El abogado del expresidente Evo Morales, Gustavo Ferreyra, señaló desde Buenos Aires (Argentina) que en la legislación de ese país un audio no es elemento suficiente para una imputación y mucho menos por un delito de la envergadura de “terrorismo”.
El jurista informó, además, que la defensa de Morales aún no recibió ningún comunicado oficial respecto de la imputación formal anunciada el lunes por el Ministerio Público.
La Fiscalía acusa a Morales de terrorismo y financiación al terrorismo teniendo como elemento central de la acusación el audio de una conversación telefónica entre Morales y Faustino Y. Y., en la que aparentemente se escucha decir al primero que habría que cercar las ciudades y no permitirles el ingreso de alimentos, esto en la crisis de noviembre del año pasado.
La afirmación del abogado argentino surge ante la posibilidad de que el Ministerio Público boliviano pida, además de la captura del exmandatario en el país vecino, su extradición.
“Cuando se imputa a una persona de un acto de terrorismo y además se pide la extradición, y cuando se lleva adelante el juicio de extradición, en este caso en Argentina, hay que considerar la elaboración doctrinaria jurisprudencial. En Argentina es imposible imputar a una persona por un cargo de naturaleza penal a partir de un audio; cualquier cosa que sobrevenga a partir de un audio, hay jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia de la República, se la va rechazar”, señaló el abogado en declaración a radio Éxito de La Paz este miércoles.
Imputación
Por su parte, en respuesta al anuncio de la Fiscalía boliviana, el expresidente mediante sus redes sociales descalificó la acusación por ser “alterado” el referido audio. Posteó: “De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto”.
La Fiscalía de La Paz, en una nota de prensa del lunes, asegura que “evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México hasta El Torno, Santa Cruz. Aparentemente, en esa conversación, Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019”.
Para el abogado Víctor Borda, diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), una conversación telefónica no es suficiente para sostener una acusación de un delito de la magnitud de terrorismo, “cuando terrorismo implica actos de hecho que atenten contra la vida o contra la seguridad interna del Estado”.
Para Ferreira, en la imputación de la Fiscalía boliviana, que usa la figura penal de terrorismo, además hay una intención de forzar la acusación, llevarla al nivel de un delito, que es causa suficiente para la extradición.
“La acusación que se realiza por supuestas acciones de terrorismo y financiación de terrorismo son para eventualmente posibilitar una extradición, porque los acuerdos de extradición ,no solo el que hay entre Argentina y Bolivia, sino prácticamente entre todos los países del mundo, contemplan que la extradición no funciona si se trata de delitos políticos, pero sí funcionaría en el caso de terrorismo”, apunta Ferreyra. Por eso, añadió: “es absolutamente intencionada esta construcción (la imputación fiscal paceña)”.
Ante las presiones cívicas y políticas debido a las irregularidades en las elecciones de octubre, Morales renunció a sus funciones y en su reemplazó asumió la senadora Jeanine Áñez. Una serie de protestas se desataron a favor del exmandatario y contra la presidenta transitoria, que incluso terminaron con una treintena de fallecidos debido a la represión de fuerzas del Estado.
(08/07/2020)