (50 por ciento más uno).

 Pero, lo verdaderamente novedoso es que en las asambleas de Tarija, Beni y Santa Cruz, ante el práctico empate entre los dos grandes bloques partidarios (el MAS frente a sus oposiciones), los asambleístas indígenas tienen lo que se puede considerar los “votos de oro”, dirimidores, la llave para que uno de los dos grandes bloques, mayoritarios, se imponga al otro.

Aquí es preciso aclarar que mientras los asambleístas de partido (territoriales o por población) son electos mediante el voto universal, lo que pasó el 7 de marzo, los asambleístas indígenas son elegidos, designados, directamente por usos y costumbres propios de cada pueblo indígena; excepto Potosí, en todos los departamentos hay representación indígena en la asamblea departamental. 

HEGEMONÍA. Las asambleas de “extrema” hegemonía del MAS son las de Oruro, Potosí y Cochabamba, pues en ellas, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, los asambleístas masistas no solo alcanzan los dos tercios del legislativo departamental, sino que llegan a 7475%, los tres cuartos.

En Oruro, donde en primera vuelta ganó el candidato a gobernador por el MAS, su legislativo lo conforman 33 asambleístas: 16 por territorio (uno por cada una de las 16 provincias que tiene el departamento), 16 por población y 1 indígena; de los 33, 25 son del MAS. Buena parte de la supremacía masista se debe a que este partido ganó en las 16 provincias orureñas. También logró la mayoría de los escaños por población, 9 de 16; pero, he aquí un hecho que se repetirá en prácticamente todos los departamentos: si las oposiciones al MAS tienen alguna presencia en las asambleas, sobre todo es por sus asambleístas por población, aquellos que se asignan según la votación obtenida en el departamento, proporcionalmente, por cada partido. En Oruro, las oposiciones suman 7.

Similar situación es la potosina: de los 32 miembros que tiene su asamblea, 24 (75%) son del MAS, y de las 16 provincias que también hay en el departamento, en 15 ganó el MAS; solo en una, en la provincia Tomás Frías (donde está el municipio de Potosí), se hizo de la victoria el Partido de Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol). Aquí aparece otro rasgo de la distribución del voto: las oposiciones al MAS ganan asambleístas sobre todo en las provincias en que está la capital del departamento. Para gobernador, en Potosí ganó el MAS en primera vuelta.

En Cochabamba, la hegemonía del MAS en su asamblea nuevamente se expresa en contar con más de dos tercios de los asambleístas departamentales, 25 de 34, lo que equivale a 74%. Lo mismo que en los anteriores departamentos, en Cochabamba en 15 de las 16 provincias ganó el MAS; la única provincia en que triunfó la oposición (la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa), es Cercado, la que alberga al municipio de Cochabamba; y solo de esta forma obtuvo  5 de 16 asambleístas por población.

Pero, sin duda, el caso más llamativo es Chuquisaca. Allí, en la primera vuelta ganó Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST), con 45,62% de los votos válidos, contra 39,12% del segundo, Juan Carlos León, del MAS; como la distancia entre ambos es de solo 6,5 puntos porcentuales, irán a segunda vuelta hoy. Lo peculiar pasa en la Asamblea Legislativa: pese a su derrota, el MAS logra dos tercios de los miembros del legislativo departamental, de un total de 21 asambleístas, el MAS sumó 14, CST 5, y 2 escaños los indígenas. ¿Cómo pudo pasar este inusual hecho, perder la elección de la cabeza de la Gobernación y ganar, de lejos, la elección de los asambleístas? La primera sospecha estaría en un alto índice del “voto cruzado” (voto por el CST para gobernador, pero voto por el MAS para asambleísta). En una parte de la votación al parecer ocurrió eso, el voto cruzado, pues mien

tras CST le ganó al MAS en el voto para gobernador (por 45,62% a 39,12%), en la votación de los asambleístas por población, fue el MAS el que ganó, con 43,10%, contra 35,20% de CST.  Pero nuevamente se impone el voto por territorio (por provincia). Así, de las 10 provincias que tiene el departamento (un asambleísta territorial por provincia), en 9 ganó el MAS; como en los anteriores casos, y confirmando que en las ciudades capitales al partido de gobierno no le va bien, perdió en la provincia Oropeza, que tiene a Sucre como su principal municipio.

MAYORÍA. Como se ilustra en los gráficos adjuntos, en la asamblea legislativa de La Paz, de 45 miembros, 25 (56%) son del partido azul. Se enfrenta a tres minorías de algún peso: Jallalla, que tiene 8, Por el Bien Común Somos Pueblo (PBCSP) 5, y la representación indígena 5 asambleístas departamentales. Las minorías de un solo asambleísta cada una son Sol.bo y el MTS. Hoy se define la gobernación entre el MAS y Jallalla.  

También aquí es necesario hacer notar que si hay algo que sube la hegemonía del MAS en el legislativo paceño es que de sus 25 asambleístas, 16 fueron elegidos por territorio, ganó en 16 de las 20 provincias de La Paz. En cambio, la oposición de alguna manera es más fuerte entre los legisladores por población; de los 20 asambleístas por población paceños, 11 son opositores. PBCSP (de Rafael Quispe), por ejemplo, que sin tener ningún representante por territorio (lo que significa que no ganó en ninguna provincia), sí logra tener 5 asambleístas por población.

En Pando, si bien al MAS en su asamblea le falta un solo asambleísta para tener los dos tercios de voto, tiene un práctico predominio del legislativo departamental.

Lo peculiar es que en Pando hubo un práctico empate por la Gobernación: el MAS ganó con 41,08% contra 39,07% del MTS, apenas 2 puntos porcentuales de distancia, que por eso hoy en el departamento se va a segunda vuelta. Pero he aquí que su Asamblea Departamental nuevamente presenta una supremacía del MAS “desmedida” en relación a ese cuasi-empate: de 21 legisladores departamentales, 13 pertenecen al MAS, 5 a sus oposiciones y 3 a los indígenas.

 En la presencia masiva del MAS en la asamblea pandina, definitivamente tiene que ver el número de asambleístas por territorio: de los 15 asambleístas por territorio que hay en el departamento, 11 son del MAS y 4 de sus oponentes. En relación a los asambleístas por población, en Pando ocurre un hecho peculiar: solo hay 3 asambleístas por población, provenientes de las dos provincias más pobladas, Nicolás Suárez (dos asambleístas) y Madre de Dios (un asambleísta, de los cuales 2 son del MAS.

INDÍGENAS. Son los casos de Tarija, Beni y Santa Cruz que presentan la más peculiar correlación de fuerzas y la nueva importancia dirimidora que tendrán los indígenas en las asambleas departamentales.

En los tres departamentos, el rasgo común es la fuerte presencia del MAS: tiene la primera mayoría en Tarija (13 de 30 legisladores departamentales) y en Beni (12 de 28 asambleístas) y, con 11 legisladores, iguala el número de asambleístas que tiene Creemos en la asamblea cruceña.

En Tarija, donde el MAS ganó la primera vuelta a gobernador por apenas 358 votos, que por eso allí hoy también hay segunda vuelta, la preferencia electoral está más equitativamente dividida: si el MAS tiene 13 legisladores, Unidos por Tarija (UPT) cuenta con 12, la grupación Todos tiene 2, y los indígenas suman 3 escaños. Si bien las oposiciones al MAS (UPT y Todos) sumadas ya hacen mayoría frente al MAS, pues suman 14 asambleístas, son los indígenas, con 3 votos, quienes podrán decidir si se consolida esta mayoría opositora al MAS, sumando 17 votos en total, o si hacen del MAS la mayoría relativa, con 16 votos (13 del MAS y 3 de los indígenas). En Beni, donde ya es gobernador el candidato del MTS, aparte de que de 28 asambleístas, el MAS cuenta con 12, es llamativo que el MTS, el partido del futuro ejecutivo de la Gobernación, apenas tenga 7; a ello se agrega que la agrupación Todos cuenta con 5 asambleístas y 4 indígenas.

En resumidas cuentas, si el MAS tiene 12 asambleístas, sus oposiciones unidas sumarían otros 12 legisladores; y aquí nuevamente la llave la tendrán los 4 votos indígenas, que inclinarán la balanza a uno u otro lado.

Pese a que en Beni, el MTS ganó la gobernación con un contundente 41,79% contra 22,21% del MAS, en asambleístas, el MAS casi le dobla el número al MTS. Y es que otra vez pesó la representación territorial: en el departamento hay 24 asambleístas por territorio, pero, cuando en el resto de los departamentos el territorio a representar es la provincia, en Beni más bien son los municipios: un asambleísta por cada uno de los 24 municipios que hay allí. Y he aquí que de los 24 escaños en 12 gana el MAS, y como en Beni no hay asambleístas por población, pues lo que manda es la representación territorial.

Santa Cruz, lo mismo. Luis Fernando Camacho, de Creemos, ganó la elección de gobernador con un significativo 55,64% contra 38,17% del MAS, nada menos que 17 puntos porcentuales de distancia; pero, paradoja, esa mayoría absoluta no se refleja en la composición de la asamblea. Y aquí ya no se puede hablar tanto del voto cruzado, pues son de muy similar porcentaje las votaciones tanto por gobernador como por asambleísta por población, con Creemos como claro ganador.

La diferencia nuevamente la establece el voto territorial. El órgano legislativo cruceño está compuesto por 15 asambleístas por territorio, 8 por población y 5 indígenas. Pues bien, de los 15 asambleístas territoriales, el MAS se lleva 8, Creemos tiene 6 y Alianza Solidaria Popular (ASIP) 1; entre los asambleístas por población, que solo son 8, el MAS tiene 3 y Creemos 5. Si bien Creemos puede hacer una alianza natural con ASIP, como frente antimasista, y lograr la mayoría relativa ante el MAS, sumando 12 legisladores, pasa que son los legisladores indígenas los que tendrán los llamados “votos de oro”, pues con sus 5 votos pueden inclinar la balanza o hacia el lado del MAS o hacia el polo de Creemos.

El gobernador es de Creemos, y de darse la eventual alianza MAS-Indígenas, tendría mucho trabajo para llevar adelante su gestión con una óptima gobernabilidad.

Finalmente. Algo pasa con el voto en blanco por los asambleístas por población, pues en todos los departamentos registra inusuales altos porcentajes, tratándose en promedio de un tercio de los votos emitidos: 35% en La Paz, 31% en Oruro, 41% en Potosí (aquí, si se le suma los votos nulos, se llega a 46%: poco menos de la mitad de los electores se apartaría de elegir representantes), 20% en Cochabamba, 32% en Chuquisaca, un promedio de 24% en Tarija, entre 29 y 30% en Pando, y 28% en Santa Cruz.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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EL IPSO FACTO Y LA ASAMBLEA

Dos temas para entender 2019: el funcionamiento de la Asamblea y el comunicado del TCP

Por Iván Bustillos y Susana Rivero Guzmán

/ 7 de abril de 2021 / 13:45

EL PUNTO SOBRE LA I

Si la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue o no constitucional es un debate de mucho tiempo todavía. Buena parte de la discusión jurídica, sin embargo, según nuestros entrevistados, se concentra en dos hechos: la fuerza legal que tuvo o no el  comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 12 de noviembre de 2019, y la existencia o no de un vacío de poder y la forma en que se lo “llenó” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Antes, urge tener clara conciencia, reclama el ministro de Justicia, Iván Lima, de que la condición del debate jurídico sobre la sucesión-posesión de Áñez en 2019 fueron las acciones de hecho, la violencia que se usó en esos días para presionar a dar determinada salida jurídica a la crisis.

La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por ejemplo, recuerda el ministro, se produce a la misma hora en que su hermano “era torturado y que casi lo matan en la plaza de Potosí”. Con este antecedente, por decir algo, se puede cuestionar lo “voluntario” de dicha renuncia, si en rigor se la puede considerar como tal.

Para Lima, el vacío de poder es una figura forzada, pues, tal como señala la exdiputada Susana Rivero en estas mismas páginas, en el día crítico, el 12 de noviembre, ella fungía como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y, aplicando el artículo 169 de la Constitución, ya renunciada la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Rivero era la depositaria automática de la sucesión, pues “ella sí representaba a la fuerza de mayoría”; en ella “terminaba la sucesión”: y, como último eslabón en la cadena de sucesión, no le quedaba sino convocar a la Asamblea, discutir las renuncias de los mandatarios y llamar a elecciones.

Por el contrario, en la perspectiva del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aparte de que hubo un vacío de poder, éste tuvo que ser resuelto con la sucesión en el mismo Senado, con base en el Reglamento General de la Cámara: “No es verdad el argumento de que siempre la presidencia del Senado debe recaer en alguien de la mayoría, porque claramente el Reglamento dice que cuando no hay la presidenta ni la primera vicepresidenta en el Senado, la que reemplaza, en calidad de presidenta, es la segunda, de manera automática” (artículo 41 del Reglamento).

MAYORÍA. Lima remarca que la sucesión dispuesta en el artículo 169 de la Constitución prevé precisamente que el cargo debe mantenerse en manos de la mayoría de la Asamblea: “cuando asume como presidenta alguien que solo tiene 4% de apoyo de la gente, estamos hablando de que no se ha respetado el derecho. Áñez jamás podría haber sido elegida presidenta de la Asamblea” (según los artículos 33 del Reglamento de Diputados, y 35 del de Senadores, apunta).

Otro tema central en el debate de la constitucionalidad o no de la posesión de Áñez, es la contundencia legal del comunicado del TCP.

Alarcón insiste en que si bien el comunicado no tiene fuerza legal por sí mismo (no es ni sentencia ni declaración ni auto constitucional), sí la tiene la norma a que hace referencia: la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. En lo principal, el considerando III.3, que cita el referido comunicado del TCP, dice: “Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia”. Alarcón no deja de señalar que apelar a la carencia legal del comunicado del TCP es una inconsecuencia del MAS, que en el pasado usó, dice, también un comunicado para instaurar juicios de responsabilidades por los petrocontratos a Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Aquí, para Lima, “el TCP no ha avalado nada, un comunicado no es una sentencia y el Tribunal ya lo ha aclarado (se refiere a la declaración del magistrado Petronilo Flores ante una comisión de Diputados, en febrero de 2020, que dijo que el referido comunicado “no tiene ninguna relevancia jurídica”).

En lo relativo a la Declaración Constitucional 0003/01, Lima es enfático al afirmar que la misma, por estar enmarcada en la Constitución anterior, no es aplicable hoy. “Esa jurisprudencia está basada en la Constitución de 1995, por tanto la posibilidad de aplicarse a hechos de la Constitución de 2009 no es válida, no es posible”, destacó.

VIGENCIA. La discusión va para largo, pero he aquí que recobra vigencia jurídica y política. En el plano jurídico, por la instauración en la Fiscalía del llamado caso “golpe de Estado”, y en lo político, por el planteamiento que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su reciente comunicado “Bases para la reconciliación nacional”.

“Nosotros hemos dicho que hay que trascender esta polémica; es una polémica que a estas alturas de lo que necesita el país resulta un lastre, es estéril; entonces no queremos alimentarla, por el contrario, la queremos trascender, ir más allá para tener un escenario de paz en el país, lo que no quiere el MAS, éste quiere un escenario de guerra”, defiende Alarcón el comunicado de CC.

Insistiendo en que la propia elección del presidente Luis Arce es consecuencia “de un proceso electoral encauzado y desarrollado por el gobierno de la señora Áñez”, dice el diputado de CC, el “elemento superador político y jurídico de todo eso han sido las elecciones de 2020”.

Para Lima, por el contrario, la posesión de Áñez es una cuestión pendiente: “El momento que se ha cometido un delito es cuando la señora Áñez sesiona ante una Cámara vacía, en el Senado, luego baja a la de Diputados y se proclama a sí misma Presidenta. Ese es el hecho que debe explicarle al país, por qué lo ha hecho y con el respaldo de quién lo ha hecho; esas son las preguntas que se deben resolver en un juicio penal”.

En cuanto a que la posesión de Áñez sea un hecho superado, Lima apela a que esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas solo son un acto de justicia; que luego la democracia se haya podido reencauzar solo expresa lo que se tuvo que hacer para reparar el daño, pero que hubo delito, lo hubo. Cuando se comete un delito, los actos de reparación, de desagravio, de restablecimiento a la víctima, no se pueden considerar como actos que eliminan el ilícito, concluye.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA NO SUCESIÓN CONSTITUCIONAL DE 2019

Por Susana Rivero G

El 10 de noviembre de 2019 hubo renuncias públicas y bajo presión —pedidos de renuncia por parte de altos mandos policiales y militares, vejaciones físicas, cercos y quemas de viviendas propias y de familiares— de Víctor Borda que estaba en Potosí, Evo Morales y Álvaro García en Cochabamba, Rubén Medinacelli en Oruro y Adriana Salvatierra en La Paz, en ese orden.

Ese domingo por la noche escuchamos a la senadora Jeanine Áñez, de Demócratas, desde Trinidad afirmar por teléfono a Unitel: “Hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, las renuncias del presidente, del vicepresidente y hemos visto muchas otras renuncias de quienes acompañaban al presidente Morales… y obviamente, lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando han renunciado la presidenta del Senado, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, yo obviamente funjo como oposición y como lo establece nuestro Reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, yo estoy en la segunda vicepresidencia y en ese orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar el país y que todo vuelva a la normalidad. Espero que podamos convocar a una asamblea”… “tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración las renuncias de los primeros mandatarios”.

Veamos si la norma se cumplió, si la Constitución fue respetada a través de la aplicación de los reglamentos del Senado y de Diputados.

Opción 1: Permitir que cada una de las cámaras considere las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y en caso de rechazo, cualquiera de los dos podía haber asumido la conducción del país, pues sus renuncias verbales para tener validez debían ser presentadas por escrito en sesiones de sus cámaras para consideración del pleno, como lo mandan los artículos 28 y 31 de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Estas renuncias no fueron ni leídas y menos tratadas hasta después del 12 de noviembre en que se produjo la autoproclamación de Áñez.

Opción 2: Convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, como última autoridad de la fuerza mayoritaria en la línea sucesoria, para admitir o negar las renuncias de Morales y García:

Artículo 161 CPE: Las cámaras se reunirán para: 3. Admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado. Áñez, sin competencia alguna, interpretó y cesó en sus mandatos a Morales y García escogiendo de entre las cinco formas de cesación contempladas en el artículo 170 de la Constitución, la ausencia o el impedimento definitivo, bajo la especulativa argumentación de que ya habían salido del país, inobservando que no habían transcurrido los 10 días de ausencia permitidos por el artículo 173 de la CPE.

Artículo 170 CPE: El Presidente cesará en su mandato: por “muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria de mandato”. Artículo 173 CPE: “El Presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa, hasta un máximo de 10 días”.

Por otro lado, ¿con qué facultad jurídica podía Áñez instalar una sesión de la Asamblea, sin el quórum necesario en la directiva y en el Pleno, desconociendo los artículos 9 y 73 del Reglamento de Diputados? Artículo 9: “La Asamblea y la Cámara de Diputados sesionarán con la mayoría absoluta de sus miembros”. Artículo 73: “Toda sesión plenaria se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Opción 3: Convocatoria a sesión en cámaras separadas, para la elección del presidente o vicepresidente o vicepresidenta del Senado, carteras a ser ocupadas por representantes de la mayoría. Y para la ratificación de la presidencia en ejercicio o nueva elección en Diputados, pues en este caso la vicepresidencia sí estaba ocupada por la fuerza de mayoría. En estricto apego a los artículos 35 y 33 de los reglamentos del Senado y Diputados, respectivamente. 

Artículo 35: (Senado): II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría. Artículo 33: (Diputados): La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al bloque de mayoría; la Segunda Vicepresidenta o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría.

Como se puede ver, el reglamento del Senado no permitía a la minoría hacerse de la presidencia de la Cámara, menos instalar sesiones sin quórum de mayoría absoluta para el Pleno camaral y de tres miembros en el quórum de la directiva.

Artículo 75: (Senado): “Para instalar válidamente una sesión del Pleno es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Artículo 76: (Senado): “I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva. II. Previa verificación del quórum, el Presidente de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. III. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. IV. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida”.

Opción 4: Aplicar textualmente el artículo 169 de la Constitución y permitir que la presidencia en ejercicio de Diputados convoque a sesión de Asamblea para discutir las renuncias y convocar a elecciones en el plazo máximo de 90 días, tomando en cuenta que ella sí representaba a la fuerza de mayoría y que según el artículo 169 de la CPE con ella termina la sucesión en esta instancia, obligando a llamar a elecciones cuando se llega a este punto. No habla de volver arriba a recomponer directivas y elegir presidente o presidenta.

Artículo 169 CPE: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Como se puede ver, existían varias alternativas legales, independientes e incluso combinadas entre sí que pudieron y debieron aplicarse; sin embargo, a ellas se antepuso el asalto irregular tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa y hasta hoy los únicos argumentos para refutarlos o anteponer otra línea interpretativa son un comunicado de prensa sin firmas del Tribunal Constitucional Plurinacional y que Evo y Álvaro ya habían partido con asilo a México.

(**) Susana Rivero G. es abogada

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