El presidente Luis Arce impuso grados militares de generales y almirantes a cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y los convocó a defender los intereses del pueblo boliviano, y sus recursos naturales, como el litio.

“Los llamo a defender los intereses del pueblo boliviano, al lado del Gobierno del proceso de cambio como oficiales de alto rango, a la cabeza de unas Fuerzas Armadas llamadas a marchar junto a su pueblo hacia aquel horizonte emancipador que siempre ha querido tener nuestro pueblo boliviano”, remarcó el mandatario, además de capitán general de las FFAA, en la ceremonia.

Ascendieron al grado de general de división y vicealmirante, el general de Brigada Aérea Jaime Soria Jaldín y el contraalmirante Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, respectivamente, según recogió la agencia estatal de noticias ABI.

ORDEN.

Al grado de general de división y vicealmirante, el general de brigada Juan José Zúñiga Macías; el general de Brigada Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, y el contralmirante Juan Arnez Salvador, respectivamente.

Los ascendidos ya forman parte del alto mando militar desde noviembre de 2022, que está liderado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Hugo Arandia López. Vigabriel Sánchez es el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las FFAA, Soria Jaldín es inspector general de las FFAA, Zúñiga Macías es el comandante general del Ejército, Zegarra Gutiérrez es el comandante de la Fuerza Aérea y Arnez Salvador es el comandante de la Armada.

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“Bolivia no flota en la nada y está inserta en un complejo sistema de relaciones económicas, diplomáticas y geopolíticas que dividen al planeta entre países desarrollados industrializados y países subdesarrollados y no industrializados”, afirmó Arce durante el acto de imposición de grado a los oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas.

El mandatario continuó: “Aquel orden, que separa pueblos (…) no se sostiene por inercia, es reproducido cada día desde cierto eje imperial; es justamente ese orden injusto y saqueador el que Bolivia está dispuesto a romper, en orden de asegurar una verdadera libertad y prosperidad para su pueblo. Para sí, de esta manera, alcanzar el vivir bien con la sustitución de importaciones, la industrialización del litio como horizonte estratégico, y de nuestros recursos naturales”.

YACIMIENTOS.

Según la BBC el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó en febrero de 2020, en su informe anual Resumen de productos minerales (Mineral Commodity Summaries), que Bolivia es el primer poseedor de litio desplazando a Argentina, que ocupaba esa posición hasta 2019.

En los 90 días que les dio la ley, los denominados “juristas independientes” lograron reunir 833.115 firmas, insuficientes para activar un proceso de reforma parcial de la Constitución. Culparon del fracaso, en parte, a los cuatro órganos del Estado.

La campaña debía colectar 1,5 millones de firmas, o sea 20% del padrón electoral; el 23 de abril cerró el plazo. “No hemos fallado los impulsores de esta cruzada, porque dimos todas las batallas hasta el último momento”, apuntan los juristas en un comunicado que hicieron público ayer.

CAMINO.

Y no fallaron, afirman, en el sentido en que abrieron un “camino nuevo” para “liberar la Justicia del secuestro político y sacarla de la profunda crisis en que se encuentra”; las más de 800.000 adhesiones dan legitimidad a esta convicción, remarcan.

En la conferencia de presentación del resultado de la campaña, uno de los impulsores de la misma, Juan del Granado, apuntó que aparte de la ardua labor que significó la recolección de firmas, tuvieron que enfrentar trabas puestas por el propio Estado.

“Hemos tenido que enfrentar las dificultades que nos ha puesto el Estado, en sus cuatro órganos”, acusó Del Granado.

El Órgano Electoral, dijo, “realizó una labor burocrática dilatoria”. En el comunicado, los juristas aseveran que este órgano “demoró casi 5 meses en aprobar las preguntas y autorizar los libros; nos rechazó sin justificativo alguno el uso del sistema informático para las adhesiones, convirtiendo así el trámite en una difícil carrera de obstáculos que culminó con la valla final de exigirnos que transcribamos, en un soporte informático, la integridad de todas y cada una de las partidas registradas”.

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El Órgano Ejecutivo, continuó Del Granado, “a través de su ministro (de Justicia, Iván Lima) nos descalificaba regularmente y, sobre todo, desiformaba a nuestra comunidad”, fustigó.

LEGISLATIVO.

“El Órgano Legislativo, en lugar de asumir esta conducta ciudadana como una referencia de lo que pudiera ser en su momento una acción legislativa positiva, aceleró las elecciones judiciales, estas supuestas elecciones que van a repetir la vergüenza de 2011 y 2017, repetir el cuoteo, el manoseo partidocrático de las postulaciones”, deploró el abogado y exalcalde de La Paz.

Y, finalmente, concluyó, el Órgano Judicial, “que rechazó nuestras impugnaciones; y si bien todavía está nuestro recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, nos han fallado en contra, cerrándonos un último resquicio”.

Como se ve en el cuadro adjunto, 81% de las firmas las obtuvieron en los departamentos del eje.

En el comunicado, resaltan una autocrítica: “Es evidente que no dimensionamos bien el tamaño del desafío y tal vez sobrevaloramos lo que parecía una gran demanda social por la Reforma”.

Debido al cansancio derivada de una previa sesión larga, la Cámara de Diputados decidió posponer “para los próximos días” el tratamiento de dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras la maratónica sesión de más de 21 horas desde el sábado, en la que se aprobó la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, el diputado Juan José Jáuregui, del Movimiento Al Socialismo (MAS), sugirió la moción. La sugerencia fue aprobada con los votos necesarios cerca del mediodía de este domingo.

Para la misma sesión ordinaria 89 estaban consignados los dos proyectos.

La Ley 267/2022-2023 aprueba el contrato de préstamo 5376/OC-CO para el “proyecto apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus II”. Fue suscrito el 24 de enero de 2023 entre el Estado Plurinacional y el BID para el préstamo de $us 500 millones.

Diputados

Y la Ley 268/2022-2023, del contrato de préstamo 5705/OC-BO, para el “programa de apoyo preinversión para el desarrollo”; fue suscrito el 24 de enero 2023 por $us 52 millones.

Sobre los $us 500 millones del BID, la nota de prensa oficial del organismo, del 21 de octubre de 2021; señalaba que “el proyecto apoyará los esfuerzos del Gobierno de Bolivia de apoyar a las poblaciones más vulnerables a enfrentar los efectos económicos de la pandemia”.

Para materializar este apoyo, se “financiará el pago de una parte de los costos del Bono Contra el Hambre; es un programa de transferencias monetarias creado en respuesta a la pandemia”.

“El programa consiste en una transferencia realizada por única vez a personas que no cuentan con un ingreso estable; al no recibir un sueldo del sector público o privado ni pensión o renta de la seguridad social a largo plazo”, complementa.

Asimismo, se anuncia que el crédito financiaría “una parte de las transferencias monetarias del programa Renta Dignidad del que participan personas mayores de 60 años que no reciben ingresos por jubilación”.

El Gobierno confía en que ambos créditos permitirán otorgar al país liquidez; eso ante la falta de divisas extranjeras y la necesidad de desarrollar proyectos de inversión ya definidos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado (MAS), reivindicó la autonomía de sus colegas que aprobaron este domingo la Ley de Compra de Oro Destinada al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

“Se ha demostrado que cuando a nuestros diputados se le quitan las tenazas, se le quitan el tener que rendirle pleitesía a un jefe, independientemente de qué tienda política sean, actúan con libertad, preocupados por el país”, comentó en conferencia de prensa.

Mercado se refirió al caso luego de las más de 21 horas de sesión, entre la tarde del sábado y la mañana de este domingo, que aprobó la ley para derivarla a la Cámara de Senadores.

Nosotros “actuamos, como lo hemos hecho ahora, buscando lo mejor para el país”, señaló el legislador oficialista.

El agradecimiento que hizo Mercado a los diputados fue a propósito del giro que ocurrió en la votación de la aprobación en grande de la ley.

“Esa aprobación que ha sido cuestionada y que supuestamente no correspondía; les hemos demostrado que sí correspondía, incrementando 20 votos más, comparado con lo que teníamos”, dijo.

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El viernes, con la asistencia de 109 diputados, la norma tuvo el respaldo de 54 legisladores, siendo 24 los que la rechazaron, pero lo llamativo fueron los votos en blanco, que sumaron la inusual cifra de 41 votos.

La noche de este sábado, bajo la misma forma de votación (por sufragio, o sea, voto secreto en urna) contra lo que se creía que se iba a repetir la decisión del viernes, el resultado fue sorpresivo: 74 legisladores votaron por el Sí, 45 por el No y cuatro anularon su voto.

Del masivo voto en blanco no quedó rastro. Tomando en cuenta las cifras del viernes, se puede ver que los 41 votos blancos se distribuyeron casi 50%-50% entre e Sí y el No. Esto fue lo que ratificó Mercado, al apuntar que los aprobadores de la ley subieron en 20 votos, 19 en realidad (de 54 a 73).