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lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 00:17

Estudio: Áñez ‘nunca’ debió ser candidata y la situación del país ‘va por mal camino’

Un informe de la fundación Friedrich Ebert Stiftung establece que el 47,8% de 140 entrevistados cree que la situación política del país es “mala”; el 31,4%, “muy mala”; el 18,5%, “regular”; el 1,4%, “buena”, y el 0,7%, “muy buena”.

La presidenta Jeanine Áñez, en un acto de homenaje a la Policía, el 19 de junio. Foto: ABI

/ 25 de junio de 2020 / 10:58

Un estudio devela la impertinencia de la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez en una situación del país que “va por mal camino”, una situación política “mala” y una situación de la economía también “mala”, ante una fractura social que aún es “más profunda y crítica” y una opinión dividida sobre las elecciones generales.

Presentado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), el criterio fue resuelto por 140 entrevistados, un “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”, vía on-line mediante la plataforma SurveyMonkey y entre el 1 y 17 de junio.

Ante la pregunta de con cuál de estas frases está más de acuerdo, el 53,6% de los entrevistados respondió que “la presidenta Áñez nunca debió haberse presentado como candidata”, el 27,9% dice que ella “debe renunciar a su candidatura para concentrarse en las acciones del Gobierno contra el coronavirus” y el 8,8% considera que la mandataria “puede ser presidenta y candidata al mismo tiempo sin que afecte las acciones del Gobierno contra el coronavirus”.

Desde hace más de tres meses el país se encuentra sumergido en una crisis sanitaria por la expansión del nuevo coronavirus, que según reportes oficiales hasta el miércoles afecta 27.487 pacientes y dejó 876 fallecidos.

Elecciones generales

Con el argumento de la situación de salud, el gobierno de Áñez se resistió por varios días a promulgar la ley que fija el 6 de septiembre como fecha de las elecciones y al hacerlo, la mandataria afirmó que fue presionada por Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sobre esa decisión, sancionada por la Asamblea Legislativa y bajo la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) previo consenso con las fuerzas políticas, la opinión está dividida: el 29,5% expresa estar de acuerdo y el 29,5%, en desacuerdo; con la diferencia de que 19,4% dice estar “muy de acuerdo” y 17,2%, “muy en desacuerdo”.

Ante la pregunta de si el Gobierno de la presidenta Áñez está comprometido con la realización de las elecciones, el 69% respondió que “no”; el 16,5%, “sí”, y el 14,3%, “no sabe”.

Sobre cuán de acuerdo está con la afirmación de que la gestión de la emergencia sanitaria puede desencadenar una nueva crisis política en el país, el 47,7% respondió “de acuerdo”; el 36%, “muy de acuerdo”; el 9,5%, “en desacuerdo”; y el 5,8%, “muy en desacuerdo”.

Respecto de la situación política del país, el 47,8% cree que es “mala”; el 31,4%, “muy mala”; el 18,5%, “regular”; el 1,4%, “buena”, y el 0,7%, “muy buena”.

Situación del país

Con siete meses del gobierno transitorio, la situación del país es difícil, alimentada por las consecuencias de la emergencia sanitaria, que mantiene a los bolivianos en cuarentena por el COVID-19 desde el 22 de marzo.

En su informe “Perspectivas Económicas Mundiales” publicado el 8 de junio, el Banco Mundial pronosticó una brutal contracción de 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia en 2020, en medio de la pandemia.

De enero a marzo de este año, la economía boliviana se ha ido desacelerando hasta alcanzar una expansión de solo el 0,55%, uno de los crecimientos más bajos de los últimos 19 años, comparado con el primer trimestre de cada gestión, según el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), información que es publicada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El cuestionario Delphi, de la FES, abordó el asunto. El 81,4% respondió que el país va “por mal camino”; el 9,2%, por “buen camino”, y el 9,2%, “no sabe”.

Sobre la situación económica del país, el 43,5% de los entrevistados considera que es “mala”; el 31,4%, “regular”; el 22,1%, “muy mala”; el 2,1%, “buena”, y el 0,71%, “muy buena”.

Situación social

Al asumir que en la crisis política de 2019 se produjo una “fractura social”, el estudio encontró estas respuestas: el 57,8% considera que la fractura “es aún más profunda y crítica”; el 40%, “se mantienes igual”, y el 0,7%, “ha sido superada”.

Sobre tres opciones planteadas a los entrevistados respecto a la preocupación actual de los bolivianos, los resultados del estudio son: el 71,4% considera que la preocupación mayor es “la crisis económica con aumento de pobreza”; el 42,8%, “el riesgo de contagio de coronavirus (mío o de algún familiar)”; el 42,8%, “el autoritarismo y la persecución política”; el 42,1%, “el colapso del sistema de salud”; el 38,7%, “la no realización de las elecciones este año”, y el 28,2%, “hechos de violencia derivados de la emergencia sanitaria”.

El informe fue anunciado para este jueves en el marco del Proyecto de Análisis Prospectivo y Diálogo, de la fundación Friedrich Ebert Stiftung.

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Justicia envía a la cárcel al exjefe de Estado Mayor de las FFAA por el caso Senkata

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido el viernes. Formó parte del Alto Mando militar designado por la expresidenta Jeanine Áñez

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho. Foto: APG

/ 25 de julio de 2021 / 16:47

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue enviado a la cárcel por seis meses, en el marco de la investigación por el caso “golpe de Estado”.

Guerra formó parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas que fue posesionado por la expresidenta Jeanine Áñez el 13 de noviembre de 2019. Fue aprehendido la tarde del viernes.

Se lo acusa en el proceso abierto por la violencia y muertes en Senkata, cuando fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron el bloqueo por parte de partidarios del expresidente Evo Morales de la planta de hidrocarburos en Senkata.

Guerra Camacho se convierte en el cuarto procesado por el caso Senkata, luego del excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzales, del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general Luis Fernando Valverde, y del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público.

En una audiencia de medidas cautelares, se lo envió a la cárcel por seis meses.

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El Fiscal General asegura que el gobernador Camacho será citado por caso ‘golpe de Estado’

Camacho, cuando era cívico de Santa Cruz y lideró las protestas que derrocaron a Evo Morales en noviembre de 2019.

/ 25 de julio de 2021 / 11:40

El excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho será citado a declarar en el marco de las investigaciones por el caso “golpe de Estado”, informó el fiscal General, Juan Lanchipa.

“Es una decisión de la comisión de fiscales que, dentro de la estrategia investigativa, está desarrollando la citación correspondiente (para Camacho) y con seguridad lo van a citar”, informó, según la estatal ABI.

Camacho lideró en 2019 las protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral que, sumadas al motín policial, la “sugerencia” militar de dimisión al expresidente Evo Morales, derivaron en la renuncia de Morales.

Su nombre figura en la denuncia interpuesta por la exdiputada del MAS Lidia Patty para establecer responsabilidades en los hechos que derivaron en la renuncia de Morales, en noviembre de 2019.

Camacho aseguró en reiteradas oportunidades que acudirá a cualquier citación fiscal sobre su participación en los hechos de noviembre.

En un video que circuló en redes sociales, el excívico reveló que su padre gestionó con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no obedezcan al mando civil. Una vez consolidado los acuerdos, dijo, dio un plazo de 48 horas a Morales para renunciar.

Por el caso “golpe de Estado”, están en la cárcel la expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y parte del mando militar de ese entonces.

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El secretario del GIEI ratifica que su informe incluirá un plan de investigación y de reparación

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó en Twitter que, tal como establece el acuerdo, “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Operativo militar-policial en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 24 de julio de 2021 / 12:08

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.

“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Relator de la ONU expresa preocupación por cambios en los TED de los vocales designados por el Ejecutivo

"Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho", posteó el relator Especial.

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya

/ 23 de julio de 2021 / 22:33

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya expresó su preocupación por la remoción de autoridades electorales y advirtió que la “remoción abrupta” es “grave” para el Estado de Derecho.

“Bolivia: Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió.

El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho nuevos vocales electorales departamentales designados por el presidente Luis Arce. Reemplazaron a los que designó la expresidenta Jeanine Áñez.

Según la normativa legal, el Ejecutivo designa delegados en los TED y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dina Chuquimia representa al Ejecutivo en el TSE.

Asimismo, García Sayan consideró: “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

En el Legislativo se eligió a vocales electorales del TSE, quienes permanecen en sus cargos. Se posesionó a Chuquimia en reemplazo de Salvador Romero, quien fue designado por Áñez.

Según García Saya, los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales.
“Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”, siguió.

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