Nacional

jueves 21 ene 2021 | Actualizado a 19:19

Confirman que el exministro Carlos Romero está contagiado

Una semana después de salir de prisión para cumplir detención domiciliaria, el martes 7 por la noche había sido internado con síntomas del mal.

Carlos Romero en una fotografía de archivo.

/ 10 de julio de 2020 / 20:18

El diputado Henry Cabrera, del Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmó este  viernes que el exministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz está contagiado con coronavirus.

“Efectivamente, nuestro compañero Carlos Romero, que hace algunos días atrás salió de la cárcel, ha sido declarado positivo por la enfermedad del coronavirus”, informó el legislador masista.

Como informó La Razón esta semana, el martes la exautoridad del gobierno de Evo Morales fue internada en una clínica particular por haber presentado síntomas de Covid-19.

Romero, que fue constituyente, ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, de Autonomías, de la Presidencia y de Gobierno; además senador por Santa Cruz. Está a punto de cumplir 54 años. Junto con Luis Arce, David Choquehuanca y Juan Ramón Quintana fue uno de los hombres más cercanos a Morales.

“Nuestro apoyo a nuestro compañero Carlos Romero, nuestra solidaridad a su señora madre, a su señora esposa, a sus hijos; nuestro apoyo; le pedimos que se pueda cuidar”, dijo al respecto el diputado Cabrera.

Carlos Romero había sido enviado a prisión en enero, acusado por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), respecto a compras irregulares de repuestos para el mantenimiento de helicópteros pertenecientes a dicha repartición.

El martes 30 de junio salió del penal de San Pedro para cumplir detención en su domicilio, luego de que la Justicia aceptó sustituir su fianza de Bs 350.000 con la anotación preventiva de un departamento de propiedad de la exautoridad.

(10/07/2020)

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Exportar hoja de coca, una cuestión política

Hay dos caminos: pedir que la hoja de coca salga de la lista de estupefacientes, y generar acuerdos de comercio entre Bolivia y países interesados

Celebración del Día Nacional del Acullico, el lunes 11 en la plaza Murillo

Por Iván Bustillos

/ 20 de enero de 2021 / 15:47

El punto sobre la i

En el Día Nacional del Acullico (cada 11 de enero desde 2017), en la Vicepresidencia del Estado se presentó el libro Hoja de coca: antecedentes y perspectivas para su exportación, una investigación de Patricia Chulver y Jesús Sanez, patrocinada por la Fundación Acción Semilla y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. El texto tiene la virtud de poner nuevamente en agenda la producción masiva de la Hoja Sagrada, ya no solo en vista al mercado local, sino de otros países, limítrofes y no. El libro, además, vuelve a plantear que al margen del hecho económico en sí, la propuesta de viabilidad del mercado ampliado de la coca, al menos hoy, es esencialmente política.  Pero en esto hay que ver una línea de continuidad, antes que una ruptura: la hoja de coca, como un hecho de reivindicación cultural siempre tuvo un carácter político.

La hoja de coca, desde 1961, año en que se establece la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, fue parte de polémica política: una vez que en dicha Convención expresamente se dice (artículo 49, inciso 2e) que “la masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente Convención” (el plazo del cuarto de siglo feneció en 1989), en septiembre de 1975, el gobierno de facto presidido por Hugo Banzer Suárez se adhirió a la Convención sin presentar reserva alguna a la misma. Y es que el menosprecio estatal por la coca viene de antes, del propio gobierno de la Revolución Nacional, pues fue en la propia Convención, en marzo de 1961, cuando Bolivia (bajo el gobierno de Paz Estenssoro) fue signataria de la misma (conteniendo su artículo anti-acullico).

Es a este carácter político a que el 11 de enero reciente se refirió el vicepresidente Choquehuanca al afirmar que “en 1961 hemos permitido que la hoja de coca entre a la Lista 1 de plantas prohibidas [Lista 1, sustancias consideradas “muy adictivas o de probable uso indebido”]”.

Por eso, al año siguiente de la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2007, recordó Choquehuanca, “se empezó a trabajar para que la hoja y la cultura se respeten, que la comunidad acepte el acullico y nuestra cultura, y es así que se establece una ley que respeta el acullico”.

Bolivia, bajo el segundo gobierno de Evo Morales, en junio de 2011, comunicó oficialmente que denunciaba (se retiraba de) la Convención de 1961; ello para que el 1 de enero de 2012 pida nuevamente su readmisión, pero esta vez con la reserva de que rechaza los artículos del documento que condenan al acullico como “una forma de cocainismo y adicción”, como diría a este suplemento en una entrevista pasada el politólogo neerlandés Martin Jelsma.

Bolivia logró reingresar a la Convención, armada de su reserva, solo un año después, el 1 de enero de 2013. A su retorno se habían opuesto solo 15 de 183 países, número que no alcanzó el tercio de Estados miembros necesario para vetar a un país.

Así, desde esa fecha, el acullico y otros usos lícitos de la hoja de coca son reconocidos como legales en el territorio nacional.

En la presentación del referido libro, Choquehuanca, en su peculiar estilo, habló de poner en agenda en lo inmediato el objetivo de exportar hoja de coca: “Bolivia debe encarar el reto de hacer conocer al mundo las propiedades alimenticias, medicinales y ancestrales de la Hoja Sagrada”, aseveró en su discurso.

Pero he aquí de nuevo la prevención de los estudiosos: hablar de la exportación de coca en primer lugar es superar el práctico veto que todavía pesa sobre la hoja en su estado natural; una tarea entre estudios científicos y acciones políticas en la diplomacia boliviana.

De aquí que la investigadora Chulver enfatice que para promover la exportación se puede acudir a dos acciones: uno, “solicitar la desclasificación o reclasificación de la hoja de coca, ya que está dentro de una de las listas más duras” de estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas; y, dos, la posibilidad de celebrar lo que se llaman “acuerdos inter se (entre sí, en latín)” entre dos países para asuntos de exclusivo interés mutuo.

En lo primero, pedir que la hoja de coca sea sacada de la drástica Lista 1, Chulver insiste en que “la idea de la reclasificación tampoco es una locura porque es algo que se ha discutido en Viena (Austria) el año pasado”, por eso ve importante “llevar este debate a esferas diplomáticas”.

En declaraciones a este suplemento, a fines de 2019, el politólogo Martin Jelsma, una de las mayores autoridades en el tema, advertía que acaso éste sea el camino más largo, pues implica toda una revisión de investigación y literatura científica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su debate.

En cuanto a los acuerdos inter se, también Jelsma (en el libro de Chulver) recuerda la vigencia de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo que dice que “dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas”.

Y, esto precisamente (la posibilidad de acuerdos bilaterales que incluso modifiquen un tratado mayor en contra), destaca Chulver, es lo que se está explorando con el cannabis (marihuana) “entre países interesados en justificar bajo los tratados internacionales un mercado legalmente regulado y la posibilidad de abrir comercio en productos de cannabis entre ellos”. De la misma manera, aterriza todo esto Chulver, “para legitimar el comercio internacional de coca, una posible solución podría encontrarse en un acuerdo inter seentre Bolivia y los países interesados en importar hoja de coca boliviana, ahora producida de forma lícita”.

La potencialidad de los mercados bilaterales, destaca el estudio de Chulver y Sanez, por ahora contempla al menos seis países posibles importadores de coca: Ecuador, México, Argentina, Irán, España y Holanda.

En el caso de Ecuador, ya en noviembre de 2018 hubo la intención de la exportación de derivados de coca, mediante un acuerdo bilateral; lamentablemente no llegó a concretarse.

Sobre México, los autores informan que “este país ha manifestado explícitamente al Estado boliviano su interés en desarrollar conocimiento e investigación científica de las propiedades medicinales de plantas o productos naturales, incluida la hoja de coca desde 2017, lo que reafirmó en diciembre de 2018”.

En cuanto a Argentina, acaso el mayor mercado exterior de la hoja de coca boliviana, Chulver destaca la Ley Nacional 23.737, vigente desde 1989, que establece procedimientos específicos para la extracción, manipulación, importación y fabricación de sustancias prohibidas. “Dentro de esta ley se encuentra el artículo 15, en el cual se habla exclusivamente de la hoja de coca: ‘la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes’”.

En lo relativo a Irán, el trabajo de Chulver y Sanez destaca que este país “ha ofrecido a Bolivia la transferencia de nanotecnología para el desarrollo industrial. En el ámbito de la hoja de coca, se comprometió a enviar una comisión de alto nivel para hacer un diagnóstico con el objetivo de mejorar el sistema de salud pública y a realizar una investigación científica sobre las cualidades de la hoja de coca”.

Finalmente, en cuanto a España y Holanda, la investigación detalla que en España, en 2016, hubo una “oleada de medios de comunicación que anunciaban la consolidación de mercados de productos derivados de la hoja de coca”. Se trata, remarca, de un mercado que “además de abarcar el consumo de la población migrante boliviana, que hasta 2016 era de 89.115 residentes, también tiene población colombiana, peruana, española y catalana”.

Finalmente, en referencia a Holanda, el libro cuenta: “Si vemos el resto de Europa, podemos tomar el ejemplo de la bebida llamada Coca Blue, que se comercializa bastante y está elaborada con coca peruana, publicitada como coca boliviana. La botella tiene un valor de 240 euros. La exportación [de hoja de coca] es formalizada y acompañada con resguardo policial hasta Holanda, donde se produce la descocainización de la planta, para después ser transportada hasta Irlanda, donde se produce el licor”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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La CSUTCB pide la instalación de un monumento de ‘El Mallku’ en la Ceja de El Alto

La Confederación de Campesinos de Bolivia demanda además que el Estado Plurinacional lo declare “Héroe Campesino Originario”.

La imagen de Felipe Quispe en el velatorio público de El Alto: Foto: Rodwy Cazón

/ 20 de enero de 2021 / 15:10

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) pidió este miércoles la construcción de una estatua de Felipe Quispe, “El Mallku”, en un “lugar preferencial” de la Ceja de El Alto. Demandó además del Gobierno nacional un reconocimiento de “héroe nacional” al dirigente indígena fallecido el martes.

“Demandamos al Estado Plurinacional de Bolivia y a todas sus instancias, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, la declaratoria de Héroe Campesino Originario al aymara Felipe Quispe Huanca, ‘El Mallku’, con la respectiva construcción del monumento al líder de los pueblos campesinos, indígena originarios en la Ceja de El Alto, en lugar preferencial”, leyó la declaratoria la de la entidad sindical su secretario ejecutivo, Ever Rojas Alvarado.

La CSUTCB, la máxima entidad sindical campesina, indígena originaria del país, también determinó declarar 30 días de duelo por la muerte de Quispe, otrora su secretario ejecutivo.

En la sede de la CSUTCB, ubicada en la zona Miraflores de La Paz, además se instaló un velatorio simbólico en memoria del líder originario, quien hasta el martes trabajaba por su candidatura a la Gobernación del departamento de La Paz por el frente Jallalla.

Dicha fuerza también promueve a la exsenadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eva Copa como candidata a la Alcaldía de El Alto. Si bien ésta rechazó referirse sobre un posible reemplazante de ‘El Mallku’, en medio de la militancia de Jallalla se empezó a proponer el nombre precisamente de la exlegisladora.

Por otro lado, en la Asamblea Legislativa también se instaló una capilla ardiente en homenaje a  Quispe, pues él fue diputado nacional en el periodo 2002-2005, junto con cinco parlamentarios de su partido, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), el cual, siendo una agrupación nueva (fundada en 2000) logró el 6% de la votación a nivel nacional.

Con todo, el velatorio público de Quispe se lleva a cabo en El Alto, en el local de fiestas Felicidad. Esta circunstancia fue decidida por la familia, dijo su hijo Santos Quispe, para dar lugar “a que la gente que lo quería se despida” allí del líder indígena y campesino.

Hasta las 08.15 de la mañana, dijo Santos Quispe, la familia no había recibido ninguna invitación por parte de los legisladores para que ‘El Mallku’ sea velado por un tiempo en predios de la Asamblea Legislativa, en la plaza Murillo, tal como se había hecho con exparlamentarios, como Óscar Salas Moya (2017) y Remedios Loza (2018).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló que se había propuesto a la familia esa posibilidad, pero que fue rechazada.

Mientras tanto, la Universidad Pública de El Alto, en voz de su rector, Freddy Medrano, informó que esta entidad prepara un homenaje póstumo al dirigente, quien también fue docente de esta casa de estudios superiores. Quispe estudió Historia en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA); escribió los libros Túpac Katari vuelve y vive carajo, El indio en escena y el texto aún inédito Mi captura.

Se prevé otorgarle el título de Doctor Honoris Causa, adelantó el rector Medrano.

Según declaración a La Razón durante el velatorio, Santos Quispe ratificó que su padre será enterrado el jueves en la localidad Ajaría Grande, su pueblo natal en la provincia Omasuyos.

“Hasta mañana se está yendo a enterrar a Ajaría Grande, hay un cementerio, porque era el deseo de Felipe morir y enterrarse en Ajaría Grande, porque sus hermanos han muerto allá. Él ha dicho, ‘si no me llevan allá, cuidado, ahí tienes que llevarme’, así me ha dicho a mí. Estamos cumpliendo exactamente lo que ha pedido él; antes de que muera, ya todo estaba dicho, ha pronosticado él”, relató a este medio Santos Quispe.

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La Asamblea Legislativa no gestionó el velatorio de Felipe Quispe en sus instalaciones

El velatorio público de “El Mallku” será en un local de fiestas en El Alto, informó su familia la mañana de este miércoles.

Felioe Quispe, en su curul de la Cámara de Diputados. Foto: AFP-archivo

/ 20 de enero de 2021 / 09:46

Hasta las 08.15 de la mañana de este miércoles, la familia del fallecido dirigente indígena Felipe Quispe no había recibido ninguna comunicación por parte de la Asamblea Legislativa sobre la posibilidad de que “El Mallku” sea velado en sus instalaciones, como suele ocurrir con otros exlegisladores.

“Hasta esta hora, no nos llamaron, no nos comunicaron, ni el presidente de la Cámara de Diputados ni del Senado; por ese motivo, nosotros buscamos un lugar para que la gente se despida. No hemos recibido ninguna llamada de esas personas”, declaró Santos Quispe, el hijo del líder indígena histórico.

Quispe fue electo diputado en las elecciones generales de junio de 2002 por el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), partido que conformó una pequeña bancada de seis parlamentarios, fruto del 6% de la votación obtenida en dichos comicios.

Entre los exparlamentarios que fueron velados en la Asamblea Legislativa están Óscar Salas Moya (en 2017), Remedios Loza (2018) y otros.

El Mallku falleció de un infarto al corazón cerca de las 16.00 del martes, según informaron sus familiares.

La tarde de ayer y anoche sus restos fueron velados en su domicilio en El Alto. La familia, como ratificó su hijo Santos, informó que el velatorio público de los restos de Quispe será en el local Felicidad, “ubicado en la calle Arturo Valle, por la avenida Chacaltaya, yendo a la 16 de Julio, detrás del local Odisea Lira”.

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Descolonización denunciará a 26 funcionarios policiales por agravio a la wiphala

El viceministro Pelagio Condori presentará una demanda ante la Fiscalía Policial, en el marco de la Ley 101 de Régimen Disciplinario Policial.

Una imagen del motín policial de 2019 que se extendió en el país: Foto: La Razón-archivo

/ 18 de enero de 2021 / 12:30

El viceministro de Descolonización, Pelagio Condori Yana, anunció que este lunes presentará una denuncia contra 26 “funcionarios policiales” que en noviembre de 2019 agraviaron la wiphala, símbolo patrio oficial inscrito en la nueva Constitución.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que se tienen plenamente identificados los policías que entre el 10 y 11 de noviembre de 2019 cortaron de su uniforme la wiphala.

En diversidad de videos caseros difundidos en esos días se ve cómo, bajo la consigna de “¡Ahora es cuando, la república de Bolivia vuelve a tomar el mando!”, policías separan con tijeras la pequeña wiphala que en su uniforme estaba adherida junto a la bandera tricolor.

La ofensa a la wiphala (que también consistió en retirarla violentamente de varios edificios públicos) provocó el 12 de noviembre, sobre todo en la ciudad de El Alto, la airada reacción de pobladores contra las unidades policiales.

El 13 de noviembre de 2019 la comandancia de la Policía tuvo que llevar adelante un acto de desagravio del símbolo patrio. “En nombre de los más de 38.000 policías, hacemos respetar los símbolos patrios de nuestra nación», dijo el comandante policial de entonces, Yuri Calderón.

El viceministro Condori adelantó que la denuncia se la hará ante la Fiscalía Policial, en el marco de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, por faltas disciplinarias graves.

La denuncia se la efectuará, dijo la autoridad, “adjuntando pruebas fehacientes, consistentes en fotografías y videos que claramente denotan que estas personas han cometido faltas disciplinarias”.

Entre las faltas cometidas están: haber actuado en actos públicos en que se deshonró los símbolos nacionales que lleva la institución policial y en el uniforme de sus efectivos, haberse manifestado públicamente contra la ley e ir contra el reglamento disciplinario policial, haber hecho pública su militancia política estando en servicio activo y con uniforme; también se les acusa de haber instigado a la protesta y al motín estando en servicio activo. Además se los encausará por cometer agresiones físicas por motivos racistas y discriminatorios.

Remarcó que la demanda no es contra la institución policial, de la dijo que merece el respeto debido, sino que se procesará a los uniformados que cometieron las referidas transgresiones.

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Atomizada Oposición Subnacional

Los opositores regionales al MAS se tienden a fragmentar más que en 2015

Acto de sufragio en las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales de 2015

Por Iván Bustillos

/ 13 de enero de 2021 / 15:01

Con la inscripción de candidatos y candidatas a las gobernaciones se aclaró más el panorama de lo que se viene en cuanto a tendencias de la votación. De primera, comparando con las elecciones subnacionales de 2015, es evidente una práctica “explosión” de candidaturas en buena parte de los departamentos. En efecto, mientras en La Paz en 2015 había 7 candidatos a la Gobernación, en las elecciones del 7 de marzo próximo habrá nada menos que el doble, 14. En Chuquisaca, si en 2015 había solo 4 candidaturas (que al final fueron 3, pues una fue anulada por la renuncia de su candidato), ahora habrá 9. Y si para la Gobernación de Cochabamba en 2015 pugnaron 5 postulantes, en 2021 terciarán 9 fuerzas políticas. Por otro lado, cuando en Oruro en las elecciones subnacionales de 2015 hubo 6 candidatos, en 2021 habrá 9. También Beni se puede considerar “explosivo” en candidaturas para la Gobernación, pues de solo tres que tuvo en las elecciones de 2015, para los comicios de marzo se presentaron hasta 6 postulantes. 

Entre los departamento que se pueden considerar de incremento moderado está Potosí, que si en 2015 llegó a tener 5 candidatos, en las justas de 2021 tendrá a 7. 

El departamento que mantendrá el número de candidatos es Santa Cruz, que en 2015 tenía 6 candidatos a la Gobernación, y este año repetirá el mismo número.

En tanto que solo dos departamentos habrán bajado de número de candidatos: Pando, que en las elecciones de 2015 tuvo 4 candidatos, en las justas del 7 de marzo solo pugnarán 3 postulaciones; y, Tarija, que de 6 candidaturas en 2015 ahora solo tendrá 4 contendientes por el gobierno departamental.

En todo caso, tal como se puede observar en los gráficos adjuntos, en la mayoría de los departamentos el rasgo común es que sea cual fuere la cantidad de candidatos, la votación tiende a concentrarse en los dos primeros, y con elevado porcentaje.

Así, en Chuquisaca el voto concentrado en el primero más el segundo suma 91% de la preferencia electoral, 81% en  el caso de La Paz, 85% en Cochabamba, 72% en Oruro, 83% en Potosí, 92% en el departamento de Santa Cruz, 94% en Pando.

Solo en los comicios de Tarija y Beni se observa una votación más equitativamente distribuida: en Tarija la mayor parte de la votación se la llevan los tres primeros, 95% de los votos; en tanto que en Beni, las tres fuerzas de algún modo se equiparan: 41-31-28 por ciento.

Un dato no menor también es que en todos los departamentos el Movimiento Al Socialismo (MAS) está entre los dos primeros; de hecho ganó seis de las nueve gobernaciones departamentales; aunque perdió precisamente en los dos mayores conglomerados de votantes del país: La Paz (a manos de Sol.Bo) y Santa Cruz, donde le venció, y por casi el doble, Demócratas, el partido del gobernador Rubén Costas.

Tampoco se debe dejar de anotar la derrota del MAS en Tarija, donde al no lograr el primero (UD-A) una victoria por mayoría absoluta (50% más 1) ni haber superado 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo (el MAS) se fue a segunda vuelta, y allí, UD-A (que postulaba al actual gobernador Adrián Olivia) derrotó al MAS nada menos que por 61% a 39%.

Por la misma razón en 2015 hubo segunda vuelta en Beni; pero esta vez la votación se polarizó mucho más: el MAS ganó con apenas 50,23% frente a la agrupación política Nacer, que obtuvo un desafiante 49,77%, un práctico empate técnico.

Ahora, si bien siempre se advierte que las elecciones nacionales no reflejan la preferencia electoral de la población en las subnacionales, no se puede dejar pasar ciertas tendencias similares de las elecciones de 2015 y las generales de 2020.

Siempre con la prevención de que se trata de distintas elecciones, sobre todo por los liderazgos en juego, es llamativo (como se puede observar en los gráficos adjuntos) que en seis de los nueve departamentos (Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija), lo mismo que en las subnacionales de 2015 el voto tiende a concentrarse en el primero y segundo de los contendientes.

Y si bien las nuevas presencias significativas en el espectro político de Santa Cruz, Beni y Pando son Creemos (del excívico Luis Fernando Camacho) y Comunidad Ciudadana (CC) (que postulaba al expresidente Carlos Mesa), no es para dejar de lado la otra vez fuerte presencia del MAS, esta vez entre los tres primeros.

Una de las mayores certezas en cuanto a las elecciones subnacionales es que buena parte de la preferencia electoral gira en torno al liderazgo local, regional o departamental.

Así, por ejemplo, es llamativo que en el departamento de La Paz, habiendo ganado el MAS en las elecciones generales de octubre de 2014 con nada menos que 69% de la votación, al año siguiente, apenas cinco meses después, en marzo de 2015, haya bajado su votación (por gobernadora, siendo candidata Felipa Huanca) a menos de la mitad, 30,68%, y el significativo triunfo lo haya obtenido el partido recién creado Sol.Bo, con el sociólogo y exministro de Educación Félix Patzi como su candidato.

Es el mismo caso el de Tarija, donde si en la elección nacional de 2014 el MAS también ganó en el departamento con 52%, cinco meses después el electorado mayoritariamente decidió el triunfo del partido regional Unidad Departamental Autonomista (UD-A), que postuló a Adrián Oliva, que si bien ganó en primera vuelta por un porcentaje (45,44%) que obligaba a ir a una segunda ronda, en esta obtuvo nada menos que 61% de la preferencia electoral.

En el departamento de Santa Cruz se impuso la misma lógica: mientras el MAS en las elecciones de 2014 ganó allí con 49%, en las subnacionales de 2015 su caudal electoral se redujo a 31,80%; y es que la reivindicación cruceña la capitalizó el ya para ese entonces reelecto gobernador Rubén Costas, de Demócratas.

En todo caso, como se aprecia en los gráficos, las elecciones subnacionales de 2015 de alguna manera son la continuidad de la tendencia marcada en los comicios generales de 2014. Todos los gobernadores electos por el MAS en 2015, Víctor Hugo Vásquez en Oruro, Juan Carlos Sejas en Potosí, Esteban Urquizo en Chuquisaca, Iván Canelas en Cochabamba, Alex Ferrier en Beni y Luis Adolfo Flores en Pando, eran, o son, militantes masistas; cierto, casi todos ellos, excepto Luis Adolfo Flores, renunciaron a su cargo a causa de la crisis política de octubre-noviembre de 2019, pero eso no quita que hayan sido electos como masistas en pleno ascenso del MAS: en la elección de 2014 el partido azul se mantenía sobre el 60% de la preferencia nacional.

Para la elección del 7 de marzo, el presidente del MAS, Evo Morales, oficializó a los nueve candidatos del partido: Humberto Sánchez en Cochabamba, Mario Cronenbold en Santa Cruz, Franklin Flores en La Paz, Juan Carlos León en Chuquisaca, Jhonny Mamani en Potosí, Álvaro Ruiz en Tarija, Alex Ferrier en Beni, Miguel Becerra en Pando y Jhonny Vedia en Oruro. Es precisamente en la elección de algunos de estos candidatos que ocurrieron las mayores tensiones en el partido: en Santa Cruz, se trató de una concesión de la dirección nacional del MAS, pues hasta hace solo una semana se tenía como candidato seguro al comunicador social Pedro García, quien incluso había sido designado candidato en un ampliado del MAS en Lauca Ñ, en el Trópico cochabambino; en Chuquisaca, Potosí y Pando se impuso el candidato que tenía el aval de la dirección nacional del MAS, pues en los tres casos hubo una cerrada oposición a los designados; la queja común fue que mientras las organizaciones sociales optaron por un candidato, se impuso el “dedazo” de la dirigencia nacional.

En el caso de la oposición regional más fuerte, sin duda destaca el exdirigente cívico, excandidato presidencial por Creemos, Luis Fernando Camacho, por el que la primera fuerza política cruceña, Demócratas, incluso sacrificó a dos de sus más influyentes militantes (Óscar Ortiz y Vladimir Peña) en pos de unificar la candidatura; fue una mutua concesión; como dijo Camacho: él como candidato único a la Gobernación, Roly Aguilera, militante de Demócratas, como único candidato por ambos frentes a la Alcaldía cruceña.

Si hay una cosa que distingue a Camacho de los anteriores líderes cruceños es su declarado federalismo, que las autonomías hay que llevarlas al extremo con el fin de proyectar luego un país federal.

En el lado masista, la pauta de la oferta electoral de sus candidatos la dio el de La Paz, Franklin Flores, cuando en esta semana señaló que uno de los pilares de su plan de gobierno es “crear un complejo industrial y posicionar al departamento de La Paz como líder económico del país”; un “complejo maquilero, de ensamble, como por ejemplo de vehículo Hyundai como en Chile que ensamblan estos vehículos”.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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