Nacional

viernes 1 jul 2022 | Actualizado a 05:44

El TSE publica el calendario, ratifica elecciones el 6 de septiembre y prevé segunda vuelta el 18 de octubre

Según el calendario electoral publicado a última hora del jueves, una eventual segunda vuelta esta prevista para el 18 de octubre y la posesión de las autoridades electas, entre el 16 y 30 de noviembre.

/ 26 de junio de 2020 / 06:42

A última hora del jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó el 6 de septiembre como fecha de las elecciones generales y anunció para el 18 de octubre una eventual segunda vuelta. Se prevé que la posesión del nuevo gobierno sea en noviembre.

Como establece la Ley 1304, de Postergación de Elecciones Generales 2020, el órgano electoral tenía plazo hasta el jueves para la publicación del documento que regirá para los 45 días restantes del proceso electoral antes de la votación y los posteriores a él.

La fecha de elecciones fue ratificada tal como prevé la ley promulgada apenas el domingo por la presidenta Jeanine Áñez y propuesta el 2 de junio por el TSE, previo consenso con las fuerzas políticas y el respaldo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica.

Balotaje

Si el domingo 6 de septiembre no se define la elección del nuevo gobierno, se establece la segunda vuelta para el 18 de octubre.

La ley prevé esta nueva votación en caso de que las fuerzas políticas no obtengan una votación del 40% y distante en 10 puntos porcentuales de la segunda organización con mayor respaldo electoral.

La posesión de las autoridades electas ocurrirá entre el lunes 16  y lunes 30 de noviembre.

Candidaturas y campaña

En otras actividades del proceso electoral entre el 21 y 23 de julio podrán sustituirse candidaturas por renuncia ante el TSE.

La difusión de propaganda electoral en actos de campaña, entre el 23 de julio y el 3 de septiembre. Y la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación está prevista entre el 7 de agosto y 3 de septiembre.

El sorteo  público  para  la  selección  de  jurados  de  las  mesas  de  sufragio  por  los tribunales electorales departamentales y por el TSE para las mesas de sufragio en el exterior será el 7 de agosto.

Proceso

La convocatoria a elecciones trastabilló dos veces por la indecisión del gobierno de Áñez, con el argumento de la emergencia sanitaria por la expansión del nuevo coronavirus.

En la primera oportunidad, ante la negativa de promulgar la ley de la mandataria, la titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS), tuvo que firmar la Ley 1297, que fijaba comicios hasta el domingo 2 de agosto.

Por segunda vez, con el mismo pretexto, Áñez le dio vueltas a la promulgación de la ley que modificó la anterior, hasta que luego de una reunión con el presidente del TSE, Salvador Romero, tuvo que firmarla el domingo.

Las elecciones inicialmente previstas para el 3 de mayo fueron suspendidas y luego anuladas debido a la emergencia sanitaria.

Ante las observaciones insistentes de Añez y su alianza Juntos sobre la fecha de la votación en plena crisis sanitaria, el TSE anunció el jueves la cooperación internacional para garantizar las medidas de bioseguridad durante todas las etapas del proceso.

Apoyo

En consonancia con el anuncio del TSE, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia, Susana Sottoli, dijo al suplemento Animal Político de este viernes que su representación coadyuvará con las tareas necesarias para evitar el COVID-19 durante el proceso electoral.

“Vamos a apoyar al TSE en todo lo que signifique recomendaciones de medidas de biosegurdad, con el concurso de algún comité científico que el Tribunal va a constituir”, anunció.

Adelantó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyarán con observación y asesoramiento.

“Estamos haciendo todo lo posible para poner al servicio del Tribunal y del país toda la expertice necesaria para tomar las mejores medidas biosanitarias y de bioseguridad para la población”.

Romero anunció el 2 de junio que garantizará la seguridad de los votantes y participantes de los comicios en razón de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Aunque enfrentamos el proceso electoral más complejo de la historia democrática, Bolivia debe tener la certeza que la elección  cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”, dijo entonces. (26/06/2020)

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Legislativo sanciona ley que endurece condenas y fija imprescriptibilidad del feminicidio y violación

La libertad condicional esta negada para los que cometieron delitos de feminicidio, violación de menores o adolescentes e infanticidio. Estos tres tipos de delitos no prescribirán.

Sesión de la Cámara de Diputados.

/ 30 de junio de 2022 / 23:53

La Asamblea Legislativa sancionó una ley que endure las penas para los delitos de prevaricato y consorcio, además incorporó dentro de esa figura a otros funcionarios públicos que podrían estar implicados. También aprobó que los delitos de feminicidio, violación e infanticidio no prescribirán, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

“Se modificó el artículo 173 del Código Penal que tiene que ver con el delito de prevaricato para que en caso de beneficio de jueces o fiscales a personas que cometieron los delitos de feminicidio, violación de niño, niña, adolescente e infanticidio la pena sea de 8 a 20 años de cárcel. En general, la pena prevista para delitos de prevaricato era de 5 a 10 años. Estamos subiendo la pena condenatoria”, explicó Mamani.

Las medidas fueron tomadas ante el descubrimiento de una red delictiva de jueces, fiscales, abogados y médicos para favorecer con libertad a sentenciados a 30 años de cárcel por delitos como feminicidios y asesinatos.

También se modificó el artículo 174 del Código Penal referido al delito de consorcio cuyo alcance era solo a jueces y abogados.

“Con la modificación ahora se ha incorporado a consejeros de Magistratura, a servidores de apoyo judicial, fiscales, servidores de apoyo y de la función fiscal, a conciliadores, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales. La sanción se incrementa de iniciales 2 a 4 años a de 5 a 10 años”, indicó.

En cuanto a modificaciones en el Código de Procedimiento Penal, Mamani especificó que en el caso de aquellas personas que sean imputadas por delitos que tengan que ver con feminicidio, violación a menores y adolescentes e infanticidios “no podrán acceder a una medida cautelar distinta de la que sea una detención preventiva”.

Agregó que en caso de que los imputados por feminicidio, violación de menores o adolescentes e infanticidio tengan enfermedades graves o contagiosas solo el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF) podrá certificar éstas.

“No existe otra instancia”, indicó Mamani.

La libertad condicional esta negada para los que cometieron delitos de feminicidio, violación de menores o adolescentes e infanticidio. Estos tres tipos de delitos no prescribirán.

“Son determinaciones tomadas (…) y esto tiene que ser promulgado por nuestro Presidente (Luis Arce) y en función a esto nuestras autoridades deben accionar sobre esta normativa ya trabajada y aprobada”, destacó.

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La Policía apunta a que dos policías ‘facilitaron’ la fuga de colombiano vinculado a triple asesinato

Los dos uniformados están detenidos y a la espera de su audiencia cautelar. Ambos detuvieron al colombiano Jhon Walter Tibaduiza a poco de cometerse el crimen de dos policías y un voluntario en Porongo

El colombiano John Walter Tibaduiza. Foto: Unitel.

/ 30 de junio de 2022 / 23:49

Apuntan que los dos policías aprehendidos “facilitaron, de alguna forma, la huida” del colombiano Jhon Walter Tibaduiza, uno de los acusados de participar en la ejecución de dos policías y un voluntario del Gacip el 21 de junio en Porongo. Requisaron en un puesto de control al ciudadano extranjero y lo dejaron en libertad tras sustraerle su teléfono celular y al menos $us 6.000.

La información la confirmó el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, quien recordó que Tibaduiza alquiló y luego abandonó el vehículo utilizado por quienes estuvieron en el lugar donde se cometió el triple asesinato con armas militares de grueso calibre.

“Habrían tenido participación en facilitar de alguna forma la huida de un ciudadano colombiano, que ha sido identificado como el que alquiló un vehículo y lo dejó abandonado”, sostuvo respecto a la detención de los dos policías que estuvieron en el retén de Puesto Mendez y que detuvieron al colombiano, pero horas después lo dejaron en libertad.

Se trata de Israel S. C. y de Rolando M. L. Están a la espera de su audiencia cautelar y de un proceso disciplinario interno.

Todo se descubrió por voz del propio Tibaduiza. En una entrevista con la red Unitel reveló que se encuentra en su país y que en una requisa policial cuando abandonada Bolivia, el mismo día de los tres asesinatos, se lo dejó en libertad tras sustraerle su teléfono celular y dinero.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen ‘ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, contó en la entrevista, además de negar haber participado del crimen.

Hasta el momento están en la cárcel tres personas por el triple asesinato, entre ellos Misael Nállar. Están distribuidos en las cárceles de Chonchocoro, de El Abra y Palmasola.

Según la pesquisa, las tres víctimas estaban de rodillas y con las manos en el suelo cuando fueron asesinatos con disparos de armas de fuego. Las pericias establecieron que dieron positivo a la prueba del guantelete, por lo que dispararon armas.

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Desde la cárcel de Santa Cruz, Parra denuncia que se ‘hacen la burla’ al suspender audiencias

“Justicia hay para el que tiene plata y para el que tiene poder”, cuestionó Elvira Parra, una de las exdirectoras del liquidado Fondo Indígena

Elvira Parra

/ 30 de junio de 2022 / 22:17

“Pienso que se hacen la burla de mí”, afirmó la exdirectora del exFondo Indígena Elvira Parra al hablar de los siete años con detención preventiva e innumerables audiencias suspendidas por los hechos de corrupción en el exfondo. Desde el 18 de mayo se encuentra en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde fue llevada tras permanecer en la cárcel de mujeres de La Paz.

“Yo pienso que se hacen la burla de mí, el juez Juan José Coronado cada vez busca motivos para suspender (audiencias), pero trato de estar lo más tranquila para no alterar mi estado emocional”, declaró Parra en una entrevista con Erbol.

Parra fue trasladada de la cárcel de mujeres de La Paz al centro penitenciario de Palmasola. “Para mí (el traslado) fue una sorpresa”, sostuvo la exdirectora del exFondo Indígena, quien como el fallecido Marco Antonio Aramayo tiene en su contra decenas de procesos por un mismo hecho, denuncias de irregularidades en la administración de recursos públicos.

“No he aceptado, parece que eso ha sido la bronca del juez. No pensaba jamás quedarme en Santa Cruz, desde el 18 de mayo estoy aquí (en Palmasola)”, cuestionó en alusión a la decisión del juez de cambiarla de centro de reclusión.

“Justicia hay para el que tiene plata y para el que tiene poder”, aseveró Parra.

“Solo le pido a Dios que ya no se suspendan más audiencias (…) me encuentro muy desesperada de retornar a mi lugar de origen para dar continuidad a otros procesos supuestamente en mi contra”, sostuvo y confesó que en Santa Cruz no tiene visitas porque su familia radica en La Paz.

“Me estreso fácilmente, me desespero y prácticamente me afectan los nervios, porque me desespera estar lejos de mi familia”, sostuvo.
Parra fue una de las primeras ejecutivas, en la gestión de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, del ahora liquidado Fondo Indígena, instancia estatal que canalizaba recursos económicos a proyectos de sectores indígena originarios y campesinos.

Parra concluyó su gestión en el exfondo en 2012 y una vez estalló el millonario desfalco se la aprehendió y desde 2015 está encarcelada.

En abril, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que más de 400 personas son investigadas en aproximadamente 96 casos abiertos por el desfalco millonario al exFondo Indígena.

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Áñez demanda a la presidenta de la CIDH pronunciarse sobre vulneración de sus derechos

La expresidenta Jeanine Áñez cuestionó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, su “silencio e inacción”

La expresidenta Jeanine Áñez, antes de escuchar la lectura íntegra de la sentencia en Miraflores el 10 de junio.

/ 30 de junio de 2022 / 20:55

Desde la cárcel y a través de una misiva, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, pronunciarse, como lo hicieron otros organismos internacionales y países, sobre lo que consideró vulneración de sus derechos humanos y debido proceso en el juicio que acabó con una sentencia en su contra.

En el inicio de la misiva expresó su “sincera preocupación por el silencio y la inacción que han mantenido ante los reiterados y consecutivos abusos que las autoridades de Bolivia comenten en mi contra, utilizando el poder judicial con fines políticos, incumpliendo las recomendaciones del publicitado informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por el CIDH, solicitado por mi Gobierno”.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por la forma cómo asumió la presidencia del Senado en noviembre de 2019, que luego le permitió tomar la presidencia de Bolivia. Según la Fiscalía, tomó el Senado en una sesión sin quórum y a pesar de ser de la oposición, aspecto que no reconoce el Reglamento de Debates. Se la acusó por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso conocido como Golpe de Estado II.

Permanece en la cárcel desde marzo de 2021 y tiene pendiente en su contra otro proceso por el caso Golpe de Estado I, que tiene relación con los hechos que llevaron a la dimisión del expresidente Evo Morales en medio de una protesta cívica denunciando fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, un motín policial y la “sugerencia” militar al Presidente de demitir.

En la misiva fechada este jueves 30 de junio, la expresidenta le recuerda a Mantilla que, a diferencia de la CIDH, ya se pronunciaron sobre su situación “el Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobierno de Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Brasil, la Unión Europea…menos la CIDH”.

Los miembros del GIEI llegaron a Bolivia tras la firma de un acuerdo con la administración del presidente Luis Arce. Calificaron de masacres los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, con una veintena de muertos por impactos de bala y en medio de una intervención policial-militar, a días de que Áñez asumiera el poder.

En su carta recordó que su administración fue reconocida por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo administración de Luis Almagro. El MAS y el gobierno de Arce acusan a Almagro de corresponsable de los hechos que derivaron en la dimisión de Morales y de las masacres. Fue la OEA la que denunció un fraude, puesto en duda por estudios externos posteriores, y agravó la crisis de noviembre de 2019.

“El 18 de abril de 2022, a pedido mío, mi hija Carolina Ribera Áñez se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, acompañada de un equipo de personas que me apoyan voluntariamente, donde les hizo saber las denuncias de indebido proceso, tratos degradantes y violación de mis derechos, donde el más injusto y atentatorio contra mi vida e inocencia es la privación de libertad desde hace 474 días. Desde esa fecha, no he tenido ninguna información ni contacto con Carolina como se comprometió el Relator para Bolivia, Joel Hernández” (sic), establece otra parte de la misiva hecha pública a través de sus redes sociales administradas por su familia.

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Desafían a Cuéllar a demostrar denuncias contra García, en la oposición piden al TSE indagar

El diputado Rolando Cuéllar fue blanco de ataques desde filas del MAS. El propio expresidente Evo Morales habló de traidores. Desde la oposición piden indagar y retirar la personería del MAS

El diputado Cuéllar el miércoles, durante su denuncia.

/ 30 de junio de 2022 / 19:44

La denuncia lanzada por el diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, provocó amenazas y desafíos a probarla, mientras que la oposición exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

En una carta enviada al TSE y firmada por 13 legisladores de la oposición, se demandó indagar la denuncia del diputado Cuéllar, quien el miércoles hizo pública una carta firmada por García, en la que agradece aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

“La denuncia realizada por el diputado Cuéllar se constituye en indicios o pruebas de que la organización política MAS-IPSP ha recibido recursos de ‘origen ilícito’, en consecuencia, corresponde que el Tribunal Supremo Electoral, de oficio, inicie las actuaciones necesarias”, establece parte de la misiva firma por legisladores opositores como Centa Rek y Tatiana Áñez.

A través de un comunicado, la Dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) salió el miércoles en defensa de García y calificó de “instrumento falsificado” la carta presentada por Cuéllar. “El MAS se reserva su derecho de iniciar, en los siguientes días, las acciones judiciales pertinentes para que Cuéllar y sus cómplices expliquen ante la justicia las razones del delito que acaban de cometer”, se advirtió.

En la carta revelada por Cuéllar se sostiene: “De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes del MAS-IPSP, agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario próspero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”.

Mientras que este jueves, el diputado masista Patricio Mendoza anunció que Cuéllar, expulsado de filas del partido oficialista, deberá explicar y sustentar su denuncia.

“Vamos a convocar a reunión de bancada para tocar el tema y vamos a pedir que nos demuestre con prueba objetivas los vínculos con el narcotráfico”, anunció.

Morales respondió en la mañana y en alusión a Cuéllar habló de traidores.

“La derecha golpista con ayuda de algunos traidores usa documentos falsos y nuevamente trata de proscribir al MAS-IPSP. Fracasarán como fracasaron cuando trataron de anular la sigla en el gobierno de facto. Demuestran que con tal de atacar a Evo son capaces de destruir al MAS-IPSP”, afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Cuéllar aseguró que la carta dirigida a Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán, es verídica.

“Ellos deberían dar el ejemplo, deberían sumarse a la denuncia del vínculo, de la corrupción en este proceso de investigación que hemos denunciado”, sostuvo a Erbol.

En esa misma línea, el diputado del MAS Héctor Arce desafió a Cuéllar a demostrar su denuncia, porque de lo contrario “va a ser sujeto a procesos penales. Su pobreza y miseria mental no le hacen medir las consecuencias”.

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