Luego de una declaración pública de una joven que acusó al presidente Luis Arce por supuesto “acoso”, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que no existe ninguna denuncia contra el Mandatario en el Ministerio Público.

Asimismo, indicó que, en caso de existir una eventual denuncia, hará seguimiento.

“Me corresponde hacer seguimiento a la presentación de alguna denuncia que se hubiera presentado ante el Ministerio Público o a la Policía (Boliviana), y tengo que decir, fehacientemente, que no se ha presentado ninguna denuncia”, dijo a los medios luego de la sesión del Consejo Nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas, que se celebró en La Paz.

El martes, una joven hizo la denuncia ante los medios de comunicación. De 24 años y acompañada por el diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, aseguró que el mandatario hizo “abuso de poder”, pero además indicó que mantuvo “una relación” con el jefe de Estado cuando tenía 21 años. Dijo que fruto de esa relación quedó “embarazada”, pero que lo perdió tras un accidente de tránsito.

Al respecto, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó esta denuncia como un “guion mal escrito y de una mofa a la ciudadanía”.

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“Con las disculpas a la ciudadanía, ese pedo mental que se ha metido la chica no lo entiende nadie, es un pedo total. Tendrías que estar enajenado totalmente o viviendo dentro de la botella todo el tiempo para que puedas elucubrar semejante guion tan mal escrito que no lo haría ni un aprendiz; es una mofa a la ciudadanía”, dijo el funcionario.

Tanto Torrico como otros miembros del arcismo dijeron que “el show” evista coincida con el escándalo que envuelve al expresidente Evo Morales por un caso de estupro.

Bolivia fue elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2025-2027. La decisión fue respaldada con 180 votos en la Asamblea General de dicho organismo.

“Este resultado es un claro reconocimiento internacional al liderazgo de Bolivia en la promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en beneficio de los grupos más vulnerables, como mujeres, pueblos indígenas y campesinos”, escribió el presidente Luis Arce en sus redes sociales, donde además informó de la incorporación del país a esa instancia.

Asimismo, el Mandatario comprometió el trabajo de su administración en foros internacionales, con el fin de defender los derechos humanos y avanzar en el desarrollo de una agenda sostenible entre los miembros, especialmente, por los sectores más vulnerables.

“Reafirmamos el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia de promover el respeto por los derechos humanos en todo el mundo”, complementó Arce en su publicación.

El ministro de Justicia, César Siles, confió en que el expresidente Evo Morales “se presentará” a declarar por las investigaciones en un caso de estupro en el que está involucrado, así como los padres de la supuesta víctima del exmandatario.

“Sabemos que mañana (jueves) ha sido convocado a prestar su declaración y también los padres de la menor. Esperemos que cumplan su deber legal (…). Estamos seguros que va a presentarse el señor Evo Morales y las otras personas a decir su verdad y aclarar los hechos por los que están sindicados”, dijo la autoridad a los periodistas en La Paz.

El escándalo por el que Morales está en el ojo de la tormenta tiene que ver con un presunto hecho de trata de personas y estupro agravado, según una resolución de aprehensión de la Fiscalía Departamental de Tarija.

Evo Morales

Morales, que ya recibió la notificación para el acto judicial, dijo que asistirá a la convocatoria y que ganará “la batalla”, a la que calificó como “persecución política” de la administración del presidente Luis Arce.

Por su parte, el ministro Siles advirtió que toda convocatoria de ese tipo lleva una orden de aprehensión en caso de incomparecencia de alguno de los sindicados.

“Que no se crea que esto es una persecución política o una idea de persecución, lo que queremos es que las instancias judiciales y del Ministerio Público hagan su trabajo. Este es un caso que ha herido las fibras más íntimas de las personas”, reflexionó Siles.

Caso estupro

La autoridad respondió a las consultas de los periodistas en coincidencia con la sesión del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas, que es la instancia máxima de coordinación y representación para luchar contra ese ilícito. Está compuesto por los ministerios de Gobierno, de la Presidencia, de Defensa, de Justicia y otros sectores.

Siles ocupa desde hace un tiempo la presidencia de esa instancia interinstitucional.

“Este consejo tiene que pronunciarse respecto a los últimos acontecimientos, respecto a un proceso que está pendiente en Tarija y por eso se ha convocado a esta sesión”, las organizaciones evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) se declararon en alerta ante una eventual aprehensión de su líder.

El presidente Luis Arce expresó este miércoles su apoyo y solidaridad a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ante los intentos de “desestabilizar” un gobierno democráticamente electo desconociendo la voluntad de millones de colombianos.

La posición de Arce es en respuesta a la anunciada investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia a su campaña electoral de 2022 y de formular cargos en contra del presidente Petro y miembros de su equipo por violar supuestamente los topes de su campaña, a la que calificó de “una estrategia” de la derecha en la región.

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“Esta ofensiva en contra de la democracia colombiana forma parte de una estrategia más amplia orquestada por la derecha en toda la región, buscando debilitar las conquistas sociales y políticas alcanzadas por los movimientos populares y promoviendo un retroceso en los derechos y en la justicia social”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

El presidente Gustavo Petro manifestó que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) es «el primer paso de un golpe de Estado» en su contra, y su Gobierno anunció en esta jornada que recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por esa determinación, al considerar que viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022.

INVESTIGACIÓN

El CNE decidió iniciar una investigación administrativa contra el presidente Petro por presuntamente violar los topes de gastos en su campaña de 2022.

A Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña «se le endilga la presunta vulneración al limite de gastos» por el equivalente a unos 925.000 dólares. 

El mandatario izquierdista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo.

Sin embargo, el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el presidente sea sometido a un juicio político.

Entre los investigados está Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro para llegar al poder en 2022 y actual jefe de la estatal Ecopetrol. 

Desde que iniciaron las averiguaciones sobre estas presuntas irregularidades, el presidente insiste en que la autoridad electoral está siendo utilizada para derrocarlo. 

La justicia determinó la salida del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para asistir a la audiencia de inicio del juicio oral por el caso Golpe de Estado I.

El juez Marco Antonio Vargas ordenó a la administración del penal de Chonchocoro, en La Paz, permitir la asistencia de Camacho al acto judicial que se celebrará el 14 de octubre en la Fiscalía.

Fijada para las 09.00, Camacho debe estar presente en el acto hasta la conclusión.

Martín Camacho, abogado del otrora líder del Comité pro Santa Cruz, confirmó que su defendido recibió la notificación y cuestionó que la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario actúe con celeridad en este caso y no en otros como solicitó la defensa del acusado.

Luis Fernando Camacho

«Aplaudimos la decisión del tribunal y nos sorprende que para este acto procesal el señor Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, ha dispuesto de inmediato el traslado hasta el centro de la ciudad de La Paz, donde está el juzgado del gobernador Luis Fernando Camacho», dijo el jurista, citado por Unitel.

La expresidenta Jeanine Áñez también fue convocada al acto judicial, cuyo expediente señala: “Luis Fernando Camacho y otros”, caso abierto por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

Ese caso es relativo a hechos precedentes al derrocamiento del expresidente Evo Morales, que dejó el cargo el 10 de noviembre de 2019, en medio de una fuertes convulsión política y social, que cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) dimita al cargo.

Golpe de Estado I

Las protestas poselectorales se originaron luego de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de ese año. Entonces, Morales ganó los comicios con el 47,08% de la votación, frente al 36,51% de su contendor, el opositor Carlos Mesa.

Conocidos los resultados, Mesa denunció “fraude monumental”, por el que varios sectores se movilizaron en exigencia de la anulación de las elecciones.

Al final, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció que, en los comicios, hubo manipulación dolosa de resultados; ese extremo obligó la anulación del proceso.

Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, comandó la protesta, apoyado por un grupo de políticos de su línea y varios sectores de esa región. La movilización se extendió a la semana a la ciudad de La Paz.

Audiencia

Otro de los cívicos que protestó y dirigió el reclamo es marco Antonio Pumari, que al mando del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) lideró la protesta que derivó en la quema de ánforas y el edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) de esa región.

Con las movilizaciones subidas de tono, ese 10 de noviembre, Morales pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la anulación de los comicios y, unas horas más tarde, a las 16.50, dejó el cargo.