El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentó este viernes ante la Fiscalía de La Paz la denuncia penal contra la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, por los delitos, según alegó, de “prolongación” y “usurpación de funciones”. Según el régimen transitorio, el cargo de Cruz debió terminar el 30 de abril de 2019.
El alegato no es nuevo. En un comunicado emitido la semana pasada por la Defensoría del Pueblo, esta oficina rechazó la pretensión gubernamental al señalar que para argumentar el cese de funciones de la Defensora el 30 de abril del año pasado, el Gobierno “invoca normativa no vigente, como la Constitución abrogada o sentencias constitucionales que no son análogas con el actual cargo de la Defensora Cruz”.
Según el Gobierno, Cruz ejerce ilegalmente la función de Defensora del Pueblo desde mayo de 2019. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseveró que el interinato de Cruz terminó el 30 de abril de 2019, pues, siendo designada el 30 de enero de ese año, su mandato debió haber concluido, 90 días después, o sea, el 30 de abril.
Uno de los argumentos que el Gobierno usa para decir que el mandato interino de Cruz debía durar sólo 90 días es la Sentencia Constitucional SC 218/204.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo en el citado comunicado señala que dicha sentencia (SC 218/2004) corresponde a un caso referido a designaciones interinas en la Aduana Nacional en 2003, las cuales evidentemente vulneraron la Ley de Aduanas de ese entonces, pero que es un “aspecto que no guarda relación con la designación de Nadia Cruz en el cargo de Defensora del Pueblo”.
Tras anunciar la demanda contra Cruz, Núñez ratificó que el Órgano Ejecutivo desconoce la autoridad de la Defensora, por lo que se niega a brindarle la información que esta requiere.
Ante este hecho, Cruz destacó que con esta actitud la presidenta Jeanine Añez se expone a un juicio de responsabilidades “por rehusar a colaborar” con la Defensoría del Pueblo. “No vamos a escatimar ningún recurso legal para defender los derechos humanos de la población y para defender la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo”, apuntó Cruz la tarde de este viernes.
Defensora
Anunció la presentación de otra demanda penal por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes por impedir a estorbar funciones y sedición en contra de Núñez y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien también antes había expresado su desconocimiento de la funcionaria.
“En caso de que la Presidenta continúe, a través de sus ministros, rehusar dar información a la Defensoría del Pueblo, voy a pedir juicio de responsabilidades, porque no va a obstaculizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo”, insistió Cruz.
Según los documentos expuestos por Núñez, la denuncia ante el Ministerio Pública fue presentada por los abogados de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia Bernardo Cañaviri y Davis Cárdenas a nombre del ministro. Consideran que Cruz es parte de los servidores públicos bajo carrera administrativa.
Al respecto, la Defensoría recordó que los artículos 168, numeral 8, 219, 220 y 221 de la Constitución, concordantes con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 870 de la Defensoría del Pueblo, establecen que el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo es de directa designación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “En consecuencia, no forma parte de la carrera administrativa y, por lo tanto, no le alcanza la limitación de interinato de 90 días”.
Cruz fue designada Defensora del Pueblo interina por la Asamblea Legislativa el 30 de enero de 2019, tras la renuncia del exdefensor David Tezanos Pinto.
(24/07/2020)