Nacional

sábado 26 sep 2020 | Actualizado a 07:38

Los dos recursos con los que el MAS busca salvar su sigla y preservar a Luis Arce

Presentó una acción de inconstitucionalidad concreta ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

/ 23 de julio de 2020 / 12:24

El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, en rueda de prensa pasada.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) interpuso dos acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 136 de la Ley 026, de Régimen Electoral. Con el uso de este artículo, tercer parágrafo, el órgano electoral puede cancelar, de forma inmediata, la personalidad jurídica de las organizaciones políticas “que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio”.

Se trata, por un lado, de una acción de inconstitucionalidad concreta (presentada el miércoles 15 de julio) y, por otro, de una acción de inconstitucionalidad abstracta (interpuesta el lunes 20).

El trámite del MAS coincide con la demanda interpuesta por la alianza Creemos, que postula al excívico cruceña Luis Fernando Camacho, contra el candidato de esa fuerza política, Luis Arce, que presuntamente incumplió la ley al comentar encuestas fuera de los plazos legales.

Pese a que ambos recursos tienen en común la demanda de que se declare inconstitucional el referido artículo 136 (parágrafo 3) de la Ley del Régimen Electoral (026), sus procedimientos y efectos son diferentes, explica el abogado constitucionalista Iván Lima Magne.

La acción de inconstitucionalidad abstracta del artículo 136 de la Ley 026 fue presentada por la senadora suplente por Chuquisaca del MAS María Oporto, ante el TCP, radicado en Sucre.

Ante el TSE

En cambio, la acción de inconstitucionalidad concreta del mismo artículo fue presentada al TSE, en la ciudad de La Paz.

En el caso de la acción abstracta, detalla Lima, la demanda en primer lugar es analizada por una Comisión de Admisión del TCP, que puede o aceptarla o rechazarla. De aceptarla, dicha comisión puede emitir una medida cautelar (que es lo que justamente ha pedido el MAS) por la cual el Tribunal Constitucional ordena suspender la aplicación del referido artículo 136 de la Ley 026, hasta que el TCP sentencie si es o no constitucional.

Desde el momento que el TCP admite el recurso, tiene 45 días para dar su fallo. Este procedimiento está descrito en el artículo 76 de la Ley 254 Código Procesal Constitucional, del 5 de julio de 2012.

En el caso de la acción concreta, se la presentó ante el TSE porque es la “autoridad administrativa” que debe aplicar el artículo 136, ahora cuestionado como inconstitucional (Artículo 79 del Código Procesal Constitucional). El TSE, explica de nuevo Lima, no puede rechazar la consideración del tema, y de inmediato debe hacer lo que se llama “correr el traslado” a las partes involucradas (denunciantes, otros interesados, los otros partidos políticos aparte del MAS), notificarles y pedirles su opinión sobre el tema, si es o no constitucional el referido artículo.

“Lo que dice la ley (254) es que todos los involucrados tienen 48 horas para hacer llegar sus comentarios, observaciones o críticas; y luego, con estas respuestas o sin ellas, el Tribunal Supremo Electoral debe pronunciarse aceptando o rechazando los argumento del MAS (que dice que el artículo 136 es inconstitucional) y todo debe remitirlo al Tribunal Constitucional; es decir, aceptando o rechazando los argumentos del MAS, igual  debe remitirlo al TCP”, detalla el abogado Lima. Este procedimiento está descrito en el artículo 80 del mencionado Código Procesal Constitucional (Ley 254).

Ante el TCP

Y en el TCP ingresa como la acción abstracta, mediante una Comisión de Admisión. En este caso, como ya hay una demanda de inconstitucionalidad abstracta (presentada este lunes 20), pues lo más probable es que el TCP unifique ambas acciones, la concreta y la abstracta.

Pero, he aquí el detalle de la acción de inconstitucionalidad concreta, apunta Lima: “Hasta que (el recurso) no vuelva del Tribunal Constitucional no se puede emitir una resolución final en este caso. Entonces, independientemente de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral, si promueve o rechaza promover la acción, estaríamos hablando de que no va poder pronunciarse en el fondo, hasta que el TCP no le devuelva”.

Esto último es lo que se describe en el artículo 82 del Código Procesal: “Promovida la acción no se interrumpirá la tramitación del proceso, mismo que continuará hasta el momento de dictarse la sentencia o resolución final que corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Al respecto, el también abogado constitucionalista Luis Vásquez Villamor —asesor jurídico de Libre 21, que postula a la presidencia a Jorge Quiroga— señala que la presentación de ambos recursos por el mismo accionante y sobre el mismo tema es una “chicana jurídica”.

“Es totalmente contradictorio y absolutamente inaceptable que el mismo partido plantee un recurso abstracto y un recurso concreto, porque uno es excluyente del otro. El recurso concreto le está conferido a quien sufre la violación de un derecho fundamental por la aplicación de una norma; en ese caso pide, en forma concreta, que la norma con la que le están juzgando es intrínsecamente inconstitucional y pide que se declare eso. En el otro tema, es un recurso abstracto, donde no hay un interés concreto; entonces, ¿cómo puedes plantear primero un recurso que tiene un interés concreto, y luego uno que tiene un interés abstracto?”, dijo.

En este caso planteado por el MAS, la acción concreta ante el TSE y la abstracta ante el TCP, para el abogado de Libre 21 quien tiene la palabra en este momento es el TSE, que debería, dice, obligar a decidir al MAS a elegir: o recurso concreto o recurso abstracto, no ambos juntos.

“El Tribunal Supremo Electoral no puede caer en este juego, porque al caer en este juego, está cayendo en una cosa que es pública, o sea, no puede decir que no la conoce. El TSE tiene que decir (al MAS): se tiene que definir una acción, o es abstracta o es concreta, pero que el mismo no puede plantear ambas, porque es un abuso del derecho, una cosa totalmente contradictoria”.

En todo caso, hasta donde se conoce, en ambas instancias (en el TSE y en el TCP) los dos recursos siguen el trámite regular.

(23/07/2020)

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Lo de ENDE puede usarse contra el país en varios juicios

El Procurador ahora destituido se fue por un claro enfrentamiento con el ministro Arturo Murillo

/ 23 de septiembre de 2020 / 07:05

El exprocurador general del Estado, José María Cabrera

Esta entrevista se la hizo una hora antes de que el procurador general del Estado, José María Cabrera Dalence, se enterase de que había sido destituido.

Como él mismo adelantara, el directo responsable de su alejamiento sería el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por dos casos puntuales. El ministro andaba “furioso”, dice Cabrera Dalence, con el Procurador tanto por la oposición que éste tuvo a la forma en que Murillo impulsó la “privatización” de parte de ENDE, como por la investigación que llevaba adelante la Procuraduría sobre la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos en noviembre-diciembre de 2019, caso en que Murillo es uno de los principales señalados. Acaso lo que más le preocupa al ahora exprocurador es lo de ENDE: la forma en que se está procediendo, a impulso del ministro Murillo, puede repercutir contra Bolivia en todos los juicios que el Estado tiene contra privados por las nacionalizaciones. 

—¿De cuándo vienen sus observaciones a la devolución a privados de acciones de ENDE?

—Las observaciones que el Procurador plantea en el caso de la afectación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) son de puro derecho, aspectos objetivos que establece la ley. Hay dos observaciones que planteamos en la reunión de UDAPE, la unidad técnica previa a las discusiones finales en gabinete. Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídcos  y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Éstos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados.

—Un tema de procedimiento.

—Ya en el fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de modo que retrotraer una nacionalización efectuada hace diez años y volver a manos privadas lo que hoy es de propiedad del pueblo de Bolivia amerita una tramitación transparente, y no disimulada ni disfrazada. Ahora, hacerlo con un argumento tan simple como indicar que fue ilegal o abusiva esa nacionalización, es totalmente contrario a derecho. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes, quien declara y dice qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, solamente es un juez. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar lo que es legal y lo que es ilegal. 

—¿Qué consecuencias puede tener esto de devolver a privados algo estatal?

—Actualmente el Estado boliviano tiene cuatro juicios de arbitraje internacional por otras nacionalizaciones, y si hoy el propio Gobierno de Bolivia está afirmando que simple y llanamente la decisión del Estado de hacer una nacionalización es un acto de ilegalidad, automáticamente esta declaración va a ser utilizada contra el país en esos cuatro juicios arbitrales, que son por la suma de más de dos mil millones de dólares. Y, además, puede tener un efecto dominó: hay otras empresas que están en ciernes de iniciar juicios arbitrales por lo mismo. De manera que esta decisión no puede tornarse de manera precipitada.

—Murillo se le puso al frente.

—Esos dos aspectos desencadenaron la furia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue el propulsor de esta iniciativa de decreto rápido y que incluso se anticipó a declararlo en la efeméride cochabambina el 14 de septiembre.

Y le preciso yo: hasta el día de hoy (viernes 18), pese al anuncio, nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo; ningún ministro del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida.

—El jueves usted fue a la Asamblea a informar lo de los gases lacrimógenos. Dijo que el ministro Murillo no le informó nada, como sí lo hizo el de Defensa.

—Así es, la gota que rebasó el vaso del ministro Arturo Murillo fue el cumplimiento de otro deber constitucional por parte del Procurador. Ante la Comisión Mixta de la Asamblea que investiga el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, expresé que el 24 de junio inicié esta misma investigación dirigiendo un requerimiento procuradurial al ministro de Defensa, Fernando López, y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Cuando la Constitución, en su artículo 231 dispone que ninguna autoridad puede negar la documentación que la Procuraduría le exija, el Ministro de Gobierno, a más de cuatro meses de nuestro requerimiento, no ha presentado ni un solo papel; a diferencia del Ministro de Defensa, que presentó abundante documentación. Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes.

—¿Hay alguna forma de obligarle?

—El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos.

—¿No hubo ninguna respuesta, aunque sea verbal?

—Por las actuaciones del Procurador en el caso ENDE y en el caso Gases lacrimógenos, el ministro Murillo está furioso contra el Procurador y le ha requerido a la Presidenta del Estado la remoción de esta autoridad.

—¿Tendrá que ver todo esto con otros casos que investigó?

—Cabalmente ayer (jueves) he firmado y concluido la otra investigación del caso de corrupción que conmocionó al país, el de Respiradores españoles. El 20 de mayo, la Procuraduría inició su propia investigación jurídica y apolítica. Se ha recopilado más de ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones, y se ha encontrado hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción a 13 personas, funcionarios públicos y particulares. Ayer he firmado ese dictamen y lo he presentado al Fiscal General del Estado, al Fiscal Departamental de La Paz, a la comisión investigadora de fiscales, a la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga también el tema, al Ministro de la Presidencia, al Ministro de Justicia, a la Ministra de Relaciones Exteriores, a la Ministra de Salud y al Director de la AISEM. Y en unas horas más será subido a la página web institucional el dictamen del caso Respiradores españoles para que toda la ciudadanía tenga acceso a este trabajo de investigación.

—¿Otros casos que esté investigando?

—También tenemos en curso una investigación respecto a YPFB. Al margen de ello tenemos casos, que no son de investigación pero son de gran interés. En unos días más, el 28 de septiembre tenemos la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del derecho humano a la elección indefinida. Luego, hace escasos días el presidente de la Corte Penal Internacional ha remitido el caso de lesa humanidad cometido en agosto a la sala de cuestiones preliminares, está avanzando. Y, más importante aún, tenemos once juicios por el fraude electoral; estamos en vísperas de que se presente el requerimiento acusatorio para que pase el caso a juicio. Es amplia la agenda de la Procuraduría y lastimosamente autoridades como el ministro Arturo Murillo se han sentido tremendamente incomodadas y están furiosas por nuestras actuaciones. 

—¿Este 28 de septiembre es usted quien debe ir a la Corte IDH?

—El 28 estamos acreditados dos representantes del Estado boliviano, el Procurador Gneneral, que es el abogado del Estado, y nuestro embajador en San José de Costa Rica, donde tiene su sede la Corte IDH, el abogado constitucionalista William Herrera Áñez. Ambos tenemos que formular el alegato ante la Corte.

—¿Qué vendrá, Procurador? Murillo es Murillo. ¿En qué prevé que resulte todo esto?

—En lo personal, me es absolutamente indiferente el desenlace del tema. Jamás solicité este cargo, ni me aferro al mismo; y no es de interés público estos aspectos personales. Pero lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales. La afectación de una empresa nacional estratégica, como ENDE, a través de decretos por vía rápida, que hasta ahora ningún ministro se anima a firmar, porque sabe que constituye daño económico al Estado, o el hecho de no aclarar actos de corrupción, obstaculizar el desempeño normal de las instituciones que tienen facultades para investigar, son aspectos que tienen que preocuparnos a todos los ciudadanos. Yo cumplo con mi deber de ponerlos a conocimiento de la opinión pública para que cada boliviano y boliviana emita su propio criterio.

José María Cabrera Dalence. Acerca de la “devolución” de acciones. No hay que disfrazar las cosas, demanda el ahora exprocurador. Si un bien pasa de propiedad privada a pública, se llama estatización o nacionalización; si va de lo público a lo privado, es privatización.

Datos

Nombre: José María Cabrera Dalence

Profesión: Abogado, con maestría en Derecho Constitucional.

Ocupación: Hasta el viernes 18, Procurador General del Estado

Perfil

Fue asesor legal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. También fue Árbitro del Centro de Conciliación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Murillo anuncia un juicio contra el exprocurador, ahora como ‘persona particular’

El Ministro de Gobierno se expresó molesto por las acusaciones de José María Cabrera, que consideró infundadas “todo el fin de semana”.

/ 21 de septiembre de 2020 / 21:02

El procurador José María Cabrera destituido este viernes, en una entrevista con La Razón pasada.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que llevará a estrados judiciales al exprocurador general del Estado  José María Cabrera por las presuntas acusaciones que éste hizo en su contra, pero como a un “particular”.

“Creo que en lo que vamos a terminar es viéndonos en la justicia”, anunció la tarde de este lunes Murillo en declaración a radio Panamericana, en referencia a Cabrera. Él “tendrá que demostrar todas las acusaciones que ha hecho contra mí durante todo este fin de semana”, añadió.

Murillo consideró que hay «periodistas entre comillas» que le “acusan y acusan”, pero que están protegidos por la Ley de Imprenta. Con Cabrera es otra cosa, siendo éste un “particular”.

“Está bien que yo me calle ante las acusaciones de algunos periodistas entre comillas, que acusan y acusan, pero como son periodistas, tienen el Tribunal de Imprenta, qué se yo; entonces, ni los miro. Pero ya una persona particular que venga hacer acusaciones, va a tener que demostrar las acusaciones que ha hecho, puesto que son graves, y uno no puede ir por la vida difamando a las personas; eso no lo voy a permitir”, aseveró el ministro.

La Razón trató de obtener la respuesta del exprocurador, pero no tuvo éxito.

Entre las acusaciones “de todo este fin de semana” acaso estén las que publicó ayer domingo el suplemento Animal Político de La Razón, en una entrevista con Cabrera.

Allí, el exprocurador afirmó que Murillo, al impulsar la “privatización” de una parte de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la “devolución” de acciones de ELFEC (Cochabamba) estatizadas en 2010, generó la omisión de importantes procedimientos propios de un cambio de razón social, de propiedad, de dichas acciones: de lo públicas que son hoy día a privadas que pueden ser mañana.

“Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo”, destacó Cabrera a este suplemento.

Si ha sido abusiva la nacionalización de las acciones de ELFEC hace 10 años, si fue una confiscación, como ahora se aboga, Cabrera insiste en que decir si eso fue o no legal no le corresponde al Órgano Ejecutivo, ni a este ni al que venga, sino a un juez.

Y sí, Cabrera afirmó que Murillo, con su accionar en el caso ENDE, pretende saltarse la Constitución y las leyes: “Lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”.

En relación al caso de la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos a fines de 2019, el exprocurador, aparte de matizar que esto fue lo que puso “furioso” al ministro, denunció que Murillo no respondió “ni con un solo papel” el “requerimiento procuradurial” que la Procuraduría General del Estado le hizo llegar el 24 de junio de 2020. El Ministerio de Gobierno no lo hizo, como sí lo hizo el Ministerio de Defensa, remarcó en la entrevista con este medio.

Aquí también la exautoridad señala a Murillo de incumplir la ley: “Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes”.

Es más, la anterior semana, al cumplirse el plazo de espera sin respuesta de parte de Murillo, Cabrera, en su calidad de Procurador, le mandó un nuevo requerimiento: “El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos”, destacó el ahora exfuncionario.

En Panamericana, Murillo también dijo (algo que ya había señalado antes) que Cabrera “se ha metido y ha tenido reuniones con el MAS, y lo vamos a demostrar”, que por eso “él no ha actuado en defensa del Estado, ha actuado políticamente”, y que le “ha mordido la mano de quien le ha dado de comer”, o sea, a la presidenta Añez.

Como se apunta en la entrevista con Animal Político, el 4 de septiembre, hace apenas dos semanas, Cabrera presentó nada menos que en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, una denuncia contra el líder del MAS, Evo Morales (junto con al ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi) por delitos de lesa humanidad.

Si bien varios juristas no están de acuerdo en absoluto con este proceso en la CPI, Cabrera lo hizo a nombre del Estado boliviano, del gobierno transitorio de Añez.

En la entrevista, el exprocurador también recordólas “ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones” que recopiló la Procuraduría para establecer su propia acusación por el “fraude” electoral de 2019, donde “se ha encontrado —dijo Cabrera—  hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción en 13 personas, funcionarios públicos y particulares”.

(21/09/2020)

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Procurador: Hasta el día de hoy no se conoce el decreto de devolución de acciones de Elfec

José María Cabrera reveló que es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien, saltando procedimientos, impulsa la polémica medida.

/ 18 de septiembre de 2020 / 12:31

El procurador José María Cabrera, en una entrevista pasada con La Razón.

En declaraciones a La Razón, el procurador general del Estado, José María Cabrera, reveló que hasta este viernes no se conoce el texto del decreto supremo por el cual se devolvería las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) expropiadas en 2010 a sus socios privados.

Al calificar la medida de una afectación al patrimonio estatal, el funcionario reveló que el trámite fue impulsado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

“Hasta el día de hoy, pese al anuncio (de dicha devolución), nadie conoce el texto del supuesto decreto supremo”, señaló Cabrera.

El lunes 14, en el aniversario de Cochabamba, la presidenta interina Jeanine Añez dijo en esa ciudad que la norma está siendo elaborada por el Ministerio de Energías.

En declaración al periódico Los Tiempos de Cochabamba, también este viernes, el gerente de Elfec, Jaime Doria Medina Claros, aclaró que aún espera el decreto y su reglamentación. “No tengo otra información a la que ha dado la Presidenta”, dijo.

Para el procurador Cabrera, la demora no se debe solo a un trámite administrativo; sino que existe el impedimento legal y económico de fondo que implica la reversión de una estatización o nacionalización efectuada hace diez años.

El funcionario señaló que la medida fue objetada hace tiempo por la Procuraduría General del Estado en las reuniones técnicas que se llevan adelante para aprobar un decreto.

Se cuestionó, dice, que se haya actuado omitiendo varios procedimientos legales, imprescindibles dada la magnitud del caso, pero además, se reclamó que fuera el ministro Murillo, que no es del área, quien haya sido el protagonista de dicha iniciativa.

“La Procuraduría formuló la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, como es el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? No se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa determinación. Se aplicó un procedimiento llamado ‘procedimiento rápido’, que es destinado a otras cosas mucho más sencillas, en el caso de ENDE es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo. Estos son aspectos de forma que nunca fueron aclarados ni contestados”, destacó Cabrera a este medio.

Pero el procurador insiste también sobre las consecuencias económicas que implica esta “privatización” del patrimonio estatal. 

“Y finalmente, ya de fondo, es la afectación del patrimonio del pueblo boliviano. Usted sabe que ENDE es una empresa nacional estratégica, de manera que la iniciativa de retrotraer una nacionalización y volver nuevamente a manos privadas amerita una tramitación transparente, y no disimulada, disfrazada”, afirmó.

Para Cabrera, la situación es incierta, pues —asegura— en el propio gabinete de ministros existe una desazón sobre la viabilidad y pertinencia de la medida:

“Ningún ministro de Estado del gabinete se anima a firmar ello porque están conscientes de los graves daños económicos al Estado boliviano que ocasionaría esta medida; hasta el día de hoy, reitero, no existe el texto del decreto supremo”, destacó.

Cabrera afirmó que el ministro Murillo está “furioso” contra él por esta su oposición a la devolución de las acciones de Elfec a privados.

“Es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como es el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”, concluyó la autoridad.

El jueves, desde la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría General del Estado, se informó que el procurador Cabrera está “a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso de gases lacrimógenos”.

“Para José María Cabrera devolver acciones a ELFEC no es más que una privatización que atentaría contra los intereses del Estado”, se develó.

(18/09/2020)

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El MAS concentra su programa en la ‘reconstrucción económica’ del país

Inversión pública, manejo de la deuda externa e interna, desempleo e industrialización son los ejes de un “Plan de acción” inmediato, adelantó el candidato Luis Arce Catacora.

/ 17 de septiembre de 2020 / 12:29

Luis Arce explica su plan en conferencia de prensa. Foto: José Lavayén-La Razón

El Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó este jueves 17 la actualización de su programa de gobierno, bajo la forma del “Plan de acción Vamos a salir adelante. Nuestra mirada para Reconstruir Bolivia”.

La exposición del plan estuvo a cargo del candidato presidencial Luis Arce Catacora.

Partiendo de la premisa de que el gobierno de transición en 10 meses “cambió el modelo económico, reestableció el viejo modelo neoliberal y desechó el modelo comunitario que dio crecimiento económico por 14 años”, Arce enfatizó que la tarea de un gobierno del MAS será la reconstrucción económica.

“Se paralizó la inversión pública y, por tanto, la economía empezó a caer drásticamente, no por la pandemia, sino desde noviembre del año pasado”. Así, el déficit fiscal para este año, adelantó, será de 12,1%, cuando hasta noviembre de 2019 el déficit fiscal era del 5,2%, terminando el año con más del 8%.

Otro gran problema que se deberá encarar, insistió Arce, es el desempleo. “Nosotros dejamos (la tasa de desempleo) más o menos en 4,2% en noviembre del año pasado y ahora el desempleo está casi 12%, quiere decir que el desempleo en este periodo aumentó por tres veces; asimismo fue aumentando la pobreza”, protestó el candidato.

“Todos los avances que habíamos hecho hasta ahora están retrocediendo por la aplicación de malas políticas económicas y sanitarias”.

Adelantó que de ser gobierno impulsará una estrategia adicional de generación de empleo enfocado a las empresas privadas. “Vamos a relanzar con mucha más fuerza nuestro programa de Mi Primer Empleo que tuvo éxito y este gobierno ha desechado”, remarcó.

Un tema aparte en la exposición del plan de acción fue el litio: “Nuestro plan maestro de industrialización del litio con soberanía, es otro de nuestros proyectos estrella. El único partido que garantiza que los bolivianos seguirán en posesión de sus recursos naturales, es el nuestro”, afirmó.

Prometió el desarrollo de “41 industrias relacionadas con el litio”.

En relación al aspecto financiero, el candidato advirtió no solo del incremento acelerado de la deuda externa en manos del gobierno interino, sino también de la deuda interna: “Nadie habla de la deuda que está contrayendo este Gobierno con el Banco Central de Bolivia, poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica”, dijo.

Habló de dejar de pagar intereses y capital de la deuda externa por dos años, para destinar estos recursos a proyectos de inversión: “Tenemos que hacerlo prioritariamente para garantizar la producción de empleo en el país, y no redirigir esa deuda para el gasto corriente”.

Arce adelantó algunas medidas, como disminuir el Impuesto del Valor Agregado (IVA), cuando el pago se lo haga con tarjeta de débito o de crédito.

En salud, el candidato señaló que contra el COVID-19 habrá brigadas médicas distribuidas en todo el país, el monitoreo vía WhatsApp para pacientes que manifiesten síntomas leves; “El Estado va a garantizar la provisión e importación de medicamentos y se creara la empresa estatal de fármacos”, prometió.

Sobre educación, adelantó un nuevo congreso educativo. “El Primer Congreso Plurinacional de Educación; aquí necesitamos discutir entre todos y con todos los involucrados qué cosa y cómo vamos a resolver este problema que nos está dejando este Gobierno, la clausura del año escolar y por tanto el retraso que tenemos en el tema educativo”.

“Vemos con cautela todo tipo de propuestas. Sabemos que la propuesta del MAS es la única que ofrece al país alternativas que son ampliamente aceptadas. Estamos atravesando una crisis profunda, económica, que requiere soluciones profundas”, concluyó.

Al final, Arce habló de enmendar los errores que el MAS cometió en su gestión de gobierno: «Hay que aprender de lo bueno y de lo malo que ocurrió en nuestro gobierno. El proceso de cambio debe continuar fortalecido, revitalizado, pero es una necesidad imperiosa si el país quiere salir adelante. Hemos cometido errores y los vamos a enmendar”, dijo.

(17/09/2020)

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Encuesta a 16.000 personas en el país ratifica a Luis Arce como posible ganador de los comicios

Carlos Mesa sigue siendo segundo; la sorpresa es Luis Fernando Camacho, que se ubica tercero, y desplaza al cuarto lugar a Jeanine Áñez.

/ 16 de septiembre de 2020 / 14:44

La encuesta de mayor alcance hecha hasta ahora ratifica a Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), como ganador de las elecciones del próximo 18 de octubre.

La consulta abarca a 16.000 encuestados en todo el país, en área urbana y rural, y fue patrocinada por “Tu voto cuenta”, un colectivo de al menos 27 instituciones, entre las que se encuentran el sistema universitario estatal, la Fundación Jubileo, Cipca, medios radiales, entre otros.

En promedio, las anteriores encuestas tenían un universo de 2.000 personas consultadas.

Aparte de reiterar el primer lugar para el MAS, una de las mayores novedades de la consulta es el desplazamiento de Jeanine Áñez (alianza Juntos) al cuarto lugar, cuando en todas las encuestas anteriores figuraba tercera.

En el trabajo de Tu voto cuenta, a nivel nacional Luis Arce logra 29,2% de la preferencia electoral; como en anteriores consultas, segundo está Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), con 19%.

La sorpresa es el postulante de Creemos, el excívico cruceño Luis Fernando Camacho, que se ubica tercero con 10,4%; Áñez fue desplazada al cuarto lugar con apenas 7,7%.

El quinto lugar lo sigue ocupando el candidato del Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, con 3,2%, y persiste en el sexto puesto Jorge Quiroga, postulante de Libre 21, con 2% de la preferencia electoral.

Como en las anteriores encuestas, en la consulta de Tu voto cuenta también van últimos la candidata de Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, con 0,6%, y Feliciano Mamani, del Partido Acción Nacional Bolivia (PAN-Bol), con 0,4%.

En la consulta presentada a mediodía este miércoles en Televisión Universitaria, no dejan de llamar la atención los votos que no van por ningún candidato: hay 7,1 % de votos blancos; 10,6% de nulos; y, 9,8% del segmento no sabe/no responde.

En el trabajo elaborado por Tu voto cuenta, sus técnicos practicaron la desagregación de los votos válidos (los que van para algún candidato, dejando de lado a los blancos, nulos y a quienes no respondieron).

Aquí, solo viendo los votos válidos, las cifras varían significativamente, por lo menos para los dos primeros. Arce gana con 40,3%; segundo es Mesa, con 26,2%; le sigue Camacho, con 14,4%; cuarta es Áñez, con 10,6%; en quinto lugar se ubica Chi Hyun Chung, con 4,4%; la sexta posición será para Quiroga, con 2,8%. Séptima en la preferencia electoral está De la Cruz Bayá, con 0,8%; y, octavo, Mamani, con 0,6%.

Tu voto cuenta también ofrece la intención de voto según se trate del área urbana o de la rural. Ratifica el gran peso que en el voto por el MAS tiene el área rural.

Así, en la intención del voto urbano, la preferencia es como sigue: 26,6% para Arce; 20,7% para Mesa; 11,5% para Camacho; 8,3% para Áñez; 3,3% para Chi Hyung Chung; 2,3% para Quiroga; 0,6% para De la Cruz Bayá; y, 0,4% para Mamani.

En el área rural se confirma la supremacía masista: Arce alcanza 38,5%; Mesa, 12,9%; Camacho, 6,7%; Áñez, 5,5%; Chi Hyung Chung, 2,6%; Quiroga, 1%; Mamani, 0,5%; y, De la Cruz Bayá, 0,4%.

(16/09/2020)

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