El Ministerio Público activó una alerta migratoria para que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz no pueda salir del país en razón de una orden de aprehensión en su contra, por la denuncia de irregularidades en el proceso de contratación de millonarios seguros.
Según el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, al no presentarse a declarar en la Fiscalía, Soliz agravó su situación legal dentro de la investigación que sigue su curso y que se encuentra en etapa preparatoria.
“Nosotros ya hemos activado la alerta migratoria. Él (Herland Soliz) no va a poder salir de Bolivia, le recomendamos que se presente y aclare su situación al país. Si él dice que es inocente, que venga y se defienda; nosotros vamos a actuar conforme a la ley y el procedimiento”, señaló.
Fueron al menos dos convocatorias que el exejecutivo de la estatal petrolera ignoró para brindar su declaración informativa y que explique cuál fue su participación en el proceso de contratación de los seguros y, por ello, se emitió una orden de aprehensión.
El director de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), teniente coronel Luis Fernando Guarachi, consideró que Soliz se “burló” del accionar de la Policía y el Ministerio Público.
Recordó además que el día que se allanó su domicilio no se lo encontró y por el contrario apareció después en un video difundido en redes sociales donde aseguró que las denuncias en su contra fueron infundadas.
“Nosotros no perseguimos a nadie por pertenecer a un partido u otro. El señor simplemente ha agravado su situación jurídica, ha manifestado que se lo está persiguiendo”, añadió Cossio.
El caso que se investiga es por presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones. Soliz aclaró que no hubo ninguna contratación.
Fue justo en medio de este escándalo que el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, lo destituyó del cargo y en su lugar fue posesionado Richard Botello.
Los delitos por los cuales el exejecutivo de YPFB enfrenta el proceso son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
En el mismo caso se encuentran con detención preventiva la exgerente jurídica y la exasesora legal de YPFB en los penales de Obrajes y Miraflores, respectivamente, mientras que la exencargada de Contratos cumple detención domiciliaria. (23/06/2020)