Nacional

lunes 26 jul 2021 | Actualizado a 16:36

El Gobierno oficializa ‘opinión consultiva’ a la Corte-IDH sobre la repostulación indefinida

La Procuraduría General del Estado, a nombre del país, pregunta al organismo internacional sobre el límite que tiene la repostulación como derecho político y humano.

El procurador general del Estado, José María Cabrera.

/ 27 de julio de 2020 / 13:17

El procurador general del Estado, José María Cabrera, informó que el Gobierno oficializó el pedido de “opinión consultiva” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la repostulación presidencial indefinida.

La solicitud fue planteada desde la perspectiva del alcance que tendría la repostulación indefinida como un derecho político. Es “sobre los límites permitidos en el ejercicio de los derechos políticos en democracia. El objetivo es que ese organismo internacional se pronuncie sobre el derecho humano a la reelección indefinida”, indica la nota de prensa de la Procuraduría General publicada este lunes.

Además, presentó un escrito relacionado “a una solicitud de la misma Corte respecto a la opinión consultiva presentada en 2019 por Colombia sobre la ‘figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’”.

Cuando el 21 de octubre de 2019, el Estado colombiano presentó su solicitud a la Corte-IDH, ésta, como un procedimiento regular, invitó “a todos los interesados a presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta”. Es a esta invitación que ahora responde el Gobierno boliviano. Lo hizo en el plazo límite, pues la Corte había determinado que dichas observaciones escritas máximo debían enviarse hasta el viernes 24 de julio de 2020.

Ambos requerimientos, señaló la entidad estatal, fueron remitidos al secretario ejecutivo de la Corte-IDH, Pablo Saavedra Alessandri, el viernes 24. Las preguntas que se plantean a la Corte-IDH, según la agencia estatal ABI, son:

1. ¿Puede considerarse a la reelección indefinida como un derecho humano o una restricción a los derechos políticos conforme a los artículos 23 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

2. El artículo 23 literal b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas”. ¿El hecho de que las elecciones deban ser periódicas auténticas constituye un límite o prohibición a la reelección indefinida de autoridades estatales?

3. A la luz de la Carta Democrática Interamericana, ¿la democracia representativa como modelo de gobierno restringe la reelección indefinida de autoridades en un Estado de Derecho?

4. ¿Qué grado de jerarquía tienen los resultados obtenidos a través de consultas populares o referéndums sobre la modificación del texto constitucional, con relación a la previsión que prohíbe la reelección presidencial indefinida, frente a las decisiones adoptadas por los Tribunales Constitucionales y Judiciales que dan curso a la reelección?

La solicitud de que la Corte-IDH emita su opinión acerca del tema se debe, subrayó la Procuraduría, “a las crisis políticas y electorales” que en Latinoamérica habrían generado los “gobiernos que promueven la reelección sin límites, algunos argumentando la necesidad de conseguir la eficacia en políticas públicas a largo plazo y otros reclamándola como un derecho humano”.

El procurador Cabrera recordó que el pedido a la Corte-IDH se suma al memorial que el 8 de enero presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), solicitándole la nulidad de la sentencia constitucional 084/2017, que viabilizó una tercera repostulación del expresidente Evo Morales en los comicios de octubre de 2019.

(27/07/2020)

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EL CENSO NO ES SOLO PARA REPARTIR ESCAÑOS Y PLATA

La información que se recoge sirve para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y sectorial.

Es una herramienta para ver cuántos somos y cómo estamos.

Por Iván Bustillos

/ 25 de julio de 2021 / 19:22

El punto sobre la i

El país está haciendo su tarea en cuanto a la regularidad de los censos. “En el siglo XXI estaríamos cumpliendo las recomendaciones internacionales de que cada 10 años hay que realizar un operativo, un recuento, inventario, de los recursos humanos del país y del hábitat de estas personas”, celebra el sociólogo especializado en estudios de población y docente universitario René Pereira Morató. En efecto, en el nuevo siglo se empezó con el censo de 2001, luego vino el de 2012 (que tuvo muchos cuestionamientos), y ahora se proyecta el del 16 de noviembre de 2022 (con una media de 10 años de distancia).

Hasta 2012 el país tuvo un total de 11 censos, informaba Pereira Morató en la revista Temas Sociales Nro. 35 (de julio de 2014) de la carrera de Sociología de la UMSA: cinco desde la creación de la república hasta 1900 (en 1831, 1835, 1845, 1854 y 1882), y seis desde 1900 a la fecha (en 1900, 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012).

“Bolivia no tiene una tradición censal”, asegura el sociólogo, lo que entre otras cosas “demuestra que el Estado boliviano le otorga muy poca importancia al dato poblacional para la planificación del desarrollo nacional, local, territorial y seccional”. El censo, en lo básico “hace un recuento, un inventario sincrónico, en un momento del tiempo, de cuántos somos y cómo estamos los bolivianos”. Una fotografía global por la que se conoce, entre otras cosas, las desigualdades en cuanto a vivienda y acceso a servicios, la base de la representación política (la distribución de escaños parlamentarios); la distribución de los recursos a través de la coparticipación tributaria; la movilidad interna, de departamento a departamento o de campo a ciudad o viceversa; la migración internacional (una pregunta incorporada en 2012 y que se debería volver a hacer en 2022, demanda Pereira Morató, para “saber si el flujo de bolivianos a la diáspora se ha intensificado o se ha mitigado”). “El censo sirve para la planificación del desarrollo, y no solamente para distribuir plata”, sentencia.

INNOVAR. Pero el censo también debería servir para innovar el conocimiento. Si bien ya se mide la migración interna en el país, para el registro de 2022, por ejemplo, dice el sociólogo poblacional, se debería incluir el tema de la “multilocalidad” (el hecho de trasladarse de la gente de un lugar a otro, por trabajo principalmente, pero sin cambiar de residencia); el caso de los alteños que “bajan” solo a trabajar a La Paz, o viceversa; “esto hay que dimensionarlo, para saber las presiones que esta población multilocal está ejerciendo en algunos muncipios”, destaca el especialista.

La boleta censal de 2022 debería, además, incorporar los nuevos temas, como el propio impacto del COVID- 19, la situación de la atención de la salud, el cambio climático, insiste.

Pero si hay algo de que el docente universitario está convencido, como lo estuvo en 2012 la unión de instituciones la “Ruta del Censo”, es que el operativo de registro de ese año fue, se lo dijo en su momento, “un censo fallido”. No solo, dice, porque se trató de un “censo autoritario, con una boleta censal vertical y poco o nada transparente”, sino también porque no se llevó adelante una tarea “precensal” fundamental: la actualización cartográfica, esto es, “el inventario de todos los predios, casas, viviendas, comunidades, edificios”. Se usó, dijo, la cartografía del censo de 2001 con algunos añadidos; todo lo cual, sin embargo, resultó insuficiente.

Al respecto, al anunciar la fecha del censo, el miércoles 21, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, dijo que el censo se desarrollará en tres etapas, antes, durante y después de la jornada de empadronamiento, “y tendrá en la actualización cartográfica una de las tareas más importantes”.

Ahora, si un efecto de mediano y largo plazo tiene el censo, esto es que sus resultados serán la base de futuras acciones de gestión pública. “Es un cúmulo de información, muy importante para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas”, destaca el politólogo Marcelo Silva.

Un mecanismo de recojo de información que, por lo demás, debe actualizarse permanentemente. Por ejemplo, afirma Silva, a propósito de la pandemia del coronavirus y su efecto en la vida diaria de la gente, en la boleta censal se tendría que ver la forma de incorporar la pregunta sobre el acceso real de los bolivianos a internet.

Por otra parte, el censo, en últimas, lo dice el politólogo, de lejos no se reduce a la distribución de recursos y escaños: “Es un error, definitivamente, concentrar la mirada en el hecho de la información estadística y poblacional, que va a permitir recursos y una nueva redistribución de escaños o de representación política”.

ESCAÑOS. Por lo demás, en lo relativo a los escaños parlamentarios (que teóricamente aumentarán por el incremento de población en ciertas regiones), Silva insiste en que toda discusión debe arrancar conociendo los resultados, ver si las proyecciones que se han hecho desde el censo de 2012 se cumplen. No está bien limpiarse la boca antes de comer, destacó a este suplemento: decir que ya se tiene tantos y cuantos diputados más porque se cree que la población “aumentó mucho”.

Pero el lío de los escaños aún tiene una fatalidad insalvable, remarca el politólogo: que cualquier incremento de diputaciones para un departamento, necesariamente es a costa de la reducción en otro; de ahí lo agrio del tema, “porque nuestra Constitución tiene un error: da un número definido de diputados, lo cierra en 130; lo ideal hubiese sido que la Constitución maneje márgenes; por ejemplo, que la Cámara de Diputados está compuesta por entre 130 y 200 diputados”.

En cuanto a nuevas realidades que se hayan configurado en los últimos 10 años, para Silva lo primero a considerar en el mecanismo censo es que éste sobre todo debe ser para recoger “información técnica”, una “foto completa de que así tal cual está la sociedad boliviana”; ésta precisamente es su riqueza, la objetividad del dato que recoge. En este sentido si se quisiera conocer, por ejemplo a la población boliviana LGTB, esta pregunta podría entrar en la boleta específicamente para indagar las características objetivas de la misma; por eso, no solo para este caso, sino para muchos otros, “el tratar de meterle algún otro matiz religioso, filosófico, de suma discusión, político en exceso, es tratar de sacarle un photoshop (distorsionarla) a esa fotografía real que tenemos”.

Una prevención que también hace el politólogo es que el censo tampoco es una panacea universal, que todo lo vaya a curar: “El censo no va a cambiar por sí mismo ni la representación, ni la asignación de recursos, ni la composición, ni las preferencias de la población; el censo solamente va a revelar información”.

Y, finalmente, está un tema que volverá a plantear un encendido debate, como ocurrió en los dos anteriores censos, de 2001 y de 2012: la autoidentificación étnica, la pertenencia a algún pueblo indígena.

Lo problemático del hecho es que hoy mismo involucra a los dos anteriores censos: si en 2001, 62% de la población censada dijo pertenecer a un pueblo indígena, en el censo de 2012 esta cifra bajó nada menos que a 41%. Como si en el censo de noviembre de 2022 se fuera a resolver la incógnita de hacia qué cifra finalmente se acerca esta tercera respuesta.

Un tanto reacio a creer que el tema de la autoidentificación étnica tenga la misma importancia que en los censos 2001 y 2012, el sociólogo poblacional Pereira Morató prevé una presencia más bien modesta de la cuestión en la boleta censal de 2022. “Esta pregunta de la etnicidad sirvió para demostrar que somos un país indígena y que tenemos un presente indígena; ahora es otra situación, no creo que el tema étnico resulte de tanta importancia, pero puede ser que me equivoque”.

Para el politólogo Silva, el tema de la identificación de la gente con los pueblos indígenas es muy importante porque está en el “espíritu de la Constitución”. Finalmente somos un Estado “plurinacional”, y no cabe el hecho de que el país no sepa la proporción demográfica de las “naciones” que conforman su “plurinacionalidad”.

INDÍGENAS. Y el tema no solo es, añade, demográfico o del solo interés estadístico, sino que también se debe considerar la fortaleza o debilidad de lo indígena en diferentes ámbitos: “De un proceso de crecimiento o consolidación, por ejemplo, de la democracia comunitaria, de las autonomías indígenas, de los idiomas (nativos) aún vigentes”.

Debido a lo problemática que resultó la implementación de la pregunta de pertenencia étnica en los dos anteriores censos, y a que no siempre se razonó la identidad indígena desde la pluralidad (que se pensó lo originario solo como lo aymara y quechua), para Miguel Vargas Delgado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), lo que toca hoy día es que “la pregunta (en la boleta censal) va a tener que ser discutida de manera participativa, con todos los actores de los pueblos indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas”.

En lo relativo a la persistencia de la confrontación mestizo-boliviano versus indígena-plurinacional (lo que se vio en los anteriores censos), Vargas Delgado a tiempo de reconocer que éste será un debate aún de un largo tiempo, el punto está en que se busque atenuar la polarización: “Éste va a ser un debate que no va a concluir; sin embargo, lo mestizo no tiene que implicar la negación de la presencia y la existencia de una diversidad de naciones y de pueblos (indígenas) que han pervivido y perviven en nuestro país por siglos. Tiene nomás que darse las condiciones para no perder de vista que evidentemente somos un país mestizo pero fundamentalmente somos un país plurinacional, multiétnico”.

Ciertamente al margen de la cuestión de pertenencia o identificación étnica, la mayor utilidad del censo de 2022 para los indígenas, especialmente de los de tierras bajas, está en la identificación y el dimensionamiento del estado de vulnerabilidad económica y social en que se encuentran estos pueblos; de su “vulnerabilidad específica y concreta, cuando se trata de acceso a recursos económicos, salud, educación”, remarca Vargas Delgado. Con la pandemia de coronavirus COVID-19, la situación de los pueblos indígenas empeoró.

En cuanto a la autoidentificación como indígena o no, sin embargo, Vargas Delgado cuestiona que esto se lo entienda como blanco y negro y de una vez y para siempre. “Tenemos que entender que la autoidentificación, la identidad étnica, y cualquier otra identidad no es algo estático; es una construcción permanente, social, no se va a quedar anclada; en esa perspectiva, siempre habrá una movilidad en términos de la autoidentificación étnica”, destaca.

Si bien el censo del 16 de noviembre de 2022 será esencialmente un procedimiento técnico, no deja de tener importancia la participación ciudadana y de entidades para aportar a la mejora del registro masivo. “Este censo podría ser científico, académico, si es un censo participativo, si hay una corresponsabilidad ciudadana; si solamente vamos a dejar (solos) a los técnicos del INE y a las fuerzas políticas que digitan algunos temas y algunos intereses, realmente vamos a reproducir las fallas anteriores. La sociedad civil debe, tiene que participar en todas las fases del censo”, remarca el sociólogo Pereira Morató.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Del Castillo revela que pertrechos fueron entregados a la Policía en la residencia argentina

Del Castillo informó que en los depósitos policiales se trató de “esconder” las municiones rotulando sus envases con otras denominaciones.

Parte del material antidisturbios mostrado este lunes por el ministro Eduardo del Castillo. Foto: Ministerio de Gobierno.

/ 19 de julio de 2021 / 12:33

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que las municiones antitumultos que llegaron irregularmente de Argentina (bajo la cobertura de otro material legalmente internado) fueron entregados a efectivos policiales bolivianos en predios de la residencia de la embajada de ese país en La Paz.

El ministro detalló que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, un contingente policial llevó “personal diplomático argentino” del exhotel Radisson al aeropuerto de El Alto; allí ya había aterrizado el avión Hércules trayendo al grupo uniformado Alacrán, el que tras bajar del avión descargó cajas plásticas, de madera, embaladas “con estopines, municiones y otros”.

“Este personal uniformado (Alacrán) indicó que la coordinación ya se había realizado con el comandante general de la policía boliviana (Yuri Calderón)”, detalló Del Castillo.

Lo peculiar vino después, reveló: Una vez que a las siete de la mañana del 13 de noviembre se trasladó el material a la residencia de la embajada argentina, en esta legación “uniformados de Argentina realizan la entrega a la Policía Boliviana una cantidad (del material antidisturbios) los efectivos reciben, sin ningún tipo de documentación, cajas de municiones, cajas de proyectiles, cajas de granadas, para la Policía Boliviana, y gran parte fue entregada a la Fuerza Aérea, sin ningún tipo de documentación”.

También puede leer: El Gobierno investiga si el ‘material faltante’ del envío argentino fue usado en ‘masacres’: https://bit.ly/3hVilxD

Como parte de la indagación que se está haciendo del destino que finalmente tuvo la munición enviada desde Argentina en 2019, en los depósitos de la Policía Bolivia se vio que de alguna manera se trató de “esconder” dicho material, añadió.

Mostrando fotografías, reveló que se intentó esconder la munición rotulando sus contenedores con otras denominaciones. “De manera dolosa, de manera malintencionada, habrían tratado de esconder estas municiones dentro de las instalaciones de la Policía Boliviana, donde en una bolsa de cuero tiene un letrero que dice ‘guantes’, cuando en su interior se encontraba las municiones que ingresaron a nuestro país de manera irregular”, destacó el ministro.

“Solo para la Policía Boliviana, de manera irregular, sin cumplir con la normativa vigente, ha ingresado cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS”, informó.

Se presume que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) recibió una mayor cantidad del material antidisturbios, “aunque no se ha constatado de que sea el mismo tipo de material”.

El ministro identificó a los tres máximos responsables en Bolivia del ingreso irregular del material contra disturbios: el comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros; el comandante de la Policía, general Yuri Calderón, y el embajador de Argentina (Normando Álvarez).

Los tres pudieron haber vulnerado los artículos 6, 26, 28, 29 de la Ley 400, y los artículos 29 y 50 de su reglamento.

De la Ley 400, de Control de Armas de Fuego, el artículo 6 se refiere a la información que deben dar la Policía y las Fuerzas Armadas sobre el uso e inventario de las armas y munición que tengan; el 26, que las entidades llamadas a autorizar “la internación temporal” de armamento y municiones son el Ministerio de Defensa y la Cancillería; el 28 trata exclusivamente de la referida autorización a las representaciones diplomáticas; y, el 29 norma la donación de armas y municiones extranjeras, señalando que la única entidad que puede recibir dichos obsequios es el Ministerio de Defensa.

Del Castillo además ratificó que lo ocurrido en noviembre de 2019 consistió en dos ingresos de armas y municiones, uno legal y otro irregular, doloso. El primero fue la llegada oficial de Alacrán, grupo de élite de la Gendarmería Argentina, junto con su dotación de reglamento. Y, uno segundo, irregular, lo que el Ministerio de Seguridad argentino en su denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y otros, calificó de práctico contrabando.

La referida denuncia si bien admite que es un hecho a precisar mejor, habla del ingreso irregular de 70.000 cartuchos antidisturbios (balines), y del traslado encubierto de poco más de 600 granadas de mano de gas de hostigamiento y 100 spray de gas pimienta.

La acusación en que se derivará por estas irregularidades contra los oficiales Terceros y Calderón, y el exembajador Álvarez, es de “tráfico ilícito de armas” (artículo 149 del Código Penal), apuntó Del Castillo en la conferencia. La pena para ambos uniformados (por ser parte de la fuerza pública armada) puede llegar a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

El material antidisturbios, “se presume”, dijo Del Castillo, fue utilizado en los operativos en Sacaba y Senkata. Una vez que las cifras de que habla la denuncia contra Macri en Argentina son mayores a las que hoy dio a conocer el ministro; “presumimos”, dijo, “que el cargamento ilegal, una gran parte fue a la Policía Boliviana; otra gran parte fue a la Fuerza Aérea, y (en cuanto a) la otra parte, la diferencia, estamos investigando dónde se encuentra o si esta fue utilizada en las masacres de Sacaba y Senkata”, concluyó.

Por lo menos preliminarmente, Del Castillo adelantó que, habiendo sido encontrada una parte de la munición en los depósitos de la Policía, lo que obviamente no se usó en la represión, “habrá que ver si el material destinado a la Fuerza Aérea sí fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró.

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OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS DE ADECUARSE A LA LEY

Todas las organizaciones políticas tienen hasta fin de año para reformar sus estatutos.

/ 18 de julio de 2021 / 18:18

El punto sobre la i

El Movimiento Al Socialismo (MAS) pareciera ser el único, pero al final tienen que hacerlo todos los partidos: hasta fin de año deben adecuar sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, la que fue promulgada el 1 de septiembre de 2018. Es esta misma ley que lo define así: en su Disposición transitoria tercera determina que “todas las organizaciones políticas deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2021”; o sea, los partidos tenían tres años y tres meses para proceder con dicha adecuación.

Y se trata de los estatutos, el documento que norma la vida orgánica del partido, porque precisamente el objeto de la Ley 1096 (que está en su primer artículo) es regular “la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En relación a la anterior norma que regulaba a las organizaciones políticas (la Ley de Partidos Políticos de junio de 1999) ciertamente lo nuevo de la Ley 1096 es el énfasis que esta norma pone en la “democracia interna” de los partidos, que con la nueva ley se regula este fundamento de la vida partidaria. En el artículo 1 de la antigua Ley de Partidos Políticos se definía que el “alcance” de la norma era regular “la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos; las fusiones y las alianzas que se conformen entre ellos; así como sus relaciones con la sociedad y el Estado”.

LOS ESTATUTOS. De los nueve partidos que a la fecha están inscritos en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que tienen alcance nacional (MNR, PDC, FRI, MAS, UCS, UN, FPV, PAN-BOL y DEMÓ- CRATAS), algo dice la fecha en que protocolizaron u oficializaron su estatuto, desde la cual está vigente.

Así, la última fecha de protocolización, ante el “notario de primera clase Carlos Huanca Ayaviri” del estatuto del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) es el 7 de marzo de 2012; y el 1 de junio de 2000 del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por su lado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) registra que su estatuto fue aprobado en su VIII Congreso Nacional Ordinario efectuado en Cochabamba los días 25, 26 y 27 de marzo de 2012.

El Frente de Unidad Nacional (que es como figura su nombre oficial en su estatuto), lleva como fecha “actualización” el 28 de abril de 2014.

Por su parte el Frente Para la Victoria (FPV) tiene como fecha de la protocolización de su estatuto el 8 de enero de 2014. En tanto que el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) lleva como fecha de protocolización el 10 de mayo de 2016.

Finalmente, la organización cuyo nombre completo (que figura en su estatuto) es “Movimiento Demócrata Social – ‘Demócratas’” señala que su documento fundamental “fue reformado por el Congreso Nacional el 5 de diciembre de 2015”, fecha desde la cual está vigente.

Del Frente Revolucionario de Izqierda (FRI) y de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los otros dos partidos de alcance nacional reconocidos por el OEP, si bien en sus estatutos no figura la fecha de aprobación, la resolución de reconocimiento de su personería jurídica está fechada el 27 de julio de 1987 en el caso del FRI, y el 28 de septiembre de 1989 cuando se trata de UCS.

Hay que hacer notar que todos los estatutos son anteriores a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (2018); o sea, los documentos se enmmarcan en la antigua Ley de Partido Políticos de 1999.

Por la necesidad de ponerse a punto con la nueva Ley de Organizaciones Políticas, precisamente el 4 de agosto se prevé que tenga lugar el Congreso Ordinario del MAS. Su actual presidente, el exmandatario Evo Morales, resumió en tres las tareas del partido azul en dicho congreso: la “adecuación” del estatuto del MAS a las normas del TSE; “el aspecto disciplinario”, y “la parte económica”.

Si bien entre la Ley de Partidos Políticos de 1999 y los estatutos que se enmarcan en esa norma y la nueva Ley de Organizaciones Políticas de 2018, hay un similar objeto, la estructura de los partidos y su funcionamiento, no dejan de ser significativos algunos rasgos de la nueva norma a la que tendrán que adecuarse los partidos hasta este fin de año.

Cuando en la antigua Ley de 1999 el rol de la Corte Nacional Electoral se lo cita según la circunstancia y aspecto que corresponde, en la 1096 de 2018 hay todo un artículo (el séptimo) sobre las “atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional”.

Aparte de las tradicionales facultades de otorgar la personería jurídica, o “sustanciar los procedimientos y llevar registro del reconocimiento, otorgamiento, extinción y cancelación” de dicha personalidad, se especifica, por ejemplo, que la autoridad electoral podrá “validar y administrar el registro de militantes”; “supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos en la elección de sus dirigencias y candidaturas”; “vigilar y fiscalizar en todas las fases de los procesos electorales, el cumplimiento de las normas vigentes en relación a la participación de las mujeres en las candidaturas de acuerdo a lo establecido en la ley”; “vigilar el cumplimiento de los estatutos de las organizaciones políticas en relación a la equidad de género, la equivalencia de condiciones, principios de paridad y alternancia en los órganos e instancias dirigenciales”; o “considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de conocimiento de esta instancia”.

En sus estatutos, las organizaciones políticas también deberán asumir su “acción diferenciada” en relación al tipo de democracia en que toque actuar, si en la representativa o en la directa y participativa (la comunitaria no es propia de la participación política a través de partidos).

En la norma de 2018 a la que tendrán que adecuarse las organizaciones políticas se especifica el “registro de militantes para constitución y actualización”, de lo cual destaca que ahora la base de la militancia es el padrón electoral, que la actualización del registro de militancia debe ser realizada “al menos una vez por cada periodo constitucional y hasta un año después de las elecciones subnacionales”; también se señala que los padrones de militantes de los partidos son públicos; por eso, el TSE “implementará un módulo de consulta personal en su portal web, para que las y los ciudadanos puedan acceder a los datos de su registro propio”; y habrá “un padrón biométrico único de militantes de las organizaciones políticas”.

Una de las mayores adaptaciones que deberán ejecutar los partidos ahora es el referido al “régimen de despatriarcalización”.

La despatriarcalización deberá correr en el hecho de que en los estatutos de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberá incorporarse “un régimen interno de despatriarcalización para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional”.

Asimismo, en el partido deberá haber una “instancia encargada de implementar el régimen de despatriarcalización”, la misma que por estatuto “deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario”.

Luego, desde el estatuto, se deberá “establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y procedimiento o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia”.

Para las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se determina que éstas “garantizarán la complementariedad de hombres y mujeres”.

En la “declaración de principios”, la nueva Ley 1096, al margen de la orientación ideológica que tenga cada partido, establece un piso mínimo emergente de la nueva Constitución. Algunos de estos principios son:

– Reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de la democracia intercultural y paritaria en sus diferentes concepciones y prácticas.

– Respeto a la plurinacionalidad y la diversidad cultural, jurídica, económica, institucional y lingüística de la sociedad boliviana.

– Respeto a las cosmovisiones, sistemas, saberes, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

– Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

– Rechazo al racismo y toda forma de discriminación.

– Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera particular al acoso y violencia política.

– Rechazo a toda forma de disgregación o separatismo que atente contra la unidad e integridad del Estado Plurinacional de Bolivia.

En lo relativo a la democracia interna, la mayor novedad de la nueva Ley de Organizaciones Políticas sin duda son las “elecciones primarias de candidaturas de binomio presidencial”.

Lo nuevo de la Ley de septiembre de 2018, como ya se adelantó en recientes elecciones, es lo que la norma llama “fortalecimiento público” a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

El fortalecimiento público es un fondo “administrado por el Órgano Electoral Plurinacional”, y consiste en “subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y para la formación y capacitación de sus dirigencias y militancia en años no electorales”.

Se aclara, sin embargo: “El fortalecimiento público que, por cualquier razón, no fuera utilizado por la organización política a la que corresponde, será debidamente informado en los estados financieros anuales del Tribunal Electoral correspondiente”.

En el uso que el partido haga del tiempo de promoción de las candidaturas, no deja de ser significativo el hecho de que si de un 100%, la mitad se destina a promocionar el binomio presidencial, el otro 50% será para la propaganda del resto de las candidaturas, pero, he aquí un detalle: “de este tiempo y espacio, al menos la mitad será destinada a candidatas mujeres, incluyendo mujeres indígena originario campesinos”.  

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Golpe de García Meza: Fue la Fiscalía la que incumplió en completar los procesos

El Ministerio Público no continuó con las investigaciones

Generales. En julio de 1980, el nuevo gobierno se caracterizó por ser casi solo de militares. Foto- Archivo-Lucio Flores.

/ 17 de julio de 2021 / 11:36

Han sido los ministerios públicos, pero también la voluntad política, los que en estos años de democracia han impedido no solo hacer justicia, sino también fortalecer la democracia, destaca Juan del Granado, uno de los abogados del juicio de responsabilidad a Luis García Meza y sus colaboradores.

Fue una “tarea que incumplió el Ministerio Público, 20, 30 años de incumplimiento, de la tarea de continuar con las investigaciones; por tanto, está pendiente esa indagación para completar la lucha contra la impunidad dictatorial de García Meza.

Ahora, Del Granado extiende esta agenda contra la impunidad ya no solo a las dictaduras, sino a lo que llama las tendencias autoritarias en democracia.

“Está absolutamente impune la dictadura de Banzer, de Barrientos; pero debo decírtelo, sin ningún ánimo partidario, están impunes varios delitos contra los derechos humanos, contra la dignidad y la libertad, (cometidos) durante estos últimos 30 años de vida democrática”.

DÉFICIT.

En la vida democrática del país (desde 1982), el abogado, antiguo líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), se refiere a violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos que habrían desarrollado lo que él llama “autoritarismo gubernamental” de regímenes constitucionales.

Estoy hablando de las masacres de Amayapampa y Capasirca, las que hubo en el gobierno de Paz Estenssoro; la muerte de tantos ciudadanos en el Octubre Negro, y durante el gobierno de Evo Morales, las graves violaciones en Chaparina, Huanuni, en los Yungas y, cómo no, las últimas ocurridas en Sacaba y Senkata”.

Es bueno que en fechas como ésta (41 años del golpe de Estado de García Meza del 17 de julio de 1980) se recuerde que “los bolivianos tenemos pendiente esta agenda de continuar y consolidar la lucha contra la impunidad autoritaria y dictatorial”.

Ahora, si hay algo que ha impedido continuar con la consecución de justicia en los casos de la dictadura, asevera Del Granado, es la “precaria institucionalidad” de la justicia boliviana, y si no se resuelve esto, “vamos a tener una recurrencia de esas violaciones”.

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Golpe de García Meza: Justicia para Carlos Flores en Corte-IDH

En la dictadura hubo 26 desapariciones; la muerte de 9 dirigentes miristas

Generales. En julio de 1980, el nuevo gobierno se caracterizó por ser casi solo de militares. Foto: Archivo-Lucio Flores

/ 17 de julio de 2021 / 11:28

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) está a punto de emitir su decisión final acerca de la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR) y diputado nacional cuando el 17 de julio de 1980 fue victimado junto con el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en la antigua sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en El Prado paceño, informa su hermana, Olga Flores Bedregal.

“Si es que se logra (la sentencia que se espera), el Estado será condenado por la desaparición forzada de Carlos Flores; éste es un delito continuo, en tanto no aparezca la víctima; el Estado boliviano será responsable de que hasta el día de hoy se siga practicando un crimen de lesa humanidad, cual es la desaparición forzada de personas”, destaca la activista.

Aparte de la tortura y el asesinato del sacerdote y periodista Luis Espinal, ocurridos en marzo de 1980, también está pendiente la desaparición de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Si bien la Comisión de la Verdad (2016-2019) pudo obtener indicios de que los restos del líder socialista están en el Cementerio General de La Paz, con otra identidad, hasta el momento no se ha iniciado ninguna labor para dar con dichos restos mortales.

Cuando la Comisión de la Verdad entregó su informe al presidente Luis Arce, en marzo de 2021, reveló que en 19 años de dictaduras hubo 6.800 personas que fueron perseguidas, detenidas y torturadas, y al menos 140 represores ordenaron y ejecutaron delitos de lesa humanidad.

Asimismo, en el golpe de García Meza y durante su gobierno de facto, se determinó que hubo 26 desapariciones forzadas. El 15 de enero de 1981, nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron asesinados en la calle Harrington.

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