Tras su paso por la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Tras su paso por la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), el presidente Luis Arce alertó de una fragmentación en la región con el surgimiento de gobiernos de derecha que ponen en peligro la paz y la estabilidad.

“Hoy estamos frente a un mapa político diverso en nuestra región, donde evidentemente todavía persisten gobiernos progresistas que quieren mejorar la calidad de vida de sus países, respetando su soberanía… Pero también existen otros gobiernos que están poniendo en riesgo la paz de la región con algunas acciones que no condicen con la vida pacífica que estábamos llevando”, advirtió el mandatario, en entrevista con…

En alusión al gobierno de Argentina, del ultraderechista Javier Milei, Arce dijo que Milei se “pone de acuerdo con quienes en su momento contribuyeron para la pérdida de las Islas Malvinas”.

“Ese tipo de cosas no entendemos”, remarcó. “No entendemos la presencia de los Estados Unidos cada vez más intensa en varios de nuestros países, que evidentemente, como ha pasado en muchas regiones del planeta, eso no ha traído nada bueno para nuestros países”.

Pidió estar más atentos y en los países estar seguros de la unidad para “enfrentar estos problemas”, como el asalto policial a la embajada de México en Ecuador.

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“Este hecho no se lo ha visto ni siquiera en los periodos de la dictadura de los años 70 en nuestra América Latina. Gobiernos militares de facto, inclusive el caso de (Augusto) Pinochet, de (Rafael) Videla en la Argentina, respetaron el derecho al asilo”.

Agregó que “lo que ocurrió en Ecuador es un nefasto precedente. Deploramos ese acto y hay que dar una solución ejemplificadora porque no puede volver a repetirse este tipo de situaciones y te tiene que devolver a quien se le ha quitado el derecho al asilo”.

El mandatario resaltó la importancia de fortalecer bloques de cooperación como el Alba, esto en razón de que “se tiene una forma similar de pensar y de enfocar los temas”.

“La relación entre nuestros países, yo creo que debe mejorar de esa manera, hacerlos más fuertes y de esta manera conducir al desarrollo tan ansiado de nuestra región que está postergada por muchos años”.

A nueve días del plazo para la preselección, suman los recursos y los fallos a favor de inhabilitados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó que ya suman ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales y la Justicia otorgó tutela en cuatro casos.

“Todos los amparos que nos han presentado hasta el día de hoy han sido tutelados y le han dado la tutela a estos postulantes que han presentado sus amparos. Entonces, no hay duda que vocales y jueces del Órgano Judicial estén teniendo toda la línea y la dirección para poder darle la tutela a estos señores”, dijo el legislador oficialista.

Indicó que su comisión y la Comisión Mixta de Justicia Plural ya fueron notificadas con estos recursos y tendrán que reconsiderar estas inhabilitaciones, o sea “volver a evaluar” a estos postulantes. “Los vocales han atropellado las decisiones de lo que serían las atribuciones de las comisiones mixtas”.

Rejas añadió que “no hay ninguna manera de presentar algún documento” y, por ello, se procederá a la reconsideración de la documentación de estos abogados, para ver “si cumplen o no” con los requisitos para la preselección con miras a las judiciales.

El proceso de preselección fue paralizado el martes 16, tras dos amparos constitucionales. El primero fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo, por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

La Sala cruceña ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva en audiencia el recurso. La audiencia estaba programada para el lunes 22, pero fue reprogramada para mañana, esto porque se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS), rechazó el fallo de la Sala paceña que se les da un plazo de 72 horas para que se emita una nueva resolución para reconsiderar la inhabilitación de Capusiri.

“En este momento un amparo constitucional de Santa Cruz ha paralizado el tema de preselección, entonces va a ser imposible dar complimiento a este plazo de 72 horas. En este caso, los jueces están totalmente parcializados y además han empezado a valorar los requisitos específicos que nosotros hemos trabajado de manera transparente en las comisiones”.

Denunció que estas decisiones son “injustas”, debido a que los vocales “están yendo más allá de la Ley (1549)”, que destrabó el proceso para las judiciales con más de dos tercios de votos en la Asamblea.

El martes, las comisiones mixtas a cargo de la preselección determinaron asumir acciones legales contra los jueces y los vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución y paralizaron la preselección de postulantes.

Ahora, los plazos vuelven a poner en vilo a los comicios, ya que el domingo 5 de mayo la Asamblea debe remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nómina de los postulantes preseleccionados rumbo a las elecciones judiciales, tal como establece la Ley 1549.

 Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo. Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado,

La norma establece de hasta 80 días para el trabajo de preselección de postulantes para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.

Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo. Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado, aunque Padilla espera que en próximas sesiones se puede consensuar el tema.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

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La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

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Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.