Bolivia de aniversario en medio de una crisis sanitaria y política sin precedentes
En su mensaje al país, la presidenta Jeanine Áñez culpó al Tribunal Electoral de “jugar” con el cambio de fecha de elecciones y a la Asamblea Legislativa, de frenar créditos.
Declarado en emergencia por la irrupción del COVID-19 en marzo, con al menos 128 puntos de bloqueo contra la postergación de las elecciones y con poderes del Estado en pugna, el país celebra su aniversario 195 en medio de una crisis política y sanitaria sin precedentes.
Los actos tradicionales de celebración de las fiestas patrias fueron suspendidos sin mayor trámite debido a que el país, como el mundo, se encuentra en emergencia sanitaria por la expansión de contagios del nuevo coronavirus, que con el reporte del miércoles alcanzó a 85.141 personas y dejó sin vida a 3.385.
Esa situación de emergencia obligó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a suspender inicialmente el calendario electoral y postergar luego, y sucesivamente, las elecciones generales que estaban previstas para el 3 de mayo.
La suspensión de los comicios de mayo ya supuso una crisis política entre los órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral: el TSE sugirió nuevas elecciones para septiembre, pero la Asamblea Legislativa aprobó una ley con un rango de fechas tope para el 2 de agosto y, ante la negativa de la presidenta transitoria Jeanine Áñez de promulgar la norma con el argumento de la propagación de contagios, tuvo que ser la titular en ejercicio del órgano legislativo, la senadora Eva Copa, la que firme la Ley 1297.
La ley nunca pudo aplicarse, primero por un recurso abstracto en contra de su artículo 2 (que fijaba el 2 de agosto el tope para la votación) que no pudo ser resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, segundo, por la definición de una nueva fecha, también sugerida por el TSE, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa y convertida en Ley 1304 promulgada por Áñez, que fijó elecciones para el 6 de septiembre.
La nueva fecha fue resultado de un acuerdo político que consiguió el TSE con la mayoría de las fuerzas habilitadas para terciar en las elecciones, entre ellas el Movimiento Al Socialismo (MAS), que postula a la Presidencia al exministro Luis Arce; Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, y Bolivia 21, cuyo candidato es el también expresidente Jorge Quiroga. Áñez apenas firmó la ley; ella, su gobierno y su alianza Juntos alegaron que es más importante ocuparse de la salud que de las elecciones.
Para el cientista político Fernando Mayorga, con el acuerdo sobre la nueva fecha de las elecciones “las cosas parecían encaminarse institucionalmente y sin mayor conflictividad”.
Pugna de poderes
Sin embargo, la situación degeneró en un conflicto de poderes. En medio de su objeción a las elecciones, el Gobierno comenzó a gestar presiones contra el TSE y su presidente, Salvador Romero. A través del procurador del Estado, José María Cabrera, acusó a Romero de negligencia en el proceso penal por presunto fraude en las elecciones anuladas de octubre de 2019 y también reclamó del TSE un informe técnico, médico y científico que justifique las elecciones definidas para septiembre.
El 23 de julio, el TSE sorprendió con la modificación de la fecha de elecciones, a pesar de la vigente Ley 1304. Fijó comicios para el 18 de octubre, una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y la posesión de las nuevas autoridades de los órganos Legislativo y Ejecutivo en diciembre.
Solo el MAS cuestionó la modificación y denunció la decisión “unilateral” del TSE, aunque más tarde hizo lo mismo el Gobierno; las demás fuerzas políticas expresaron su respaldo a la medida. La pugna de poderes se amplió al Órgano Legislativo, que, sin embargo, no pudo hacer nada por hacer valer su iniciativa anterior de validar por voto de los dos tercios del MAS la fecha de los comicios.
Conflicto
La postergación de las elecciones impulsó la protesta de la Central Obrera Bolivia (COB) y del Pacto de Unidad, un acuerdo de organizaciones sociales que en el pasado respaldaron al gobierno de Evo Morales, que desde el cabildo de la semana pasada en El Alto ahora propician el bloqueo de al menos 128 puntos en seis departamentos del país.
El TSE no logró convencer a la dirigencia de su decisión en sendas reuniones con la dirigencia de los movimientos sociales en conflicto. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, cuestionó el miércoles que el TSE y el Gobierno “están subestimando la fuerza del pueblo” y advirtió con movilizaciones en La Paz si es que la administración de Áñez interviene con las fuerzas públicas los puntos de bloqueo.
La COB planteó una fecha intermedia, entre el 6 de septiembre y 18 de octubre, para la celebración de las elecciones, que era la tarea primordial del gobierno de transición.
El país sufre “una coyuntura crítica que puede tornarse impredecible si no hay un acuerdo procedimental entre la COB y el TSE que implicaría la aceptación del 18 de octubre y su respaldo en una ley que garantice su realización sin posibilidad alguna de postergación”, opinó el analista para La Razón.
Asamblea
Sin embargo, la pugna de poderes está más acentuada entre los órganos Legislativo, dominado por el MAS, y el Ejecutivo, regido por la sucesión de Áñez. El único acercamiento importante que ambos lograron fue el acuerdo para la convocatoria a elecciones, a finales de noviembre del año pasado.
Con la emergencia sanitaria en curso, la crisis política incluso llegó a afectar la coordinación entre ambas instituciones para la vigencia de las leyes. Por ejemplo, Áñez no quiso promulgar la Ley 1297, de Postergación de Elecciones; la firmó Copa.
El Gobierno denuncia recurrentemente el bloqueo en la Asamblea Legislativa de créditos necesarios para la crisis sanitaria, unos $us 1.700 millones, entre ellos $us 327 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien el MAS viabilizó algunos préstamos, objeta esencialmente éste último con el argumento de que el Gobierno no lo justifica bien.
Otro asunto de conflicto fueron los ascensos en las Fuerzas Armadas. Incluso el Alto Mando castrense irrumpió en la Asamblea Legislativa con ese objetivo. Al final, la Cámara de Senadores no validó el trámite y el Gobierno procedió al acto de promoción a través de un decreto y en un acto oficial.
Por este caso, el Ministerio de Defensa procesa a la senadora Copa.
Otras leyes
Por iniciativa, la Asamblea Legislativa sancionó las leyes de Estado de Excepción, de atención gratuita en clínicas privadas para enfermos con COVID-19 y de donación de plasma hiperinmune, que a más de un mes no son promulgadas por Áñez y, al contrario, fueron derivadas a control constitucional.
Entretanto, el MAS se resiste a aprobar créditos que con mucha insistencia reclama la administración Áñez, al punto de ocupar grande el discurso de aniversario de la mandataria, este jueves.
En su mensaje-informe, la mandataria evidenció la pugna entre los órganos Legislativo, Electoral y Ejecutivo. Apuntó a la Asamblea Legislativa de impedir la atención de la emergencia sanitaria, pero dirigió sus dardos al TSE, al que cuestionó la modificación de la fecha de las elecciones, a pesar de que ella fue quien cuestionó los comicios para el 6 de septiembre con el alegato de la emergencia sanitaria.
“Al Tribunal Electoral le pido algo sobre las fechas de elecciones: sean serios, por favor, y dejen de mover las fechas”, reclamó este jueves.
El miércoles, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, culpó a Romero de “incendiar” el país. “El Sr Romero Presidente del @TSEBolivia incendio Bolivia cambiando fecha de elecciones de manera irresponsable y unilateralmente (sic)” escribió en Twitter.
Mientras los órganos del Estado están en franca disputa por intereses particulares, un bloqueo en seis departamentos del país genera preocupación debido a la emergencia sanitaria, que requiere la provisión de insumos médicos y, especialmente, oxígeno medicinal.
El dirigente de Soberanía y Libertad (Sol.bo) consideró que lo que falla en la situación actual en el país es la cultura política. Falla “la cultura política, basada esencialmente en la confrontación y con dramáticas limitaciones para la generación de acuerdos, peor si estos son de mediano y largo plazo”, dijo a La Razón.
(06/08/2020)
