Nacional

lunes 14 jun 2021 | Actualizado a 16:37

Argentina autoriza presencia militar en frontera de Salta con Bolivia ante ingreso ilegal de bolivianos

“De acuerdo a lo que le solicitamos al Gobierno Nacional, hoy se autorizó la presencia de efectivos del Ejército Argentino en la frontera de nuestra provincia”, anunció el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz

La fotografía que acompañó el mensaje del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en twitter.

Por Paulo Cuiza

/ 23 de junio de 2020 / 16:28

El presidente argentino Alberto Fernández autorizó este martes la militarización en la frontera de Salta con Bolivia. La decisión fue en respuesta al pedido del gobernador argentino Gustavo Sáenz, quien demandó cooperación para evitar que bolivianos continúen ingresando a Salta de manera irregular e ilegal ante la “precaria” –dijo- atención médica en Bolivia.

“De acuerdo a lo que le solicitamos al Gobierno Nacional, hoy se autorizó la presencia de efectivos del Ejército Argentino en la frontera de nuestra provincia”, apuntó Sáenz, en un mensaje que escribió en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En un video publicado por el diario El Tribuno de Salta, Sáenz precisó que la frontera de más de 20 kilómetros tiene “innumerables” pasos clandestinos e ilegales que son aprovechados para el comercio ilegal y tráfico de drogas.

“Lo preocupante es la situación que no da abasto en recursos humanos porque cada vez ingresa “cantidad de gente” de Bolivia hacia Salta (…) Yacuiba (Municipio boliviano) ha puesto en alerta y en una “situación de angustia” a Salvador Mazza, Aguas Blancas y Los Toldos debido a que la atención en la salud pública en Bolivia es muy precaria por lo que atraviesan la frontera para atenderse en Salta”, explicó Sáenz.

El trabajo será coordinado entre Gendarmería, Ejército y la Policía de Salta, aseguró el Gobernador durante la entrevista, en la cual también advirtió que lo mejor es custodiar con todos los recursos la salud de los salteños; además, precisó que el tema de la doble nacionalidad se convirtió en un tema de difícil control.

“Agradezco al presidente @alferdez , a la ministra de Seguridad @SabinaFrederic , al ministro del interior @wadodecorrido, al ministro de Defensa @RossiAgustinOk y al jefe de Gabinete @SantiCafiero por haber escuchado el pedido de los salteños” (sic), escribió en otro tuit Sáenz.

En Argentina, 44.931 personas están infectadas con COVID-19 y el número de decesos es de 1.049, según reportes del Ministerio de Salud hasta la noche del martes. En Bolivia, la cifra de pacientes llegó a 25.493 hasta la noche del lunes y la cifra de fallecidos ascendió a 820.

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Exprocurador sobre gases: La irregularidad más grande es la compra por excepción

La declaración del exprocurador Alberto Morales en calidad de testigo por el caso Gases lacrimógenos fue suspendida.

Foto: APG

/ 14 de junio de 2021 / 16:11

Alberto Morales, exprocurador General del Estado, consideró este lunes que la “irregularidad más grande” en la compra de gases lacrimógenos está en el sistema de adquisición por excepción.

“La irregularidad más grande es el sistema de compra por excepción que aplican mucho desde hace varios años y eso evita un control de competencia; cuando no se compra por excepción se invita públicamente, se licita y los mismos proponentes del servicio o el producto se controlan entre sí”, dijo.

En ese sentido, recordó que a través de esa “competencia” uno puede lograr un menor precio, mejor producto y escoger la opción más favorable.

“Entonces, en general, toda compra por excepción llama nomás un poco la atención, pero si está respaldado por decretos (como lo estuvo la adquisición de los gases y si esas normas) hasta ahora no están declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, había la base normativa”, justificó.

Morales hizo esas declaraciones ante los medios de comunicación al momento de presentarse en la Fiscalía de La Paz a declarar por el caso Gases lacrimógenos, aunque ese acto fue suspendido.

“Me han dicho que van a reprogramar y me van a notificar personalmente con nueva fecha; se ha suspendido (mi declaración) por razones seguramente de la carga laboral de la Fiscalía”, indicó.

Los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López son los principales procesados por la adquisición de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Áñez con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

El exministro de Gobierno se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero y pago de sobornos que se registraron, precisamente, durante la compra de ese material para Bolivia a través de una empresa intermediaria y de López aún se desconoce su paradero exacto, aunque se sospecha que está en Brasil.

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La Fiscalía de Oruro archiva también el caso ‘fraude’ y Lima dice que se desmontó una ‘mentira monumental’

Con esta decisión, las nueve fiscalías departamentales sobreseyeron a los exvocales y exfuncionarios electorales acusados de “fraude” en los comicios de 2019, por no haberse encontrado elementos probatorios. Solo queda el proceso a los exvocales del TSE.

El asedio al TSE tras las elecciones de 2019.

/ 14 de junio de 2021 / 15:57

Mediante una resolución, la Fiscalía Departamental de Oruro solicitó el archivo de la denuncia sobre “fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y pidió el sobreseimiento de todos los exvocales y exfuncionarios electorales imputados, al no haber podido demostrarse responsabilidades. Con ello, las nueve fiscalías ya levantaron la acusación por este caso y solo cursa la investigación de los exvocales nacionales.  

“CASO FRAUDE, el Fiscal Departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas. De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y sí existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a los bolivianos”, escribió el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en su cuenta de redes sociales, con una copia del documento de la Fiscalía.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía activó una investigación de oficio y la detención de los entonces vocales, ante la denuncia de un “fraude” en los comicios de ese año que dieron como ganador a Morales sin necesidad de que se lleve a cabo una segunda vuelta con su principal contrincante en las urnas, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa.

Entonces, Mesa denunció irregularidades y convocó a movilizaciones, y habló de un “fraude escandaloso”, de un “fraude monumental”, a lo que se refirió Lima. Luego, las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, aparte de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude”, provocaron la decisión de Morales de abandonar su cargo.

Para Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), todo fue parte de un “golpe de Estado”. Dos días después de la dimisión, asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, cuyo mandato presionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales departamentales para que activen o se sumen a los procesos contra los exvocales nacionales y regionales, tomando como elemento de prueba al documento de la OEA.

La resolución de la Fiscalía Departamental de Oruro señala que el informe preliminar y el final del organismo hemisférico, “pese a que se constituye en una auditoría, no establece responsabilidades, vinculado a quienes fueron las autoridades o funcionarios que cometieron actos fuera de la normativa vigente, vinculado a los ilícitos de delitos electorales” por los cuales se abrió la indagación contra los exvocales del TED de Oruro.

Ellos fueron imputados por los delitos electorales de falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado, alteración y ocultación de resultados, alteración o modificación del padrón electoral, beneficios en función del cargo; además de uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; la Fiscalía pidió el levantamiento de estos cargos y también de las medidas cautelares.

La decisión indica que la auditoría de la OEA no pudo establecer la participación de los imputados Ruddy Huayllas (expresidente del TED de Oruro), William Montaño, Ana María Gonzales, María Eugenia Arce, Judith Ramos, Gheovanni Flores, Agustín Mamani, Víctor Zola y Olga Chino, en las irregularidades planteadas. Es decir, “no hay elementos probatorios objetivos que demuestren la responsabilidad penal de los imputados”, se indica.

Con esta determinación, las nueve fiscalías departamentales archivaron los casos por la denuncia de fraude en 2019, solo queda pendiente la investigación a los exvocales del TSE, a la espera de una pericia informática sobre la denuncia de “manipulación dolosa” y la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que provocó la denuncia de opositores a Morales, sobre todo de su contrincante Mesa.

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Fiscalía de Oruro archiva también el caso ‘fraude’ y Lima dice que se desmontó una ‘mentira monumental’

Con esta decisión, las nueve fiscalías departamentales sobreseyeron a los exvocales y exfuncionarios electorales acusados de “fraude” en los comicios de 2019, por no haberse encontrado elementos probatorios. Solo queda el proceso a los exvocales del TSE.

El asedio al TSE tras las elecciones de 2019.

/ 14 de junio de 2021 / 15:52

Mediante una resolución, la Fiscalía Departamental de Oruro solicitó el archivo de la denuncia sobre “fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y pidió el sobreseimiento de todos los exvocales y exfuncionarios electorales imputados, al no haber podido demostrarse responsabilidades. Con ello, las nueve fiscalías ya levantaron la acusación por este caso y solo cursa la investigación de los exvocales nacionales.  

“CASO FRAUDE, el Fiscal Departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas. De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y sí existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a los bolivianos”, escribió el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en su cuenta de redes sociales, con una copia del documento de la Fiscalía.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía activó una investigación de oficio y la detención de los entonces vocales, ante la denuncia de un “fraude” en los comicios de ese año que dieron como ganador a Morales sin necesidad de que se lleve a cabo una segunda vuelta con su principal contrincante en las urnas, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa.

Entonces, Mesa denunció irregularidades y convocó a movilizaciones, y habló de un “fraude escandaloso”, de un “fraude monumental”, a lo que se refirió Lima. Luego, las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, aparte de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude”, provocaron la decisión de Morales de abandonar su cargo.

Para Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), todo fue parte de un “golpe de Estado”. Dos días después de la dimisión, asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, cuyo mandato presionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales departamentales para que activen o se sumen a los procesos contra los exvocales nacionales y regionales, tomando como elemento de prueba al documento de la OEA.

La resolución de la Fiscalía Departamental de Oruro señala que el informe preliminar y el final del organismo hemisférico, “pese a que se constituye en una auditoría, no establece responsabilidades, vinculado a quienes fueron las autoridades o funcionarios que cometieron actos fuera de la normativa vigente, vinculado a los ilícitos de delitos electorales” por los cuales se abrió la indagación contra los exvocales del TED de Oruro.

Ellos fueron imputados por los delitos electorales de falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado, alteración y ocultación de resultados, alteración o modificación del padrón electoral, beneficios en función del cargo; además de uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; la Fiscalía pidió el levantamiento de estos cargos y también de las medidas cautelares.

La decisión indica que la auditoría de la OEA no pudo establecer la participación de los imputados Ruddy Huayllas (expresidente del TED de Oruro), William Montaño, Ana María Gonzales, María Eugenia Arce, Judith Ramos, Gheovanni Flores, Agustín Mamani, Víctor Zola y Olga Chino, en las irregularidades planteadas. Es decir, “no hay elementos probatorios objetivos que demuestren la responsabilidad penal de los imputados”, se indica.

Con esta determinación, las nueve fiscalías departamentales archivaron los casos por la denuncia de fraude en 2019, solo queda pendiente la investigación a los exvocales del TSE, a la espera de una pericia informática sobre la denuncia de “manipulación dolosa” y la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que provocó la denuncia de opositores a Morales, sobre todo de su contrincante Mesa.

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Ordoñez declara por el caso Gases y afirma que hubo ‘bastante presión’ de Murillo y López

Mauricio Ordoñez pidió celeridad en la investigación y apuntó a los extitulares de Gobierno y Defensa por presunta corrupción en la compra de gases lacrimógenos.

/ 14 de junio de 2021 / 14:53

Mauricio Ordóñez, exministro de Desarrollo Rural y Tierras, se presentó este lunes a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía de La Paz por el caso Gases lacrimógenos y a su salida aseguró desconocer sobre la existencia de un “minigabinete” en el gobierno de transición, pero reveló que “siempre hubo bastante presión” de los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente

“Desconozco (si había un minigabinete, pero) siempre hubo bastante presión del ministro de Gobierno y también de Defensa, hubo bastante presión hacia algunos de nuestros ministerios (que) siempre fuimos promotores del diálogo (para que se pueda) pacificar el país sin usar la fuerza, (mientras otros) ministerios proponían usar la fuerza” durante el conflicto poselectoral de 2019, dijo la exautoridad.

Murillo y López son los principales procesados por la adquisición de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Áñez con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

El exministro de Gobierno se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos acusado por lavado de dinero y pago de sobornos que se habrían registrado, precisamente, durante la compra de ese material para Bolivia a través de una empresa intermediaria y de López aún se desconoce su paradero exacto, aunque se sospecha que está en Brasil.

Es así que hoy “me hice presente para prestar mi declaración en calidad de testigo y hablar con la verdad (…) para que se pueda dar con los responsables de este posible hecho de corrupción que quizá puede derivar en algunos responsables de otros ministerios”, agregó Ordoñez.

Asimismo, remarcó que “condena cualquier hecho de corrupción” que afecte al país e incluso solicitó a la justicia dar celeridad al proceso de investigación para dar con los verdaderos culpables.

Además, si bien “nosotros firmamos decretos (para autorizar la cuestionada adquisición) dando cumplimiento a un procedimiento, (eso) no quiere decir que nosotros hemos ejecutado los decretos porque quienes han ejecutado y han hecho la adquisición han sido el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, quienes deben responder ante la justicia por estos supuestos hechos de corrupción”, subrayó.

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Jueza posterga la audiencia cautelar del alcalde Iván Arias para el viernes

Claudia Castro, jueza del Tribunal Tercero Anticorrupción, rechazó la apelación de la defensa, que anunció que apelará la decisión.

Foto: APG

/ 14 de junio de 2021 / 13:59

La audiencia de medidas cautelares contra el alcalde Iván Arias fue postergada para el viernes debido a que su defensa presentó un recurso de apelación contra la imputación y la jueza Claudia Castro la rechazó.

“Hubo postergación para la consideración de las medidas cautelares y el viernes se va a dilucidar la situación jurídica del alcalde dentro del proceso que se le sigue”, indica un informe publicado por la agencia municipal de prensa.

La jueza del Tribunal Tercero Anticorrupción, Castro, rechazó la apelación de la defensa y suspendió la audiencia cautelar contra Arias, acusado por el nombramiento ilegal de un funcionario público cuando era ministro de Obras Públicas en el gobierno transitorio.

El Ministerio Público pidió el arraigo del burgomaestre y el pago de una fianza. Arias rechazó esta posibilidad, asegurando que es “víctima de persecución política”.

La defensa de Arias anunció que apelará el rechazo presentado por la jueza y “un juez superior resolverá el recurso”.

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