Más de 51 ciudadanos, colectivos e instituciones denuncian “el clima de terror impuesto» por el Gobierno transitorio, que se manifiesta a través de persecuciones selectivas, protección y apoyo a grupos paramilitares de choque, trato diferenciado a favor de movilizaciones que respaldan al oficialismo, manipulación informativa en medios y otras acciones.

Además, cuestiona la violencia ejercida por grupos irregulares contra indígenas y organizaciones populares, uso de fuerzas militares para amedrentar, parcialización del Órgano Judicial y proliferación de mensajes con contenido racista.

Los firmantes de un documento lamentan que actualmente se “criminaliza la escalada de protestas sociales” desarrollada para exigir elecciones generales para superar la “ruptura constitucional” de noviembre de 2019.

Bajo el argumento de que en los comicios nacionales del 20 de octubre del año pasado hubo fraude, versión avalada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) aunque desmentida por estudios independientes de universidades estadounidenses, se produjo un levantamiento de sectores conservadores que, mediante el uso de la violencia, logró la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y, después de una serie de maniobras en el Órgano Legislativo y con respaldo del Tribunal Constitucional, Jeanine Añez asumió la presidencia transitoria del Estado, con la misión de convocar a votación nacional para el 3 de mayo, aunque la llegada de la pandemia del coronavirus abrió la posibilidad de que se prolongue su interinato.

Elecciones

Un acuerdo político permitió establecer fecha de elecciones para el domingo 6 de septiembre, aunque sin que medie una ley, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergó el evento hasta el 18 de octubre, con la posibilidad de un nuevo aplazamiento de la jornada democrática, de acuerdo con los indicadores de contagio de COVID-19.

Ante ello, en un multitudinario cabildo popular celebrado en la ciudad de El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, alianza política de las cinco confederaciones campesinas e indígenas de tierras altas y bajas del país, decretaron huelga general indefinida y bloqueo de caminos a escala nacional en procura de que las elecciones se lleven a cabo el 6 de septiembre.

Las protestas comenzaron el lunes 3, momento a partir del que se produjo una reacción del oficialismo que, de acuerdo con los denunciantes, se traduce en “persecuciones selectivas de manifestantes según su origen y procedencia, encarcelamiento, uso desmedido de fuerza”, que son parte de la política de las autoridades transitorias y que “en estas últimas semanas se ha incrementado con detenciones masivas, uso de armas de fuego, vuelos rasantes de aviones militares sobre comunidades indígenas y campesinas, etc.”

Durante los días precedentes, volvieron a salir a las calles grupos organizados de jóvenes uniformados, con armas blancas, y que actúan con violencia, que reciben “protección y apoyo”, por ser “afines al Gobierno” y son “usados como tropa de choque para enfrentar a ciudadanas y ciudadanos movilizados”.

Trato diferenciado

Expresan, además, que existe un “notorio trato diferenciado a grupos” que representan a sectores de “poder económico y determinadas fuerzas políticas, a las que no se les persigue ni detiene a pesar de violentar todas las medidas sanitarias”, mientras que a los movilizados se los acusa de atentar contra la salud pública, lo que “implica un tratamiento basado en la desigualdad ante hechos similares”.

Dan cuenta, posteriormente, de “la manipulación de no pocos medios de comunicación”, que tienen “responsabilidad en la transmisión de noticias falsas, así como su sesgo informativo con enfoques racistas, incompletos y criminalizadores”.

La violencia que los grupos irregulares y fuerzas de represión se dirige en contra de sectores indígenas y especialmente mujeres de pollera es otra de las denuncias de los redactores del pronunciamiento.

“El uso de fuerzas militares como mecanismo de amedrentamiento y represión, con un Poder Judicial que actúa de manera parcializada ante los ciudadanos que se movilizan, según sean aliados o no del gobierno de facto”, es la siguiente puntualización.

Finalmente, mencionan “la proliferación de mensajes de odio y racismo con una actitud de omisión de protección de garantías por parte de las autoridades”.

Salida pacífica

Ante ello, convocan a la sociedad a “contribuir para controlar y no alimentar el clima de enfrentamientos y polarización, resultado de un extenso periodo de gobierno transitorio que no ha mostrado capacidad ni interés para alcanzar las condiciones que permitan salir de este estado de situación”.

Los firmantes aseguran que las elecciones no resolverán la crisis actual, “pero estamos consciente que la situación de desequilibrio político y económico que ha resultado de este gobierno transitorio y nada democrático, requiere avanzar a una mínima obtención de institucionalidad que se responsabilice de la conducción del Estado y cese el clima racista, misógino y atropellador de los derechos humanos y la democracia.

Entre las organizaciones firmantes están: Encuentro Social Alternativo, Plataforma por los Derechos Humanos Santa Cruz, Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, Frente de Mujeres Soberanía y Paz, Generación Revolucionaria Frente Revolucionario de la Diversidad Oruro, Colectivo Rebeldía, Casa de la Mujer, Colectivo de Mujeres Urbanas Adela Zamudio, Colectivo Plurinacional Comunitario La Paz, Mochas Copleras, Videoteca Barbarroja, Movimiento Guevarista SC, Colectivo Wiphala y Columna Sur.

(12/08/2020)

Una mujer denunció que dos oficiales y un sargento de la fuerza anticrimen la abusaron sexualmente, la amenazaron y la torturaron después de haber sido arrestada bajo la sospecha de que participó en el atraco a una farmacia en Santa Cruz de la Sierra.

Con la voz entrecortada por el llanto, la víctima relató a la red ATB que el teniente Guery M. y el subteniente Roberto M. la arrestaron y condujeron a un vehículo policial a golpes y la interrogaron sin respetar su condición de mujer ni su dignidad humana, antes de conducirla a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

En esas oficinas, antes de que se presente la fiscal asignada al caso, la arrestada contó que fue objeto de toques impúdicos, intentos de desvestirla y amenazas de violación sexual de parte de un sargento, en presencia de los oficiales y otra sargento mujer, quien guardaba silencio  mientras la interrogaban para exigirle que delate a su presunto cómplice, a pesar de su inocencia.

Horas después de su arresto apareció —dijo la denunciante— la representante del Ministerio Público y dispuso que se le asigne un abogado defensor.

Después de haber sufrido los vejámenes, la arrestada y otras dos mujeres fueron sometidas a un desfile identificativo, en el que la empleada de la botica atracada no la reconoció, hecho ante el que los investigadores del caso no tuvieron otra opción que pedirle disculpas y ofrecerle agua e, incluso, un almuerzo.

Sin embargo, cuando la dejaban en libertad, tomaron fotografías de la casa en la que vive y le dijeron que no presente acusaciones en su contra, porque “tiene hijas” a quienes “algo malo” podría suceder.

Además, cuando posteriormente el abogado de la mujer se presentó en la FELCC para notificar al teniente y al subteniente agresores con la demanda interpuesta en su contra, se le comunicó que ambos habían dejado de pertenecer a esa unidad, pero el teniente M. se encontraba en su oficina, por lo que aseguró que interfiere en el proceso.

Por su parte, el coronel Rubén Barrientos, director de la fuerza anticrimen mostró  en rueda de prensa el acta del arresto policial, explicó que la fiscal participó en todo el procedimiento, en contradicción con las afirmaciones de la afectada, y afirmó que si algún funcionario policial cometió el “extremo” denunciado será sometido a las acciones judiciales que correspondan, para mantener “la imagen de la institución”.

(12/08/2020)

El fiscal general de Estado, Juan Lanchipa, instruyó a las fiscalías departamentales una investigación sobre “hechos punibles que se estuvieran registrando en los diferentes puntos de bloqueo de carreteras del país”.

La reacción del Ministerio Público ocurre una semana después de que la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad iniciarán cortes de ruta en la mayoría de vías del país en protesta por la postergación de las elecciones generales dispuesta para el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las fiscalías departamentales deberán formar de inmediato comisiones para procesar las denuncias de presuntos hechos punibles en los puntos de bloqueo de carreteras en el territorio nacional, según un instructivo emitido por Lanchipa.

De acuerdo con un comunicado de esta instancia autónoma del Órgano Judicial, cuando se reciba una queja por algún hecho de violencia en las movilizaciones sociales, las fiscalías departamentales deberán abrir las investigaciones que correspondan sin dilación alguna.

Uno de los principales puntos de indagación fiscal es la presunta comisión de delitos contra la salud pública que pudiera presentarse en los cierres de vías, señala el documento suscrito por Lanchipa.

Estos delitos se sancionan, de acuerdo con el Código Penal, en actual vigencia, hasta con 10 años de reclusión.

La autoridad puso énfasis en que la labor de averiguación de los hechos supuestamente punibles deberá llevarse a cabo dentro de principios de objetividad e imparcialidad, sin intromisiones de orden político y con respeto a los derechos humanos que asisten a todas las personas, independientemente de su condición social o postura ideológica.

En el curso de este mes, cuando comenzó el bloqueo general de caminos, hubo denuncias, formuladas en muchos casos por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, ministros, funcionarios jerárquicos del Órgano Ejecutivo, asambleístas del oficialismo y de dirigentes políticos en sentido de que las movilizaciones sociales impiden el paso de camiones cisterna que transportan oxígeno medicinal, tráileres que llevan medicamentos e insumos médicos, alimentos y otros productos de primera necesidad, así como ambulancias hacia y desde las capitales departamentales, El Alto y las principales ciudades intermedias del país.

Incluso, en las horas precedentes, ejecutivos de una empresa de transporte de pasajeros denunciaron que uno de sus conductores fue obligado a trasladar a un contingente de mineros entre dos puntos del departamento de Cochabamba, pues lo amenazaron de apedrear el vehículo.

Sin embargo, dirigentes de la COB y el Pacto de Unidad, que dirigen las movilizaciones sociales, negaron que los bloqueadores impidan el paso de vehículos que llevan cargas de insumos sanitarios o ambulancias.

El Pacto de Unidad es la alianza política de cinco confederaciones nacionales de campesinos e indígenas, tanto mujeres como varones, de las tierras altas y bajas del país.

(10/08/2020)

Después de una inspección realizada por el director departamental del Programa COVID-19 de Oruro, Vicente González, a las instalaciones del hotel Terminal, quedó todo listo para que sea habilitado como un centro en el que se prestará atención al personal sanitario que contraiga el coronavirus, de acuerdo con un informe de la Gobernación.

Los cuatro pisos, en los que funciona el que fue considerado como el mejor establecimiento hotelero de esa región durante muchos años, fueron adecuados por funcionarios de la Empresa Pública Descentralizada de Oruro para que cuente con 100 camas para atender a médicos, laboratoristas, radiólogos, ecógrafos, enfermeras, auxiliares y otros servidores del área que se infecten al atender a pacientes con la enfermedad.

Se informó que la capacidad de este establecimiento podrá incrementarse de acuerdo con los requerimientos.

Además, un asesor enviado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es responsable de dar las pautas para mantener libre de contagios tanto el interior del hotel como sus alrededores.

La antigua terminal interdepartamental de buses funciona actualmente con el servicio de minibuses, microbuses y colectivos de transporte interprovincial e intermunicipal, por lo que se produce una importante afluencia de personas por ese sector.

(01/08/2020)

Fue alcalde de Achacachi, presidente de las cámara de Senadores y Diputados, ministro de Desarrollo Rural, director del Fondo Indígena y gerente de la Empresa Municipal de Apoyo a la Producción Alimentaria (Emapa). Eugenio Rojas Apaza importante dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) falleció en las últimas horas aquejado por el coronavirus.

Nacido en Warisata el 6 de septiembre de 1962, egresó de la Normal Rural de esa comunidad antes de inscribirse en la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, en la que obtuvo su licenciatura.

“No hay medicamentos para salvar la vida de COVID-19, no hay atención en cajas y hospitales. No es suficiente la medicina tradicional, están utilizando ivermectina, antibióticos, antiinflamatorios y dióxido de cloro. Por amor de Dios, (Jeanine) Áñez atienda”, había escrito el sábado en su cuenta de Twitter, desesperado por su situación de salud.

Ahora fallecidos, comienzan los homenajes, especialmente de sus correligionarios. Las cámaras de Diputados y de Senadores expresaron sendas condolencias.

En 2018, Rojas se alejó momentáneamente de la vida pública para ser sometido a una intervención quirúrgica por un problema derivado de la diabetes que padecía, que precisamente se complicó con el contagio de coronavirus.

En 2003 participó, ya como dirigente campesino de Achacachi, en las movilizaciones que derivarían en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y en 2005 fue elegido alcalde de ese municipio.

En 2008, ponchos rojos degollaron públicamente a unos perros ante la mirada de Rojas Apaza. Fue una reacción contra los activistas opositores de la media luna que pretendían el derrocamiento de Evo Morales. No haber impedido la matanza de canes le valió severas críticas.

Meses después, en noviembre de 2008, vecinos de Achacachi capturaron a 11 personas q quienes acusaron de ser delincuentes, rociaron con combustible y prendieron fuego. Dos murieron. Investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de un grupo de atracadores del clan Paucara. En aquella ocasión, el alcalde achacacheño intervino para evitar que la furia popular se consume en contra de quienes fueron acusados de ladrones, violadores y asaltantes.

En mayo de 2009, pobladores de Sank’ajawira tomaron por la fuerza la casa del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, a quien expulsaron de esa comunidad, por entonces perteneciente al municipio de Achacachi, oportunidad en la que Rojas Apaza informó que el exdignatario de Estado no había pagado los impuestos por la propiedad inmueble.

Fueron tres pasos decisivos en su carrera política, que lo llevaron al Senado, cuya presidencia llegó a ocupar durante un periodo, etapa en la que ejerció durante un día, del 26 al 27 de mayo de 2014, la Presidencia del Estado, a causa de un viaje de Morales y el entonces vicepresidente Álvaro García Linera.

Fue designado, posteriormente, viceministro de Desarrollo Rural, antes de pasar a dirigir el Fondo Indígena y a dirigir ese ministerio, desde cuya función anunció, ante un bloqueo de vecinos de Copacabana que, si no se lograba persuadir a los movilizados de suspender la protesta, sería necesario apelar a la intervención policial.

(30/07/2020)