Nacional

miércoles 28 jul 2021 | Actualizado a 19:33

Disidentes con la forma, dos vocales del TSE piden a la Asamblea validar la nueva fecha de las elecciones

A pesar de la resolución de la sala plena, la vigente Ley 1304, de Postergación de Elecciones 2020, fija el 6 de septiembre como fecha de los comicios.

Una imagen de la Sala Plena del Tribuna Electoral. Foto: RRSS

/ 25 de julio de 2020 / 09:41

Un día después del anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de postergar las elecciones generales para el 18 de octubre, dos vocales revelaron su disidencia en sentido de que la decisión debería ser homologada por la Asamblea Legislativa.

El vocal Francisco Vargas hizo saber en su cuenta de Twitter que la Ley 1304, de Postergación de Elecciones Generales 2020, aún está vigente y que una eventual modificación de la fecha de los comicios amerita la aprobación de una nueva ley por parte de la Asamblea Legislativa.

“La decisión de ayer de la Sala Plena del @TSEBolivia no tuvo el consenso deseado. Expresé mi disidencia por la no remisión de un proyecto de Ley a la ALP que modifique la Ley 1304 (Ley Vigente) que fija un rango máximo de fechas hasta el 6/9 para la relación de las elecciones”, escribió la autoridad electoral.

Otro vocal, Daniel Atahuichi, también discrepó con la forma de modificación de la fecha. Ambos mandaron una carta a la senadora Eva Copa, titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, en la que piden la modificación de la 1304, de Postergación de Elecciones Generales de 2020, para la validación del 18 de octubre como fecha de la votación.

“Lo que buscamos es que con una ley se modifique la Ley 1304 que se encuentra vigente. Ése es el punto central de nuestro desacuerdo. No la fecha de elecciones”, explicó Vargas a La Razón.

La copia de la carta a la Asamblea Legislativa facilitada a La Razón.

La posición de Vargas y Atahuachi discrepa con la expresada por el presidente del TSE, Salvador Romero, quien, al presentar el jueves la resolución de Sala Plena, aclaró que la modificación de la fecha de las elecciones no requiere de la aprobación de la Asamblea Legislativa. “Esta resolución es suficiente para el organismo electoral, para fijar esta nueva fecha; esta resolución no requiere una aprobación por la Asamblea Legislativa”, respondió el vocal a la consulta de los periodistas sobre el asunto.

“Creemos que para modificar la fecha se requiere de una ley para que el proceso electoral no tenga vicios de nulidad”, insistió Vargas, quien consideró que “ése debe ser el camino para garantizar elecciones en el marco de un estado de derecho”.

Suspendido el calendario electoral de las elecciones del 3 de mayo debido a la emergencia sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus en el país, el TSE buscó sin éxito la modificación de la ley para la postergación, a través de la Asamblea Legislativa, de la votación para septiembre. Al contrario, el Órgano Legislativo, con dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), sancionó la Ley 1297, que definió el rango de tiempo para los comicios hasta el 2 de agosto.

La Ley 1304

La ley, observada por la presidenta Jeanine Áñez, finalmente fue promulgada por la titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, del MAS. Dicha acción fue cuestionada por el oficialismo, al punto de ser denunciada ante el Tribunal Constitucional en razón de que supuestamente atenta contra la salud de los bolivianos.

Ante los disensos sobre el tope de los comicios coincidentes con la emergencia sanitaria y un eventual pico de contagios en ese lapso de tiempo, el TSE acordó con la mayoría de las fuerzas políticas una nueva fecha de la votación, el 6 de septiembre, que se expresó en un proyecto de la ley presentado a la Asamblea Legislativa.

Finalmente, los legisladores sancionaron la ley y Áñez, todavía con muchos reparos, tuvo que promulgarla. Es la vigente Ley 1304, que fija los comicios para el primer domingo de septiembre.

En el anuncio de la postergación de las elecciones, Romero aclaró por qué el TSE tuvo que acudir a la Asamblea Legislativa en dos ocasiones anteriores, en marzo, primero, y entre mayo y junio, después. “Nos pareció en ese momento importante como señal para el país que este consenso quedara reflejado en la promulgación de leyes. Sin embargo, el TSE tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la fecha de la elección”, insistió.

Áñez y el MAS

En su primera reacción sobre la nueva fecha de las elecciones Añez también sugirió la validación de la modificación en el Órgano Legislativo. “Cumpliremos la fecha que el @TSEBolivia y la Asamblea fijen para las elecciones”, dijo en un tuit el jueves.

Para el MAS, de mayoría en la Asamblea Legislativa, la decisión del TSE rebasa sus competencias. Así, se desata una pugna de poderes.

El jefe de campaña de ese partido y expresidente Evo Morales afirmó este sábado que esa acción implica otro acto golpista. “En las dos oportunidades en las que se modificaron los plazos para las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral envió notas a la Asamblea Legislativa poniendo en consideración de ésta esas modificaciones. Ahora lo hace unilateralmente, dándole un golpe a la democracia”, escribió en Twitter.

El TSE definió la votación para el 18 de octubre y una eventual segunda vuelta, para el 29 de noviembre. Además, adelantó que la posesión de las nuevas autoridades de los órganos Legislativo y Ejecutivo debería ser en diciembre.

(25/07/2020)

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Justicia falla contra consejeros Gómez y Alcón por nepotismo, convocan a sus suplentes

Un recurso de cumplimiento salió en contra de los consejeros de la Magistratura Dolka Gómez y Gonzalo Alcón por denuncias de nepotismo

Los consejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón

/ 28 de julio de 2021 / 18:21

Crisis en el Consejo de la Magistratura. Los consejeros Dolka Gómez y Gonzalo Alcón serán cesados en sus funciones debido a un fallo en una acción de cumplimiento por una denuncia de nepotismo o incompatibilidad, por lo que la presidencia de la Magistratura convocó a sus suplentes.

El recurso, presentado por Tito Norman Romero, determinó que los magistrados Gómez y Alcón sabían que incurrían, desde el momento que postularon al cargo, en nepotismo al tener parentesco “matrimonial y consanguíneo” con un juez y el titular de la Escuela de Jueces.

“Tenían conocimiento que incurrían en causal de incompatibilidad”, refiere el fallo divulgado por la red Gigavisión y que además instruye al presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, cumplir con la ley del Órgano Judicial y convocar a sus suplentes.

El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, sostuvo que la “Acción de Cumplimiento promovida por la verificación de actos de nepotismo en los dos consejeros que incurrieron en una prohibición constitucional, es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Corresponde a la Presidencia del Consejo de la Magistratura actuar en consecuencia”.

Michel ya habría citado a los suplentes Marvin Molina y Sandra Cinthia Soto, entretanto se dilucide la situación de los consejeros cuestionados, reportó Correo del Sur.

El comunicado del Ministerio de Justicia, salió luego que Gómez acusara al ministro de Justicia, Iván Lima, de haberle ofrecido dejar su cargo. “Denuncio acoso, amedrentamiento, persecución y violencia de género del ministro de Justicia, Iván Lima, y de su viceministro, César Siles”, denunció.

“Con su funcionario me ha ofrecido un cargo en alguna embajada en el exterior y a cambio de eso, mi renuncia”, insistió.

El Ministerio de Justicia rechazó la denuncia.

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Envían a la cárcel al excomandante de la Armada, ya suman 5 militares presos por caso Senkata

Se trata del almirante Moisés Orlando Mejía. La Justicia determinó su detención por seis meses en el caso abierto por las víctimas de Senkata

El excomandante general de la Armada Boliviana almirante Moisés Orlando Mejía

/ 28 de julio de 2021 / 16:35

El excomandante de la Armada, almirante Moisés Orlando Mejía, fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz por los hechos de violencia y muerte ocurridos en noviembre de 2019 en Senkata, El Alto. Deberá estar recluido por seis meses.

Con Mejía suman cinco los militares procesados por los hechos de Senkata, donde perdieron la vida 10 personas y decenas fueron heridas por impactos de bala en la intervención policial y militar a un cerco tendido a la planta de hidrocarburos por sectores afines al expresidente Evo Morales.

Detrás de la Verdad informó vía su muro de Facebook de la decisión tomada en contra del almirante que fue designado comandante de la Armada por la expresidenta Jeanine Áñez, quien se encuentra en la cárcel por el caso “golpe de Estado”.

Además de Mejía, están en la cárcel los generales Iván Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; el general Franko Suárez Gonzales, comandante de la primera División Mecanizada, el coronel Julio Tamayo Rivera, subjefe de operaciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas; y el general Pablo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor de las FFAA.

También fue enviado a la cárcel Luis Fernando Valverde Ferrufino, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Es un general de Ejército que fue acusado de haber tomado el mando de grupos de militares en esa jornada de violencia.

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Choquehuanca dice que en el gobierno de Áñez se vivió ‘un año nefasto y de oscuridad’

La autoridad señaló que nadie puede negar los “grandes avances del proceso de cambio”.

Por Edwin Condori

/ 28 de julio de 2021 / 16:34

El presidente en ejercicio David Choquehuanca afirmó este miércoles que en el gobierno de Jeanine Áñez (noviembre de 2019-noviembre de 2020) se vivió un año “nefasto” y volvió a convocar a la unidad de los bolivianos porque considera que “todos tenemos que empujar en una sola dirección” al país. 

Durante un acto de anuncio de cumbres para la reactivación del aparato productivo, Choquehuanca, inicialmente, remarcó que el “proceso de cambio”, que se impulsó en el primer periodo de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), ha logrado “grandes avances” en educación, economía, inclusión social y otros temas. “Y eso nadie lo puede negar”, remarcó.

“Luego hubo una interrupción de la democracia (tras la crisis de 2019 que terminó con la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez) y hemos tenido un año nefasto, un año de incertidumbre, de tristeza, de persecución, de violación de derechos humanos, de oscuridad, de robo, de corrupción, de destrucción de la economía y de luto”, agregó.

Después, según su versión, gracias a los movimientos sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad, los jóvenes “autoconvocados”, se consiguió resistir ese  “golpe de Estado”.

Pues, “no nos dimos por vencidos (…) y hemos recuperado la democracia (en los comicios de octubre de 2020 con el triunfo de Luis Arce con más del 55% de votos aunque) ellos no querían elecciones, no querían autoridades legítimas”, señaló.

En ese sentido, la autoridad gubernamental remarcó que no hay que perder la memoria de todo lo que ha ocurrido porque es parte de la reciente historia del país.

Pero “tampoco tenemos que perder la esperanza (porque) tenemos un enorme potencial para garantizar el bienestar de todos los bolivianos; (sin embargo, después de) recuperar la democracia, (ahora) nuestra responsabilidad es cuidarla” organizándonos y planificando, sostuvo.

Para ello —de acuerdo con Choquehuanca— todos tienen que participar, incluso las universidades porque tienen que reflexionar y aportar para “ser parte de este proceso de cambio y de la construcción de la unidad”. 

“Y desde nuestras organizaciones matrices (también) tenemos que apoyar y aportar a construir la unidad de todos los bolivianos, (porque) todos los bolivianos tenemos que empujar en una sola dirección a nuestra Bolivia”, puntualizó.

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El Gobierno informa que se recuperó $us 820.000 del caso gases lacrimógenos

Del Castillo anticipó que el dinero recuperado será destinado a niños con cáncer y a otros grupos vulnerables.

El dinero recuperado. Foto: Ministerio de Gobierno.

/ 28 de julio de 2021 / 16:11

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que se recuperó parte del dinero que supuestamente fue robado en el proceso de adquisición de gases lacrimógenos en la gestión de Jeanine Áñez y que estaba invertido en proyectos inmobiliarios. 

“Hemos recuperado parte del dinero que el clan mafioso del gobierno de Áñez robó al pueblo boliviano en el caso gases lacrimógenos”, anunció Del Castillo en una conferencia de prensa, en la que precisó que un grupo inmobiliario ya hizo la devolución de $us 820.000.

“Aquí tengo una carta dirigida a mi persona por parte de representantes de esta empresa, a través de la cual hacen conocer a mi persona la remisión y restitución de 820.000 dólares, que ya fueron recuperados para el pueblo boliviano y lo podemos ver aquí físicamente”, señaló la autoridad.

También puede leer: Caso Murillo: Gobierno revela que dinero de la corrupción se invirtió en proyectos inmobiliarios.

El principal involucrado en este caso es el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien al momento se encuentra detenido en Estados Unidos, precisamente, acusado por presunto lavado de dinero y pago de sobornos que se habrían realizado en la compra de gases lacrimógenos, que demandó a Bolivia $us 5,6 millones y que –según investigaciones realizadas en ese país— tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Pero nosotros, “desde diciembre de la gestión 2020, hemos denunciado 30 casos de irregularidades y de corrupción en la gestión del señor Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno por más de 156 millones de bolivianos; y solo uno de ellos es el caso gases y lavado de dinero, que tomó relevancia internacional”, añadió Del Castillo.

Además, indicó que el Gobierno, basándose en los antecedentes expuestos en EEUU, realizó diferentes pesquisas junto a la Unidad de Investigaciones Financieras para saber dónde fue el dinero “que se robaron de las arcas del Estado”.

Es así que se logró detectar “que el señor representante de la empresa Bravo Tactical Solutions, Luis Berkman, realizó dos depósitos al señor (Philip) Lichtenfeld el 15 de abril y 20 de abril de 2020 por 500.000 dólares y 320.000 dólares, respectivamente”, explicó.

Asimismo, según la autoridad, luego ese dinero había sido depositado por Lichtenfeld en un grupo inmobiliario en el departamento de Santa Cruz.  Pero ahora, “estos recursos (recuperados) aún no podemos utilizar de forma inmediata hasta que así lo determine la justicia boliviana, sin embargo, adelantamos que, por instrucciones del presidente Luis Arce (…), será destinado a niños con cáncer y otros grupos vulnerables”, puntualizó.

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La Fiscalía revela que la pericia sobre las elecciones de 2019 costó unos $us 30.000

Un grupo de investigación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca realizó la pericia, que ahora es cuestionada por sectores de la oposición política.

Edwin Quispe, secretario de la Fiscalía General del Estado.

/ 28 de julio de 2021 / 13:22

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este miércoles que la pericia internacional realizada a las elecciones anuladas de 2019 tuvo un costo aproximado de $us 30.000.

“El precio cancelado es de 216.000 bolivianos y fracción, lo que más o menos, convertido en dólares, son aproximadamente 30.000 dólares que se han pagado”, dijo Quispe en conferencia de prensa.

El Ministerio Público —en el marco del caso Fraude Electoral, que investigó las presuntas irregularidades en los comicios del 20 de octubre de 2019— realizó el proceso de contratación de una consultora internacional con el objetivo de que realice una “pericia en el área de seguridad informática y administración de redes” para el análisis de integridad electoral de las mencionadas elecciones.

Es así que el 15 de abril de 2021 —según información de la Fiscalía General— entre varios proponentes se designó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), para realizar la pericia requerida “al verificar que cuentan con la suficiente capacidad técnica, científica y la idoneidad necesaria”.

El trabajo pericial, después de tres meses, concluyó con la emisión de un informe de análisis de integridad electoral, que tiene una extensión de más de 230 páginas y cuyas principales conclusiones fueron dadas a conocer ayer por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

En ese sentido, Lanchipa destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.

Sin embargo, este informe generó una serie de cuestionamientos de parte de los actores políticos de la oposición porque consideran que es una “burla” e incluso creen que fue elaborado a medida del expresidente Evo Morales para lavar su imagen tomando en cuenta que él fue apuntado en su momento como uno de los supuestos impulsores del presunto fraude electoral.

Quispe, ante los cuestionamientos, respondió que el Ministerio Público no mezcla lo político con el trabajo técnico y defendió el informe del Grupo de Investigación.

“Hemos lanzado una convocatoria pública para que empresas consultoras se presenten y el grupo de investigación cumplió con todos los requisitos técnicos”, remarcó.

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