Nacional

miércoles 5 ago 2020 | Actualizado a 10:19

La Presidenta del Senado confirma que tiene COVID-19

Las pruebas de laboratorio solicitadas por la legisladora del MAS dieron positivo, según lo anunció en su cuenta de Twitter. Después de Áñez, es la segunda persona en importancia del Estado.

/ 10 de julio de 2020 / 18:57

La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa (MAS).

La presidenta de la Cámara de Senadores y presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, confirmó la tarde de este viernes que padece el nuevo coronavirus.

Mediante su cuenta de Twitter, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que la prueba que se hizo recientemente finalmente dio positivo: “Informo a #Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19”, escribió.

Copa remarcó en el mismo tuit que se encuentra estable y que seguirá trabajando en la Asamblea Legislativa a través de medios virtuales.

“Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales”, posteó en Twitter la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa.

El senador Ciro Zabala (MAS), que dijo que como médico asiste a la senadora Copa, dio cuenta de que a la fecha ya suman 10 los miembros de la Cámara Senadores que desarrollaron el coronavirus.

“Gracias a Dios, estoy bien, aunque con un poco de dolor de cabeza. Pero seguiré trabajando en la Asamblea”, dijo Copa, líder del Órgano Legislativo, en declaración a radio Panamericana la tarde de este viernes.

La jefa del Órgano Ejecutivo, Jeanine Áñez también dio positivo a la prueba de coronavirus, como lo anunció la tarde del jueves. Enterada de la situación de Copa, expresó su solidaridad y deseos de pronta recuperación.

La legisladora se había aislado el miércoles al saber los síntomas de la enfermedad; se encontraba a la espera de los resultados de las pruebas.

(10/07/2020)

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El TSE aprueba el calendario electoral con el 18 de octubre como el día de la elección

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decide el nuevo cronograma cuando empieza el bloqueo de caminos exigiendo mantener el 6 de septiembre como la fecha de los comicios.

/ 3 de agosto de 2020 / 19:18

Una toma de la votación en las elecciones anuladas de 2019. Foto: ABI

Este lunes 3 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el calendario electoral con el domingo 18 de octubre como fecha definitiva de las elecciones generales 2020.

El nuevo cronograma fue publicado justo cuando empezó el bloqueo de caminos pidiendo mantener el 6 de septiembre como el día del sufragio.

La medida de protesta, convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), demanda que el TSE se retracte de su decisión de posponer la elección hasta mediados de octubre. Los bloqueos se concentraron en la ciudad de El Alto, y las carreteras a Oruro, a Desaguadero y Copacabana.

El calendario fue aprobado mediante la Resolución 193/2020. En general, informa el TSE, el nuevo cronograma respeta las etapas ya cumplidas, bajo el principio de preclusión, que no se revisa lo ya hecho. Aparte de ratificar la elección para el 18 de octubre, prevé una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre.

Vea el calendario electoral aquí:. https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/08/Calendario_Electoral_EG_OCT_2020.pdf

Tras la suspensión de actividades determinada el 23 de julio, cuando el TSE hizo pública su decisión de postergar la fecha de los comicios (del 6 de septiembre al 18 de octubre), el calendario apunta a que las actividades electorales se reanudan este lunes 3 de agosto, con la actividad 39, “sustitución de candidatos ante el TSE”, trámite que se puede hacer hasta el 15 de octubre.

Para el 10 de septiembre, como uno de los hitos más importantes, se tiene el procesamiento de datos para la actualización del Padrón Electoral; el 18 de septiembre será el sorteo de jurados electorales, y desde el 21, la capacitación de los responsables de administrar las mesas. La difusión de propaganda a través de medios masivos de comunicación empezará el 18 de septiembre.

(03/08/2020)

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La Policía y la Fiscalía investigan de oficio violencia de género en RRSS contra Copa

Apareció una mujer que asegura ser la que aparece en el video de contenido sexual que fue atribuido a la presidenta de la Asamblea Legislativa. La División de Cibercrimen comenzó con el rastrillaje en las redes sociales.

/ 2 de agosto de 2020 / 00:01

La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa (MAS).

La Policía anunció que se activó una investigación de oficio por la violencia de género en redes sociales contra la presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, tras la difusión de un video de contenido sexual que la alude.

El viernes, el programa Detrás de la Verdad, de Gigavisión, entrevistó a una mujer que aseguró ser quien aparece en el material audiovisual. Con el rostro cubierto, dijo que el video fue filmado por su exenamorado hace cuatro años y que se enteró de su difusión en redes sociales.

“Sé quién me grabó, fue mi exenamorado, que se llamaba Roly, pero yo nunca pensé que lo iba a subir a las redes sociales, nunca me imaginé que iba a pasar esta situación, hasta que hoy me enteré que había subido este video”, relató la afectada entre sollozos.

La mujer pidió que se deje de difundir el material, por el daño que le ocasiona. “Tengo mucho miedo, no tienen derecho por qué discriminar así a una mujer”. Demandó a las autoridades, incluida la presidenta transitoria Jeanine Áñez, que, “por favor, saquen el video, que ya no compartan más, pónganse la mano en el corazón, también tienen ustedes hijas”.

A media semana se empezó a difundir el audiovisual que alude a Copa. Inmediatamente, la legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), mediante su cuenta de Twitter, solicitó a las autoridades del Gobierno esclarecer el hecho.

“Exijo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con el o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales y que mella mi honor y dignidad personal. Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”.

El sábado, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, indicó que «cumpliendo con la disposición del Ministro de Gobierno y del Comandante General de la Policía, en coordinación con el fiscal de turno, se apertura la investigación de oficio sobre la circulación de ese video que prácticamente es preocupante».

Rojas informó que la unidad encargada es la División de Cibercrimen, que “ya activó el patrullaje cibernético por las redes sociales para identificar el origen del video que está relacionado a los actos de violencia de género contra el honor, la dignidad, el decoro, la imagen e intimidad».

Inmediatamente denunciado el hecho, el Gobierno, instituciones y políticos expresaron su repudio, solidarizándose con Copa, entre ellos el MAS, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Gestión Social de la Presidencia, Comunidad Ciudadana.

(02/08/2020)

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Abogado de Gutiérrez apunta a que se incluya a Romero en proceso contra exfuncionarios de Migración

El director de Migración denunció a la exdirectora por falsedad ideológica. La defensa del dirigente cocalero señala que el proceso debe sumarse al abierto en 2019 contra dos exfuncionarios por uso indebido de influencias.

/ 1 de agosto de 2020 / 12:08

El dirigente cocalero yungueño Franclin Gutiérrez. Foto: APG

La denuncia penal que el miércoles 29 de julio instauró el director general de Migración, Marcel Rivas, contra la exdirectora Yanet Senzano, bajo la acusación de haber falseado información de un viaje del dirigente cocalero yungueño Franclin Gutiérrez, según el abogado de éste, puede derivar en una acusación contra el exministro de Gobierno Carlos Romero.

Desde el plano jurídico, se trata de pasar de un actual proceso por falsedad ideológica a otro por uso indebido de influencias, que puede implicar a mandos superiores de la Dirección General de Migración, explicó a La Razón Digital el abogado Eusebio Vera.

Gutiérrez viajó a Ecuador en 2016, a invitación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para participar de una conferencia sobre la hoja de coca. Según su defensa, si bien el viaje fue el 14 de junio y el dirigente volvió al día siguiente a Bolivia, llegando al aeropuerto de El Alto en la madrugada del 15, de acuerdo con el flujo emitido por Migración de entonces, su retorno fue el 16, y desde Colombia.

Una vez detenido Gutiérrez, acusado de ser autor intelectual de la emboscada a una brigada de erradicación de coca ilegal en La Asunta, donde murió el teniente Daynor Sandóval, el 24 de agosto de 2018, cuatro días más tarde, siempre según Vera, la Dirección de Migración emitió el flujo migratorio de Gutiérrez que certificaba que en junio de 2016 había pasado por Colombia, documento sirvió para que se mantenga en prisión a Gutiérrez.

Luego, a solicitud de los abogados del dirigente cocalero, Migración volvió a emitir el flujo con el mismo dato del viaje a Colombia, el 3 de enero de 2019. Por ello, entre septiembre y octubre de 2019, la defensa de Gutiérrez instauró un proceso penal por falsedad ideológica contra los dos funcionarios firmantes del informe, Glubert Salguero y Neyza Ponce.

En el avance de las investigaciones y por la declaración de los procesados, se destacaba, indicó Vera, que “la única persona que podía manipular, alterar el flujo migratorio de cualquier ciudadano, y que tenía acceso al sistema, era la directora, la señora Yanet Senzano”. Fue así que se pidió ampliar la acusación contra ella y un cuarto implicado.

A la fecha, este caso se encuentra en la etapa en que se debe formular la imputación formal por parte de la Fiscalía; aunque, como todo, se demoró por la pandemia del coronavirus.

Ahora, remarcó Vera, con el anuncio de la demanda penal del director Rivas se corrobora el proceso anterior, y lo que debe pasar es que el nuevo proceso se “sume, adhiera o adjunte” al primero, “porque no puede haber dos casos abiertos sobre un mismo hecho”.

Pero, he aquí el nuevo escenario que plantearía la denuncia de la actual Dirección de Migración contra la exdirectora Senzano. Si bien en el primer proceso contra los dos funcionarios de la entidad, la defensa de Gutiérrez se concentró en mostrar la falsedad de los flujos migratorios (mostrando los boletos de avión, el voucher del viaje, el pasaporte, declaraciones de testigos, certificados, entre otros), ahora, se amplía el caso al delito de uso indebido de influencias, lo que alcanzaría a mandos superiores.

“Ahí se apunta a otro nivel. Si se acredita el uso debido de influencias, tendría que haber recibido alguna orden superior la señora Yanet Senzano para que haya manipulado el sistema informático de la Dirección de Migración, para que haya ordenado alterar el flujo migratorio. Y, ¿quién es su inmediato superior? El señor ministro de Gobierno, que en ese entonces era Carlos Romero”, concluyó el abogado de Gutiérrez.

Si bien el caso contra Senzano anunciado por Rivas también incluye el “ejercicio de dos cargos paralelos en la administración migratoria, uno como Directora General y otro como Jefa de Control Migratorio e Inspectoría”, la acusación de mayor alcance en cuanto a otros implicados, es la de uso indebido de influencias.

(01/08/2020)

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Harvard y su incómodo informe

La universidad estadounidense entrevistó a al menos 220 personas entre octubre de 2019 y enero de 2020.

/ 1 de agosto de 2020 / 09:36

Este lunes 27 de julio, en Cambridge, Massachusetts, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por su sigla en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) hicieron público el informe “Nos dispararon como a animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia, sobre los “abusos y violación de derechos humanos” en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Un estudio donde se identificó “patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos”, según sintetizó el trabajo el abogado internacional en derechos humanos, Thomas Becker, uno de los profesores de la denominada Clinica de Derechos Humanos.

Difundida la presentación del Informe de Harvard, el miércoles 29, el Ministerio de Justicia, mediante un comunicado replicó al referido reporte, calificándolo de “tendencioso”, “poco serio”, que carece de imparcialidad y objetividad y que adolece de “varios errores”.

En la semana, en castellano, se conoció solo el Resumen Ejecutivo del Informe; hasta donde se conoce, el documento completo (92 páginas) solo está en inglés, en el sitio http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/ uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf .

Claro que cabe no estar de acuerdo con el Informe y sus conclusiones, con su metodología, pero si hay algo que no se puede dejar pasar es que acaso su mayor riqueza sean los testimonios que recoge, los cuales —señala en su parte metodológica— fueron obtenidos en entrevistas con al menos 220 personas, entre víctimas, familiares, activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, abogados, fiscales, médicos, investigadores, funcionarios de ministerios, policías y militares. Un estudio que fue fruto del trabajo de campo en Bolivia, señala el texto, de un equipo y estudiantes del IHRC durante octubre y noviembre de 2019, y, luego, casi dos meses entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

TESTIMONIAL. Cierto, también cabe que, por ser testimonial, de entrevistas al calor de los hechos, algo de lo que se dice haya cambiado días o semanas después. Si buena parte de los declarantes son las víctimas y los afectados por la represión, donde vieron necesario los investigadores, está el punto de vista de las autoridades de gobierno. Aunque no dejan de señalar que “el equipo también envió cartas al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando información sobre los asesinatos de Sacaba y Senkata” pero aseguran que “no recibieron respuesta”.

La información que levantaron en el país, en el informe está vertida en cuatro grandes secciones: los hechos de Sacaba y Senkata; los obstáculos para una investigación imparcial y justa; la persecución de la disidencia; y, la actuación represiva de grupos civiles paraestatales.

Cuando hay cierta variación en cuanto al número de muertos y heridos, el Informe de la Clínica de Harvard resume: En Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre murieron 11 personas y hubo 120 heridos; en Senkata (El Alto), el 19, hubo 11 victimados y al menos 50 heridos; en ambos casos, enfatizan, todos los fallecidos y heridos eran civiles.

Tanto en Sacaba como en Senkata, la Clínica dice que encontró “evidencia creíble” de al menos tres cosas: 1) que hubo uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados; 2) que policías y militares tuvieron una actitud racista y un lenguaje anti-indígena durante la refriega; y, 3) que las autoridades crearon una atmósfera de miedo en los hospitales, “lo que lleva a las víctimas a evitar buscar atención médica debido a su legítima preocupación por represalias del Gobierno”.

Por las entrevistas que hicieron, en Sacaba, el informe apunta que los disparos duraron dos horas: “El primer herido de bala recibió el impacto alrededor de las 16.30, y el último a las 18.30”.

El informe también registra la respuesta del Gobierno. Alude a que el 14 de noviembre la presidenta Áñez firmó el Decreto 4078, que liberaba de responsabilidad penal a las fuerzas del orden en las acciones de represión; y la declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo (que luego generalizaron las demás autoridades): “La mayoría está muerta por una bala calibre 22 en la parte
posterior de la cabeza, o bien en la parte posterior (del cuerpo), o debajo del brazo ¿Qué significa esto? Que la gente del MAS, los que despertaron disturbios, mataron a estas personas para que las cosas marchen”.

Entre los obstáculos para una investigación imparcial, “el equipo del IHRC —asegura— ha documentado diversas formas de manipulación de evidencia que pueden socavar severamente la capacidad del Gobierno para realizar investigaciones precisas en Sacaba y Senkata”.

“Oficiales de Estado limpiaron sistemáticamente el área inmediatamente después de los asesinatos, destruyendo evidencia pertinente. Un testigo vio tanques con un cañón de agua enjuagar la sangre de las calles. Según otros testigos, las fuerzas de seguridad también plantaron armas entre los manifestantes para afirmar que estaban armados”. “También vi soldados buscando balas en el suelo y recogiéndolas. Los militares recogieron cosas como balas y limpiaron el área… La Policía trató de limpiar la evidencia”, detallan algunos testimonios.

“Otro manifestante declaró que vio a las fuerzas estatales destruir fotografías, evidencia de abusos estatales; incluso que un oficial hizo que un periodista borrara fotos que había tomado de fuerzas estatales golpeando a un detenido”.

IRREGULARIDADES. La investigación también encuentra “significativas irregularidades” en las autopsias de los muertos en Sacaba y Senkata. Aparte de que en algunas ocasiones se impedía la presencia de los familiares, el hecho más frecuente eran dificultados y tensión a la hora de la extracción de los proyectiles de los cadáveres. “El miembro de la familia que finalmente pudo observar la autopsia declaró que la bala tomada del difunto fue cambiada por una bala más pequeña”. Según él, el fallecido fue “asesinado con una bala más grande, pero intentaban decirle que era más pequeña… (Su) cabeza parecía una flor abierta; fue una gran bala pero la autopsia no dijo nada al respecto”.

En lo relativo al trabajo de los fiscales, el informe apunta que tuvieron al menos dos “barreras significativas”: 1) la falta de recursos; y 2) la negativa de las fuerzas de seguridad del Estado de cumplir con las solicitudes de información del fiscal.

“No tenemos asistentes, y no contamos con el apoyo de la Policía… [Los fiscales] incluso tuvieron que poner algunos de [sus] recursos propios para hacer el trabajo, como pagar el autobús y el taxi (en viajes de trabajo)”, recoge el testimonio de uno de ellos. Otro elemento que señala el informe es que las unidades policiales y militares no dieron o se resistieron a dar información, que no respondieron a requerimientos escritos, tanto de los fiscales como del Defensor del Pueblo (en Cochabamba).

“Cuando les solicitamos información, los militares básicamente dijeron: ¿quién es usted para pedirnos cosas? Orellana, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue [el único] quien respondió a nuestra solicitud”.

DEFENSORÍA. “Al igual que los fiscales, el defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, envió una solicitud formal a la Policía y militares para obtener información sobre la operación de las fuerzas de seguridad en Sacaba, buscando identificar a los oficiales al mando, en particular las unidades desplegadas y las armas específicas llevadas por esas unidades. Sin embargo, ni la Policía ni los militares proporcionaron cualquier información al Defensor del Pueblo”, detalla el documento.

En cuanto a los testigos, un hecho significativo que relatan los investigadores (algunos de ellos estuvieron en medio de las movilizaciones) es que “muchas de las entrevistas realizado por el IHRC se llevaron a cabo en ubicaciones secretas, y con garantías de confidencialidad, porque los testigos y las víctimas temían represalias por parte del Gobierno”.

“Todos tenemos miedo de hablar contra el Gobierno o hablar sobre lo que pasó en Sacaba. Si lo hacemos, los militares o la Policía vendrá a por nosotros. El Gobierno está procesando a cualquiera que hable de lo que está sucediendo”, se detalla en una entrevista.

Luego, el informe anota que “las fuerzas de seguridad parecen haber adoptado una práctica regular de mirar a través de los teléfonos de los residentes locales para identificar testigos, o para alterar o destruir la foto o evidencia en video”.

“Pasamos por todo en nuestros teléfonos. Me pidieron mi contraseña. Ellos miraron mis fotos, WhatsApp, Facebook”. Los miembros del equipo de IHRC, cuenta el documento, sufrieron ellos mismos este tipo de acoso.

“Cuando el equipo estaba observando la reconstrucción de la escena del crimen en Sacaba en enero de 2020, el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Cochabamba acusó a un miembro del equipo de IHRC de tomar imágenes ilícitas”.

DISIDENCIA. En cuanto a la persecución de la disidencia, el informe de la Clínica de Harvard clasifica en tres los grupos que habrían sido objeto de este acoso: periodistas, defensores y activistas en derechos humanos, y militantes y simpatizantes políticos, especialmente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En cuanto a los informadores, recoge el testimonio el Reporte, su “mayor preocupación” era que se “utilizaban clasificaciones como ‘sedición’ y ‘terrorismo’ como pretextos para perseguir a aquellos que criticaban al Gobierno interino”.

Cita el caso de Humberto Pacosillo, uno de los varios reporteros supuestamente en la lista de ‘sediciosos’ del Gobierno, que habría sido perseguido por ser crítico con el Gobierno. «Nuestro crimen ha sido informar sobre las cosas como son y para contrastar la versión de que el Gobierno actual usa”, testimonió a los investigadores.

Pero un sector especial de comunicadores afectado, apunta el informe, fueron los periodistas extranjeros. Primero, el Gobierno interino ha cesado —detalla— la transmisión internacional de canales de noticias como RT Spanish y TeleSUR. En segundo lugar, la Policía ha atacado a periodistas extranjeros, como la reportera de Al Jazeera, Teresa Bo, a quien la Policía gasificó directamente en la cara mientras reportaba en vivo. Otro periodista extranjero que ha cubierto en Bolivia durante décadas para medios como The Guardian y Al Jazeera dijo al IHRC: “Los periodistas tienen miedo por sus vidas… Esto es la peor violencia y represión que he visto a lo largo de mi carrera en Bolivia. Esto no es Bolivia”.

En cuanto al acoso a activistas de derechos humanos, entre los varios casos que cita, se puede mencionar el ejemplo del representante en Cochabamba del Defensor del Pueblo, Nelson Cox. “Asociados con el Gobierno
interino (grupos de personas) amenazaron con cometer actos de violencia contra miembros de la oficina del Defensor del Pueblo; los grupos civiles rodearon las oficinas y hogares del defensor Nelson Cox, amenazándolos”.

Sobre la represión a los militantes del MAS, el reporte describe varios casos de exautoridades que afirma que fueron acosadas (Carlos Romero, Gustavo Torrico, César Dockweiller, entre otros”; grafica la situación señalando que “a principios de 2020, más más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o enfrentaban cargos y casi 600 exfuncionarios y sus familias estaban bajo investigación. En marzo, The New Yorker informó que las Naciones Unidas encontró que al menos 160 funcionarios habían sido procesados o detenidos en el periodo postelectoral”.

Si hay algo que destaca el informe como una particularidad del conflicto en noviembre de 2019, es la presencia y actuación de lo que llama “grupos paraestatales”. “Las autoridades estatales no actúan solas como fuerza de represión en Bolivia. Los actores no estatales juegan un papel importante en hacer cumplir y mantener el ambiente de persecución que se ha producido desde las elecciones (20 de octubre de 2019). Actores estatales que se presentan como civiles y civiles que realizan funciones policiales bajo sanción estatal. Grupos paraestatales violentos políticamente alineados con el Gobierno interino, según los entrevistados, han creado un ambiente de vigilancia omnipresente y desenfrenada violencia”.

En este orden, especial atención cobró el grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Al respecto, el Informe de Harvard afirma que “los miembros de RJC a menudo se movilizan en motocicletas y han llegado a ser conocidos como “motoqueros”. Un entrevistado que vio a los miembros del grupo RJC en Sacaba dijo ‘parecían personas ricas, tenían ojos verde y motocicletas caras’. Durante los enfrentamientos, los miembros usan pasamontañas y chalecos antibalas como uniformes de combate improvisados. Supuestamente se armaron con palos, cañones caseros, bazucas, cócteles molotov, pistolas de perdigones y armas de fuego. Varios entrevistados percibieron un ‘vínculo y coordinación muy claros’ entre los motoqueros y la Policía”.

El Ministerio de Justicia, en su comunicado, señala que el Informe de Harvard tiene un “carácter tendencioso porque se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas”.

Entre sus errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que estudió su maestría en la universidad de Harvard afirmó a radio Éxito tras conocer el informe: “Yo conozco la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, es muy activa para apoyar los esfuerzos continentales en procura de resguardar los derechos fundamentales, apoyar con acciones amicus curiae (de terceros ajenos a un litigio) ante el sistema interamericano y otras en favor de los derechos humanos. De manera que cuando surge una información que está suscrita por un centro de tanto prestigio, uno debe preocuparse porque no es precisamente la imagen que nuestro país debería reflejar al mundo exterior”.

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El Gobierno califica de ‘tendencioso’ el informe de Harvard sobre Sacaba y Senkata

El Ministerio de Justicia cuestiona que el estudio hable de la crisis de noviembre de 2019 sin mencionar la represión en el gobierno de Evo Morales.

/ 29 de julio de 2020 / 23:49

Disturbios en Senkata antes de la represión militar, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

A través de un comunicado de prensa, este miércoles, el Ministerio de Justicia calificó de “tendencioso” el reporte sobre la represión en Sacaba y Senkata en 2019 publicado el lunes por la universidad estadounidense de Harvard. Dicho informe contiene, además, según el Gobierno, “varios errores” y una “inhumana” recomendación.

El lunes 27, la Clínica Internacional de Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR) publicaron el informe “’Nos dispararon como animales’ Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, sobre “abusos y violación de derechos humanos” cometidos por el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez, en noviembre de 2019.

“El reporte documenta uno de los periodos más letales y represivos de las últimas décadas en Bolivia, así como el miedo creciente de comunidades indígenas y personas criticas del gobierno de que sus vidas y su seguridad están en peligro”, destaca un comunicado de prensa de IHRC, más conocida como la “Clínica”.

“Hemos identificado patrones desconcertantes de violaciones de derechos humanos desde que el Gobierno interino asumió el poder. Estos abusos crean un ambiente que ha socavado la posibilidad de unas elecciones libres y justas”, señala Thomas Becker, abogado internacional que forma parte de la investigación.

El carácter tendencioso del documento —señala el Ministerio de Justicia— radica en que se refiere a los hechos de noviembre de 2019 “sin tomar en cuenta el origen del conflicto”, el gobierno de Evo Morales, que significó, dice, “cien asesinatos, decenas de prisioneros políticos, más de mil exiliados, e incontables casos de hostigamiento, censura y restricciones contra periodistas y medios de comunicación por medio de una sistemática violación a los derechos humanos mediante la instauración de una compleja estructura estatal y paraestatal que pretendía perpetuarse en el poder”.

Entre los errores contarían el desconocimiento de los autores de que hoy día “se están realizando” las investigaciones de los referidos hechos, “conforme al debido proceso”; y que no mencionan los decretos de “reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos”.

Justicia también deplora la falta de una “explicación metodológica” del reporte, lo que lo invalidaría. Al respecto, el reporte fue publicado en inglés (se lo puede bajar del sitio: http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/07/Black-November-English-Final_Accessible.pdf ), y en el documento hay un apartado de Methodology. Allí, entre otras cosas, se informa del trabajo de campo que se hizo entre octubre del año pasado y enero de 2020 y que se entrevistó a al menos 220 personas, a varias de las cuales se volvió a contacta por teléfono desde Estados Unidos.

El comunicado del Ministerio de Justicia concluye reclamando que, como un hecho “inaudito”, “la primera recomendación del reporte sea realizar elecciones ‘lo más rápido posible’”. Cabe informar que tanto en el resumen ejecutivo publicado en castellano como en el informe completo en inglés, están recomendación es la sexta, la última.

En todo caso, el Gobierno deplora que se haga esta recomendación “en el actual contexto de la crisis sanitaria a causa del Coronavirus, un grave atentado contra la salud pública y la vida del pueblo boliviano”.

Por eso, concluye el reclamo de Justicia, el Estado boliviano “rechaza a ese comunicado tendencioso”, “poco serio”, y que carece de imparcialidad y objetividad.

(29/07/2020)

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