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lunes 4 jul 2022 | Actualizado a 14:38

Cae con COVID-19 la ministra de Salud y se complica la situación de Núñez

Suman tres los colaboradores de Jeanine Áñez afectados por la pandemia: los ministros Roca, Núñez y Oropeza.

/ 5 de julio de 2020 / 18:07

El Gobierno comunicó el contagio con COVID-19 de la ministra de Salud, Eidy Roca, y la complicación del estado del titular de la Presidencia, Yerko Núñez. Suman tres los colaboradores con el nuevo coronavirus del gabinete de Jeanine Áñez.

Sobre la ministra, el Ministerio de Salud confirmó que, conocida la prueba positiva, “la autoridad de Estado cumple de manera estricta el protocolo de seguridad sanitaria que comprende el aislamiento, medicación y cuidados respectivos”.

En sus redes sociales, Áñez expresó su apoyo a Roca. “La lucha contra el virus sigue sin descanso y le deseo una rápida recuperación a la Ministra para reincorporarse a esta batalla por la salud de los bolivianos. ¡Fuerza Eidy!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Entretanto, el Ministerio de la Presidencia informó que Núñez fue hospitalizado debido a que presentó “fiebre persistente, astenia, adinamia, polimialgias, odinofagia y accesos de tos ocasionales”.

Su diagnóstico es “COVID-19 complicada”, según el comunicado. “Debido a complicaciones en su estado de salud, sin mejora en la sintomatología, al contrario, exacerbación de la misma, continuará internado”, dice.

Además de Roca y Núñez, el ministro de Minería, Jorge Fernando Oropeza, fue confirmado el sábado como caso positivo. Suman tres los ministros contagiados en el gabinete de Áñez, quien, para resguardarse de una eventual afección, se encuentra aislada en la casa presidencial de San Jorge.

(05/07/2020)

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De testigo a imputado, el ‘sobreviviente’ del triple crimen es enviado a la cárcel

La Policía informó que la persona detenida había tomado contacto con los jóvenes asesinados antes de que sean traslados al lugar del crimen.

El momento del traslado del primer detenido por el triple crimen en Ivirgarzama. Foto: BTV.

/ 4 de julio de 2022 / 13:44

El otrora identificado como el único “sobreviviente” y “testigo importante” del triple crimen en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba, pasó a ser imputado y posteriormente enviado a la cárcel en calidad de detenido preventivo.

El fiscal Ramiro Altamirano Sejas dijo que “no es posible otorgar mucha información por las investigaciones que se están realizando incluso en este instante”, sin embargo, confirmó que en una audiencia cautelar realizada este lunes se tomó la decisión judicial de enviar al acusado a la cárcel de San Sebastián de Cochabamba.

Y cuando fue consultado si es verdad que el detenido entró en contradicciones durante sus declaraciones, el fiscal respondió que sí y que solo podría decir eso por el momento para no perjudicar el avance de las investigaciones.

Aunque luego aclaró que esas contradicciones no fueron la razón principal para su detención y que “los motivos están contenidos en la resolución de la imputación formal que ha sido sometida al control jurisdiccional de la audiencia” de medidas cautelares.

Según un reporte de la red Unitel, el detenido fue identificado como Limberth C.O. y estará detenido de manera preventiva por seis meses.

También puede leer: Hay un sobreviviente del crimen en Ivirgarzama y uno de los acribillados tiene antecedentes por estafa.

Entretanto, el comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Rubén Lobatón, indicó que han sido varios los “elementos importantes” para llegar a esta situación.

“Por ejemplo, el hecho de que él haya tomado contacto con (las personas posteriormente asesinadas) antes de que puedan trasladarse hasta Villa Victoria, el lugar donde se ha producido el hecho”, señaló el jefe policial.

El 30 de junio fueron encontrados tres jóvenes de Santa Cruz asesinados (Alex Eriberto Aguirre Lince, Carlos Alfredo Callau Rocha y Darwin Fabián Antelo Chávez) dentro en un vehículo sin placa de control, en el sector del sindicato Villa Victoria, en el municipio de Ivirgarzama, Cochabamba.

Al día siguiente, la Policía Departamental de Cochabamba informó que el conductor del vehículo donde estaban los cuerpos había logrado sobrevivir al triple crimen y desde entonces esa persona estaba bajo resguardo policial, hasta que finalmente pasó de testigo a imputado y ahora a encarcelado.

También puede leer: La Policía anticipa que ya son ‘varios’ los identificados por el triple crimen en Ivirgarzama.

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¿Qué establece la Ley de Protección a las Víctimas promulgada por el Presidente?

“No más impunidad, no más jueces prevaricadores”, remarcó el presidente Luis Arce en el acto de promulgación de la nueva normativa.

El acto de promulgación de la nueva ley. Foto: APG.

/ 4 de julio de 2022 / 12:08

Tal y como estaba anunciado, el presidente Luis Arce promulgó este lunes la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo.

“No más impunidad, no más jueces prevaricadores, queremos una justicia sensible a esta problemática y que permita sentar precedentes para mejorar como sociedad en su conjunto. Desde la fundación de Bolivia, no se produjo una norma de protección más clara para evitar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, destacó Arce.

Pero ¿qué establece la nueva normativa? Según el ministro de Justicia, Iván Lima, “esta ley es el punto inicial de cosas que debemos hacer en el sector justicia” porque, en primer lugar, lo que hace es agravar la pena en contra de quien “ose ir contra la vida” de las mujeres y los menores.

Pues, “a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley y de la Constitución va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel; estas son decisiones políticas que se están asumiendo para evitar que (…) la Justicia favorezca a quienes cometen estos delitos”, enfatizó el ministro.

Lima agregó que el delito de consorcio –que es cuando fiscales, jueces, policías y la administración judicial actúan en contra de las víctimas– también subió su pena de cinco a 10 años de privación de libertad.

Además, “habíamos identificado que hay muchas personas con medidas cautelares, que iban al mismo domicilio donde estaba la víctima, les decían que la detención domiciliaria deberían cumplir en el mismo lugar donde estaba su víctima, (pero) esto no va a ocurrir más”, señaló.

Pues, según la autoridad, la nueva normativa está determinando que no habrá detención domiciliaria en los casos de feminicidio, infanticidio y violación de niños. Es decir, “no van a tener la posibilidad de salir de la cárcel quienes sean sujetos a medidas cautelares de detención preventiva”, insistió.

Lo propio, de acuerdo con el ministro, la cesación de las medidas cautelares no podrá ser revisada en función de la demora que pueda haber en la Justicia. “Se ha visto que la chicana, que la demora innecesaria de los procesos, hacía que muchas personas terminen de dejar los centros de privación de libertad”, lamentó.

Además, “cuando haya una sentencia y un auto de vista que declaren culpable a un feminicida, éste va a empezar a cumplir la privación de libertad, no se va a esperar el auto supremo; la decisión de doble conforme será la que determine la detención, ya no preventiva, sino el cumplimiento de la condena para que ya no exista, en el tiempo largo que Sucre decide o revisa los casos, ninguna liberación de feminicidas”, sostuvo.

Asimismo, indicó que se ha identificado un problema estructural en los tribunales departamentales de Justicia, que demoran años en resolver los casos de feminicidio, infanticidio y de violación.

Frente a esa situación, “se ha establecido un procedimiento por el cual las partes podrán pedir el pronto despacho de los procesos en un plazo de 10 días; si luego de esos 10 días los tribunales departamentales no emiten el auto de vista será incumplimiento injustificado de los plazos y dará lugar a que se considere esta actitud como una falta grave de responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, advirtió.

Por tanto, según Lima, quienes quieran administrar justicia en los tribunales departamentales deben estar seguros “que ya no podrán esperar años” para asumir la correspondiente decisión. Incluso, “lo que vamos a hacer nosotros es iniciar los procesos penales por retardación de justicia. Hoy ya no se puede tolerar que el feminicidio, el infanticidio y la violación sigan durmiendo en los tribunales departamentales”, insistió.

El ministro añadió que, por otro lado, los condenados por estos tres delitos van a tener que cumplir su pena hasta el último día de su sentencia porque ya no habrá “ninguna de las medidas de libertad condicional por enfermedades graves o de detención domiciliaria en ejecución”.

“Finalmente, la determinación que se ha tomado en esta ley tiene que ver con algo que nos han reclamado todas las organizaciones (…) y es por eso que no se va a permitir más de ninguna manera actuados que constituyan la revictimización”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que incluso se están modificando las leyes de la Organización Judicial, del Ministerio Público y del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Esta decisión fue asumida porque “se ha visto que la revictimización era una regla y ahora estamos estableciendo expresamente que va a tener duras sanciones cualquier forma de revictimización”, apuntó.

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Tiempo de registro de abogados bajará de hasta tres meses a menos de diez días

Entró en vigencia el nuevo sistema de registro en línea tanto de nuevos abogados como de reposición de matrícula para antiguos.

La responsable de la Dirección General de Registro, Control y Supervisión del Ejercicio de la Abogacía (DGRCSEA), Elizabeth Flores.

Por Iván Bustillos

/ 4 de julio de 2022 / 11:12

El tiempo de trámite que un abogado recién titulado debía seguir para estar en el registro nacional bajará de hasta tres meses que duraba a menos de diez días, informó la responsable de la Dirección General de Registro, Control y Supervisión del Ejercicio de la Abogacía (DGRCSEA), Elizabeth Flores.

El nuevo sistema de registro está vigente desde el 1 de julio. Hasta antes de esta fecha, el trámite exigía ir a Ventanilla única del Ministerio de Justicia, presentar en físico el título, el depósito bancario y demás papeles, y, lo peor, el solicitante “tenía que esperar alrededor de dos a tres meses a que el Ministerio de Educación y las universidades reconocidas por el Estado otorguen una certificación del título profesional”, contó Flores en entrevista con La Razón Radio en su entrega de hoy, lunes 4 de julio.

Ahora, en cambio, “gracias a Dios”, graficó Flores el logro, este trámite se ha “simplificado tremendamente” hasta a menos de diez días, o hasta en la semana.

La reducción en realidad se deberá a dos factores: por un lado, para la certificación del título profesional ya no será necesario el papeleo ante Educación y las universidades, pues con la entrada en vigencia del nuevo sistema digital de interoperabilidad para la verificación de documentos y datos, dicha certificación se la obtendrá en línea, “en tiempo real o hasta en un máximo de diez días en caso de que no existiera el sistema desarrollado”. Esto ocurrirá porque inter-operarán los sistemas informáticos de los ministerios de Justicia y Educación y el de las universidades.

Por otro lado, la reducción del tiempo también se dará porque todo el trámite podrá ser iniciado en línea, ya no será necesario que el nuevo profesional vaya a Ventanilla única del Ministerio de Justicia.

“A través de Ciudadanía Digital, entrando a la página del Sistema de Registro de la Abogacía (SRA), desde su celular, la computadora, desde cualquier punto del país, puede acceder al registro en minutos”, destacó Flores.

Ahora, para los abogados que ya ejercen y que ya están inscritos en el SRA, la reposición de su matrícula, sea por pérdida, caducidad o deterioro, “es en el día”. La única vez que tendrán que ir al Ministerio, asegura Flores, será para recoger la matrícula en físico.

El avance se produce, informa el Ministerio, como efecto de la implementación del decreto 4690 del 30 de marzo de 2022, que precisamente entró en vigencia plena el viernes 1 de julio; y por efecto de la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía del 9 de julio de 2013, que tiene por objeto regular el ejercicio de la profesión, el registro y control de abogadas y abogados de todo el país.

Según la Ley 387 el registro público y la matriculación de abogadas y abogados se encuentran a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, de acuerdo con su reglamento.

Además de la digitalización y la facilidad en el procedimiento del registro y matriculación de abogadas y abogados de manera virtual, detalló la Directora, se ha implementado y equipado un centro auxiliar en las oficinas físicas de esta Dirección General tanto en La Paz, como en las representaciones del interior.

Una ventaja del nuevo sistema es que se reducirá el fraude por ejercicio ilegal de la profesión, pues la verificación de los títulos profesionales será mucho más ágil y en coordinación digital con el Ministerio de Educación y las universidades reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la interoperabilidad.

A la fecha, en el SRA se tienen registrados a más de 86.000 abogados a nivel nacional.

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Arce pide al MAS mostrar con el ejemplo la lucha contra la violencia y evitar la doble moral

El pasado viernes, un diputado del Movimiento Al Socialismo fue aprehendido por golpear a su asesora, que quedó con ocho días de impedimento.

El presidente Luis Arce. Foto: APG.

/ 4 de julio de 2022 / 10:49

El presidente Luis Arce exhortó este lunes a toda la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a todas las autoridades del partido en función de Gobierno a mostrar con el ejemplo la verdadera lucha contra la violencia, después de un diputado oficialista fuera detenido por golpear a su asesora.

“Exhortamos a nuestra militancia del MAS, a nuestros diputados, senadores, ministros, presidente, vicepresidente, a todos, a mostrar con el ejemplo la verdadera lucha contra la violencia contra la mujer y evitar un discurso falso de doble moral contra este tipo de casos”, afirmó.

“Nosotros, con el ejemplo, tenemos que mostrar quiénes somos los del instrumento político del Movimiento Al Socialismo en todas sus esferas”, continuó el mandatario.

El Jefe del Estado hizo ese llamado público durante el acto de promulgación de la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, que endurece algunas penas.

“Que este acto de entrega de la (nueva) norma sirva para que se multiplique un llamado a la sociedad para combatir cotidianamente este flagelo inculcando a todos los valores humanos de solidaridad, de amor, de respeto y de la vida en armonía con nuestros semejantes”, agregó.

El diputado del MAS Froilán Mamani fue aprehendido la noche del viernes por golpear a puñetazos a su asesora de 39 años de edad, pero tras su captura, según la Policía, aseguró no recordar lo sucedido.

También puede leer: El diputado Froilán Mamani es detenido por golpear a su asesora y dice que no recuerda.

El domingo, se conoció que Mamani se salvó de ir a la cárcel. Según un reporte de la red Unitel, el Juzgado Octavo de Instrucción Penal de La Paz le otorgó al legislador el beneficio de la detención domiciliaria con salida laboral tras identificar una serie de contradicciones en la parte acusadora.

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Caso Golpe de Estado I: Subsanan denuncias contra políticos reunidos en la UCB

La Fiscalía pidió individualizar el ‘delito’ de cada uno de los denunciados.

Los personajes que se reunieron en la UCB.

Por Iván Bustillos

/ 4 de julio de 2022 / 09:13

Entre hoy y mañana, los promotores de denunciar penalmente a Carlos Mesa y otros supuestos “autores intelectuales” del derrocamiento de Evo Morales presentarán a la Fiscalía sus denuncias subsanadas, adecuadas a lo que les pidió dicha oficina.

Se trata tanto de la ampliación de denuncia en el caso Golpe de Estado I (promovido por la exdiputada Lidia Patty) como una nueva demanda del Comité Impulsor de Juicio contra Jeanine Áñez y otros responsables de la crisis de 2019.

Ambas denuncias ya fueron presentadas la anterior semana, pero la Fiscalía les devolvió el trámite con el argumento de que los escritos no precisaban con claridad la responsabilidad delictiva de cada uno de los denunciados.

Patty dijo a La Razón que hoy su abogado presentará en la Fiscalía de La Paz su denuncia, con las enmiendas que demandó el Ministerio Público.

Por otro lado, el abogado del Comité Impulsor, Rolando Cruz, informó a este medio que mañana, martes 5, ingresarán una nueva denuncia, tomando en cuenta las observaciones hechas por la Fiscalía; esto se hará en Sucre, en la Fiscalía General del Estado.

Hay que recordar que Patty está pidiendo la ampliación de la denuncia contra los expresidentes Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002); el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín; el exviceministro de Coordinación Gubernamental del gobierno de Áñez Israel Alanoca, y el excandidato a la Presidencia Samuel Doria Medina. En tanto que el Comité Impulsor lo hace contra Quiroga, Camacho, Mesa, Waldo Albarracín, Marco Pumari, Doria Medina y 11 ministros del primer gabinete de la exmandataria Áñez.

La “individualización” del rol delictivo de los denunciados —arguyó la Fiscalía en su resolución de devolución del trámite— debe consistir en “la indicación precisa” en cada uno “de los hechos suscitados”, del “lugar y forma de la presunta comisión (del delito), así como del o los supuestos autores y/o partícipes” de dichos hechos.

Los delitos con que amplió su denuncia la exdiputada Patty (en el caso Golpe de Estado I) son: “seducción de tropas, instigación pública a delinquir, relacionado con levantamiento armado”, según describió su abogado patrocinante Víctor Nina.

En tanto que la causa nueva que interpondrá el Comité Impulsor señala los delitos: “atribuirse derechos del pueblo, atentados contra el Presidente y otros dignatarios del Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio”.

La “individualización” de las denuncias que exige la Fiscalía precisamente consiste en indicar, con suficiente sustento, qué delito de los citados pudo haber cometido cada uno de los denunciados, explicó Cruz a La Razón.

En el caso de los 11 miembros del gabinete de Áñez , por ejemplo, se les acusará de “genocidio” —adelantó Cruz— porque fueron ellos los que junto a la entonces mandataria firmaron el Decreto Supremo 4078, que en su artículo tercero exime de “responsabilidad penal” al “personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”.

Sobre los políticos de oposición que participaron en las reuniones del 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana, dijo Cruz, se les denunciará por conspiración, artículo 126 del Código Penal.

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